La Hemeroteca del Buitre

UNAS DECLARACIONES ACORDADAS

 José Amedo y Michel Domínguez estaban procesados por el juez D. Baltasar Garzón por el secuestro del Segundo Marey, la única pieza abierta por el caso GAL. El juez Garzón les dejó en libertad en calidad de ‘testigo protegidos’ si inculpaban en su testimonio a importantes miembros del Gobierno socialista. Los primeros a los que señalaron fueron a D. Julián Sancristobal y a los mandos antiterroristas Sr. Miguel Planchuelo y D. Francisco Álvarez.

A la vez, el juez Garzón autorizó que Amedo y Domínguez distribuyeran ese mismo testimonio al director del diario EL MUNDO de D. Pedro J. Ramírez. El Sr. Ramírez había actuado de intermediario entre el Sr. Garzón y Amedo. En sus declaraciones, además, los policías aseguraron que el ministerio de Interior les había pagado 600 millones a cambio de que ocultaran la verdad de lo que sabían del caso GAL.

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EL GOBIERNO OBLIGADO A RESPONDER DE LO PUBLICADO POR EL MUNDO

BELLOCH (PSOE): «ES UN ERROR CREER ANTES A AMEDO Y DOMÍNGUEZ QUE AL GOBIERNO»

 «Los señores Amedo y Domínguez a mí no me han pedido 600 millones, y no creo que se les haya pasado por la imaginación que a mí se me puede pedir eso». D. Juan Alberto Belloch, ministro de Justicia e Interior, desvió con esa apelación a su intervención personal una de las preguntas concretas que le formuló ayer la oposición sobré el caso GAL y aseguró que sería un error que la oposición creyera a Amedo y Domínguez antes que al Gobierno. El ministro dedicó buena parte de su intervención a explicar su postura ideológica frente al terrorismo de Estado desde que era juez en Bilbao. Enfatizó que «el fin jamás justifica los medios» y reveló que Felipe Gonzalez le había encomendado el ministerio «precisamente por mis convicciones». Y para despejar dudas sobre el Gobierno apostilló con contundencia: «No creo que se le pueda pasar a nadie por la imaginación que el Estado vaya a aceptar un chantaje de nadie. El Estado no puede ser objeto de chantaje».

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EL PARTIDO POPULAR E IZQUIERDA UNIDA HACEN PINZA CONTRA EL PSOE

D. Antonio Romero (Izquierda Unida) exigió respuesta a 11 preguntas y el popular D. Francisco Álvarez Cascos (Partido Popular) utilizó como argumento fundamental la necesidad de que el Gobierno se querelle contra quienes le están acusando de complicidad en crímenes terroristas. Según el Sr. Álvarez Cascos dijo que el Ejecutivo tiene que presentar la querella porque «no puede renunciar a proteger su dignidad». A continuación, lanzó una carga de profundidad al Gabinete al replicar a Belloch que, cuando éste acababa de revelar que González le había nombrado ministro, por sus convicciones, estaba admitiendo implícitamente que sus antecesores Barrionuevo y Corcuera no las tenían. Luego pidió a Belloch qué le dijera «al señor González que si los jueces condenan al señor Sancristóbal, políticamente condenan también al señor González y a su Gobierno».