16 diciembre 1994
Vendetta del PSOE por el caso Filesa
El extesorero del PP, Rosendo Naseiro, comparece en el Congreso cuatro años después de su retirada: «Fui víctima de un montaje, nunca pedí dinero por adjudicaciones»

Hechos
El 16 de diciembre de 1994, el antiguo tesorero nacional del Partido Popular, Rosendo Naseiro Díaz, comparece ante la Comisión no Permanente sobre la Financiación de los Partidos Políticos del Congreso de los Diputados.
Lecturas
El 16 de diciembre de 1994, el antiguo tesorero nacional del Partido Popular, Rosendo Naseiro Díaz, comparece ante la Comisión no Permanente sobre la Financiación de los Partidos Políticos del Congreso de los Diputados, presidida por Luis Mardones Sevilla, para responder sobre el escándalo de presunta financiación irregular que lleva su nombre. Naseiro había ejercido como tesorero del PP entre enero de 1989 y abril de 1990, cuando fue detenido en el marco de una investigación judicial sobre la posible obtención de donativos de empresas constructoras a cambio de favorecerlas en adjudicaciones públicas. El procedimiento se había apoyado en grabaciones de conversaciones telefónicas intervenidas por orden del juez Luis Manglano de Mas. Sin embargo, en julio de 1992, el Tribunal Supremo declaró nulas las escuchas por vulneración de derechos fundamentales, lo que dejó sin validez las principales pruebas y provocó el cierre de la causa. Cuatro años después del estallido del escándalo, Naseiro acude al Congreso dispuesto a defender su inocencia y a denunciar que había sido víctima de una actuación judicial irregular. Durante una comparecencia de aproximadamente cinco horas, en la que necesita realizar dos interrupciones por problemas de salud derivados de una reciente operación cardíaca, insiste en que el caso está judicialmente cerrado y rechaza que puedan seguir utilizándose contra él las conversaciones intervenidas.
El principal interrogatorio corre a cargo del diputado socialista Fernando Gimeno Marín, quien intenta esclarecer si el antiguo tesorero había solicitado aportaciones económicas a empresarios, especialmente del sector de la construcción, y si esas peticiones estaban relacionadas con adjudicaciones de obras públicas. Naseiro lo niega categóricamente y asegura que jamás ha pedido dinero a ninguna empresa ni a ningún particular para financiar al Partido Popular, tanto si existía alguna contraprestación como si no. También cuestiona la autenticidad y fiabilidad de las grabaciones telefónicas, denuncia que se había intervenido su teléfono y sostiene que las conversaciones fueron manipuladas o presentadas de forma que permitieran construir una acusación contra él. Sus críticas se dirigen especialmente contra el juez Manglano, al que acusa de animadversión política y de haber actuado de forma injusta. Llega a poner en duda la fidelidad de la declaración que prestó ante el magistrado en abril de 1990, argumentando que se encontraba física y psicológicamente afectado. Gimeno le recuerda que la anulación judicial de las pruebas no impide examinar las responsabilidades políticas que pudieran derivarse de aquellos acontecimientos. Naseiro, por el contrario, insiste en que no existe fundamento para mantener las sospechas
Uno de los momentos más significativos se produce cuando los diputados le preguntan por el informe interno elaborado en 1990 por Alberto Ruiz-Gallardón Jiménez, entonces dirigente del PP, para determinar las responsabilidades políticas derivadas del escándalo. El documento, aprobado por la dirección popular, había señalado que Naseiro consintió que el concejal valenciano Salvador Palop realizara conversaciones encaminadas a obtener aportaciones de determinadas empresas y permitió la participación en tareas de tesorería de personas ajenas a la estructura financiera oficial del partido. El antiguo tesorero rechaza estas conclusiones, pero sorprende a los comisionados al asegurar que nunca ha leído el informe. Reconoce que la dirección popular se vio obligada a investigar internamente los hechos por su repercusión pública y porque el PSOE había impedido la constitución de una comisión parlamentaria en 1990, aunque insiste en que las conclusiones sobre su actuación son equivocadas. Interrogado por Pilar Rahola Martínez acerca de si el partido lo había utilizado para evitar responsabilidades de otros dirigentes, rechaza esa interpretación. La comparecencia revela así una contradicción entre la defensa que Naseiro hace de su gestión y las responsabilidades políticas que su propio partido había apreciado cuatro años antes.
Los diputados también examinan la contabilidad del PP durante la etapa de Naseiro, especialmente los gastos de la campaña de las elecciones autonómicas gallegas de 1989, que llevan a Manuel Fraga Iribarne a la presidencia de la Xunta. Los informes del Tribunal de Cuentas muestran discrepancias entre las cantidades registradas en la contabilidad general del partido y las declaradas como gastos electorales: figuran aproximadamente 363 millones de pesetas vinculados a la precampaña gallega, frente a unos 199 millones declarados en la documentación electoral correspondiente. Naseiro asegura que no puede explicar esas diferencias, niega haber maquillado las cuentas y afirma que, durante su mandato, intentó centralizar y ordenar la contabilidad de una organización con numerosas estructuras provinciales y locales. También sostiene que la situación económica del PP había mejorado considerablemente gracias al aumento de su representación institucional y de las subvenciones públicas, por lo que no necesitaba recurrir a donativos irregulares. La sesión concluye sin que el ex tesorero admita ninguna de las acusaciones, mientras los socialistas consideran que persisten cuestiones sin aclarar y los populares defienden que no puede presentarse como culpable a quien no ha sido condenado.
El Análisis
La comparecencia de Rosendo Naseiro tiene un significado político que va mucho más allá de lo que pueda explicar el antiguo tesorero. Cuatro años después del escándalo que sacudió al Partido Popular en 1990, el PSOE tiene motivos para recordar a la opinión pública que las sospechas sobre financiación irregular no afectan exclusivamente a los socialistas. El contexto es particularmente delicado para el Gobierno de Felipe González: Luis Roldán Ibáñez continúa fugado, el Tribunal Supremo investiga el caso Filesa y los antiguos responsables económicos socialistas Guillermo Galeote, Carlos Navarro y Josep Maria Sala han tenido que comparecer ante la misma comisión. Además, el PSOE ya no dispone de la mayoría absoluta que le permitió rechazar en 1990 una investigación parlamentaria sobre el caso Naseiro. La ampliación de las pesquisas a otros partidos responde a una exigencia legítima de transparencia general, pero también ofrece a los socialistas una oportunidad para repartir el desgaste político. En este escenario, la sola reaparición del nombre de Naseiro resulta incómoda para el PP, que pretende presentarse como alternativa a un Gobierno erosionado por los escándalos. Los populares pueden recordar, con razón, que el Tribunal Supremo anuló las pruebas esenciales del procedimiento y que no existe una condena contra su antiguo tesorero. Pero tampoco pueden ignorar que su propia dirección apreció responsabilidades políticas en 1990 y que la anulación de unas escuchas por vulneración de derechos fundamentales no equivale a demostrar que todas las conversaciones fueran falsas ni que las prácticas investigadas resultaran irreprochables. Las preguntas sobre las relaciones entre empresarios, adjudicaciones y financiación partidista conservan, por tanto, un interés público independiente del desenlace penal del procedimiento.
La comparecencia plantea además una cuestión que afecta al funcionamiento actual del Partido Popular. Desde febrero de 1993, la tesorería nacional está en manos de Álvaro de Lapuerta Quintero, mientras que Luis Bárcenas Gutiérrez ejerce como gerente desde 1990. Ambos son mucho menos conocidos por la opinión pública que José María Aznar López o Francisco Álvarez-Cascos Fernández, pero administran una parcela fundamental de la organización: sus recursos económicos. Que las finanzas estén confiadas a personas de perfil público discreto no constituye por sí mismo ninguna irregularidad; el problema aparece cuando ese discreto funcionamiento se convierte en una estructura difícil de fiscalizar desde fuera e incluso desde los órganos políticos del partido. La dirección popular asegura que sus cuentas son legales y que el caso Naseiro quedó cerrado, pero las discrepancias señaladas por el Tribunal de Cuentas y las conclusiones del informe Ruiz-Gallardón justifican que se exijan explicaciones más precisas. El riesgo es que la tesorería siga funcionando como un mundo aparte y opaco, bajo la supervisión formal de una cúpula que confía en sus responsables económicos sin someter su actuación a un control político suficientemente visible. No puede afirmarse, sin pruebas, que Lapuerta y Bárcenas estén reproduciendo las conductas atribuidas a Naseiro, pero tampoco basta con sustituir al tesorero para demostrar que han desaparecido los problemas de control. Si el PP aspira a exigir al PSOE transparencia sobre Filesa, debe aceptar idéntico escrutinio sobre sus propias cuentas, sin que la utilización partidista del caso Naseiro por los socialistas sirva de excusa para eludirlo.
JF
