19 diciembre 1994

El exdiputado Ángel Sanchís Perales reaparece en la Comisión de Investigación del Congreso sobre el ‘caso Naseiro’ para reiterar que fue víctima de una conspiración

El exdiputado Ángel Sanchís Perales reaparece en la Comisión de Investigación del Congreso sobre el ‘caso Naseiro’ para reiterar que fue víctima de una conspiración

Hechos

El 19 de diciembre de 1994, Ángel Sanchís Perales, antiguo tesorero de Alianza Popular y exdiputado del PP, comparece ante la Comisión no Permanente sobre la Financiación de los Partidos Políticos del Congreso de los Diputados.

Lecturas

El 19 de diciembre de 1994, Ángel Sanchís Perales, antiguo tesorero de Alianza Popular y exdiputado del PP, comparece ante la Comisión no Permanente sobre la Financiación de los Partidos Políticos del Congreso de los Diputados, presidida por Luis Mardones Sevilla, para responder sobre su participación en el denominado caso Naseiro. La comparecencia se celebra tres días después de la de Rosendo Naseiro Díaz, su sucesor en la tesorería del Partido Popular, y pretende esclarecer las sospechas de financiación irregular surgidas en 1990 a raíz de una investigación judicial sobre posibles comisiones de empresas constructoras vinculadas a adjudicaciones públicas. Sanchís, que había desempeñado un papel fundamental en la organización económica del partido durante la etapa de Manuel Fraga Iribarne, reivindica la legalidad de sus actuaciones y denuncia haber sido víctima de una operación dirigida contra su reputación y contra el PP. Sostiene que las conversaciones telefónicas utilizadas en el procedimiento judicial fueron obtenidas irregularmente y manipuladas, y recuerda que el Tribunal Supremo anuló las escuchas que sustentaban la acusación. El antiguo tesorero considera que la investigación parlamentaria vuelve sobre unos hechos judicialmente cerrados y rechaza que su nombre continúe asociado a prácticas delictivas que niega haber cometido.

La intervención adquiere especial interés cuando el portavoz socialista, Fernando Gimeno Marín, interroga a Sanchís sobre los métodos empleados para financiar Alianza Popular durante los años ochenta. A diferencia de Rosendo Naseiro, que en su comparecencia había asegurado no haber solicitado dinero a empresas o particulares para financiar el PP, Sanchís reconoce abiertamente que durante su gestión se pidieron aportaciones económicas a empresarios, simpatizantes y militantes. Explica que se enviaron miles de cartas solicitando donativos y que se organizaron cenas destinadas a recaudar fondos. También reconoce que la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) había actuado como intermediaria para facilitar contactos con posibles donantes, aunque precisa que la organización patronal no aportaba directamente dinero al partido. Sanchís defiende que todas esas prácticas eran legales y habituales en una formación que, durante buena parte de su trayectoria, disponía de recursos económicos limitados. Frente a las sospechas socialistas, insiste en que nunca obtuvo fondos a cambio de adjudicaciones ni participó en operaciones ilegales. La diferencia entre su declaración y la de Naseiro resulta llamativa, aunque ambos se refieren a etapas distintas de responsabilidad financiera: mientras el segundo había negado cualquier petición de dinero durante su mandato, el primero reivindica la captación de donativos privados como una actividad normal de la tesorería.

Otro momento relevante se produce cuando Gimeno presenta documentación interna de Alianza Popular relacionada con las necesidades financieras de la campaña electoral de 1986. Entre los documentos figura un informe económico dirigido a Manuel Fraga que menciona una previsión de financiación empresarial de 600 millones de pesetas y la necesidad de obtener los 87 millones que todavía faltaban para atender determinados gastos electorales. Sanchís asegura que el documento procede de información robada de las oficinas del partido y posteriormente difundida públicamente. La acusación de robo es formulada por el compareciente, sin que su afirmación demuestre por sí sola la procedencia ilícita del material utilizado por el diputado socialista. Durante el interrogatorio, Sanchís vuelve a denunciar la utilización de las transcripciones de las escuchas telefónicas anuladas judicialmente y cuestiona que se empleen para reconstruir supuestas operaciones de financiación irregular. También se examina el informe interno elaborado por Alberto Ruiz-Gallardón Jiménez en 1990, cuyas conclusiones habían atribuido responsabilidades políticas a los implicados en el caso Naseiro. Sanchís critica que aquel informe se confeccionara sin escuchar su versión, aunque explica que posteriormente recibió aclaraciones de la dirección del partido y que su relación con los dirigentes populares no llegó a romperse.

La comparecencia permite reconstruir, además, la relación de Sanchís con la dirección de Alianza Popular y su evolución hasta convertirse en el Partido Popular. El antiguo responsable económico recuerda las dificultades financieras de una organización que pasa de ocupar una posición minoritaria en el Parlamento a convertirse en la principal fuerza de la oposición. Preguntado por su relación actual con el PP, explica que mantiene contactos con sus dirigentes y que está dispuesto a asesorarlos cuando se lo soliciten, aunque afirma que no interviene en la gestión ordinaria de la tesorería. La diputada de Esquerra Republicana de Catalunya Pilar Rahola Martínez cuestiona su relación con el partido después de que el informe Ruiz-Gallardón señalara responsabilidades políticas, mientras que el portavoz popular Jaime Ignacio del Burgo Tajadura defiende que las investigaciones no han demostrado la entrada de fondos ilegales en las cuentas de la formación. El antiguo tesorero insiste en que se siente orgulloso de su trabajo y que las aportaciones obtenidas durante su mandato se ajustaron a la legislación aplicable. La sesión concluye sin una admisión de irregularidades, pero deja al descubierto las dificultades de la comisión para reconstruir con precisión los mecanismos de financiación privada utilizados por los partidos durante la década anterior

El Análisis

Ángel Sanchís, el hombre que conoce la historia financiera de Alianza Popular

JF Lamata

Ángel Sanchís es mucho más que un antiguo tesorero del Partido Popular que comparece para defenderse de las acusaciones del caso Naseiro. Es uno de los hombres que han conocido desde dentro la transformación de una pequeña formación política en una de las dos grandes organizaciones del sistema parlamentario español. Se incorpora al entorno de Manuel Fraga cuando Alianza Popular arrastra todavía la modestia electoral de sus comienzos, con los nueve diputados obtenidos en 1977, y participa en la construcción de su estructura financiera durante los años en que el partido pasa a liderar la oposición. Desde la tesorería, que asume a comienzos de los ochenta, conoce las dificultades económicas, las campañas de captación de donativos, las relaciones con empresarios y las necesidades de una organización que multiplica sus gastos al crecer electoralmente. Su trayectoria atraviesa cambios de dirección y conflictos internos. En 1987, Antonio Hernández Mancha prescinde de sus servicios y de buena parte de su equipo, pero Sanchís no desaparece del entorno popular: con el regreso de Fraga a la dirección y la refundación del partido en 1989, mantiene sus relaciones con la organización, y en 1990 vuelve a aparecer vinculado al equipo económico encabezado por Rosendo Naseiro. Ahora, con Álvaro Lapuerta Quintero como tesorero y Luis Bárcenas Gutiérrez como gerente, asegura que sigue dispuesto a prestar asesoramiento cuando se lo soliciten. ¿Cuánto puede saber Ángel Sanchís de la verdadera historia financiera de Alianza Popular y del Partido Popular? No hay motivo para convertir ese conocimiento en una presunción de culpabilidad, pero sí para reconocer que pocas personas han tenido una posición tan próxima a los mecanismos de recaudación y administración del partido durante tantos años.

La justicia ha cerrado el caso Naseiro sin condenar a Sanchís, después de anular las escuchas telefónicas que sustentaban la investigación, y el antiguo tesorero está en su derecho de reivindicar su inocencia y denunciar lo que considera una persecución. La anulación de las pruebas impide utilizarlas para fundamentar una condena, aunque no permite concluir automáticamente que las grabaciones estuvieran manipuladas o que existiera la conspiración que denuncia. Pero, más allá de su responsabilidad personal, la comparecencia deja una cuestión política de considerable interés: hasta qué punto la dirección de un partido conoce y controla realmente los procedimientos empleados para obtener sus recursos. Sanchís reconoce que pidió dinero a empresarios y particulares, que organizó cenas de recaudación y que recurrió a intermediarios, prácticas que considera perfectamente legales. Su experiencia y sus contactos le convierten en un testigo privilegiado de una etapa en la que la financiación privada adquiere gran importancia para el crecimiento de Alianza Popular. Resulta comprensible que la comisión quiera conocer esos procedimientos, aunque no haya podido demostrar que se utilizaran para cometer delitos. Y también resulta comprensible preguntarse si los sucesivos dirigentes populares han conocido con detalle todas las operaciones de sus responsables económicos o si han preferido delegar ampliamente esa tarea. Sanchís probablemente conserva recuerdos, documentos y confidencias que no han salido a la luz. Tal vez algún día decida explicarlos; tal vez nunca lo haga. Es posible que buena parte de lo que sabe sobre la financiación de su partido termine acompañándolo a la tumba, sin que ello permita afirmar que esos secretos sean necesariamente delictivos. Lo que sí queda claro es que la historia financiera de una organización política no puede reconstruirse únicamente a partir de las declaraciones de sus presidentes: también hay que escuchar a quienes consiguieron y administraron el dinero que hizo posible su crecimiento.

JF