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El NO fue defendido en campaña electoral por el PP, ERC y el nuevo partido Ciutadans

Referéndum por el Estatut de Catalunya: Amplia victoria del SÍ (73,9%) defendido por PSC, CiU e ICV y fuerte derrota del NO (20,76%) defendido por PP y ERC

HECHOS

El 18.06.2006 se celebró en Cataluña el Referendum sobre el nuevo Estatut aprobado antes por las Cortes Españolas y el Parlament Catalán.

LOS DIRECTORES DE PERIÓDICO DEBATEN SOBRE EL ESTATUT EN ’59 SEGUNDOS’ (GLOBOMEDIA) DE TVE

19 Junio 2006

Estatuto ratificado a pesar de todo

EL PAÍS (Director: Javier Moreno)

Los ciudadanos de Cataluña han refrendado con sus votos el texto del nuevo Estatuto de Autonomía. Las urnas han arrojado un voto afirmativo masivo que no permite albergar duda alguna sobre el resultado de la consulta. La floja participación, que no consigue superar la barrera simbólica del 50%, refleja el nivel también escaso del entusiasmo suscitado por el proceso de elaboración y discusión del nuevo texto legal. Las cuatro circunscripciones electorales catalanas sólo alcanzaron un nivel de abstención más alto en otra consulta, el referéndum de la Constitución europea en 2005, cuando la participación se quedó en un mero 40,6%.

El nuevo Estatuto llega así con menos consenso por parte de los partidos parlamentarios que el anterior, con menor participación de los ciudadanos y con menos votos afirmativos. Pero las épocas son muy distintas, y en 1979 lo que estaba en juego era la mera posibilidad de que Cataluña tuviera autonomía, mientras que ahora se trataba de elegir entre aquel Estatuto y el nuevo. Ya en aquella ocasión, la ratificación de la naciente autonomía suscitó ocho puntos menos de participación que la ratificación de la Constitución un año antes, abriendo una línea de comportamiento dual, todavía no corregida, en la que las elecciones generales suscitan mayor participación que las autonómicas. La consulta de ayer ratifica una vez más este voto dual de los catalanes que debiera preocupar a los partidos, en la medida en que revela que hay una parte de la población que se inhibe de la autonomía y sólo se moviliza en las elecciones y consultas generales.

Los dos partidos que propugnaban el voto negativo, Partido Popular y Esquerra Republicana de Catalunya, han obtenido un resultado mediocre, al alcanzar apenas algo más del 20% de los votos, ocho por debajo de la suma de sus porcentajes en las últimas elecciones autonómicas. No es extraño que se hayan apresurado a intentar deslegitimar los resultados, esgrimiendo la abstención para seguir cargándose de razón a pesar del limitado eco obtenido entre los ciudadanos. La legitimidad de los resultados no se puede discutir sensatamente tal como está intentando el frente del no, y hay que rechazar sobre todo el intento de prolongar in aetérnum el debate sobre el Estatuto. El proceso que hoy culmina con la consulta a los ciudadanos, perfectamente reglado por nuestro sistema legal, es en sí mismo una fórmula que fabrica consenso y legitimidad, y tiene la virtud de cerrar de una vez un periodo excesivamente agitado de la vida política catalana.

No es ocioso recordar que primero fue el Parlamento catalán el que aprobó el proyecto -el llamado Estatuto de Miravet-, luego enmendado por las Cortes generales, donde recibió los votos favorables en el Congreso y en el Senado -momento en el que se cayó el apoyo de ERC-, y ha regresado a Cataluña para que los ciudadanos se pronunciaran. La victoria rotunda del voto afirmativo, por el que han optado tres de cada cuatro ciudadanos que han acudido a las urnas, no admite discusión. El Partido Popular votó en contra en el Parlamento catalán, rechazó su admisión a trámite en el Congreso de los Diputados, votó coherentemente en contra en las dos Cámaras de las Cortes e incluso lanzó una campaña de firmas para instar al Gobierno a la convocatoria de un referéndum en toda España, sin base legal, sobre el Estatuto catalán. Será también coherente su recurso al Tribunal Constitucional, que servirá además para cerrar todos los resquicios y dudas que puedan quedar, aunque el texto legal ya entrará en vigor antes de agosto.

El debate sobre la legitimidad del resultado de ayer se prolongará muy pronto en las elecciones autonómicas anticipadas que se celebrarán en otoño, y en las que se elucidarán las cuentas políticas que los cinco partidos catalanes tienen pendientes con los ciudadanos. Será en algún aspecto la segunda vuelta del referéndum, en el que los ciudadanos tendrán la ocasión de entrar en detalles respecto al peso de cada partido. Paso previo, y del mayor interés, será saber cómo resuelve el PSC su dilema entre presentar como candidato a la presidencia a su actual secretario general y ministro de Industria, José Montilla, tal como desea el conjunto del socialismo (tanto el PSC como el PSOE), o presentar de nuevo al actual presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, mejor tratado por las encuestas pero repudiado por gran parte de la opinión socialista y por el interés de CiU.

La mayoría apabullante de votos afirmativos, junto a la baja participación, no permite decantar la lectura de estos resultados a favor de ninguna de las dos candidaturas. En cambio, si algo se puede deducir es que, a pesar de todo, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se ha salido con la suya: si se observa el sondeo de Opina para EL PAÍS del pasado domingo, la proporción de votos afirmativos recogidos ayer en las urnas se corresponde con las preferencias de los ciudadanos catalanes por Zapatero, mientras que la suma de los que preferían a Rajoy (8,5%) y quienes no tenían opinión se corresponde con los votos negativos.

19 Junio 2006

Estancamiento de Cataluña

Valenti Puig

La configuración ideal del bajorrelieve estatutario de Cataluña se descompuso al abrirse ayer las urnas del referéndum. Fue tan cierta como pírrica la victoria del «sí», por desentenderse de la consulta electoral el más alto porcentaje de abstención en unas elecciones de ámbito catalán. Tanta abstención resta no poca legitimación al «sí», para una Cataluña que más que nunca ahora se ve en parte estancada, en parte dividida, con más tangentes de fricción con España. Sería ineludible una crisis de representatividad. Uno de los sofismas más frecuentados en todo el nuevo proceso estatuario fue que el proyecto de ley orgánica llegaba al Congreso de los Diputados avalado por el 90 por ciento de los miembros de la cámara autonómica. Se reiteró hasta el hartazgo aunque nadie ignoraba que todo era una conjura entre partidos que no correspondía a un afán manifiesto y representativo de la sociedad catalana. Antes de la institucionalización de esa huida hacia adelante, obtener un mayor grado de autogobierno sólo interesaba a un 3,9 por ciento de los catalanes, por contraste agudo con un 54,4 por ciento de inquietud ante el desempleo, el 32,8 por ciento respecto a la inseguridad y un 32,2 por ciento ante la inmigración. Es honda la asimetría entre el bloque político de un 90 por ciento de diputados y cerca de un 55 por ciento de abstención. ¿Quién representa qué? El fracaso político es genérico, personalizado en Pasqual Maragall y Rodríguez Zapatero, emisor y receptor respectivamente de un texto estatutario que no ha interesado a más de la mitad del electorado catalán. Estando ya en precampaña electoral, el enredo institucional comienza por preguntarse cómo en un referéndum de esta naturaleza no se fijan mínimos significativos de participación.
La Cataluña política ingresa en un proceso de oclusión, final de partida de un catalanismo que en su tiempo tuvo ansias regeneracionistas y que ha ido siendo sustituido de forma casi unívoca por un voluntarismo particularista ahora nacional-progresista, gracias al concurso inagotable de una ambigüedad práctica que con una mano pretendía influir en España y con la otra se apartaba al máximo de lo que es común a todos los españoles desde hace por lo menos cinco siglos. Ahora ya poco importa que la intención del «Estatut» fuese otra, mucho más electoralista que otra cosa, que eso se le haya ido de las manos a la clase política catalana o que se diga que habrá momentos para colaborar en la gobernabilidad de España. Lo cierto es que, agitando la bandera de Cataluña, con el voto del miedo al PP o con salirse de esta para entrar en otra, el estropicio es difícilmente reparable. Artur Mas, sucesor de Jordi Pujol al frente de Convergencia, ya dijo que este nuevo estatuto no iba a durar más de treinta años. Sí, son cosas que se proclaman en una campaña por un «Estatut» del que no se habla, en una confrontación tan cuerpo a cuerpo, pero hay cosas que Artur Mas no puede decir calculando que se olvidarán o se esfumarán, porque él representa a un partido político que estuvo en la redacción de la Constitución de 1978, negoció no pocos presupuestos generales del Estado y contribuyó a la estabilidad de los gobiernos de UCD, del PSOE y del PP. Otra Convergencia muy distinta será la que en su día gestione el «Estatut» si gana las elecciones generales. Y mucho antes de que pasen treinta años, podrá dar por caducado este «Estatut». Entonces uno reclama la autodeterminación y todo recomienza.
En 1919, el presidente Woodrow Wilson dijo, ante el Congreso de los Estados Unidos, que cuando había expresado que todas las naciones tenían derecho a la autodeterminación, lo hacía sin saber que existían las nacionalidades, que acudieron día tras día a la Conferencia de Paz al terminar la Gran Guerra. En aquellos años, el catalanismo político se contagió de la fiebre incomprensiblemente diseminada por Woodrow Wilson. Así Cataluña ha sido «nacionalidad» en la Constitución de 1978 y pasa a ser «nación» en el nuevo estatuto de autonomía. Este transcurso ha ido asumiendo rasgos deterministas que chocan con el espíritu de iniciativa y el individualismo emprendedor que con el Decreto de Nueva Planta aprovecha las oportunidades del reformismo borbónico para convertir la derrota en la Guerra de Sucesión en el «big bang» comercial e industrial de la Cataluña moderna. Por contraste con la pujanza que funda el catalanismo, el intervencionismo del nuevo «Estatut» convierte a Cataluña en una sociedad hiper-regulada, cuya razón de prosperar se ve cegada por el estancamiento y por apartarse de la realidad dinámica de España. Implícito en el articulado estatutario, el afloramiento de riesgos para el pluralismo y para la realidad bilingüe introduciría desavenencias públicas incluso a corto plazo.
La hoja de ruta de Rodríguez Zapatero conlleva una «deconstrucción» de la idea de España. En un capítulo aparece el nuevo estatuto catalán, en otro revisar el consenso de 1978, en páginas sucesivas se honra la memoria intachable de la Segunda República, en otras está esbozado el camino para que ETA se sienta a sus anchas lo más pronto posible. Jacques Derrida, el inventor del «deconstruccionismo», postulaba que la única manera de expandir los valores democráticos consistía en destruir el lenguaje mediante el cual Occidente los había concebido. La democracia verdadera -según Zapatero- parece también necesitar de una «deconstrucción» del lenguaje del consenso histórico, del pacto de 1978 que consistió no en olvidar sino en perdonar. En 1938, lúcido por fin ante la guerra civil, Azaña pide la reconciliación de los españoles en su discurso «Paz, piedad, perdón». No es el mismo Azaña que había hecho la defensa de la autonomía de Cataluña en 1932, cuando Ortega argumentaba que el problema catalán era algo que no se podía resolver sino tan sólo conllevar. Como se ve en la elevada abstención de ayer, tiene sus imponderables querer modelar Cataluña entera como si fuese una materia amoldable a la veleidad política y al interés electoralista a corto plazo. Ahora indudablemente entraremos en fase de cortinas de humo, de auto-exculpaciones y demagogia incrementada. De aquí a las elecciones autonómicas, es improbable que los instintos se sometan a la forma o que la prudencia ilumine lo suficiente una vida colectiva catalana que ayer aprobó el «Estatut» a la vez que ponía alto su listón de indiferencia activa o pasiva.
19 Junio 2006

Sí, por goleada

José Antich

Catalunya ya tiene nuevo Estatut d´Autonomia. Los catalanes expresaron ayer en las urnas un sí rotundo, amplio y generoso. En términos políticos, el resultado es inapelable; en estrategia partidista es otra cosa. Las valoraciones se pueden hacer ir hacia uno y otro lado. El 73,9% de síes da al texto aprobado una enorme fuerza política y una foto bastante exacta de cuál es la voluntad de Catalunya. El no ha fracasado y lo ha hecho, se mire por donde se mire, de una manera inapelable. ¿Acaso es significativo el 20,76% de noes cuando dos partidos políticos con representación parlamentaria superior lo avalaban? Se podrán hacer muchas lecturas de la jornada electoral de ayer, pero utilizando un símil deportivo tan acorde estos días con el Mundial de fútbol de Alemania, la victoria del sí ha sido por goleada y el resultado que deja es de 7 a 2. Aunque es comprensible la preocupación porque la participación se ha quedado rondando el 50%, la abstención no tiene partido, es de todos y de nadie. Es también del sistema. Agarrarse a ella para leer los resultados es legítimo, pero no es realista. Celebrado el referéndum, es urgente que se despeje el horizonte institucional de Catalunya, con un Govern en minoría parlamentaria. La convocatoria de elecciones no se debe demorar, y es urgente que todos los partidos den a conocer sus candidatos. Ahora sí toca saber cuál es la decisión del PSC.

19 Junio 2006

Un descalabro de la clase política catalana

EL MUNDO (Director: Pedro J. Ramírez)

Después de depositar su voto, Pasqual Maragall dijo que el día de ayer «era el momento» en el que Cataluña decidía «qué quiere ser, cómo quiere estar en España y cómo quiere que sus ciudadanos se sientan». Pues bien, el presidente de la Generalitat ya tiene la respuesta de Cataluña. Los catalanes han dado la espalda al Estatuto que define a Cataluña como «una nación», pero que ha nacido sin el consenso del segundo partido del país y con la mancha de la sospecha de inconstitucionalidad. La participación en el referéndum sólo alcanzó el 49,4% del censo, 10 puntos por debajo del 59,7% que votó en 1979. El sí ha ganado de forma abrumadora -el 73,9%- frente al 20,7% de votos negativos. Sin embargo, el resultado es que el Estatuto catalán ha sido aprobado con el 36% de los votos sobre el censo. Y ello a pesar de dos años de profunda fractura entre Cataluña y el resto de España.

Los resultados de la consulta ponen en evidencia que el nuevo Estatuto no era en absoluto una demanda de los catalanes, sino un empeño de la clase política de esa comunidad autónoma, dominada por los nacionalistas. No cabe duda de que la alta abstención registrada es un voto de castigo contra esa clase política endogámica que, lejos de ocuparse de las necesidades reales de los ciudadanos, se ha encelado en cuestiones identitarias.

Montilla se apresuró a advertir ayer de que la baja participación «no deslegitima» la consulta. Legalmente no, pero políticamente es imposible restar importancia a la elevada abstención. Es verdad que en este tipo de consultas la participación no es tradicionalmente muy alta, pero no es menos cierto que los ciudadanos acuden a las urnas en masa cuando consideran que el momento es decisivo. Y en esta ocasión no lo han considerado así, a pesar de que el establishment económico y mediático se ha volcado en el respaldo del Estatuto. La legislación española no establece el quórum necesario, aunque es obvio que el resultado de una votación en la que participa menos de la mitad del censo queda muy devaluado desde el punto de vista de la fuerza moral de la ley que va a entrar en vigor. En el reciente referéndum de Montenegro, la UE fijó en más del 50% los votos necesarios para la validez de la consulta.

En cuanto a los resultados concretos, difícilmente puede hallarse una metáfora más pertinente que lo sucedido ayer precisamente en el Gran Premio de Motociclismo de Catalunya, en el que varias motos sufrieron una colisión múltiple que obligó a repetir la salida. Tal y como sucedió con los pilotos, algunos partidos han sufrido un descalabro mayor que otros. Maragall es el mayor damnificado como líder del tripartito que se saldó con un clamoroso fracaso de la desunión. El 18-J deja muy mermada su capacidad de resistirse a ser sustituido por Montilla como candidato en las próximas elecciones autonómicas.

La otra formación claramente perjudicada por el referéndum es ERC. El 20,7% de los votos negativos se los tiene que repartir con el PP. Los independentistas fueron expulsados del tripartito por pedir el no y ni siquiera han logrado movilizar a sus votantes. Paradójicamente, el principal impulsor del texto, Artur Mas, puede ser el menos dañado por el resultado. El líder de CiU culpó ayer de la abstención al descrédito del tripartito, en lo cual no le falta razón.

El PP no ha conseguido tampoco un gran número de votos negativos, pero puede consolarse con haber pronosticado la alta abstención. Rajoy advirtió ayer a Zapatero de que la falta de consenso ciudadano es un motivo suficiente para paralizar operaciones como la del Estatuto catalán. Evidentemente, el resultado no es un triunfo, sino todo lo contrario, para el presidente, principal impulsor del texto. Zapatero ha sorteado todas las tormentas y escollos legales, pero este aterrizaje con más pena que gloria no indica ni que Cataluña haya hecho un buen negocio ni que la criatura vaya a ser robusta. Aunque, a diferencia de lo ocurrido en la competición deportiva, esta carrera no se puede volver a repetir.

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