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Ardanza (PNV) es reelegido lehendakari en una sesión marcada por la presencia del etarra encarcelado Juan Carlos Yoldi como candidato de HB

HECHOS

El 18 de febrero de 1987 D. José Antonio Ardanza fue reelegido lehendakari con los votos del PNV y del PSE.

El 26 de febrero de 1987 D. José Antonio Ardanza Garro, candidato del PNV, es reelegido lehendakari con el respaldo de los diputados del PNV, del PSE y también del CDS.

Por primera vez desde 1981 los diputados de Herri Batasuna asistieron al parlamento vasco para presentar un candidato alternativo para el cargo de lehendakari, el etarra encarcelado D. Juan Carlos Yoldi Múgica, que al ser propuesto como candidato fue autorizado a abandonar la cárcel para poder presentar ante el parlamento vasco el ‘programa de gobierno’ de HB. Durante su intervención el líder del PSE, D. José María Benegas Haddad, abandonó la sesión.

Acabada la sesión el Sr. Yoldi Múgica volvió a prisión.

19 Febrero 1987

Algo más que formas

EL PAÍS (Director: Juan Luis Cebrián)

LA AUDIENCIA Nacional, bajo cuya jurisdicción se encuentra todavía el candidato a lendakarí por Herri Batasuna, Juan Carlos Yoldi, presunto miembro de ETA que cumple prisión provisional en la cárcel de Herrera de la Mancha, ha acordado no autorizarle a que acuda mañana a la sesión de investidura del nuevo presidente vasco. La Audiencia Nacional no pone en cuestión el derecho que el preso tiene a obtener el permiso, sino que basa su negativa en defectos formales y, en concreto, en el hecho de no «haber acreditado su supuesta condición de candidato a lendakari por su coalición». No cabe duda de que nos hallamos ante una de las decisiones más polémicas y difíciles que se hayan tomado nunca en la complicada madeja política del País Vasco.En efecto, si sólo son vicios de forma los que explican la decisión de los jueces, no habría dificultad para subsanarlos con la suficiente celeridad. Pero es probable que nos encontráramos entonces ante el inició de un nuevo haz de dificultades que, en las mismas vísperas de tan trascendental, sesión del Parlamento Vasco, podría añadirse a las ya surgidas para hallar una fórmula estable de gobierno en Euskadi.

La decisión de Herri Batasuna de present ar a un recluso acusado de actividades terroristas como candidato provoca una situación inédita de difícil solución jurídica, pero plantea sobre todo un problema político de entidad considerable. La cuestión jurídica no presenta dificultades insuperables, pues nada lo es en el campo del derecho, mientras que los efectos políticos sólo pueden -ser adecuadamente canalizados si el Gobierno y las otras fuerzas parlamentarias de Euskadi actúan con tacto ante situación tan novedosa.

El candidato de la coalición abertzale se encuentra en prisión provisional incondicional desde junio de 1985, en que fue desarticulado el comando Zarrotza-Atxio. Aunque no se le imputa ningún delito de sangre, es acusado, entre otros hechos, de atentar en varias ocasiones, mediante explosivos, contra bienes e instalaciones franceses en España y de ametrallar un camión, por lo que el ministerio fiscal solicita penas que totalizan 64 años de prisión. Sin,embargo, ni su procesamiento, ni su situación carcelaria, anulan sus derechos civiles y políticos, aunque en algún supuesto puedan limitar su ejercicio. La presunción constitucional de inocencia y la plenitud de derechos juegan a favor suyo, como de todo ciudadano, hasta tanto no se produzca una sentencia condenatoria.

El problema se plantea cuando, como es el caso del candidato a lendakari por HB, el ejercicio de su actividad parlamentaria puede incidir en su situación procesal, hasta el punto de llegar a anularla. Si esto fuera así, la situación procesal, de acuerdo con todos los principios del derecho, tendría prevalencia, pues los parlamentarios autonómicos no tienen inmunidad alguna. Es decir, no tendría sentido que la excepcionafidad de una decisión judicial que autorizase la excarcelación del recluso para una determinada ocasión se tomase permanente, en función de su actividad como parlamentario. Y esto, con independencia del delito del que se le acuse.

Lo explosivo de la situación política del País Vasco puede servir lo mismo de justificación para no darle al procesado el permiso de hablar ante el Parlamento como para hacerlo así. Lo que el caso Yoldi pone de relieve son, precisamente, los caracteres políticos y no únicamente policiales o judiciales de la cuestión de Euskadi. Si la comparecencia de Yoldi y de sus compañeros de Herri Batasuna supone una forma de aceptación por esta coalición parlamentaria de las reglas de juego y la legalidad del Estado -aunque permanezca su voluntad de cambiarla-, nos encontraríamos ante un hecho positivo. Si se trata sólo de una provocación más, nada o muy poco se ganaría desde el punto de vista del consenso democrático con esa comparecencia. De todas maneras, la democracia se distingue, frente al bandolerismo que ETA y sus secuaces representan, por una fortaleza moral y una seguridad sobre su superioridad corno sistema político que no deben impedir por lo mismo aceptar esta clase de retos. Yoldi ha sido votado por un número considerable de ciudadanos, a los que representa. Ésa es una mala noticia, pero peor sería conocer que la monarquía parlamentaria no es capaz de asumir también ese hecho.

Liquidar la cuestión por defectos de forma puede ser un maquiavelismo, pero también un error, pues es la manera de no satisfacer a nadie. El Gobierno tomó la decisión en enero de no prorrogar la vigencia del artículo 22 de la ley de Bandas Armadas, que establecía la suspensión automática en el ejercicio de la función o cargo público de quienes estuviesen procesados por delitos de terrorismo. Si esa legislación se hubiera mantenido, no se habría planteado este contencioso. Pero si el Gobierno la eliminó, tiene que explicar cuál es su opinión en este caso concreto.

De todas maneras, ésta no es sólo una patata caliente para el ejecutivo de Felipe González y para el poder judicial. Las fuerzas políticas vascas deben pronunciarse sobre el caso y el Parlamento de Euskadi asumir sus responsabilidades. Este país está necesitando íespuestas políticas, y valerosas, ante el contencioso vasco, no excusas procedimentales. Con Yoldi o sin Yoldi en la tribuna, esas respuestas son las que echamos de menos. Pues las dificultades para formar Gobierno en Euskadi sólo han puesto de relieve la cortedad de miras, el fulanismo y la fragmentación social que azotan a la clase política vasca.

27 Febrero 1987

Una victoria de la democracia

EL PAÍS (Director: Juan Luis Cebrián)

LA SESIÓN celebrada ayer en el Parlamento vasco, en la que el candidato José Antonio Ardanza fue elegido presidente de la comunidad autónoma, contó con la presencia de los diputados electos por Herri Batasuna (HB). Sin duda, este partido albergaba intenciones propagandísticas con la presentación del presunto terrorista Yoldi como candidato a lendakari, pero la presencia flisica de los diputados de HB en la principal institución representativa de la autonomía vasca supone -diga lo que diga la propia HB- un reconocimiento implícito de esas instituciones, al menos como tribuna.Herri Batasuna obtuvo en las últimas elecciones autonómicas cerca de 200.000 votos. Cifra abultada, pero no tanto como para avalar la pretensión del abertzalismo violento de hablar en nombre de todo el pueblo vasco. Las relaciones de todo tipo -y no sólo ideológicas, según reveló Felipe González esta semana- entre ese partido y la organización terrorista ETA Militar justifican además una preocupación por el hecho de que obtenga tan amplio respaldo social. Pero incluso suponiendo que todos los votantes de HB se identificaran con los planteamientos y las prácticas de ETA, sus 13 diputados constituyen una minoría en una Cámara que cuenta con la presencia de otros 62 representantes de la voluntad de los ciudadanos.

La sesión de ayer nos propició una buena noticia para la democracia: el candidato Yoldi tuvo ocasión de exponer sus puntos de vista y de confrontarlos con otros existentes en la sociedad vasca. El radicalismo abertzale ha escenificado ante los representantes del pueblo y ante informadores de todo el mundo el más elocuente mentís de los argumentos que durante años han esgrimido HB y ETA, y que el propio Yoldi resumió en su alegato, a saber: que el Parlamento vasco no representa a Euskadi porque falta en él la voz de los oprimidos, y que el recurso de ETA a la violencia es legítimo porque los vascos carecen de vías auténticamente democráticas para expresar sus intereses y aspiraciones, y que, en definitiva, es necesario cambiar el marco jurídico-político porque el actual es sólo la prolongación, con algunos retoques del impuesto durante el franquismo. Todo eso no es ni siquiera una falacia: es una tontería. Aunque bien es verdad que la imprudencia o la torpeza política del Gobierno tratando de impedir con algunas estratagemas legales la comparecencia del candidato ha estado a punto de darle a HB argumentos de los que ayer se vio por completo desprovista.

El candidato de HB ha proclamado como única solución para los problemas de Euskadi -y no excluyendo como instrumento de acción el recurso a la violencia- la aceptación por las demás fuerzas vascas, representativas del 83% de aquella población, del programa político defendido por Herri Batasuna. Esto es: una negociación política entre ETA, de una parte, y los poderes del Estado, con mención explícita al Ejército, de otra, sobre la base de los puntos de la llamada alternativa KAS. El planteamiento responde a una primitivez de ideas políticas preocupante. La ausencia de los diputados de HB que optaron por ausentarse de la Cámara cuando los demás grupos rebatieron sus razones se parecía, por lo mismo, a una huida.

La presencia de Yoldi en la Cámara vasca, aprovechando la superioridad moral de la democracia frente a la práctica a un tiempo infantil y criminal del tiro y la metralleta, ha resultado políticamente una victoria para el sistema que ETA pretende destruir en nombre de ensoñaciones que moverían a la sonrisa si no anclaran su expresión en la más fúnebre, siniestra y repugnante de las prácticas criminales.

Por lo demás, el aislamiento de los terroristas no puede pasar de ninguna manera por la marginación política de los 200.000 ciudadanos que hoy les apoyan o disculpan, sino justamente por la separación entre la minoría violenta y esos sectores que siguen otorgando su voto a Herri Batasuna.

Las vías de pacificación pasan por la recuperación para la democracia y sus instituciones de esos miles de ciudadanos. Todo lo que favorezca, por mínimamente que sea, esa integración, incluso si las intenciones de los estrategas abertzales son contrarias a la misma, será una inversión en favor de la libertad y la convivencia en Euskadi. Ayer se franqueó en Vitoria un importante paso hacia ese objetivo. El que la presencia de Yoldi coincidiera con la elección de un lendakari que por primera vez en siete años contó con el apoyo de la mayoría absoluta de la Cámara vasca subraya el valor de una jornada que exhibió, ante todo, un triunfo para la democracia.

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