Asalto en casa de la familia de Luis Bárcenas por parte un enajenado, Enrique Olivares García, que, vestido de cura, irrumpió armado en el lugar

EL EXTRAÑO suceso acaecido en el domicilio de Luis Bárcenas exige una investigación seria. A juzgar por las apariencias, el asalto de un hombre con un viejo revólver para exigir los pendrive con las pruebas contra el PP es un episodio protagonizado por un delincuente aislado con signos de desequilibrio. Pero no es fácil localizar el piso de Bárcenas, franquear la entrada, aprovechar el momento preciso en el que no estaba el vigilante y tener una hora atados a los moradores en espera de lograr lo que buscaba. Además, no estamos ante un caso cualquiera, sino ante el que más puede incomodar al Gobierno. Por ello hay que disipar todas las dudas.

SORPRENDIÓ AYER la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid que condena a 22 años de prisión a Enrique Olivares, el falso sacerdote que intentó secuestrar a la esposa, al hijo y a la empleada del hogar de Luis Bárcenas hace unos meses. Una pena más alta que los 18 años que había pedido el fiscal. El tribunal considera a Olivares autor de tres delitos de secuestro, otros tres de amenazas, uno de tenencia ilícita de armas, otro de allanamiento de morada y tres faltas de lesiones. Es cierto que, ateniéndose estrictamente al Código Penal, la sentencia puede ser irreprochable, pero no deja de asombrar una pena tan grande para alguien cuya acción no derivó en daño físico y que «tenía parcialmente afectada, aunque no eliminada, su capacidad de acomodar su conducta a la ley», como dicen los jueces. A la sociedad le cuesta asumir que el mismo Código Penal que deja en libertad al etarra Bolinaga, autor del secuestro más cruel de la banda terrorista, contemple una pena tan desproporcionada como la de Olivares. Como también sorprende la rapidez con la que se ha dilucidado este proceso. Casos como el de Olivares explican que los ciudadanos tengan poca confianza en la Administración de Justicia en España.

El 7 de febrero de 2019, el médico forense Juan Miguel Monje examinó en la Audiencia Nacional a un preso de 70 años de la cárcel de Aranjuez (Madrid), que fue trasladado en silla de ruedas desde el hospital en un estado de “deficiente higiene personal”. El sujeto, según el perito, recordaba tener esposa y dos hijos, pero no lograba acordarse de cómo se llamaban ni de sus edades. Con la mirada ausente e inexpresiva, el paciente no sabía decir su nombre, ni qué fecha era. Tampoco reconocía el lugar en el que estaba. Era incapaz de leer o escribir, o de realizar cálculos sencillos, y presentaba grandes lagunas de memoria. Su lenguaje, anotó el médico, era incoherente y su pensamiento tendía a la paranoia.

Ese hombre destruido se llamaba Enrique Olivares García. El nombre no le dice nada a nadie, pero en la tarde del 23 de octubre de 2013 tuvo en vilo a media España. Disfrazado de sacerdote, con camisa negra y alzacuellos, y portando un maletín, consiguió entrar en el domicilio del extesorero del PP Luis Bárcenas, entonces en prisión provisional, con el falso pretexto de resolver unos asuntos penitenciarios de aquel. Tras 20 minutos de charla en el cuarto de estar con la esposa de Bárcenas, Rosalía Iglesias; el hijo de ambos, Guillermo, y la empleada del hogar, el falso religioso sacó del portafolios un revolver tipo British Bulldog con cinco cartuchos. Apuntándoles, les ordenó que fueran al despacho y, tras atarles, exigió que le entregaran los pendrives con documentación de Bárcenas que pudiera afectar al Gobierno.

Sin embargo, algo más de media hora después de iniciado el secuestro, Willy Bárcenas consiguió desasirse de las bridas, y desarmó y redujo al intruso. Para ello contó con la ayuda de Sergio Ríos, chofer de la familia, que se encontraba por la zona con su pareja —entonces se pensó que casualmente— y fue alertado por el portero de un inmueble próximo. El falso cura fue condenado en abril de 2014 a 22 años de prisión por allanamiento de morada, secuestro, amenazas y tenencia ilícita de armas y su rastro se perdió en las prisiones de Cuenca, Estremera, Valdemoro y Aranjuez.

Siete años después de aquel sonado y extraño suceso, el chófer Sergio Ríos, ahora funcionario de policía, es el principal agente encubierto del caso Kitchen, la trama parapolicial supuestamente orquestada en el Ministerio del Interior durante la época de Jorge Fernández Díaz para arrebatar a Bárcenas papeles comprometedores para el Partido Popular. Y el episodio del secuestro de la familia del extesorero se ve bajo una nueva luz: el juez instructor de Kitchen, Manuel García-Castellón, trata de averiguar si existe una relación entre el falso cura Olivares y la red policial corrupta del comisario José Manuel Villarejo.

Sin embargo, no será fácil seguir esa pista. El magistrado pretendía tomar declaración a Olivares, y pidió al Instituto de Medicina Legal un informe para determinar su estado de salud mental, que ya en el juicio del secuestro había quedado en entredicho. El forense en su informe fue tajante: el paciente padece “deterioro cognitivo con productividad psicótica” y “no reúne aptitudes para entender, comprender y para declarar” en el sumario de Kitchen.

Una vez sentadas las tinieblas mentales de Olivares, el magistrado optó por otra vía para establecer la posible relación entre el preso y la trama policial: las relaciones sociales y el dinero. García-Castellón reclamó de manera urgente a las cárceles por las que ha pasado el recluso una relación de las visitas de abogados, de las comunicaciones con familiares y amigos, la identidad de las personas que hayan efectuado ingresos en las cuentas de peculio —dinero que los allegados del interno ingresan para sus compras en el economato de la cárcel— y la lista de teléfonos y personas autorizadas para comunicarse con él.

En la documentación remitida por Instituciones Penitenciarias, aparecen hasta 19 ingresos periódicos en la cuenta de peculio de 250 euros, cuyo origen no se precisa, y un saldo acumulado de más de 4.600 euros. Apenas hay más visitas a Olivares que las de sus abogados y, cada dos o tres semanas, las comunicaciones familiares de dos horas con su madre, Adoración García, y su hermana Josefa. En enero de 2019, la madre, que entonces tenía 94 años, aseguró a la policía que aunque muchas veces intentó sonsacar a su hijo alguna información sobre el secuestro de la familia de Bárcenas y sobre si lo hizo por encargo, este “nunca” le contó nada. Las llamadas telefónicas tampoco dieron resultado. Su esposa y sus hijos, residentes en México, no le han llamado en los últimos tiempos.

Olivares, que nació en Cuenca en enero de 1949, tenía viejos antecedentes policiales —ya cancelados— por robo con fuerza en las casas (cuatro veces entre 1966 y 1967), pequeño tráfico de drogas (1980), y estragos (1999). En enero de 2002 fue detenido en Argentina por ir sin documentación. Sin embargo, no le faltaban identidades: el preso manejó documentos a nombre de Jesús Sánchez Rodríguez —nombre y apellidos de perfecto camuflaje— y Juan Manuel Muñoz Muñoz. Él seguramente lo ha olvidado. Las bases de datos policiales, no.