Batalla por el aceite de Oliva: la ministra Loyola de Palacio logra que el comisario europeo Franz Fischler acepte una subvención

La ministra de Agricultura, Loyola de Palacio, ha logrado, en las negociaciones de la UE sobre el aceite de oliva, un acuerdo decente, pero sobre el que no puede fabricar ningún discurso triunfalista. La obsesión con la cuota de producción ha ocultado otros aspectos al menos tan importantes. Con independencia del nivel de producción, la UE se gastará muy poco dinero más para apoyar a un sector estratégico para la agricultura mediterránea. España, recibirá168.000 millones de pesetas anuales de la UE, muy poco más de lo que ya recibía, aunque es una cantidad equiparable al Fondo de Cohesión. No deja de resultar chocante que, después de un acuerdo alcanzado después de un maratón negociador que se ha prolongado durante cuatro madrugadas, la ministra haya afirmado que «se garantiza el porvenir del olivar español». Faltaría más que no se hubiera conseguido al menos eso.La cuota de producción alcanzada por España es razonable: 760.027 toneladas. Menos que la última cosecha, que superó el millón, pero más del doble de la producción en años de sequía. Con un 42,7% del total de la cuota comunitaria, el problema es, sin embargo, que España se verá penalizada respecto a Italia en lo que reciba de la UE por kilo de aceite producido, aunque esta situación podría llegar a cambiar en función de las cosechas. De momento, con esta ventaja para los productores italianos, se ha quebrado el principio de la solidaridad comunitaria.

En términos generales, con la importante excepción de los pequeños productores -que ven suprimida su ayuda-, el sector no queda en peor situación que antes. Tampoco estamos ante un sistema de cuotas de producción, como en el caso de la leche, que acarrea multas si se sobrepasan los volúmenes adjudicados a cada país. En el caso del aceite de oliva, si así ocurre, el mismo dinero se repartirá entre más, pero no hay sanciones.

Por otra parte, la UE le pasa a cada Estado la patata caliente de la aceituna de mesa, cuyas ayudas comunitarias autoriza siempre que se detraigan de las cantidades asignadas para cada país al olivar. El conflicto interno está garantizado. Entre las carencias del acuerdo cabe apuntar también la no inclusión del precio de intervención, la desaparición de la ayuda al consumo o el fracaso en la prohibición de las mezclas de aceite, lo que hubiera beneficiado la calidad y el principio de la denominación de origen, sobre los que reposa el futuro comercial del sector español.

Probablemente, de no haber dado tantos quiebros en su política negociadora en los últimos dos años, la ministra hubiera conseguido mejores condiciones para el olivar español. El Gobierno ha cambiado demasiado a menudo de estrategia de negociación en los últimos dos años: alargándola para integrarla en el conjunto de las decisiones sobre la llamada Agenda 2000, para luego acelerarla; encabezando la ministra manifestaciones y enfrentándose a la Comisión Europea para después convertirla en su aliado; no entendiéndose con los principales productores de aceite de oliva en la UE; amagando y luego rehusando el recurso al Tribunal de Cuentas de la UE para poner de relieve los fraudes en otras tierras. En esta negociación, el Gobierno ha conseguido menos de lo que prometía, aunque más que las posiciones de partida del comisario Fischler.

El acuerdo sobre el nuevo régimen para el aceite de oliva es de duración limitada, tres años, un tiempo suficiente para investigar la realidad de las cifras en el sector, que la Comisión Europea dice desconocer. En buena parte, han sido los fraudes italianos los que ha acabado pagando España con una cuota menor de la que hubiera obtenido en una situación regular. En especial, son todos los pequeños productores los más afectados, pues en la Comisión son ellos los principales defraudadores. Entretanto, queda paralizada la plantación de nuevos olivos en España o Italia. Con esta partida sobre el aceite de oliva que concluyó ayer prácticamente en tablas en Bruselas -junto con otros acuerdos positivos sobre el plátano o el tabaco-, España ha ganado un respiro. En dos años o menos volverá a desatarse la guerra de propuestas para una organización común de mercado (OCM). Entonces habrá que estar mejor preparados.

CUANDO se han cerrado en Luxemburgo, después de una larga noche de difíciles negociaciones, las reglas que ordenarán la futura Organización Común de Mercado (OCM) del aceite de oliva, creo que tengo la obligación de explicar a los españoles en general, y a los olivareros muy en particular, las incidencias de un proceso en el que el Gobierno del Partido Popular, presidido por José María Aznar, ha batallado durante dos años, en condiciones muy difíciles. Porque no resulta empresa sencilla en tiempos de restricciones presupuestarias, como los que se viven actualmente en la Unión Europea (UE), obtener dineros suplementarios, cuando son 15 los estados miembros, obligados a ponerse de acuerdo para ampliar los gastos.

Con toda objetividad y, sin emplear otro argumento que los números y las cuentas claras, hay que recordar que si la Unión Europea hubiese aprobado en 1996 la propuesta inicial de ayuda al árbol del comisario Fischler, España habría recibido 125.000 millones de pesetas como ayuda a las 500.000 toneladas que, según los contables de Bruselas, nos correspondían.

Nuestra protesta, que algunos han podido calificar de apasionada, pero que me permito recordar fue de gran utilidad, permitió aparcar la iniciativa de la ayuda al árbol y restablecer la ayuda a la producción en la propuesta del comisario Fischler de marzo de este mismo año, donde, según las estadísticas manejadas por los gabinetes bruselenses, nos correspondían como Cantidad Nacional Garantizada para España 625.000 toneladas, después de haber corregido con diversos retoques la de 565.000 toneladas que en un borrador filtrado nadie sabe por quién, se nos había asignado.

Con retoques o sin ellos, los datos seleccionados por la Comisión Europea se apoyaban en las cifras del olivar español durante el más largo periodo de sequía padecido por nuestros campos durante el siglo, en un trabajo de maliciosa estadística, aunque fuese aritméticamente correcto, porque las lluvias caídas sobre nuestro país en las dos últimas campañas han demostrado que los números no se ajustaban a la realidad española en condiciones normales de pluviometría, como si alguien quisiera condenarnos a la cadena perpetua de medir nuestros derechos con arreglo a coeficientes de años en que no había caído una gota.

En estas condiciones, se abre el Consejo de Ministros de Luxemburgo de la pasada semana.

Nosotros teníamos asignadas 625.000 toneladas de Cantidad Nacional Garantizada, según los cálculos de la Comisión, y era necesario luchar para que el Consejo admitiese un cambio en la estadística de base que, en lugar de apoyarse en los cálculos de la Comisión, lo hiciese sobre las tres últimas cosechas. Y conviene recordar a ciertos desmemoriados que en su momento aceptaron sin rechistar que Bruselas nos impusiera en otros cultivos estimaciones basadas en años de sequía, que, por primera vez, se acepta el argumento de que semejante anormalidad meteorológica no puede mantenerse con carácter eterno.

El Consejo de Ministros de Agricultura acepta esta vez nuestra denuncia para abrir su debate interno a la realidad olivarera española, muy por encima de las 625.000 toneladas, punto de partida en Luxemburgo.

En aquel momento, empieza la larga semana de Luxemburgo, durante la cual se multiplican las sesiones restringidas del Consejo de Ministros, en las que sólo están presentes el titular y un técnico, y los encuentros, allí llamados bilaterales, donde el presidente del Consejo, en la ocasión el ministro británico de Agricultura, J. Cunningham, y el comisario, Franz Fischler, reciben al titular de un país miembro, prácticamente a solas, para ajustar las ofertas posibles a las peticiones de los demandantes.

Son entrevistas de una gran tirantez, porque siempre aparece una diferencia entre las cifras manejadas, todo ello mientras el reloj sigue su avance.

La primera propuesta que España recibe el martes pasado por la tarde es de 675.000 toneladas, una cantidad inaceptable para nuestro país, porque estaba muy lejos de la media real de las tres últimas campañas que nuestra delegación había establecido como base de negociación, para oscilar alrededor de ella en el resultado final.

Al día siguiente se distribuye un documento de negociación con 709.000 toneladas, que también rechazamos. La situación es durísima al denunciar alguno de los países productores que sólo se hacen propuestas que benefician a España, mientras alguno de los del norte cuestiona el aumento del presupuesto en casi 12.000 millones de pesetas que supone esa concesión.

Las reuniones bilaterales se multiplican, y la tirantez va en aumento ante lo que algunos califican de demandas «insaciables» de la delegación española.

Simultáneamente, algunos ministros de países no mediterráneos me transmiten su solidaridad y su voluntad de que encontremos una solución aceptable para nuestro país. Francia, con quien además compartimos la común defensa del sector platanero europeo, resulta un aliado leal.

Al día siguiente la nueva propuesta se concreta en otra oferta de 740.000 toneladas, igualmente considerada insuficiente por nuestra delegación y, tanto la Presidencia como el comisario, cuya colaboración ha sido decisiva, nos anuncian que ya el margen es prácticamente nulo.

Sin embargo, un último empujón, el más complicado y tenso de todos, ya en la madrugada, sitúa la cuota española en las 760.026 toneladas que acaban incluidas en el documento final de clausura.

Habíamos empezado con una Cantidad Nacional Garantizada de 500.000 toneladas en junio de 1996, habíamos pasado por la de 565.000 en febrero de 1998, que en marzo se transformaban en 625.000, para subir a 675.000 toneladas el 23 de junio. Luego 709.000 toneladas la mañana del 24 que se aupan hasta las 740.000 el mediodía del 25 de junio y culminan en las 760.026 toneladas de la madrugada del 26 de junio.

Este ha sido el itinerario de un largo combate, cerrado con la ayuda más alta jamás obtenida por el olivar español por parte de Europa y que cuesta trabajo no considerar claramente positivo.

Creo que hemos servido al olivar español y creo también que el olivar español se merece el reconocimiento a su trabajo, para conseguir en cada cosecha ese puro milagro que es el aceite.

El presidente del Gobierno, José María Aznar, y Franz Fischler, comisario de Agricultura, se entrevistaron en el pasado mayo en secreto en Madrid para buscar una salida a la crisis del aceite de oliva y sentar los fundamentos de un acuerdo basado en un aumento de la Cantidad Máxima garantizada (CMG). Durante la pasada semana, Fischler se convirtió en uno de los principales aliados de la ministra española durante las negociaciones de Luxemburgo.

Aznar y una gran parte de su Gobierno han tenido un papel muy destacado en la última fase de las negociaciones para reformar la Organización Común de Mercado (OCM) del aceite de oliva.

Una prueba de ello es la entrevista que mantuvo recientemente con el comisario de Agricultura, a la que hay que añadir las diversas cartas que ha remitido al presidente de la Comisión Europea para recordarle la importancia económica de este sector en una gran parte de España y, sobre todo, la transcendencia política del asunto.

En todo el proceso negociador hay que establecer dos fases perfectamente diferenciadas. La primera comienza con la llegada del PP al poder y con el nombramiento de Loyola de Palacio como ministra de Agricultura. Se caracterizó por las salidas de tono de la ministra y por la realización de gestos encaminados a buscar la foto. Fueron una constante los enfrentamientos con el comisario de Agricultura y con otros países productores, principalmente Italia.

La segunda fase, que se ha desarrollado durante los últimos tres meses, ha supuesto un cambio de estrategia en relación con la anterior: cesaron los ataques al comisario de Agricultura, hasta el punto de que Franz Fischler ha sido uno de los más firmes aliados de las tesis españolas durante las últimas semanas; se han buscado alianzas con los otros países productores (unas veces se han conseguido y otras no), y se ha intentado explicar a los representantes de los no productores la necesidad de conceder más dinero para el sector del aceite de oliva.

Los logros que se han alcanzado (para unos muchos, para otros pocos) se han conseguido durante esta segunda fase.

La semana pasada se puso de manifiesto bien a la claras el cambio que se ha producido en la relación entre Fischler y Loyola de Palacio. El comisario, apoyado en todo momento en la trastienda por el todopoderoso director general de Agricultura de la Comisión Europea, el francés Guy Legras, que ha desempeñado un papel de vital importancia a la hora de conseguir los sucesivos incrementos de la CMG con derecho a ayuda, ha buscado las fórmulas para apoyar los intereses españoles, aunque bien es verdad que había sido él, con su propuesta, el que había situado a nuestro país en una mala posición de partida.

A pesar de ese incremento de la CMG, España es, entre todos los productores, el país que tiene más posibilidades de rebasar el tope fijado, lo que supondría que los oleicultores españoles tuvieran que hacer frente a una reducción en el importe de la ayuda a la producción. En Italia será muy difícil que puedan rebasar su tope, lo mismo que Grecia. En Portugal y Francia no es posible.

Por otro lado, también hay que tener en cuenta que la nueva normativa, que comenzará a aplicarse a partir del 1 de noviembre próximo, no es definitiva, ni mucho menos, algo que parece olvidarse con frecuencia. De momento, está previsto que funcione durante tres campañas y que se aproveche este tiempo para conocer con exactitud los datos relativos a la producción real, en la UE y en otros países, así como el número de árboles que existen.

Antes de tres años, habrá comenzado un nuevo proceso negociador para fijar las nuevas reglas del juego. El objetivo es que a España llegue la mayor cantidad de dinero posible por las vías que más nos convengan, y que la nueva normativa no entre en contradicción con la reglas de la Organización Mundial de Comercio (OMC), para que ésta no obligue a hacer otra reforma, como en el caso del plátano.

Finalmente, hay que tener en cuenta que no todo está cerrado. Ahora habrá que seguir con atención el establecimiento del sistema de almacenamiento privado, ya que España es también uno de los países que, en caso de buenas cosechas, tendrá más necesidad de recurrir al mismo.

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APOYOS

Más dinero para Canarias

Los productores de plátanos de las Islas Canarias se van a embolsar más dinero en concepto de ayudas. Esta es la conclusión más importante de los acuerdos que se alcanzaron el viernes pasado en Luxemburgo por parte de los Ministros de Agricultura de la UE. El presidente de Asprocan (la organización que agrupa a los productores de plátanos del archipiélago), presente durante toda la semana en Luxemburgo, al contrario que los representantes sectoriales del aceite de oliva, que no aparecieron por allí, valoró muy positivamente los términos del compromiso. El aumento viene dado por el incremento de un 5% para este año del llamado ingreso global de referencia, que sirve para calcular el importe de la ayuda. Durante 1999, la subida será del 8%. Por otro lado, se mantiene el contingente actual de importaciones en 2,23 millones de toneladas, al que habrá que añadir 353.000 toneladas para cubrir las necesidades de los tres últimos países que se han incorporado a la UE.

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Un 10% de barbecho obligatorio

Aunque los agricultores están ahora ocupados en las tareas de recolección, deberán tener en cuenta que el próximo otoño-invierno tendrán que sembrar menos cereales. Ello se debe al aumento del porcentaje de barbecho obligatorio, que pasa del 5% al 10%. Los ministros de Agricultura de la UE aprobaron esta medida, a propuesta de la Comisión y con la oposición de Francia, debido al aumento de los excedentes en poder del organismo de intervención comunitario. En el caso de los cereales se han adoptado otras decisiones importantes para los intereses españoles: en primer lugar, se suspende para la campaña 98-99 la aplicación de la retirada extraordinaria de tierras en caso de la superación de las superficies de base; en segundo lugar, se mantiene la normativa actual, excepciones incluidas, para el índice de humedad y los demás criterios para llevar mercancía a la intervención. En otros productos hay que destacar la reducción de la ayuda al cáñamo. España es uno de los principales productores.

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Vacuno y otros productos

El previsto aumento, en 50.000 cabezas, del número de animales que tienen derecho a recibir la prima especial del vacuno macho se ha venido abajo. El compromiso que se había alcanzado en otra reunión del Consejo Agrícola no se ha ratificado y parte de los ganaderos españoles de vacuno van a perder más de 2.000 millones de pesetas de las ayudas de 1997 y 1998. Las organizaciones del sector han acusado a la ministra de cambiar sus intereses por los del aceite.

Los ministros de Agricultura de la UE llegaron también a un acuerdo sobre la reforma de la OCM del Tabaco en la que se consolida la prima mixta: habrá una parte variable que oscilará entre el 30% y el 45% del importe total y el resto será fijo. También habrá un régimen de recompra de cuotas y de abandono de la actividad. En vino, se autorizan replantaciones en diversos países (a España corresponden 3.615 hectáreas) y se prorrogan las normas sobre contenido total de acidez de los vinos de mesa.