Bloqueo en el Parlament de Catalunya: La investidura de Jordi Turull es rechazada después de que fueran anuladas las de Puigdemont y Jordi Sánchez

En los últimos meses, el independentismo ha sostenido que, al haber ganado las elecciones del 21-D, le correspondía el derecho a formar gobierno. Los partidos constitucionalistas, en particular Ciudadanos, que fue la fuerza más votada en aquellas elecciones, aceptaron que la aritmética ordenara la política y, en consecuencia, renunciaron a presentar ante la ciudadanía su propio proyecto de gobierno. En el caso de Mariano Rajoy, renunció hace tiempo a diseñar una hoja de ruta que posibilitara conducir la situación no por los ritmos judiciales sino por los de la política.

Pero lo que hemos constatado desde entonces es que, lejos de buscar el apoyo del Parlament para conformar un gobierno estatutario al servicio de la ciudadanía, el independentismo ha vuelto a la senda que tanto daño y frustración ha causado y que en último extremo es la responsable del desencadenamiento del artículo 155: la de servirse de las instituciones para alimentar el victimismo, aplazar la asunción de su derrota, negarse a asumir responsabilidades personales y, sobre todo, enmascarar como conflicto con el Estado la más descarnada lucha por el poder dentro del bloque nunca vista.

Desde el 21-D, los tacticismos de los independentistas han devenido en un juego de sombras chinescas en los que ha sido imposible distinguir la verdad de la mentira, los anuncios se desmienten al poco de haberse formulado y los candidatos se retiran o desmienten incluso antes de formalizarse. Primero Carles Puigdemont, con sus pretensiones de ser investido telemáticamente; luego Jordi Sànchez, un candidato inviable dada su situación penitenciaria, y ahora Jordi Turull, responsable de la organización material del referéndum ilegal del 1-O y presunto responsable del desfalco de los recursos públicos —1,4 millones de euros— que costara la consulta y con graves causas penales pendientes sobre él. Aunque debiera ser obvio, ninguno de los tres reúne las condiciones mínimas para ocupar la presidencia de la Generalitat y actuar en nombre de los ciudadanos de Cataluña o como máxima autoridad del Estado.

Las idas y venidas del independentismo y sus candidatos —en último extremo, estériles— han añadido aún más hastío y bochorno a lo que sin duda son ya las páginas más sombrías de la historia política de la Cataluña democrática. La sesión de investidura de ayer no se desmarcó del desdichado guion al que estamos acostumbrados. Fue, una vez más, la escenificación de una farsa: una pretendida investidura que no contaba ni con los apoyos parlamentarios suficientes —pues la CUP decidió abstenerse al no ver su programa de ruptura jaleado desde la tribuna— ni con posibilidades reales a la vista de los procedimientos en curso en el Tribunal Supremo y las decisiones venideras del juez Pablo Llarena.

Lo único novedoso de la fallida sesión de investidura es el desbloqueo de los tiempos: con el reloj corriendo, o se forma un gobierno efectivo antes de 60 días o la ciudadanía tomará la palabra. No es mucho ni permite una gran dosis de optimismo, pero constata otro fracaso del secesionismo: el de intentar imponer como president de la Generalitat a quienes manifiestamente no pueden serlo. Ese fracaso es un triunfo que debería animar al Gobierno y a los partidos constitucionalistas.

La XII legislatura del Parlament de Catalunya celebró ayer la sesión de investidura más triste y amarga de la historia, en la que un candidato bajo el peso de la citación del Tribunal Supremo fijada para hoy, Jordi Turull, se vio obligado a escenificar un discurso programático sin mucha convicción. Turull ya sabía antes de tomar la palabra que no sería investido presidente de la Generalitat y no por una decisión judicial, sino por la falta de apoyo de dos de los diputados de la CUP, negativa que resalta el grado de improvisación y pasos en falso de la política catalana desde las elecciones del 21-D. Las fuerzas soberanistas, ganadoras de los comicios, siguen sin saber cómo gestionar una victoria, y en este interregno, que ya supera los tres meses, quien sigue sufriendo es el conjunto de la sociedad catalana.

El discurso de Turull fue más elocuente por sus silencios que por sus palabras, de resonancias pujolistas. No hizo mención a la declarada república, pero tampoco dibujó una salida clara y realista que permita a Catalunya recuperar el gobierno propio, dejar atrás el artículo 155 de la Constitución y empezar a trabajar –en serio– en favor de todos los catalanes, cuya división electoral en dos bloques no tiene que ser un pretexto para tan frustrante inacción.

Como ya le sucedió al expresident Artur Mas, la CUP ha cerrado el paso en esta primera votación a un candidato de perfil convergente en las antípodas del ideario revolucionario de una formación empeñada en inten­sificar la huida hacia delante de los últimos días de la legislatura anterior. Algo así como el “cuanto peor, mejor”, idea consecuente con los métodos revolucionarios de la CUP, que difícilmente puede representar a una ­sociedad que aspira a mejorar su calidad de vida y a recuperar la normalidad para aprovechar las oportu­nidades económicas y de progreso social que puedan presentarse.

El procesamiento previsible de Turull y otros cinco diputados citados hoy en el Tribunal Supremo condiciona la actividad parlamentaria, a pesar de todas las proclamas soberanistas en sentido contrario. Difícilmente será de otra manera mientras la mayoría parlamentaria no acepte la salida más sensata: gobernar con realismo y con un presidente libre de causas judiciales, alguien que, sin renunciar a sus ideas, retorne a Catalunya al marco del respeto a la legalidad y deje de cuestionarlo con políticas que sólo han creado confusión y caos y que han desembocado en la prisión provisional de dirigentes catalanes.

El desenlace de la investidura puede dilatarse en el tiempo hasta que se produzca un regreso al pragmatismo. No se merece esta sociedad tanto castigo. No es sensato pensar que la comunidad internacional va a ­sacar las castañas del fuego a Catalunya. Todo sugiere que la atención mundial está fijada en los renovados mandatos de los presidentes Putin o Xi Jinping, en la violación de la privacidad de los usuarios de Facebook, la guerra de Siria o las pulsiones populistas, entre las que podría terminar encasillado el soberanismo de persistir en los errores de la anterior legislatura. Un ­gobierno juega con asuntos importantes. Las escuelas y sus previsiones, los planes contra las desigualdades, la cobertura sanitaria, el impulso de las infraestructuras o los desafíos internacionales que no parecen importar, al menos por el momento, a los llamados a gobernar la Generalitat.

La CUP le ahorró ayer al juez Llarena tener que encarcelar hoy a un presidente de la Generalitat y demostró que el independentismo no dispone de una mayoría política. Una vez más, ni el Gobierno, ni la Justicia y lo que más generalmente llamamos «el Estado» han llegado a tiempo de desbaratar la estrategia independentista para violentar la democracia porque ellos mismos han fallado en su articulación y se han causado su propia derrota.

Si hoy el juez Llarena encarcela o inhabilita a Turull, lo que Junts per Catalunya saldrá a anunciar es que ya no presentará a ningún otro candidato «porque estamos hartos de que sea la represión española y no el pueblo catalán quien decida quién tiene que ser nuestro presidente». Será el primer impulso, el que ahora mismo tienen pensado, pero tal vez cuando reflexionen sobre las condiciones políticas, discursivas y económicas con que tendrían que afrontar la repetición electoral a finales de julio, sean capaces de recapacitar y de volver a presentar a otro candidato.

Con el reloj ya en marcha, y la CUP decidida a votar sólo a un candidato de Convergència o Esquerra que presente un programa claramente rupturista con el Estado, los dos grandes partidos del independentismo necesitan imperiosamente que tanto Carles Puigdemont como Toni Comín renuncien a sus escaños, para tener entre las dos formaciones un voto más que la suma de los partidos constitucionalistas, lo que les permitiría investir en segunda vuelta al nuevo candidato que eligieran.

A Puigdemont y a sus irreductibles este escenario de bloqueo les permite continuar existiendo, y se sienten cómodos en el caos por su situación desesperada, aunque los más inteligentes y pragmáticos empiezan a darse cuenta de que a medio y hasta a corto plazo no les lleva a ninguna parte. Este sector es el que intentará remontar el impulso inicial de querer elecciones e intentará proponer a otro candidato, que con toda probabilidad será Elsa Artadi, si Comín y Puigdemont han renunciado a sus escaños, y ya no es necesaria la CUP para lograr su investidura.

Esquerra tiene como prioridad la formación de gobierno, acabar con el artículo 155, y de un lado demostrar que puede y sabe gobernar bien, y del otro ser capaz de reinventar su relato para Cataluña como tuvo que hacer el PNV tras el descalabro del plan Ibarretxe. Es decir, una épica encendida pero vacía de desobediencia, y un pactismo discreto pero lleno de contenido. En su ambición por ocupar el carril central del catalanismo político, le falta encontrar un líder que como mínimo formalmente sustituya a Oriol Junqueras, que tiene más que asumido que su única posibilidad de no pasar tantos años en la cárcel es renunciando a toda clase de actividad política.

En Turull se vio ayer la deprimente incapacidad del independentismo cuando deja las pancartas y tiene que gestionar la realidad. Con su siniestro semblante de Lavrenti Béria –jefe de la policía secreta de Stalin–, leyó un discurso más pensado para no disgustar al juez Llarena que para regir los destinos de su tierra, y las pocas veces que nos miró a la cara, pudimos ver que en el fondo de su mirada gris no había ninguna profundidad, ni nada más que la bata del señor Pardellans, jefe de almacén de una de tantas fábricas de hilaturas selectas que tuvo que cerrar por culpa de la invasión de los sintéticos chinos. La candidatura de Turull a la presidencia de la Generalitat fue una derrota en sí misma, previa a la votación que finalmente la CUP le hizo perder; y el sórdido aire de apparatxik con que leyó su discurso tendría que ofender, sobre todo, a los que tanto dicen amar a Cataluña y a su dignidad institucional.

El independentismo agotó ayer un tramo más de su agonía. Es difícil saber cuántos tramos le quedan por quemar, pero acudirán a cada nueva escenificación con las vergüenzas un poco más al descubierto. El independentismo está roto, Junts per Catalunya y el PDECat están rotos y su primer objetivo es destrozarse entre ellos mucho más que separarse de España, y se va acercando lenta pero inexorable la hora de pagar el precio. Ni la más efectista gesticulación puede disimular el fraude y que la CUP anunciara ayer que rompe la alianza con los otros dos partidos independentistas, y que se va a la oposición para calentar la calle, puso la nota definitiva de delirio (y de degradación total). El sentimentalismo grandilocuente y empalagoso sin ninguna densidad política es a lo que va a quedar reducido el independentismo de los que siempre se creyeron los más listos de la clase cuando la realidad caiga por su propio peso y todo el mundo entienda cómo acaban los que desafían a un Estado y no saben ganar.

Mientras escuchaba el discurso de Jordi Turull, he imaginado cómo debió sentirse. Tendría que ser un día extraordinario para alguien que ha dedicado toda la vida a defender su país con entrega y con coraje, y que ayer tenía que ser investido presidente de la Generalitat. Tuve ocasión de hablar con él la noche anterior y me expresaba la emoción que significaba asumir la más alta responsabilidad de Catalunya, aunque sólo fuera por unas horas o unos días, en función de los caprichos de la represión estatal. Pero con todo, y a pesar del azaroso futuro que hoy le espera, la dignidad del cargo que estaba a punto de ostentar le emocionaba más allá de todo riesgo y amenaza. Reconozco que colgué el teléfono trastornada. Un político de altura, un catalán comprometido, un hombre bueno…, y la voluntad de un Estado de destruirlo.

Sí, ciertamente hoy tendría que haber sido un día extraordinario, a pesar del ruido estridente que llegaba de poniente y que ennegrecía el cielo del Parlamento catalán. Pero durante unas horas Catalunya habría tenido un president que no habría sido impuesto por Soraya y Rajoy, ni marcado a fuego por el 155, sino surgido de la voluntad de la mayoría surgida de las urnas. Pero sin embargo…, por si no fuéramos un pueblo extraño –sabio en el arte de resistir, pero torpe en el arte de triunfar–, faltaba que algunos, desde la soberbia de su hiperideología, dispararan el fuego amigo, una vez ya conocíamos la dureza del fuego enemigo. Y así, en nombre de la República, el pueblo, Catalunya libre, la lucha de clases y la revolución permanente, aparecía la CUP y decidía que no, que no era suficiente el estar imputado por luchar por Catalunya, el entregar la vida por unos ideales de libertad, el poder pasar décadas en prisión y el estar en el punto de mira de todo un Estado, en el propio centro de su diana. Tampoco era importante el reto al Estado que representaba esta investidura, ni la firma que se habría tenido que tragar la Corona, ni el hecho que, si hoy lo aprisionan, estarían aprisionando a un Muy Honorable Presidente de la Generalitat. No, nada de eso era importante, porque los hay que son más puros que el mundo mundial y han venido a la tierra de la política para elevarla más allá de los mortales. ¡Si no fuera por estos salvadores de la patria que nos enseñan el camino, qué haríamos el resto, todos tan equivocados, tan vendidos al capital y tan poco revolucionarios!

Y así acababa el día que tenía que ser, por unas horas, un día honorable. Con las risotadas de unos, los más indignos, que no disimulaban que se frotaban las manos ante la idea de la prisión de hoy; con la satisfacción de la Moncloa, que a menudo no tiene que hacer otra cosa que sentarse en el sofá y ver cómo nos disparamos al pie; con la tranquilidad del Rey, que no tendrá que incomodarse, y con unos medios que aplaudirán con las orejas. Todos los que nos quieren mal ganan. Y la CUP, satisfecha. ¿Alguien lo entiende?

¡Qué día triste, qué triste artículo!

El auto de procesamiento contra los líderes del procés, dictado este viernes por el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, ha caído como un mazazo en Catalunya, y no solo entre el independentismo. La macrocausa contra los impulsores del referéndum de autodeterminación y de la declaración unilateral de independencia (DUI) se cierra así con 25 procesados por delitos tan graves como rebelión, desobediencia o malversación de fondos públicos, castigados con penas de inhabilitación y decenas de años de cárcel.

En la fase de juicio oral, el tribunal que juzgue la causa deberá dilucidar si la protesta del 20 de septiembre frente al Departament d’Economia, los hechos del 1-O en los colegios electorales o del 27 de octubre en el Parlament encajan, como sostiene el instructor, en la tipología penal de rebelión, que exige la comisión de actos de violencia. Porque algunos pasajes de la narración de Llarena presentan interpretaciones cuanto menos sui generis, como comparar la concentración del 20-S con una «toma de rehenes» con «disparos al aire».

El reingreso en prisión de la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, del candidato a la investidura Jordi Turull –ahora suspendido– y de los también exconsellers Josep Rull, Dolors Bassa y Raül Romeva, junto a la huida al extranjero de la secretaria general de ERC, Marta Rovira, cincelan con ribetes aún más dramáticos, si cabe, el desenlace judicial de la ofensiva independentista de los últimos años. De las caras visibles del procés, 11 se hallan en prisión preventiva y siete se han evadido de la acción de la justicia. El juez ha reactivado la euroorden contra Puigdemont y los ‘exconsellers’ huidos.

Al impacto emocional por los procesamientos se ha sumado la carta abierta en la que Rovira anuncia su decisión de «emprender el camino del exilio», invocando su condición de madre para justificarla. Un escrito conmovedor que nos vuelve a recordar que los actores del procés son políticos, con sus errores y sus aciertos, pero también seres humanos que están pagando por sus actos una muy gravosa factura personal.

Estas penalidades confirman la advertencia que los líderes independentistas prefirieron desoír: que la vía unilateral, aparte de estéril, toparía con la firme respuesta de la justicia y dañaría las instituciones catalanas. Una lección que nadie debería olvidar.

Catalunya es un país en estado de shock después de que el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena haya acordado devolver a la prisión a Jordi Turull, Carme Forcadell, Josep Rull, Raül Romeva y Dolors Bassa, donde ya se encuentran Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart. En total, seis miembros del Govern, la presidenta del Parlament en la anterior legislatura y los exlíderes de la ANC y Òmnium. Además, se han cursado euroórdenes de detención y extradición sobre los miembros del Govern en el exilio, el president Puigdemont y los consellers Toni Comín, Clara Ponsatí, Meritxell Serret y Lluís Puig. Y una orden de detención internacional en el caso de la secretaria general de Esquerra Republicana, Marta Rovira, que se encuentra desde este viernes en Suiza a donde ha viajado para eludir su entrada en prisión.

Pablo Llarena ha cerrado precipitadamente la causa y ha jugado fuerte con el objetivo de tener lo más rápidamente que pueda en prisión a los seis líderes independentistas actualmente en el extranjero y que se sumen a los nueve que ya se encuentran en los centros penitenciarios de Estremera, Soto del Real y Alcalá Meco. A nadie se le puede escapar que la decisión del magistrado del Supremo es, además de injusta y del todo desproporcionada, enormemente grave. La presentación de los hechos que efectúa el magistrado en el auto de procesamiento ni justifican la rebelión —¿cuándo y cómo se produjo el alzamiento que justifique una acusación tan grave?— ni acreditan la malversación de dinero público. Lo mismo sucede con la sedición, apreciándose tan solo el delito de desobediencia.

Pero es obvio que si todo eso lo puede asegurar una persona carente de conocimientos de derecho como yo, mucho más lo sabe un magistrado de los conocimientos de Llarena o el propio ministerio fiscal. Pero la causa general, que se ha emprendido contra el independentismo precisa poco de hechos y mucho de literatura. Como precisa de un gran consenso político y mediático. El primero para aplaudir las medidas adoptadas y el segundo para acríticamente explicar los hechos aunque sean falsos.

Decía al principio que Catalunya es un país en estado de shock. Lo está todo él o una parte muy, muy, amplia. No un partido o unos partidos. Unas entidades u otras. Que oscila entre la depresión y la indignación. Entre la rabia y la desolación. Entre la defensa de las instituciones y la defensa de la calle. Entre el independentismo más enardecido y el más pragmático. Un país que llora más que sonríe. Pero también un país, que nadie se confunda por más errores que la mayoría política haya cometido, que no se dejará arrebatar la dignidad por más que las altas esferas del Estado hayan decidido aporrear la democracia. Las manifestaciones improvisadas en los cuatro rincones de Catalunya son una expresión. Encontrar una salida en el laberinto basada en el diálogo fue la propuesta del candidato a la presidencia de la Generalitat Jordi Turull en la tarde del jueves, ofrecida con toda la solemnidad desde la tribuna del Parlament. La respuesta en esta ocasión ha tardado menos de 24 horas.

Ha ido tan rápido y ha sido tan abrumadoramente cruel que fijar el rumbo de la navegación no va a ser fácil, por más que en una situación absolutamente excepcional incluso el Alto Comisionado de Derechos Humanos de lasNaciones Unidas haya requerido al estado español a que adopte las medidas para asegurarse que Jordi Sànchez pueda ejercer sus derechos políticos sin restricciones. Algo que sucedió cuando fue designado hace unas semanas candidato a la presidencia de la Generalitat y su nombre decayó cuando Llarena le impidió abandonar la prisión de Estremera. ¿Problemas? Que España dispone de seis meses para presentar alegaciones al Alto Comisionado de la ONU. Un tiempo demasiado precioso en el momento de discusión actual.

El plan ideado por Juts por Cataluña, y secundado por ERC, para invertir Jordi Turull como presidente de la Generalitat antes de que él y cinco diputados más comparezcan ante el juez Pablo Llarena al Supremo, fracasó ayer en el Parlamento para que los cuatro diputados de la CUP no cambiaron el sentido de su voto y se mantuvieron en la abstención. Algunos se podrán rasgarse las vestiduras y criticar la ligereza de los cupaires ante la innegable gesto de valentía de Turull, que se expone hoy a entrar en prisión por ser candidato, pero lo cierto es que los autores del plan deberían haber previsto este escenario para no dar la imagen de derrota del independentismo que se vio ayer en el Parlamento. El enésimo capítulo del regate corto topó ayer con una realidad muy cruda que en este caso no es la de España, sino una más cercana: no existe una mayoría independentista operativa en el Parlamento para que los diputados de la CUP se mantienen , y tienen todo el derecho a hacerlo, en la línea de la unilateralidad y la desobediencia. Una opción que supone asumir los costes personales en términos de encarcelamientos, exilios y tensión que ello pueda conllevar. En cambio, ERC y JxCat están de acuerdo en que se deben evitar nuevos encarcelamientos y que es urgente recuperar la Generalitat y gobernar para todos, porque esta es la manera más efectiva de hacer avanzar el país. Esto es lo que se desprende del discurso de investidura que ayer hizo Jordi Turull, en el que trazó un plan de gobierno destinado a mejorar las condiciones de vida de los catalanes sin hablar de República.

Si Llarena no lo impide, Jordi Turull todavía podría tener una segunda oportunidad para ser presidente, pero antes tanto Carles Puigdemont como Toni Comín deberían renunciar al acta de diputado. Este parece ahora el único camino para evitar una nueva derrota independentista en el Parlamento y, sobre todo, para evitar el fantasma de unas nuevas elecciones de resultado incierto.

Pero sea o no Turull presidente, el nuevo gobierno independentista deberá ensayar alianzas con partidos más allá de su ámbito ideológico pero que comparten los valores del catalanismo. Y también tendrá que convertir la Generalitat en un ariete de denuncia de las violaciones de derechos civiles y políticos por parte del Estado, como una palanca para defender la causa catalana en España y en el mundo. Uno de los motivos para recuperar el autogobierno es que las instituciones pueden servir para defender mejor la situación de los presos políticos y exiliados y sus familias.

Los hechos de estas últimas cuarenta y ocho horas han movido el tablero mucho más que no somos capaces de entender. Y pienso que con ello se abren nuevas oportunidades.

-Los partidos republicanos han tomado conciencia de sus errores o corregirlos; de hecho, tienen dos meses para hacerlo.

-La reacción de la calle es de una indignación muy difícil de contener y seguramente acabará estallando. La barbaridad supera lo que cualquier estómago podría digerir.

-Llarena sitúa la línea de defensa del estado español en el extremo más extremo y más imposible de compartir, con un auto de procesamiento simplemente delirante.

-L’exili de Marta Rovira, manteniéndose como secretaria general de ERC, y la prisión de Turull, Rull, Romeva, Forcadell y Bassa son extremadamente relevantes.

-Los comunes parece que estén al límite de lo que pueden tolerar y hoy han tenido gestos de acercamiento y empatía que hay que valorar y agradecer. Y debo constatar, porque es así, que incluso dentro del PSC, y especialmente en su entorno, se han hecho visibles por primera vez gestos de incomodidad. El tono que emplean ya no es el de hace un mes.

-Como contraste, su contención choca con la prepotencia insultante e irritante de la extrema derecha política y mediática, que con sus improperios abre un auténtico foso social, sin darse cuenta de que son ellos los que amplían el perímetro del independentismo.

Creo que estas últimas cuarenta y ocho horas se ha hecho evidente lo que el independentismo explica desde hace años: que eso de democracia. Ni más ni menos. Mucha gente que no es independentista lo ha empezado a palpar emocionalmente hoy, porque Llarena y Rajoy, y el estado español como tal, han ido demasiado lejos. Demasiado mentiras. Demasiado arbitrariedades. Demasiado irregularidades. Demasiado violencia. Demasiado extremismo. Y eso no es anecdótico. Las mayorías se construyen así.

Poniéndose en un extremo tan bestia, el estado ha perdido solo cualquier posibilidad de ganar que no sea aniquilando el independentismo de manera completa. Y esto es una tarea imposible. Al contrario, poniéndose tanto en el extremo, el estado español ha regalado al independentismo la posibilidad de convertir cualquier avance en una victoria. Si España colapsa y la República emerge, el independentismo gana. Pero si España no puede aguantar la presión y acaba cediendo a una negociación, cualquier negociación, el independentismo también gana. Porque tumba esta intransigencia y este extremismo en el que el juez Llarena ha instalado España, incluso contra la opinión de algunos defensores del 155. Avisé hace meses que la pendiente ferroviario marcaría la fase final del proceso de independencia

.Esto, y los dos meses que hay todavía para negociar, deberían mover desde ya el independentismo a entender que está más legitimado que nunca para encabezar la lucha por la democracia. Más aun: que está obligado a encabezar la lucha por la democracia. Y en este sentido, pienso que la reacción de la calle tiene que ser contundente, pero la de los tres partidos independentistas también. Deberían cerrar tan discretamente como fuera posible y pactar un programa de gobierno rupturista y republicano, además del nombre de un presidente -teniendo en cuenta que Puigdemont perderá el escaño por el procesamiento judicial. El independentismo debe encabezar el combate por la independencia y por la libertad porque es quien tiene la legitimidad para hacerlo, y debe demostrar que no habrá democracia ni autogobierno sin República.

Después de todo lo que ha pasado hoy, me parece que volver a hacer unas elecciones ahora que los partidos republicanos no pueden ponerse de acuerdo gracias a las jugadas de un juez prevaricador sería indigno. Ya se vio jueves por el camino por el que había ido hasta ahora no se llegaba a ninguna parte. Los partidos constataron su debilidad y espero que entendiéramos cuáles fueron los errores cometidos. Pero hoy la represión desbocada y descarnada abre una nueva oportunidad, que exige cambios inmediatos en las formas y en las actitudes y que emplaza todos, sin fisuras. Mañana se puede formar un gobierno de los tres partidos independentistas invistiendo Jordi Turull, tal como él ha pedido, o se puede hacer otro dentro de unos días. Si los tres partidos entienden la gravedad de la situación y son capaces de poner ante todo la resistencia a la opresión, el combate contra la tiranía y el respeto al voto.

Y entonces que, desde este gobierno, s’interpel·le abiertamente todos aquellos demócratas que no quieren la violencia que el estado español tiene como único valor compartido. Para hacerles entender que hemos llegado a un punto de no retorno, donde ellos tienen también una responsabilidad personal que no pueden eludir. Para explicarles que esto que hoy ven ellos con horror es lo que nosotros, cada uno a su ritmo y según sus circunstancias, habíamos descubierto años atrás, la razón por la que nos hicimos independentistas.