El Grupo PRISA desembarca en el accionariado de la Cadena SER con el 25% de las acciones y entra en su Consejo de Administración

Promotora de Informaciones S. A. (PRISA) empresa editora del diario EL PAÍS, es ya propietaria del 25% de las acciones de la Sociedad Española de Radiodifusión (SER) mediante la compra de dos paquetes de acciones diferentes, unos procedente de la familia Gómez Mira y otro procedente de la Fundación Banco Urquijo.

EL PAÍS ya había adquirido hace unos meses el 9,275% de la Cadena SER al comprar su participación a los herederos de la familia Gómez Mira, al 400% de su valor nominal, pero la operación para hacerse con las acciones del Banco Urquijo se cerró el pasado 19 de diciembre. Inversiones Bidasos, filial de Urquijo, era propietaria del 15% y al hacerse cargo el grupo Hispano del Banco Urquijo las acciones salieron a la venta pero ta tenían comprador.

Pero el Comité de Empresa de la SER se había movido también para impedir que la sociedad sea fagocitada por el que se vislumbra ya como el mayor consorcio español en el campo de la comunicación.

Con fecha 25 de enero, los representantes del os trabajadores de la SER enviaron al presidente del Gobierno, al presidente del Banco Urquijo, al presidente del Banco Hispano Americano y al presidente de la Fundación Banco Urquijo cartas comunicando su intención de comprar las acciones entre todos los empleados.

Como es preceptivo el permiso de la Administración, en la carta dirigida a Felipe González, los trabajadores de la SER daban cuenta de la operación puesta en marcha por PRISA y aclaran que ‘dado el interés que supone a los trabajadores de toda empresa participar en el capital de ésta y teniendo en cuenta que tal participación, en el caso de una empresa informativa redunda tanto en la independencia del medio como en la libertad y pluralidad del país donde funciona, el comité de empresa de la cadena SER, haciéndose eco del sentir generalizado de los trabajadores, ha realizado oferta firme de adquisición de las citadas acciones.

En vista del a compra, ya efectiva por parte de PRISA, los trabajadores están pendientes de decidir la interposición de un recurso.

La Junta General de la Sociedad Española de Radiodifusión (146 emisoras y número uno en audiencia) acordó ayer el nombramiento como director general de Javier Baviano, que ocupa el mismo cargo en la sociedad editora del diario EL PAÍS, junto a Eugenio Fontán, José Miguel Garrigues y el representante del Estado, Viñuelas, con el que la Administración pública por primera vez interviene directamente en la SER, donde detenta el 25% de las acciones.

EL PAÍS y la Administración pasan así a controlar las más importante cadena de radio, a partir de la cual se levantará la televisión privada, para la que ya ha dado luz verde el Gobierno socialista. Recientemente, el presidente de la Comunidad Autónoma de Madrid, Joaquín Leguina, lamentaba en un programa de televisión un supuesto ‘pacto’ entre Alfonso Guerra y EL PAÍS que habría socavado su proyecto de una televisión autonómica madrileña.

La fuerza del Estado en la Cadena SER es aún mayor si se tiene en cuenta que las acciones de los Garrigues están pignoradas por el Fondo de Garantía De Depósitos, tras el affaire del Banco de Levante.

A fines del pasado año, la sociedad de EL PAÍS puso en marcha la fase final de su proyecto de televisión privada con la adquisición de terrenos para los estudios y el nombramiento de Enrique Casas como director. En la sociedad participan con un 49% los hermanos Juan y Carlos March, de una conocida familia de banqueros.

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La junta general de la Sociedad Española de Radiofifusión (146 emisoras y número uno en audiencia) acordó ayer el nombramiento de Javier Baviano, que ocupa el mismo cargo en la sociedad editora del diario EL PAÍS, junto a Eugenio Fontán, José Miguel Garrigues y el representante del Estado, Viñuelas, con el que la Administración pública por primera vez interviene directamente en la SER, donde detenta el 25% de las acciones. Recientemente el presidente de la Comunidad Autónoma de Madrid, Joaquín Leguina, lamentaba en un programa de televisión un supuesto pacto entre Alfonso Guerra y EL PAÍS que habría socavado el proyecto de una televisión autonómica madrileña.

La fuerza del Estado en la cadena SER es aún mayor si se tiene en cuenta que las acciones de los Garrigues están pignoradas por el FOndo de Garantía de Depósitos tras el affaire del Banco de Levante.

UNO DE los rasgos más empobrecedores de nuestra vida pública es la tendencia de algunos medios de comunicación a convertirse a sí mismos en noticia y a incitar a otros periódicos para que les sigan por el despeñadero del narcisismo y las polémicas. Las tentativas para aumentar la tirada y para disminuir los números rojos en la cuenta de sus pérdidas explican parcialmente esos ejercicios de autocomplacencia y esas agresiones tabernarias entre nuestros colegas.Mentiríamos si dijéramos que nos importa un comino, porque también somos periodistas los que hacemos EL PAIS, y nos duele ver la degradación de nuestra propia familia, y porque EL PAIS es una empresa estrictamente periodística, nacida al calor de la libertad y demasiado comprometida con ella para no alarmarse ante las incitaciones que al enfrentamiento civil y a la subversión reaccionaria hacen connotados diarios. Pero mentiríamos también si dijéramos que nos importa mucho, porque en el pecado llevan la penitencia: los lectores están cansados de que periódicos y periodistas no hagan otra cosa que hablar de ellos mismos -para qué decir de las tertulias radiofónicas- y pagan con su despego hacia los medios la fatuidad de éstos.

La seria crisis por la que atraviesa la Prensa española hoy, y que en sus perfiles económicos explicamos en este mismo número, proviene no sólo de causas objetivas: están presentes también la incapacidad de algunos gestores y la megalomanía de otros. La situación de esa Prensa, técnicamente en quiebra, y cuya supervivencia sólo es posible gracias al impago de deudas estatales o a créditos concedidos a fondo perdido, y las pretensiones de algunos periodistas de sustituir a los políticos en el ejercicio del poder convergen en ese panorama desolador que empieza a merecer la desatención de la calle. Los flatos sonoros que reclaman independencia en algunas de esas cabeceras tienen que poner sordina a sus pretensiones cuando el inspector de Hacienda visita la casa. Y es una triste realidad que muchos de los que aparentemente gritan tanto contra la autoridad sólo son dramáticos rehenes de ésta según los libros del fisco.

Pero es triste: periódicos importantes, o que podrían haberlo sido; agencias que un día brillaron, radios rompedoras, han abandonado sus tareas específicas -recoger y elaborar la información, ofrecer análisis y valoraciones, servir de cauce a las opiniones de la sociedad, para aturdir a los lectores u oyentes con noticias acerca de sus propias glorias y con incitaciones a la polémica -cuando no groseras injurias- dirigidas contra otros órganos de Prensa. No es la paciencia franciscana, que admiramos, sino la dignidad del propio oficio, el respeto a nuestros lectores y la defensa del papel que debe desempeñar la Prensa en una sociedad libre las causas de que otros periódicos -y señaladamente EL PAIS- prefieran guardar silencio. En cuanto a los motivos para hacer tanto ruido están bien explicados en las cifras de difusión y en las contabilidades de quienes lo organizan.

Claro, que el Gobierno ha contribuido también a la puesta en escena de esa disparatada comedia de equívocos, en la que la megalomanía de los periodistas aspirantes a políticos alterna con la prepotencia de los Políticos empeñados en convertirse en maestros de escuela de los periodistas. La realidad es que esto no es una novedad tampoco. Todos los Gobiernos lo han hecho, y todos los Gobiernos lo harán. La historia de la libertad de expresión es la historia de la lucha contra el poder y no podía ser una excepción en esto el Gabinete socialista. Es verdad que reproduce los males de los anteriores Gobiernos, pero sería injusto en este caso decir que los empeora. Y algunos ex ministros, de la democracia y de la dictadura, que hoy se dedican trabajosamente al oficio de columnistas o de patronos de los medios de comunicación, deberían tener más memoria histórica de lo que sólo ocurría anteayer.

Este comentario está hecho también al hilo de que Promotora de Informaciones. (PRISA), sociedad editora de nuestro diario, ha adquirido un paquete de acciones de la Sociedad Española de Radiodifusión (SER) y participa desde anteayer en sus órganos de gestión y decisión. El respeto de ambas empresas por la independencia profesional de los que hacen la SER y EL PAIS ha permitido a esa cadena de radios y a nuestro periódico ocupar el primer lugar en sus respectivos campos. PRISA ha tomado la decisión, pública y conocida, de ampliar sus actividades profesionales, como muchos otros medios de comunicación lo hacen, hacia el terreno audiovisual, y la participación en la SER tiene miras más largas, puestas en la posibilidad de organizar un gran consorcio pluralista de medios de comunicación, capaces de gestionar una cadena televisiva en leal competencia con las estatales. En el supuesto de que el Gobierno envíe finalmente a las Cortes un proyecto sobre televisión privada, según ha prometido el presidente González. Esto exige, primero no mezclarse, y segundo, no confundirse: EL PAIS es un proyecto autónomo de la SER. Su línea editorial está establecida en un estatuto de la Redacción, la avalan sus lectores y no hay que perder tiempo en definirla para quienes lean estas páginas a diario. La transacción que comentarnos se ha hecho contra desembolso de más de 400 millones de pesetas, salidos íntegramente de la cuenta do resultados de este periódico. Y no es cierto que se haya hecho en competencia o disputa con los trabajadores de la SER: las negociaciones han durado más de dos años y en ningún momento PRISA ha tenido conocimiento de que el comité de empresa de la SER optara a esos paquetes de acciones, que sí habían sido objeto de otras ofertas. Cuando el lunes pasado la Fundación Banco Urquijo recibió una carta de dicho comité optando a la compra, la operación estaba realizada y firmada desde hace semanas.

Por lo demás, es obvio que seguimos dispuestos a publicar cuantas críticas merezca la SER, igual que publicamos cuantas merece EL PAIS en nuestras propias páginas. Nuestro periódico se ha construido sobre el convencimiento de la duda, pero sobre bases morales y empresariales ciertas: la aceptación de que son los periodistas los responsables de la información, y de que la libertad de expresión debe ser defendida de las manipulaciones de todos los poderes, políticos, económicos o espirituales; también del corporativismo de las propias redacciones. Desde el primer día lo hemos intentado así, y a juzgar por los resultados, hay que decir que nuestros lectores nos han comprendido bien. Es con ellos, no con el poder en ninguna de sus formas, con quienes hemos establecido este diálogo. Es a ellos a quienes les debemos explicaciones. Y no vamos, por lo mismo, a abusar ni un minuto más de ellos hablándoles de cómo se miran los periodistas el ombligo en este país. Desengáñense los polemistas: si esto les vale como respuesta, ahí la tienen. Otra cosa no les vamos a contestar.

Los mentideros políticos, esos que solemos citar los cronistas, esos círculos habitualmente bien informados, parece que se han fatigado ya de elucubrar con las posibilidades de ese centro escindido en tres – Alzaga, Roca, Suárez – o con la eventualidad de un liderazgo distinto al de Manuel Fraga para la ‘gran derecha’. Ahora se prefiere hablar de ‘política de las cosas’. De lo que se habla, por ejemplo, es de la que se adivina ya como carrera precipitada hacia la televisión privada.

A juzgar por los datos de que se dispone se trataría, hasta el momento, de una carrera a ciegas, sin normas ni reglamentos, y hasta sin marcar el pavimento. Solamente se conoce la meta, que es disponer de alguna tecla o botón más en el receptor, pero se ignora el resto: cuántas teclas nuevas, con qué alcance, en qué condiciones o con que ‘compañeros de viaje’.

Se ba visto, en particular, esa carrera hacia la tele no estatal, en la reciente junta general de accionistas de la Cadena SER, primera cadena radiofónica española, en la que el Estado sigue manteniendo el paquete  más voluminoso de acciones: la cuarta parte, y a la que acaba de incorporarse el que, hoy por hoy, aparece como ‘el magnate’ de la Prensa española, Jesús Polanco, editor de EL PAÍS. Se puede afirmar sin temor a errores que pocas juntas generales y consejos de administración han estado tan rodeados de expectación, en medios periodísticos y también en medios políticos, como ese de la SER.

Dentro de la serie de informaciones que han rodeado el caso – lo que en medios periodísticos se ha bautizado como ‘el desembargo del editor del diario EL PAÍS en la Cadena SER – se han llegado a desenterrar textos de los estatutos que el martes quedaron actualizados, pero que deberían pasar directamente a los textos más puros y específicos del franquismo superado. Así, por ejemplo ese artículo tercero ya eliminado, que establecía, para la principal cadena de emisoras teóricamente privada que ‘el objetivo principal es el de instalar y explotar en España cuantas emisoras le sean concedidas por el Estado, contribuyendo al desarrollo y perfeccionamiento de la radiodifusión, de acuerdo con las directrices emanadas del mismo (del Estado mismo, se entiende), por medio de los organismos al efecto, y siguiendo la orientación técnica, política, social, religiosa, económica y cultural que aquellos (organismos del Estado) determinen.

De la junta esa de accionistas y del consejo de administración que la siguió salieron unas designaciones que permiten suponer (y así deducen los propios trabajadores de la Cadena SER), que se ha repartido sustancialmente el poder, hasta ahora y durante veinte años confiado, sin ningún género de dudas y con muy escasos controles, a Eugenio Fontán.

De facto, y por gracia de la comisión delegada que acaba de crearse, hay cuatro claros puntales, en adelante, y a la hora de repartirse el bacalao de las decisiones: un Garrigues, un Fontán, un hombre del Ministerio de Hacienda y un hombre de EL PAÍS, Baviano.

José Cavero

La Sociedad Española de Radiodifusión era un conglomerado creado tras la Guerra Civil a la sombra del a herencia de Unión Radio, empresa pionera de la radiodifusión en España. Durante la contienda algunas de sus estaciones fueron ocupadas a punta de pistola por grupos de falangistas o patrullas militares cuyos integrantes se adjudicaron en ocasiones la propiedad. Como consecuencia de ello su estructura de capital estaba muy fragmentada aunque había de hecho dos grupos dominantes, los Garrigues y los Fontán, señeras familias del franquismo. Los primeros, encabezados por el patriarca de la saga, antiguo embajador en los Estados Unidos y el Vaticano y ministro de Justicia en el primer gobierno del Juancarlismo, se inscribían en las corrientes más liberales del régimen dentro de las limitaciones del caso. Antonio Garrigues, don Antonio incluso para sus más allegados, había sido director general de Registros y Notarías durante la República, y su relación con la radio surgió de estar casado con Helen Anne Walker, hija de uno de los directivos de la ITT americana, empresa pionera en la instalación de las telecomunicaciones y la radiofonía en nuestro país. Uno de sus hijos, Joaquín, yerno a su vez de José María de Areilza, fundó el partido liberal que se integró en la Unión de Centro Democrático al comienzo de la Transición. Los Fontán, por su parte, habían sido virtuales dueños de Radio Sevilla desde que el capitán de ingenieros Antonio Fontán fuera designado por los accionistas americanos como delegado de Unión Radio. Bajo su mando la emisora se convirtió en un centro de conspirador política, instigador y cómplice del fallido golpe de Estado del general Sanjurjo, y brindó sus micrófonos a Queipo de Llano cuando este se sublevó en la capital hispalense tras el 18 de Julio.

Uno de los hijos del capitán, Eugenio, fue quien me visitó poco antes del golpe del 23-F para invitarme a crear una alianza entre nuestras empresas. Fallido el intento en las circunstancias que ya he narrado, Jesús Polanco no veía la manera de ocultar su desagrado por la discriminación de que habíamos sido objeto a causa de nuestra actitud la noche del golpe de Estado. A ello se sumaba el convencimiento de que solo si lográbamos hacernos con una cadena nacional podíamos competir efectivamente en el mercado radiofónico. Pusimos entonces de nuevo la mirada sobre la SER, gobernada al fin y al cabo por un grupo de accionistas que no poseían el control mayoritario y que, según nuestras noticias, se hallaban divididos entre sí. Gregorio Marañón conocía bien el entramado societario de la empresa y nos indicó el camino más corto para entrar en ella: un paquete minoritario, de un 7 o un 8%, pertenecía a un tal Gómez Mira, antiguo directivo de la ITT en España que tras desempeñarse como fiduciario de esta se había quedado finalmente con las acciones que representaba. Tratamos de negociar con él, pero era una persona de edad avanzada que se resistía a desprenderse de su patrimonio. Falleció a los pocos meses y su hijo decidió venderlos las acciones a un precio razonable. De esta forma PRISA entró en la SER, a consecuencia de lo cual se desataron una serie de movimientos internos que acabarían entregándonos el control de la cadena.

Fue fundamental la comprobación de las malas relaciones entre las dos familias que habían monopolizado tradicionalmente el poder en la empresa. Sus representantes, en cualquier caso, se mostraban muy reticentes a vender salvo que la otra parte también lo hiciera. Después de varios intentos fallidos, para torcer el brazo de los Fontán hubo que acudirá los buenos oficios de Luis Valls Taberner, presidente del Banco Popular, miembro relevante del Opus Dei y persona con la que habíamos tratado amistosa relación. Yo me resistía a participar en aquellas gestiones, como en otras que tuvimos que hacer cn el Banco Hispanoamericano, también accionista, pero Jesús insistía en que le acompañara. Entendía fundadamente que la presencia del director de EL PAÍS en las negociaciones constituía una baza en nuestro favor. La fuerza social del periódico era muy grande y pretendíamos aprovecharla para construir un grupo mediático fuertemente comprometido con los valores democráticos y europeos. Luis Valls, cuyo banco era en realidad el verdadero propietario de las acciones de Fontán, no dudó en atender nuestros requerimientos, lo mismo que Alejandro Albert, consejero delegado del Hispano y cuñado de Javier Solana, entonces en el Gobierno Socialista. Gracias a estos movimientos y una alianza con la familia Garrigues, antes también de que ellos nos transmitieran sus acciones, pudimos hacernos con la mayoría de la red de emisoras en la que el Estado permanecía con un 25%. El vicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra, se negó en rotundo a desprenderse de esa posición y ordenó acudir a cuantas ampliaciones se hicieran a fin de no diluirse. Merece la pena poner de relieve que ese capital de titularidad pública era consecuencia de una nacionalización parcial de las radiodifusoras llevada a cabo por la dictadura en sus estertores y que en ningún caso los gobiernos de la transición movieron un dedo para revolver la propiedad a sus antiguos accionistas.