Estalla un escándalo de espionaje en la Comunidad de Madrid: EL PAÍS denuncia que el Gobierno de Esperanza Aguirre ha espiado rivales internos del PP a través del consejero Francisco Granados

Francisco Granados, consejero de Presidencia, Justicia e Interior del Gobierno de la Comunidad de Madrid, posee su propio Centro Nacional de Inteligencia o servicio de espionaje, según han confirmado a EL PAÍS fuentes del ejecutivo regional. Un equipo dirigido por el ex inspector de policía Marcos Peña -fichado por Granados en julio pasado como asesor para temas de seguridad- y en el que se integran al menos tres ex guardias civiles, lleva a cabo trabajos de inteligencia e información para la elaboración de informes o dossiers sobre tramas corruptas o escándalos en ayuntamientos socialistas, como Ciempozuelos o Coslada, e incluso en municipios gobernados por dirigentes del PP con los que la dirección regional mantiene tensas relaciones.

El consejero Granados, de la máxima confianza de la presidenta regional, Esperanza Aguirre, y secretario general del PP madrileño, asegura que el equipo de ex agentes a sueldo de la Comunidad de Madrid y bajo su exclusivo control sólo tiene encomendadas tareas de «contravigilancia y de seguridad de los edificios autonómicos», según declaró a este periódico.

Sin embargo, el propio Peña ha confirmado a EL PAÍS, que su trabajo consiste, sobre todo, en realizar informes reservados cuyos resultados sólo conoce, supuestamente, el consejero Granados.

Fuentes del Gobierno de Esperanza Aguirre aseguran que tanto la presidenta como el vicepresidente, Ignacio González -que mantiene tensas relaciones con Granados-, ignoran qué tipo de informes elabora dicho equipo del consejero de Interior. «Nos llama la atención el volumen de gente que ha fichado para unas labores que desconocemos y que están fuera del organigrama que preside el propio director general de seguridad. Sospechamos de su labor, pero la desconocemos», explican altos cargos de la Comunidad de Madrid.

Granados asegura que unos 15 funcionarios reportan a Peña, pero éste asegura que sólo cuenta con tres ex guardias civiles: «Yo quería trabajar en solitario, pero Granados me pidió que usara a estos ex guardias, que eran de su confianza». Según el ex policía, no sólo son fiables, sino muy útiles por sus contactos: «Me sirven para hacer mis informes porque son mis enlaces para pedir datos en la Guardia Civil a la Unidad Central Operativa (UCO), a Asuntos Internos o a la Policía».

Peña contradice a su consejero. De entrada, niega que su equipo haga contravigilancia: «No hacemos contravigilancias. No seguimos a nadie. Mi misión es otra». Y añade sobre sus funciones reales: «Yo le asesoro o le hago informes al consejero Granados sobre lo que me pida».

Cita diversos ejemplos. Peña recuerda que su equipo ha investigado el caso Coslada, la presunta trama de corrupción que lideraba el jefe de la Policía Municipal de esa localidad, Ginés Jiménez. Los presuntos hechos delictivos que se imputan a Jiménez y otros miembros de la Policía Municipal de Coslada (extorsión a empresarios del ocio a cambio de licencias o de un trato favorable, así como a prostitutas que ejercen en las afueras del municipio) y que investiga un juez se destaparon en mayo de 2008 por obra de la policía cuando gobernaba el PSOE. No obstante, está imputado un ex alcalde del PP, Raúl López, por presunto trato de favor a Jiménez. La investigación del equipo de Peña ha sido paralela a la investigación policial y judicial, que sigue abierta. Peña asegura haber conocido al elaborar su informe todas las complicidades con las que contó el jefe de la policía municipal de Coslada.

Peña también cita que sus hombres han investigado el caso Ciempozuelos, de 2006, que acabó con los dos principales dirigentes socialistas de la localidad (Pedro Antonio Torrejón, que era alcalde, y Joaquín Tejeiro, ex alcalde) en la cárcel durante unos meses, justo antes de las pasadas elecciones autonómicas. Ahora, el Gobierno regional ha denunciado las implicaciones de corrupción que siguen pendientes de aclarar en este municipio. Según Peña, sus informes resumen algo parecido: «Los auténticos intereses que se movían allí siguen sin conocerse. Y será una bomba cuando se conozcan». Pero Peña no desvela aún el resultado del sumario particular que ha instruido su unidad.

Este escándalo también sigue en plena investigación judicial. También aquí se produce la irregularidad de que el equipo de espionaje de Granados trabaja en paralelo, sin control político ni judicial, sobre asuntos en los que trabajan la policía y los jueces.

Sobre el caso Ciempozuelos, el ex policía Marcos Peña asegura que su investigación encontró vínculos con un suceso que afectó al propio consejero Granados, como fue el incendio supuestamente intencionado de su coche particular en el aparcamiento de su casa en Valdemoro. «Son lo mismo. El caso Ciempozuelos y el incendio están unidos, y yo lo he descubierto», alardea Peña. Granados, que antes de ser consejero fue alcalde de Valdemoro, negó que tal coche fuera un regalo de un constructor local, en contra de lo que apuntaban los primeros indicios. Este caso -agonizó sin hallarse culpable del incendio- fue investigado por el juez Agustín Carretero, al igual que el caso Ciempozuelos. Carretero fue fichado posteriormente como director general de Política Interior por Granados, a cuyas órdenes sigue como gerente de la academia regional de policía.

El equipo parapolicial, cuyos informes sólo conoce Granados, según la cúpula del Gobierno regional de Esperanza Aguirre, también ha investigado, según Peña, las supuestas mafias que controlan la seguridad en las discotecas madrileñas y todo lo que rodea a este entorno, incluida la supuesta pasividad o connivencia policial o de las autoridades competentes. Granados declaró la semana pasada que las mafias se han adueñado de la noche madrileña, con lo que agitó los ánimos de los empresarios de las discotecas. Éstos rechazaron las declaraciones del consejero de Interior y máximo responsable del PP madrileño, palabras que también habían provocado el malestar del equipo del alcalde Alberto Ruiz-Gallardón. Nuevamente, el discurso político del consejero coincidía con un informe realizado por su unidad parapolicial.

La labor del servicio de información secreto de Granados tiene, según describe Peña, una serie de peculiaridades: nutren sus informes de la labor de campo que realizan los ex agentes, pero también de los datos que les suministran sus «enlaces» en distintas unidades de Policía y Guardia Civil, incluidas unidades de Asuntos Internos o lucha contra el crimen organizado. Todo ello, al margen de cualquier protocolo oficial establecido y sin el amparo de solicitud judicial alguna. Actúan, en suma, como una agencia de detectives en la que los ex profesionales rentabilizan sus antiguos contactos profesionales, pero con dinero público y amparo del Gobierno regional. ¿Para qué? «A Granados le venían las hostias de todas partes y tenía que saber de dónde le venían», resume Peña. Alude al intento de los enemigos políticos del consejero, en la oposición y dentro del PP o del Gobierno regional, de vincular su coche particular, que fue incendiado, al regalo de un constructor.

Además, meses atrás, Granados también se vio envuelto en el escándalo montado por un ex director general de Seguridad, Sergio Gamón, que cesó poco después de ser fichado Peña, cuando registró unas oficinas de la consejería de Justicia y requisó un ordenador donde, según altos cargos de la Comunidad, había un dossier contra el propio Granados (sobre sus supuestas relaciones con constructores, incluido el asunto del famoso coche incendiado, y su patrimonio personal).

Granados asegura no tener constancia del robo del ordenador ni de su contenido, pese a que fue denunciado. Los informes de este mini servicio de inteligencia tienen destinatario único. «Yo, mis informes sólo se los doy a Granados, y que él se los dé a quien quiera», admite Peña. El ex policía asegura que no realiza seguimientos de políticos. Granados jura que no se los ordena, pero deja abierta una puerta: «Yo no sé qué hacen mis funcionarios cuando salen del trabajo».

La presidenta de la Comunidad de Madrid considera que se debe «aclarar cuanto antes» la supuesta trama de espionaje a miembros de su Gobierno «porque si se están elaborando dossiers, se está delinquiendo». Por ello, Esperanza Aguirre anunció ayer la presentación de una denuncia en el juzgado a fin de que se esclarezca «si es cierto que alguien está haciendo seguimientos, grabaciones, espionaje». Se refería a la información publicada ayer en EL PAÍS sobre seguimientos y grabaciones con cámara oculta al vicepresidente de la Comunidad, Ignacio González, en viajes al extranjero. Ese espionaje sirve de base a informes que contienen insinuaciones sobre comportamientos supuestamente corruptos.

Estamos de acuerdo con la presidenta de Madrid en la necesidad de aclarar lo ocurrido. La plaga de los dossiers fue uno de los episodios más penosos de la entonces joven democracia española en los años ochenta. Aventureros sin escrúpulos, a veces en connivencia con miembros de las Fuerzas de Seguridad, crearon toda una industria de esa práctica. Su punto más grave se alcanzó en 1985 con el descubrimiento de que una brigada policial dependiente del Ministerio del Interior espiaba a los partidos, incluyendo al primero de la oposición y al del Gobierno.

Aguirre considera que el espionaje de Ignacio González nada tiene que ver con la existencia (también revelada por este periódico) de un equipo dirigido por un ex inspector de policía nombrado «asesor de seguridad» por el consejero de Presidencia, Justicia e Interior de Madrid, Francisco Granados, para quien realizaba «los informes que le pedía». Por ejemplo, sobre supuestas tramas de corrupción en ayuntamientos gobernados por el PSOE. Granados niega esto último, pero no explica a qué tareas sobre las que tenga competencias su consejería se dedica ese equipo. Esto también debe ser aclarado cuanto antes. En sede parlamentaria, preferentemente.

El periódico que siempre se ha jactado de ser el paradigma de la objetividad y la independencia dio ayer una verdadera lección de cómo manipular la información para que las cosas parezcan lo que no son.

EL PAÍS publicaba en su primera página que Ignacio González, el vicepresidente de Esperanza Aguirre, «ha sido espiado con cámaras ocultas». El día anterior, el mismo periódico había destacado en su primera página que un equipo de policías y ex guardia civiles realizaban trabajos de espionaje para Francisco Granados, consejero de Presidencia e Interior de la Comunidad de Madrid.

En la información, el periódico sugería veladamente -sin aportar ninguna prueba- que los espías de Granados eran los que habían grabado los pasos de Ignacio González en varios viajes fuera de España. Todo ello reforzado por la publicación sucesiva de una noticia y otra, que parece sugerir un nexo causal como si, primero, viéramos disparar una pistola y luego se nos mostrara una bala. Así lo entendió TVE que, por estulticia o por malicia, aseguró que el espionaje a González podía ser obra de Granados, su compañero de partido y de Gabinete.

¿Se puede formular una hipótesis tan grave sin ninguna prueba? EL PAÍS lo hace y dice cínicamente que el Gobierno de Aguirre está preocupado por si existiera relación, con lo que da una apariencia de realidad a lo que sólo es una hipótesis fabricada por el propio periódico.

Por lo que yo sé, Granados no tuvo nada que ver con el espionaje a González. Pero la cuestión no es lo que cada uno quiera creer, sino lo que realmente pasó. El diario de PRISA no se molesta en aportar ni un solo indicio en fundamentar esa especulación calumniosa.

Jamás había visto caer tan bajo los estándares del buen periodismo.Yo creía que para formular una acusación tan grave era necesario disponer de sólidos indicios y no de una relación puramente circunstancial.

Lo que ha hecho EL PAÍS es mostrar un puño que golpea y luego un ojo hinchado. Pero no ha dicho a sus lectores que las dos imágenes no tienen nada que ver. Al contrario, ha sugerido expresamente que sí podrían estar vinculadas.

Julio Cortázar ya mostró cómo funciona este mecanismo en un cuento que inspiró la película Blow Up, en la que una fotografía induce a creer a su autor en un imaginario crimen que nunca ha existido. En este caso, todo indica que EL PAÍS no sabe si ha habido crimen o no, pero pretende hacérselo creer a sus lectores mediante una presentación engañosa de la realidad. Eso se llama manipular.

La justicia investigará los seguimientos realizados a personalidades políticas del PP de Madrid. Dispondrá para ello de la documentación publicada por este periódico para informar de tales actividades, que será puesta a su disposición. De ese material parece deducirse que ha habido espionaje (observar disimuladamente a alguien con algún propósito oculto) y que ha sido realizado por personal adscrito al departamento de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid.

El titular de esa consejería, Francisco Granados, calificó ayer de «gran mentira» hablar de una trama de espionaje, y recitó las competencias de su departamento en materia de seguridad: protección y vigilancia de edificios, instalaciones y cargos de la Comunidad. Sin embargo, el ex policía Marcos Peña, que tiene el cargo de «asesor de seguridad» en la consejería de Granados, reconoció a este periódico que dirigía un equipo que se dedicaba a realizar investigaciones sobre asuntos (como la supuesta corrupción en ayuntamientos gobernados por el PSOE) que no entran en esa lista; y que entregaba los resultados de sus pesquisas al consejero Granados.

Al tratar de verificar si los seguimientos al vicepresidente del Gobierno regional, Ignacio González, en dos viajes al extranjero, de los que había pruebas gráficas y documentales, guardaban relación con ese equipo de Marcos Peña, EL PAÍS dio con datos sobre espionaje por parte de personal adscrito a la consejería (pero con anterioridad a la contratación de Peña) de otras personalidades del PP como el vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, y el ex consejero regional Alfredo Prada.

El interés político del asunto es que se trata de dos dirigentes enfrentados dentro del PP a la línea, crítica con Rajoy, representada por la presidenta de la Comunidad y su consejero Granados, que es además secretario general del partido en Madrid. Prada, que había sido vicepresidente del Ejecutivo regional, fue destituido por Aguirre inmediatamente después de haber sido incluido por Rajoy en su equipo, tras el congreso de Valencia, que lo confirmó como presidente del PP; y Cobo es el hombre de confianza de Ruiz-Gallardón, el rival más obvio de Aguirre dentro del PP en la disputa por el liderazgo conservador (no sólo en Madrid).

De los informes o partes de los operativos realizados por los imitadores de Torrente que espiaron a Prada y Cobo se deduce claramente que forman parte del Departamento de Seguridad de la Consejería de Granados, a cuyo entonces director, Sergio Gamón, citan. Por tanto, sólo si se demostrase que tales partes no existen o son falsos podrá sostenerse que no hay responsabilidades del Gobierno de la Comunidad de Madrid en la realización de un acto ilícito financiado con fondos públicos. Y deberá ser la justicia quien lo dilucide.

Pero el hecho de que las víctimas de ese espionaje sean del partido que gobierna la Comunidad viene a confirmar que se ha convertido en un foco de resistencia; pero no contra Zapatero, sino contra Rajoy.

LA DISTANCIA que separa a Esperanza Aguirre de Mariano Rajoy se agrandó ayer cuando en una intervencion pública el líder del PP no sólo eludió apoyar a la presidenta de la Comunidad de Madrid sino que afirmó que se compromete a «garantizar la unidad del partido, pase lo que pase», dando así pábulo a que el affaire del supuesto espionaje puede tener consecuencias graves. Rajoy enfatizó que «por encima de los intereses de cualquier militante está el partido» y que «el PP no puede permitirse el lujo de distraerse de lo esencial».

Todas estas frases suenan a recriminación y desconfianza hacia la presidenta de la Comunidad de Madrid -aunque también a ritual tirón de orejas a Gallardón-, como si ella fuera la responsable de las tribulaciones del partido.

Fue el líder del PP quien decidió abrir una investigación interna sobre el espionaje, sin otro precedente similar que el del caso Naseiro. Y es difícil imaginar que el tantos años tesorero Alvaro Lapuerta, con despacho aún en Génova, diera ayer el paso de confirmar que él también se había sentido espiado sin la aprobación de Rajoy. No sería justo decir que la dirección nacional lidera la operación contra Esperanza Aguirre, pero sí se puede afirmar que no le ha dado el respaldo que merecía. Si esa «unidad del partido» se ha quebrado a ojos vistas es porque Rajoy ni impuso un criterio único en relación al deseo de Blesa de eternizarse en Caja Madrid ni obligó a Ayuntamiento y Comunidad a hablar con una sola voz cuando comenzaron las acusaciones de espionaje con más ruido que nueces.

En esta crisis, ha dado en todo momento la impresión de que Rajoy se decantaba por Gallardón, que avaló las acusaciones sin prueba contra Aguirre. EL MUNDO revela hoy que el sindicato mayoritario de la Policía Municipal denuncia que el alcalde ha creado una Unidad de Seguridad Corporativa, que se dedica a controlar a los concejales al margen de la estructura jerárquica de ese cuerpo.Justamente lo que criticaba a Granados: «una unidad parapolicial», en palabras de los sindicalistas. ¿Por eso sabía tan bien lo que decía? La cuestión es que los papeles publicados sobre seguimientos a Cobo y Prada podrían haber salido tanto del personal de la consejería de Granados como de esa unidad municipal.

Su contenido es, por otra parte, penalmente irrelevante pues no incluye ni escuchas ilegales ni intromisión ilícita alguna.Sólo horarios e incidencias propias de cualquier contravigilancia o de la tediosa labor de muchos detectives privados. Otra cosa es que si se demostrara que los documentos son ciertos y que sus autores estaban a sueldo de la Comunidad podría plantearse como hipótesis la malversación de caudales públicos.

El País ha ido publicando una serie de episodios de espionaje, dando por sentado que el Gobierno de Aguirre es el responsable.Para llegar a esa conclusión, el periódico debería demostrar que los documentos fueron realizados por alguien vinculado a la consejería de Granados y que éste autorizó u ordenó esos seguimientos.Resulta una burla que algunas personas hayan comparado este caso con el Watergate soslayando que en España han ocurrido cosas mucho más terribles.

No dejaría de resultar paradójico que el mismo medio de comunicación que defendió que no se podían exigir responsabilidades políticas a Felipe González cuando su ministro de Interior y su secretario de Seguridad fueron encausados por secuestros y asesinatos, mantuviera ahora que el Gobierno de Aguirre es responsable de que «personal adscrito» a la consejería de Granados haya podido apuntar a qué hora llegaban al trabajo determinados cargos públicos o en qué restaurante almorzaban otros.

El consejero de Justicia e Interior, Francisco Granados, compareció el viernes ante la Asamblea de Madrid para dar cuenta de la trama de espionaje en la Comunidad que gobierna Esperanza Aguirre. Sobre su departamento recaen las principales sospechas por los seguimientos a diversos altos cargos del PP. Su estrategia ante las preguntas de la oposición consistió en reclamar la presunción de inocencia, por un lado, y en minusvalorar los hechos conocidos, por otro. Sólo al final de la sesión, Granados reveló haber llevado a cabo la investigación interna que se le solicitaba desde dentro del partido. Según su versión, los resultados no permitirían vincular los informes conocidos con su departamento.

Pero no es eso lo que se deduce del propio tenor de los informes, con lo que el consejero Granados se instaló en una posición contradictoria ante la Asamblea: admitir implícitamente la veracidad de los documentos y, al mismo tiempo, no extraer las consecuencias evidentes de su contenido. Tal vez por ello recurrió a un sorprendente procedimiento que parecía destinado a ganar tiempo y comprobar si, entretanto, amaina el escándalo: se declaró a la espera de nuevas informaciones periodísticas para seguir investigando. No es de recibo que un responsable de Justicia e Interior espere deliberadamente el estímulo de los medios para esclarecer un asunto que, por lo sabido hasta ahora, viola derechos fundamentales, además de poner en evidencia los métodos empleados en la lucha interna de un partido político.

La intervención de Granados estuvo dirigida a limitar el nivel político al que puede afectar la trama de espionaje. Pero, de nuevo, se produce una paradoja. Al intentar ponerse a salvo, no logra evitar que las responsabilidades lleguen más alto: si él no está en condiciones de dar una respuesta, ésta deberá exigirse en instancias superiores. Lo contrario sería tanto como admitir que el Gobierno de la Comunidad de Madrid está dispuesto a tolerar que se practique el espionaje desde alguno de sus departamentos. El propio Granados se dejó deslizar por esta vía cuando, a preguntas de la portavoz de Izquierda Unida, rechazó «poner la mano en el fuego» por todos los funcionarios y cargos de la Comunidad. Su responsabilidad le exige estar en condiciones de ponerla. Si no la asume, deberá hacerlo la instancia superior.

Y el siguiente es el vicepresidente Ignacio González, quien, no por casualidad, también se encuentra en el ojo del huracán. Por una parte ha sido espiado (las evidencias son abrumadoras) y, por otra, todo parece indicar que la cadena de mando real de los agentes que han seguido a políticos del PP (Cobo, Prada, etcétera) conduce directamente a él, puenteando al jefe natural, el consejero Granados. Queda, pues, la presidenta. Aguirre se enfrenta al mayor escándalo de su carrera. Y finalmente está Rajoy, quien sopesa estos días cuándo y en qué sentido cierra la investigación que ha ordenado sobre un asunto que amenaza con despedazar al PP: lo único que no puede hacer es cerrar los ojos.

Unos días antes de que estallara el escándalo de los espías, un ministro del área económica comentó en público: «Con la que nos está cayendo encima, menos mal que en la oposición tenemos a Rajoy».

Se acababan de conocer los datos de paro, Almunia ya había comunicado al Gobierno que la UE no se iba a limitar a empeorar las previsiones de Solbes para 2009, sino que iba a prolongar el escenario de recesión en España hasta 2010. Y, sin embargo, Zapatero respiraba tranquilo. Había decidido retrasar su comparecencia hasta el 10 de febrero en un gesto muy criticado por la oposición. ¿Por qué? ¿Acaso esperaba que los datos económicos mejorasen? No parece que esa fuera la causa.

Nuestro ministro, ajeno a lo que ya por esos días se estaba preparando entre bambalinas, concluyó: «Si con la crisis más grave que ha sufrido España, el PP está a tres puntos en las encuestas, cuando remontemos la situación, no sé hasta dónde vamos a aumentar nuestra ventaja».

Mientras el equipo de asesores de Rajoy repartía mandobles con los datos del paro y la mala gestión de Magdalena Álvarez en la nevada que paralizó la capital de España, una cruenta batalla se libraba por el control de Caja Madrid. Por increíble que parezca, los contendientes no eran el PP y el PSOE, sino Alberto Ruiz-Gallardón y Esperanza Aguirre. El PSOE madrileño, de la mano de Tomás Gómez, había respaldado la aplicación de la nueva ley aprobada a finales de 2007 por la Asamblea de Madrid. El alcalde se había decantado por respaldar al presidente de la entidad, Miguel Blesa, y había logrado los apoyos de CCOO y de IU. La política hace extraños compañeros de cama. El ex presidente del Gobierno José María Aznar, que fue quien propuso a Blesa para el cargo hace 12 años, había movido los hilos para que su amigo siguiera en su puesto cuatro años más. Personalmente habló con diversos dirigentes del PP para que cesara el acoso a Blesa. Dicen que su argumento es que el presidente de la caja es uno de los pocos amigos que le quedan. Endeble razón para tanto empeño.

Y en esto estalló el escándalo. Mediáticamente, la operación es casi perfecta. Primero, EL PAÍS publicó el 19 de enero que el consejero de Interior de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, había contratado al ex policía Marcos Peña para hacer trabajos de espionaje.

Al día siguiente, el mismo diario publicó que el vicepresidente de la Comunidad, Ignacio González, había sido espiado, insinuando que esas actividades pudieron realizarse desde la propia Comunidad, y reprodujo fotografías del mismo en un viaje a Colombia y unos billetes de avión a Johannesburgo, ambos llevados a cabo durante la pasada primavera.

Al día siguiente, 21 de enero, EL PAÍS publicó en su portada que la Comunidad de Madrid espió al vicealcalde Manuel Cobo.Ese mismo día, Cobo dio credibilidad a los hechos y anunció acciones legales. También ese mismo día, el alcalde compareció en televisión en el programa 59» y reforzó la sospecha de que los seguimientos habían sido hechos por funcionarios de la Consejería de Interior de la Comunidad. El día 22, el citado diario publicó a cuatro columnas en su portada que la Comunidad también espió a su ex vicepresidente Alfredo Prada. El domingo 25, El País publicó que el ex tesorero del PP Álvaro Lapuerta le había dicho a Rajoy que se sintió espiado en el mes de mayo de 2008.

Como el mismo diario ha revelado en un editorial, la información sobre la contratación de Peña por Granados se descubrió cuando su periodista investigaba un dossier contra González.

¿Por qué se publicó entonces ese dato antes que el resto de las informaciones? Sencillamente, porque se pretendió hacer creer que toda la trama del espionaje partía del equipo a las órdenes del ex policía contratado por el responsable de Interior de la Comunidad.

En todo caso, eso no es lo importante. La pregunta es por qué una información diversa y con orígenes distintos, que se recabó hace un año, justo en los prolegómenos del Congreso del PP donde se suponía que Esperanza Aguirre iba a presentar una alternativa a Rajoy, se publica justo ahora.

Aunque al presidente del PP le pueda interesar el desgaste de la presidenta de la Comunidad, es evidente que ni él ni su equipo pueden estar detrás de la filtración. Hacerlo a unas semanas de las elecciones vascas y gallegas es un suicidio, como puede comprobarse por las últimas encuestas, que elevan la distancia del PSOE a casi ocho puntos.

Es verdad que al PSOE todo este escándalo le ha venido de perlas.De hecho, Rubalcaba ha seguido de cerca e incluso ha alentado algunas de las cosas que ha publicado El País. Pero, en todo caso, el Gobierno o el PSOE son beneficiarios indirectos de lo que está ocurriendo en el PP. Nada apunta a que personas ligadas al PSOE estén en el origen de los seguimientos, aunque sí hayan podido alimentar su filtración justo ahora.

El único beneficiario directo de todo este lío es el alcalde, que, además, ha aparecido como víctima de una sórdida operación.¿Significa esto que Ruiz-Gallardón esté detrás del espionaje a González? No. Además, no lo creo. Lo que apunta es a que puede estar detrás de la filtración. Eso es más que probable.

Y ahora, el papel de Rajoy. El presidente del PP, al abrir una información interna sobre el caso, ha puesto en cuestión implícitamente a la Comunidad de Madrid.

Pero, ¿le interesa realmente a Rajoy que Esperanza Aguirre sea la pagana de todo esto y que el triunfador sea Ruiz-Gallardón? Sencillamente, no. Porque Rajoy sabe que, en el horizonte, el alcalde es aún un enemigo más temible que la presidenta de la Comunidad. Sobre todo, después de comprobar su alianza (vía Caja Madrid) con el ex presidente Aznar. El dúo Gallardón-Aznar es más temido en Génova, en estos momentos, que cualquier otra cosa.

Decía con agudeza Pedro G. Cuartango que Cospedal tiene el mismo difícil papel que el espía Smiley, protagonista de la novela de Le Carré El topo. No le falta razón.

Cospedal conoce el percal y sabe que ir hasta el fondo puede suponer el estallido del partido. Por eso le ha ofrecido a Aguirre un pacto: que sea ella la encargada de cortar cabezas y, a cambio, el PP la respaldará con contundencia frente a los ataques del alcalde. Pero la presidenta de la Comunidad ha decidido defender a los suyos a muerte. Si se equivoca o no, lo sabremos muy pronto.

LOS PARTES del espionaje al ex consejero Alfredo Prada y al vicealcalde Manuel Cobo que provocaron una crisis política de gran calado en el PP y la creación de una comisión de investigación son falsos o erróneos. De los nueve partes publicados por un diario caracterizado por su saña contra la presidenta de Madrid, seis son pura invención o no recogen lo que sucedió ese día y otros tres son completamente irrelevantes.

Ello lleva de entrada a concluir que Esperanza Aguirre fue víctima de un montaje para desprestigiarla en el contexto de las luchas internas que se libran en el PP.

Uno de los partes más importantes refleja que el 13 de abril de 2008 Alfredo Prada se desplazó al parador de Chinchón -señala que le vieron personalmente- para reunirse con su equipo. El propio Prada corroboró esta versión. Pero el ex consejero no estuvo esa fecha en Chinchón porque se encontraba en León, según consta en un impreso oficial. Hay documentos del hotel donde se albergó su conductor y recibos del pago de peajes y de los surtidores de gasolina donde repostó.

Otro parte refleja que el 16 de abril de 2008 estuvo desde «primera hora» en el hotel Intercontinental de Madrid y dice que su personal de escolta permaneció en la puerta. Falso. Prada pasó parte de la mañana en una sede de su departamento en Gran Vía y luego se desplazó al hotel NH en el Parque de las Avenidas. Poco antes de las dos de la tarde, fue efectivamente al hotel Intercontinental.

El mismo parte dice que le estuvieron buscando por la noche en el Vicente Calderón mientras se hallaba en una cena oficial de entrega de premios en la sede del Gobierno regional en la Puerta del Sol.

En otro parte, fechado el 3 de abril de 2008, informan sus pretendidos vigilantes que no le han visto salir de la consejería y que no saben donde se encuentra después de haberle buscado. Estaba en la Asamblea de Madrid, pues había Pleno… como todos los jueves.

Hay otros partes con más errores o que son completamente irrevelantes porque se limitan a hacer constar que Cobo salió de su casa a su despacho y estuvo allí todo el día. Y, por último, hay un parte sobre la diputada Carmen Rodríguez, que ya ella reveló que era totalmente falso.

Con estos mimbres se construyó una gran exclusiva periodística, se acusó al consejero Granados y a Esperanza Aguirre y se forzó al PP a aceptar una comisión de investigación después de haber abierto otra bastante esperpéntica de carácter interno. El propio Rajoy dio crebilidad a este disparatado montaje. Ahora se comprende por qué el ministro de Interior, Pérez Rubalcaba, se mofó de este asunto, cuando calificó el episodio de ser digno de «Mortadelo y Filemón».

Nada de esto tiene que ver con el espionaje a Ignacio González, vicepresidente de la Comunidad de Madrid, realizado por profesionales y que está sometido a investigación judicial.

Para evitar que la Asamblea de Madrid haga el ridículo, las fuerzas políticas debería acordar mañana mismo la clausura de la comisión de investigación. Y Mariano Rajoy debería pedir disculpas a Esperanza Aguirre y buscar entre sus enemigos internos a los responsables de este grosero intento de linchamiento político.

El Partido Popular de Madrid ha confirmado los peores pronósticos sobre la comisión de investigación establecida en la Asamblea autónoma para esclarecer la trama de espionaje a altos cargos del Ayuntamiento y la Comunidad. No le ha bastado a Esperanza Aguirre con retrasar cerca de un mes el comienzo de los trabajos, rechazar 18 comparecencias, denegar la entrega de la mitad de los documentos solicitados por la oposición, establecer reglas de procedimiento injustificables e impedir que tomen la palabra las víctimas de los seguimientos; además, ha tenido que poner un colofón ignominioso clausurando la comisión a uña de caballo y por la puerta de atrás, al forzar la votación sobre las conclusiones el próximo miércoles y no el 31 de marzo como estaba previsto. Unas conclusiones, por cierto, aún por conocer, pero no desconocidas: desde el momento mismo en que se constituyó la comisión, Esperanza Aguirre dejó claro que su objeto no era investigar los hechos, sino obtener un sobreseimiento apresurado de las prácticas a las que recurre su Gobierno contra los disidentes de su propio partido. Y presuntamente con dinero público.

La presidenta imagina que este comportamiento es signo de la fuerza política que confiere un liderazgo incontestado y una mayoría absoluta. Se equivoca: lo único que lo hace posible es el abuso de poder y el desprecio hacia las instituciones, de manera que el liderazgo democrático se convierte en jefatura y la mayoría parlamentaria en complicidad política. Los diputados autonómicos del Partido Popular que se han prestado dócilmente a perpetrar este desafuero contra la Asamblea, contra los ciudadanos de Madrid y contra el espíritu del sistema constitucional han antepuesto la disciplina de un grupo político en entredicho al mandato que recibieron de las urnas. Ellos también, y no sólo los diputados de la oposición, están obligados a velar por la fortaleza de las instituciones, no a buscar mecanismos tortuosos para garantizar la impunidad de sus correligionarios y entorpecer el esclarecimiento de la verdad.

El desafuero político de Aguirre en la Asamblea de Madrid es, además, un desafío a la dirección del Partido Popular. A Mariano Rajoy le corresponde decidir si se coloca a la misma altura que los diputados populares de la Asamblea de Madrid, plegándose a la voluntad de una presidenta erigida en jefa de una comunidad autónoma y sumándose a la nómina de sus cómplices políticos o si mantiene la palabra que comprometió ante los ciudadanos sobre la necesidad de conocer quién ordenó el espionaje, qué personas lo llevaron a cabo y con qué fondos se financió. Los documentos que permitieron conocer el escándalo existen, y su contenido fue confirmado por las víctimas, y así lo reconoció Rajoy cuando decidió dejar en suspenso la investigación interna hasta comprobar el desarrollo de la comisión establecida en la Asamblea de Madrid. Ahora ya lo ha comprobado, y le corresponde decidir. Si consiente, la autoridad interna que parecía haber adquirido tras el resultado en Galicia quedará en entredicho de la peor manera imaginable: no por una derrota electoral que desactive los efectos políticos de aquella victoria, sino por el gesto caciquil de su más recalcitrante rival.

En este contexto de forzada parálisis política, la pasividad del fiscal que investiga el caso, Manuel Moix, resulta aún más inexplicable. La independencia de la justicia obliga a respetar sus ritmos. Pero el cierre vergonzante de la comisión de investigación en la Asamblea de Madrid hace recaer sobre sus hombros mucho más que la simple averiguación de unos hechos: la demostración de que el Estado de derecho sigue vigente en la comunidad que preside Esperanza Aguirre.

EL CONSEJERO de Presidencia de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, cerró ayer las comparecencias de la Comisión de Investigación de la supuesta trama de espionaje demostrando que, por mucho que le acusen de ser un «mentiroso compulsivo», las únicas falsedades que han sido probadas documentalmente son las del ex consejero Alfredo Prada, quien afirmó que los partes coincidían «punto por punto» con su agenda, y las del actual concejal Pedro Calvo, que negó que se realizaran contravigilancias cuando Gallardón presidía la Comunidad. Por contraste, después de 11 comparecencias, la oposición ha sido incapaz de aportar ni una sola prueba o demostrar una sola contradicción en el Gobierno de Esperanza Aguirre. Por eso, su pretensión de prolongar esta Comisión sólo demuestra su disposición a utilizar las instituciones democráticas en aras de un montaje con fines partidistas.