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Felipe González tuvo que responder en el Congreso a las preguntas e interpelaciones de los diputados de Alianza Popular Jorge Verstrynge y José María Ruiz Gallardón

Caso ‘Flick’: acusan al PSOE de haberse financiado ilegalmente con dinero del SPD alemán a través de la fundación Ebert

HECHOS

El 14.11.1984 el presidente del Gobierno D. Felipe González (PSOE), respondió en el Congreso de los Diputados a las preguntas de D. Jorge Verstrynge (AP) y D. José María Ruiz Gallardón (AP) sobre la financiación del PSOE a través de Flick.

LOS ARIETES DE LA OPOSICIÓN EN EL CASO FLICK: GALLARDÓN Y VERSTRYNGE

gallardon_Verstrynge3 Los diputados de Alianza Popular, D. José María Ruiz Gallardón y D. Jorge Verstrynge fueron los arietes de la oposición en el debate sobre el caso ‘Flick’.


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FRAGMENTOS DE LA COMPARECENCIA DE GONZÁLEZ EN EL CONGRESO (‘NI FLICK, NI FLOCK’)

El escándalo había saltado en la prensa alemana, un diputado del partido socialdemócrata alemán (SPD) declaraba que su partido había financiado al PSOE de D. Felipe González. El primer periódico en hacerse eco de aquello en España fue LA VANGUARDIA el 2 de noviembre y pronto el caso llegó al congreso por boca de la oposición.

Verstrynge: “¿En qué medidas son ciertas las informaciones recientes rleativas a entregas de distintas cantidades de dinero precedentes del SPD al señor González?

Felipe González: “En ninguna medida son ciertas. No he recibido nunca dinero del SPD y no me veré nunca obligado a rectificar esta información”.

Vertrynge: “Sin embargo los hechos son tozudos. Y ahí están las declaraciones de altos cargos del consorcio Flick, como las del señor Plaegen; o la del señor Struck.

Felipe González: “Lo que digo es la verdad. Si Struck ha hecho esas declaraciones, miente. Aquí tengo una declaración jurada del señor Wischnewski en la que dice: “Quiero expresarle como lamento las malas informaciones que se han dado sobre mí: Yo no he llevado dinero a España” (…) Repito Felipe González, ni de la fundación Ebert, ni de Flick, ni del SPD ha recibido ni un marco, ni un duro, ni una peseta, como prefieran”.

Verstrynge: “Aquí, en el servicio de Prensa del SPD, firmado por Struck, fecha veinticinco de mayo. Yo creo que el señor presidente sigue sin entender: estamos hablando de dinero sucio de Flick, cuyos dirigentes y el importante diputado Struck le han citado a usted como receptor de centenares de millones de pesetas”.

Felipe González: “Lamento, señor Verstrynge, porque no voy a caer en la provocación diciendo aquí: “Oiga, usted más”. Me parece que ese no es el camino. He sido absolutamente claro: no he recibido ni un marco alemán, ni de Flick, ni de Flock.

J M Ruiz Gallardón: “¿Qué sentido tiene que el señor presidente del Gobierno haya ordenado al señor fiscal del Reino la incoación de diligencias sobre el llamado caso Flick?”

Felipe González: “Señor Ruiz Gallardón su fina mente jurídica habrá captado lo que es la suciedad de este dinero que puede conllevar ilegalidades. Mi reacción ha sido poner en marcha todos los mecanismos de la Ley. Pero atención, no me he querellado contra quien ha dado la noticia. Le he dicho al fiscal que investigue”.

J M Ruiz Gallardón: “Señor presidente, permítame que yo me asombre. Usted ha dicho “he puesto en marcha todos los mecanismos legales”. No, señor presidente. Le falta a usted uno, el más importante. Usted ha podido y ha debido, querellarse en Alemania contra aquellos que usted ha calificado de mentirosos. Porque ese delito de calumnia debe ser perseguido”.

Felipe González: “Le daré un matiz de lo que ha ocurrido: en el artículo del periódico alemán no hay ningún entrecomillado puesto en boca del señor Struck. Por consiguiente, hay ahí una polémica que yo aclararé, porque también pediré responsabilidades al señor Struck, naturalmente. Lo que pido es que se investigue aquí, porque aquí también puede haber habido calumnias.

15 Noviembre 1984

La financiación de los partidos

EL PAÍS (Editorialista: Javier Pradera)

La creación de una comisión parlamentaria de encuesta para investigar tanto las eventuales salpicaduras españolas del caso Flick como la financiación de los partidos permitirá arrojar un mínimo de luz sobre los sótanos de nuestro sistema de democracia representativa. Ante todo, resulta necesario distinguir nítidamente el caso anecdótico de los dineros negros del consorcio alemán occidental, presuntamente vehiculados por el partido socialdemócrata alemán (SPD) hacia el PSOE, y la cuestión, más general, de los mecanismos de financíación -española o extranjera- de los partidos, incluidos -llegado el caso- la falta de transparencia de sus balances, la irregular asignación de los gastos y el origen ilegal de los ingresos.La rotunda negativa de Felipe González a las acusaciones de haber recibido directamente dinero negro de Flick era casi innecesaria. La hipótesis según la cual unos fondos eventualmente donados por el SPD al PSOE llevarían la marca de su sucio origen era insensata. Incluso si los socialistas alemanes occidentales ayudaran financieramente a los socialistas españoles, no tendría mayor sentido atribuir tales subvenciones a unos ingresos particularizados, manchados desde el origen por la corrupción. Felipe González y otros dirigentes socialistas han reconocido sin la menor dificultad que el PSOE recibió ayuda financiera de los socialistas alemanes occidentales -y seguramente de otros partidos europeos y americanos- durante su etapa de clan destinidad. Xabier Arzallus, dirigente del PNV, ha escrito, con una admirable sinceridad, qué si durante aquellos tiempos oscuros «nos hubiera venido un homólogo europeo con un maletín conteniendo 250 millones, sin condici6ñes, lo hubiéramos cogido, por muy ilegal que fuese». En la misma situación se encontraron todos los demócratas que se vieron obligados a improvisar de la noche a la mañana, y con la policía y los jueces pisán doles los talones, sus estructuras organizativas. Que esos problemas no se le plantearan a Manuel Fraga, mi nistro del Interior cuando la oposición democrática per manecía fuera de la ley y la calle era suya, es un fenóme no comprensible, pero no generalizable a quienes combatían por las libertades. A la vez, los líderes socia listas han afirmado que a partir de su legalización no han recibido ayuda alguna del exterior. En este punto, el PSOE aventaja, al menos, a Alianza Popular, cuyo líder se ha visto obligado a reconocer que la Democracia Cristiana de Baviera le ayudó monetariamente en 1977. En cualquier caso, las espadas siguen en alto. El sistema de financiación de los partidos, una vez restablecida la democracia y legalizadas sus organizaciones, ha sido materia reservada durante demasiados años y ha engendrado, a resultas de su opacidad y misterio, un cúmulo de conjeturas, rumores y fantasías desbordadas. Los ciudadanos, sobresaltados por el alboroto organizado en torno al asunto Flick por la derecha conservadora, tienen derecho a que la comisión parlamentaria promovida por el Grupo Socialista realice una labor de encuesta rigurosa sobre la financiación de los partidos (incluidas las denuncias sobre sus ingresos ilegales) y a que la información nacida de esos trabajos sea expuesta de forma exhaustiva y detallada ante la opinión pública. Dejando a un lado el caso del consorcio alemán occidental, recordemos que el PSOE ha sido acusado de graves irregularidades y de tráfico de influencias en las administraciones locales. La derecha, por su lado, tiene también asignaturas pendientes de esa misma disciplina en algunos de los territorios donde ejerce el poder. La designación como presidente de la comisión parlamentaria de una personalidad desvinculada de los dos grandes partidos, con experiencia de los asuntos públicos y de reconocida autoridad -señalemos, como ejemplo, que en los escaños del Congreso se sientan dos ex presidentes del Gobierno- aseguraría la neutralidad y la objetividad de los trabajos y disiparía cualquier duda acerca de las eventuales resistencias de los grandes partidos a sacar a plena luz, por el mecantismo de las mutuas compensaciones, las zonas oscuras de sus haciendas.

15 Noviembre 1984

Felipe González niega

ABC (Director: Luis María Anson)

La negativa del presidente del Gobierno a cualquier implicación en el escándalo Flick ha sido clara, rotunda y sin fisuras. Hay que aceptarla. No se puede dudar de las palabras de Felipe González. Los mecanismos del sistema democrático han funcionado y el presidente se ha visto obligado a responder ante los representantes de la opinión pública. Lo ha hecho con rotundidad. Pero la aceptación de sus palabras – y ABC las acepta sin reservas – tiene una consecuencia inmediata: la querella contra el diputado alemán Peter Struck, que ha calumniado al presidente español con unas declaraciones inequívocas en la radio de su nación.

Y decimos todo esto porque una cosa son los procesos judiciales y otra los procesos de opinión. Para los primeros, y a favor de los encausados, la ley establece la presunción de inocencia. Para los segundos, los procesos de opinión o políticos, la única presunción de inocencia que vale no sólo es la de ser, sino la de parecer. Son niveles bien distintos de responsabilidad los que corresponden a cada uno. La responsabilidad en el proceso judicial viene establecida por una sentencia condenatoria o absolutoria, que hacen los jueces. La responsabilidad en el proceso de opinión o político cuando se produce en el marco de una democracia, la dictan los electores.

La distinción es tan antigua como la política misma y resulta válida en todos los supuestos y sistemas, democráticos o no. ¿Por qué si no se decía que la mujer del César no sólo había de ser honesta, sino parecerlo también? El político está sometido a un proceso también? El político está sometido a un proceso permanente de opinión, tanto más severo cuanto más próxima sea su situación respecto del poder. El poder engendra recelo entre quienes no lo tienen. Por eso el proceso histórico de la democracia se confunde con un proceso de control y de limitación del poder.

Don Felipe González no ha diferenciado en la medida que debía el proceso político abierto por las declaraciones de un parlamentario alemán que involucran al partido gobernante en un tráfico internacional de recursos financieros. Recurso presuntamente condicionados por una significación finalista que no era el simple y directo apoyo al establecimiento de la democracia en España.

Si bien es cierto que jurídicamente la prueba debe ser aportada por quién acusa, no es menos cierto que políticamente las cosas son de distinta manera. Es decir, ni se viola presunción de inocencia ni se incurre en ilegitimidad política cuando los titulares de la alternativa al poder de turno llevan al cauce parlamentario la consideración de unos hechos aportados por fuentes que, en teoría, merecen la presunción de ecuanimidad y solvencia. De ahí que, aceptada su negativa de participación en el escándalo, resulte obligado ahora para el señor González querellarse contra quien le calumnió. Así, además de ‘ser’ inocente, lo parecerá de forma incuestionable ante la opinión.

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