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El ex Director General de la Policía, Rodríguez Colorado, condenado a 6 años de cárcel

Caso Fondos Reservados: La Sentencia absuelve a los ex ministros Barrionuevo y Corcuera pero machaca a Rafael Vera

HECHOS

La Audiencia de Madrid hizo público el 22.01.2002 la sentencia del llamado ‘caso Fondos Reservados’ en el que eran juzgados máximos responsables de la seguridad del Estado durante el Gobierno de D. Felipe González.

El 9 de marzo de 1994 había estallado en la cara del PSOE algo mucho más grave que el caso Roldán, el caso Fondos Reservados. El sector de fuentes policiales vinculado al comisario Villarejo filtró a los periodistas de El Mundo, D. Antonio Rubio y D. Manuel Cerdán que todos los altos mandos de la lucha antiterrorista del Gobierno del PSOE, incluyendo mandos de la Guardia Civil y gobernadores civiles tenían un sueldo adicional a su sueldo oficial pagado directamente desde los Fondos Reservados. El ministerio del Interior tenía una partida presupuestaria de libre disposición, los llamados ‘Fondos Reservados’ para pagar cosas que no podían constar en los gastos oficiales para no comprometer la seguridad de las personas. Unos fondos que estaban directamente gestionados por el secretario de Estado de Defensa, Rafael Vera bajo la autorización de los ministros de Interior José Barrionuevo (1982-1988) y José Luis Corcuera (1988-1993). Antonio Asunción, que asumió el cargo en noviembre de 1993 ante el escándalo de Luis Roldán, que además de tener un sueldo como Director General de la Guardia Civil y un millón de pesetas para gastos de presentación, tenía un sobresueldo de otros 600.000 pesetas al mes proveniente de los Fondos Reservados.

Pero Luis Roldán no era el único que tenía sobresueldo de los Fondos Reservados: otros cargos del PSOE como el Director General de la Policía, Rodríguez Colorado o Gobernadores Civiles como Julián Sancristobal o Iñaki López mantenían la misma política de sobresueldos por parte del ministerio del Interior socialista.

El juicio a los Fondos Reservados estableció las cantidades robadas por algunos de los altos cargos del PSOE del dinero público en lo que ellos consideraban gratificaciones:

  • Rafael Vera – 141 millones de pesetas como mínimo.
  • Luis Roldán – 393 millones de pesetas en sobresueldos.
  • Julián Sancristobal – 131 millones de pesetas en sobresueldos.
  • Francisco Álvarez – 15 millones de pesetas.
  • Iñaki López – 7 millones de pesetas.
  • José María Rodríguez Colorado – Un mínimo de 5 millones de pesetas.

Pero la principal duda es si de ese reparto de millones de dinero público se hacía bajo conocimiento o no de los ministros, Corcuera y Barrionuevo. Ese punto los políticos socialistas contaron con el respaldo del PP. Tanto Manuel Fraga Iribarne (Fundador del PP) como Federico Trillo (en ese momento ministro del Gobierno del PP) fueron llamados como testigos a aquel juicio y en él declararon a favor de Barrionuevo y Corcuera en el sentido de que no eran los ministros los que manejaban los fondos reservados sino los subalternos.

La sentencia dio por buenos aquellos testimonios optó por absolver a los dos ex ministros pero, eso sí, machacar a Rafael Vera como máximo responsable del reparto.

  • José Barrionuevo – Absuelto.
  • José Luis Corcuera – Absuelto.
  • Rafael Vera – 8 años de cárcel.
  • José María Rodríguez Colorado – 6 años de cárcel.
  • Julián Sancristobal – 4 años de cárcel.
  • Francisco Álvarez – 11 meses de cárcel.
  • Iñaki López Rodríguez – 10 meses de cárcel.

El PSOE celebró la absolución de sus compañeros José Luis Corcuera y José Barrionuevo (ignorando que este ya se había condenado por el caso Marey), mientras que expulsaban del partido tanto a Rafael Vera como a José María Rodríguez Colorado permitiéndoles, eso sí, que lo presentaran como un caso de ‘baja voluntaria’ a modo de marcha digna. Sin embargo, aunque la nueva generación ‘zapaterista’ renegaba de Vera, los antiguos ‘felipistas’ y ‘guerristas’ seguían estando del lado de ellos. Incluidos los propios Felipe González, Alfonso Guerra o Juan Carlos Rodríguez Ibarra.

En febrero de 2005 el Tribunal Supremo confirmó la penas contra Rafael Vera, Rodríguez Colorado y Julián Sancristobal, que reaccionaron de manera diferente. Mientras Rodríguez Colorado optó por reconocer su culpa y anunciar que devolvería todo el dinero robado, Rafael Vera seguía sosteniendo su inocencia y negando los hechos. Pero la sentencia ya era firme y le obligaba a volver a prisión por siete años. Para ese momento el PSOE volvía a estar en el palacio de La Moncloa en la persona de José Luis Rodríguez Zapatero. Toda la ‘vieja guardia’ del PSOE pidió el indulto para Vera encabezados por Rodríguez Ibarra. Pero el nuevo PSOE de Zapatero no deseaba vincularse con la era de Felipe González y rechazó a través del ministro justicia Juan Fernando López Aguilar. “Que se metan el indulto donde les quepa”, respondió un furioso Rodríguez Ibarra que aseguraba que Vera estaba dispuesto a suicidarse para no entrar en prisión. Los hechos fueron diferentes y Vera entró en prisión por segunda vez y, esta vez, sin indulto.

RAFAEL VERA Y RODRÍGUEZ COLORADO SE DA DE BAJA EN EL PSOE TRAS SER CONDENADOS

colorado El Sr. Rodríguez Colorado

Tanto D. Rafael Vera como D. José María Rodríguez Colorado anunciaron que se daban de baja en el Partido Socialista Obrero Español tras ser condenados. En declaraciones al diario EL PAÍS, el Sr. Vera explicó que se daba de baja con estas palabras: «Ahora sí que voy a marcharme antes de que quieran expulsarme por haber sido condenado. Pertenezco al PSOE desde 1978, pero los años de militancia son lo de menos. Lo que importa son los servicios prestados. Algunos han pasado por las etapas de Gobierno y de oposición sin mojarse». 

23 Enero 2002

Fondos delictivos

EL PAÍS (Director: Jesús Ceberio)

La justicia ha dictado sentencia -recurrible en casación ante el Supremo- tras el largo proceso sobre los fondos reservados del Ministerio del Interior, abierto en 1994 tras la denuncia presentada ante el juzgado de guardia por el diputado popular Federico Trillo, hoy ministro de Defensa. La sentencia de la Audiencia de Madrid absuelve a los ex ministros socialistas de Interior Barrionuevo y Corcuera, sobre quienes no hay rastro alguno de enriquecimiento personal, y condena al ex secretario de Estado para la Seguridad Rafael Vera y a otros antiguos altos cargos de Interior. Algunos de los condenados han anunciado su intención de recurrir y no es descartable que el fiscal Luzón impugne, por su parte, la absolución de los máximos responsables de la antigua cúpula de Interior.

La sentencia establece varios hechosprobados no susceptibles de modificación: el uso de los fondos reservados de Interior entre 1983 y 1993 derivó en prácticas delictivas de malversación de caudales públicos y sirvió de medio para el enriquecimiento personal en algunos casos. No es el caso de Barrionuevo y Corcuera, a los que absuelve por no haber certeza de que ‘conocían y consentían las sustracciones’. Una posibilidad avalada por la experiencia de Manuel Fraga al frente de Interior en el Gobierno de Arias Navarro durante 1976 y cuyo testimonio en el juicio -‘de los fondos reservados ya se ocupaban dos generales del Ejército de toda confianza’- ha servido de referencia al tribunal para concluir que los ex ministros socialistas no tenían por qué estar enterados de lo que hacían quienes se ocupaban de gestionar los fondos. El tribunal también parte del testimonio del denunciante, Federico Trillo, sobre los regalos navideños que hizo él mismo durante su posterior etapa de presidente del Congerso, para concluir que los obsequios hechos por Corcuera a las esposas de sus subordinados respondían a una larga tradición, asumida por todos, a pesar de las diferencias entre unos y otros.

Sobre Rafael Vera, administrador de hecho de los fondos reservados, recae la mayor condena por haberlos usado en beneficio propio y en el de los otros ex altos cargos de Interior condenados, en forma de sobresueldos e indemnizaciones: los directores generales Julián Sancristóbal, José María Rodríguez Colorado y Luis Roldán (éste ya condenado en otra sentencia por los mismos hechos); el gobernador Iñaki López y el jefe policial Francisco Álvarez, antiguo responsable del Mando Único de la Lucha Antiterrorista. Al antiguo secretario de Estado para la Seguridad se le condena a 7 años de cárcel por sustraer para sí 141 millones de pesetas, haciéndole también responsable solidario de la restitución al Estado de la mayor parte del dinero sustraído: 3,5 millones de euros aproximadamente (unos 650 millones de pesetas). Dos fincas, a cuya adquisición destinó Vera parte del dinero, según declara probado el tribunal, servirán de garantía de ese pago. A esta cantidad se añaden unos 800.000 euros (130 millones de pesetas) de los que Sancristóbal se apropió directamente desde su puesto de director de la Seguridad del Estado. El tribunal concluye que el volumen total sustraído asciende a 4,8 millones de euros (unos 800 millones de pesetas), aproximadamente el 5% de lo presupuestado para gastos reservados de Interior en la década 1983-93, cantidad que queda lejos de la inicialmente denunciada.

El tribunal pasa por alto, por no tener relevancia penal, el ‘maquillaje presupuestario’ al que fueron sometidos los fondos reservados de Interior en aquellos años para poder hacer frente a los crecientes gastos de seguridad derivados de la ofensiva terrorista -en parte, para protección de jueces y fiscales-, pero no deja de señalar que esa falta de control posibilitó su uso delictivo con fines particulares. Ese maquillaje no sería posible hoy: desde abril de 1995, una ley establece el control parlamentario sobre el uso de los fondos reservados. Fue una contribución de los socialistas, poco antes de abandonar el poder, a la superación del vacío legal existente en la materia y que desde la absoluta discrecionalidad alimentó la corrupción; los socialistas pagaron por ella un alto precio político.

Pero ese coste no podía cerrar el capítulo de las responsabilidades por lo sucedido en Interior en esa década. Quedaban las penales. El Partido Popular, enfrascado entonces en una feroz batalla de desgaste contra el Gobierno socialista, no desaprovechó la ocasión de judicializar el asunto y de rentabilizarlo políticamente a su favor. Esas responsablidades penales, atribuibles a personas concretas, han quedado establecidas por quien debía hacerlo: los jueces.

23 Enero 2002

La Cueva De Ali Baba, Al Descubierto

EL MUNDO (Director: Pedro J. Ramírez)

Cualquier persona que leyera la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid sin conocer los antecedentes del caso ni la identidad de los condenados podría pensar que la descripción que hacen los jueces corresponde a la cueva de ladrones de Alí Babá, empeñados en robar y repartirse todo lo que se halla a su alcance. Pero los 121 folios de la resolución no son el producto de una fértil imaginación literaria sino el vívido relato judicial del comportamiento de los altos cargos de Interior que, siendo presidente de Gobierno Felipe González, se dedicaron a saquear las arcas del Estado en provecho propio.

Hay, sin embargo, un protagonista en esta historia real que, por su maldad y su falta de escrúpulos morales, se asemeja más a un personaje de ficción: Rafael Vera. La sentencia le condena a siete años de cárcel por malversación continuada, a 18 años de inhabilitación absoluta y a la restitución de los 141 millones de pesetas robados en el ejercicio de su cargo, además de confiscarle sus fincas de La Berzosilla y El Relumbrar, con un valor de mercado superior a los 500 millones de pesetas.

Vera, según la resolución, no sólo se llevó ingentes sumas de dinero imposibles de cuantificar sino que pagó sobresueldos generalizados en el Ministerio del Interior, tal y como reveló este periódico a partir de 1994. El fallo de la Audiencia de Madrid es una brillante y minuciosa reconstrucción de este latrocinio, con fechas, números de cheques y de cuentas, que corroboran lo denunciado por EL MUNDO hace ya más de siete años: que Sancristóbal, Roldán, Rodríguez Colorado, Alvarez y otros ex altos responsables de Interior recibían pagos periódicos con cargo a los fondos reservados. Esos pagos llegaban a los diez millones de pesetas mensuales, como acredita la sentencia.

Algunos dirigentes socialistas tuvieron ayer la cara dura de defender a Vera, fingiendo ignorar el contenido de este fallo que desmonta meticulosamente todas sus coartadas. La sentencia, fruto de la pulcra capacidad analítica, no exenta de vigor cívico y fina ironía, del ponente Arturo Beltrán, demuestra que era absolutamente imposible que la notable fortuna del número dos de Interior proviniera de la ferretería de su suegro, que por aquel entonces era un negocio en declive y con modestos rendimientos.

Si Vera se dedicó a robar con la coartada de la lucha contra ETA, sus subordinados no dudaron en aprovecharse igualmente de las circunstancias. La sentencia condena a José María Rodríguez Colorado, ex director general de la Policía, a seis años de cárcel; a Julián Sancristóbal, ex director de la Seguridad del Estado, a cuatro años; a Francisco Alvarez, ex jefe del mando único de la lucha antiterrorista, a 11 meses; y a Iñaki López, ex gobernador de Vizcaya, a 10 meses de prisión, amén de otras penas de inhabilitación para todos ellos. Mención especial merece el caso de Rodríguez Colorado, cuya condena se dicta al quedar probado que, como reveló en su día EL MUNDO, cobraba talones correlativos del mismo importe mensual y de la misma cuenta que Roldán. El fallo establece que el fallecido Mariano Jaquotot era un simple testaferro de Colorado para ocultar el origen delictivo de los fondos.

La catadura moral de todos estos personajes queda reflejada en el relato que hace el ponente de su comportamiento el 24 de junio de 1987 cuando, cinco días después del atentado de Hipercor, acordaron repartirse 75 millones para seguir en sus puestos, mucho antes de que las familias de las víctimas recibieran una sola peseta.

La sentencia de la Audiencia de Madrid absuelve a los ex ministros Barrionuevo y Corcuera por falta de pruebas, argumentando que no queda acreditado que estuvieran enterados del comportamiento de Vera y sus subordinados pese a que admite que hay serios indicios de que otros altos cargos de la Administración socialista que no estaban en el banquillo se lucraron también de los fondos reservados. Los jueces consideran que el regalo de joyas a las esposas de sus colaboradores era ilegal, pero exculpan a Corcuera por ignorancia.

Ambos hubieran sido condenados de no ser por la reforma del Código Penal en 1995, en la que el ministro Belloch logró hábilmente suprimir la malversación por imprudencia, que es aquélla en la que no existe dolo. Barrionuevo y Corcuera pueden estar satisfechos por no ir a la cárcel, pero, como la propia sentencia subraya, la absolución no les exime de sus tremendas responsabilidades políticas por haber permitido el saqueo de las arcas de Interior.La conclusión que se desprende del fallo sobre ambos es inequívoca: puede que no robaran, pero los dos ministros eran entonces unos incompetentes que no se enteraban de nada de lo que sucedía a dos metros de su despacho.

El PSOE se precipitó ayer a saludar su absolución como si fuera un gran triunfo cuando la sentencia es, en realidad, un retrato devastador de la corrupción durante la época del felipismo. Vera pidió ayer su baja en el partido para evitar una ignominiosa expulsión. ¿Asumirá la condición de chivo expiatorio o dirá algún día la verdad? Ese es su dilema.

A nosotros nos queda la satisfacción de que esta sentencia avala la exhaustiva investigación realizada por este periódico, que, a pesar de las intimidaciones del felipismo y como tantas veces antes y después en solitario, logró acceder a la cueva de los ladrones y descubrir sus secretos.

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