Caso GAL: Proceso al mercenario Georges Mendaille acusado de planear atentados contra miembros de ETA en Francia

LA PUESTA en libertad del presunto miembro de los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL) Georges Mendaille no sólo constituiría, de producirse, un escándalo y una burla a la justicia. Tal decisión reforzaría de manera decisiva las sospechas sobre la cobertura oficial a esa banda y afectaría gravemente a la credibilidad de la cooperación internacional en la lucha contra el terrorismo. Ello ocurrirá si persiste el prolongado silencio del Gobierno ante la extradición a Francia, concedida hace ya siete meses por la Audiencia Nacional, de este mercenario francés presuntamente vinculado a los GAL.Detenido el 9 de febrero de 1989 en la localidad gerundense de Calonge, Mendaille fue acusado por la justicia francesa de participar en dos asesinatos cometidos por la banda terrorista en territorio galo. El procedimiento de extradición puesto en marcha por París, que reclamó a España la entrega de Mendaille para juzgarlo por asociación de malhechores y tentativa de asesinato, impidió que respondiera de estos hechos ante la justicia española; ahora, la dilación del Gobierno en dar el visto bueno a la extradición decidida por la Audiencia Nacional puede impedir que lo haga ante la francesa y, lo que: sería el colmo del absurdo, provocar que sea puesto en libertad sin cargos.

Los Estados europeos han puesto en pie un laborioso entramado legal -convenios bilaterales y multilaterales de extradición, procedimientos de asistencia judicial en materia penal, etcétera- que sirva de instrumento a los jueces para una actuación coordinada frente al desafío internacional de los diversos terrorismos. Pero este espacio jud1clal europeo, al que el propio presidente del Gobierno, Felipe González, atribuyó públicamente un papel esencial en la lucha común contra el fenómeno terrorista, puede quedarse en agua de borrajas si los propios Gobiernos -y España ha sufrido los efectos cuando el Gobierno francés bloqueó en el pasado la extradición de terroristas de ETA- se resisten a dar los pasos que les conciernen para que resulte operativo.

Este escándalo vendría a sumarse a otros que han marcando los intentos de esclarecimiento de las tramas de los GAL: desde el obstruccionismo gubernamental a la investigación de los fondos reservados supuestamente utilizados para financiar las andanzas de Amedo y sus amigos, pasando por la estratégica inmunidad diplomática obtenida por el empresario Francisco Paesa, procesado en uno de los sumarios abiertos contra el citado comisario, el expediente acredita las peores sospechas.

Si persistiera el silencio oficial y Mendaille fuera puesto finalmente en libertad habría que deducir que una vez más la llamada razón de Estado se interfiere en la acción de la justicia. Y que la cooperación entre Estados contra el fenómeno terrorista, que debería ser beligerante ante cualquier forma en que éste se manifieste, es pura palabrería cuando a alguno de ellos no le conviene. Sin embargo, lo que, en aras de la credibilidad de esa cooperación, habría que evitar prioritariamente es que delitos que tan gravemente afectan a la paz social y a la democracia queden sin perseguir en ningún país y, por tanto, impunes.

TODAS LAS razones -legales, diplomáticas y políticas- aconsejaban la presencia del presunto miembro de los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), Georges Mendaille, en el juicio que se celebra ante el tribunal de Pau (Francia)¡ contra los integrantes del comando que presuntamente estuvo a sus órdenes en la realización de varios atentados contra miembros de ETA en territorio galo. Este supuesto reclutador de mercenarios de los GAL, detenido el 9 de febrero de 1989 en España y reclamado inmediatamente por la justicia francesa, se ha librado por el momento de sentarse en el banquillo de los acusados y de responder de sus presuntos crímenes gracias a la calma con que el Gobierno español -hace más de nueve meses que el asunto espera entre sus manos- está deshojando la margarita de su extradición a Francia.Sin duda deben existir poderosísimos argumentos -sólo conocidos por el Gobierno español- para prolongar una situación tan anómala como la que se está produciendo en el caso del gal Mendaille. Ni se le juzga en España -el procedimiento abierto por la justicia española fue archivado ante la solicitud de extradición por la justicia francesa-, ni se permite que se le juzgue en Francia. Ello da pie, además, a que se viertan acusaciones tan graves como las del fiscal francés que actúa en el juicio de Pau, que no ha dudado en señalar que el motivo por el que Mendaille no ha sido entregado a Francia no es otro que el de la protección policial de que goza en España.

Esté o no en lo cierto el fiscal francés -y sería una imputación calumniosa impropia de un fiscal hacer una acusación de este calibre sin datos que la avalen-, lo que sí parece obvio es que la reticencia española a entregar a Francia al gal Mendaille refleja un cierto deterioro en el clima actual de la cooperación franco-española contra el terrorismo, producido a partir del descubrimiento de que un comando de ETA, integrado por ciudadanos franceses, se ha dedicado durante años a asesinar y a secuestrar en territorio español.

El ministro del Interior, José Luis Corcuera, ha recurrido argurnentalmente al principio de reciprocidad para no entregar a Mendaille hasta que Francia no haga lo propio con el dirigente histórico de ETA Isidro Garalde, Mamarru, y con otros dirigentes de la banda terrorista pendientes de extradición a España. Sin duda la reciprocidad es.básica en una política equilibrada de cooperación entre Estados, pero ésta debe trascender los balances puntuales -favorables o desfavorables para las partes en un momento determinado- e integrarse en una perspectiva global. Desde este punto de vista, y a pesar de los altibajos, divergencias y malentendidos habidos en el ya largo periodo de colaboración franco-española en la lucha contra el terrorismo, puede decirse que el resultado final es -por el momento- altamente positivo para los dos países. Sobre todo cuando, a punto de desaparecer las fronteras comunitarias, es ya impropio considerar que el terrorismo de un país es asunto de su exclusiva incumbencia. Sería inconcebible -y ello al margen de intrínsecas razones de justicia y de ineludibles deberes de actuación contra el delito- que España diera la impresión de que con su actitud ampara a un delincuente reclamado por un país de cuya colaboración tanto necesita para acabar con el terrorismo etarra.

EN LA estela de su actitud obstruccionista a la investigación sobre los crímenes de los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), el Gobierno se opuso en su día a la extradición a Francia del presunto miembro de esta banda Georges Mendaille. ¿Qué ha sucedido para que el Consejo de Ministros del pasado día 8 de abril se decidiera a conceder, a instancias del ministro de Justicia, Juan Alberto Belloch, lo que obstinada mente denegó una y otra vez a lo largo de 1990? En principio, dos cosas importantes a la hora de explicar este cambio de actitud: el paso del tiempo y la definitiva conclusión judicial del caso Amedo. Pero ambas no habrían bastado por sí solas para propiciar la rectificación del Gobierno en este asunto sin la concurrencia de una tercera: la determinación del ministro Belloch de levantar las trabas puestas a la justicia por sus predecesores y de no coadyuvar a la impunidad de un presunto terrorista al amparo de la llamada razón de Estado.

El ingreso en prisión de Georges Mendaille supone, pues, el primer paso en el cumplimiento de lo que la Audiencia Nacional acordó a principios de 1990: la extradición a Francia de este presunto reclutador de mercenarios de los GAL acusado de asesinato. El próximo no debería ser otro que su entrega a las autoridades francesas. Es la única forma de enmendar actitudes políticas tan descabelladas como las de propiciar que un presunto terrorista quede libre, al tiempo que se impide su entrega al Estado que lo reclama de acuerdo con lo establecido en los tratados de extradición y los convenios de cooperación contra el terrorismo. Y más cuando se trata del Estado cuya colaboración necesita España para acabar con el terrorismo.