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También ordena la detención de un concejal del PP en Valencia y otras cuatro personas pertenecientes al sector de la Construcción

El tesorero del PP, Rosendo Naseiro, es encarcelado por orden del juez del juzgado de Valencia, Luis Manglano salpicado por corrupción

HECHOS

  • El 10 de abril de 1990 el juez del Juzgado número 2 de Valencia decretó el ingreso en prisión de D. Rosendo Naseiro, D. Salvador Palop, D. Luis Latorre (arquitecto), D. Carlos Bonet (de la constructora Huarte), D. Luis Janini (de la constructora) de Dragados) y D. José Balaguer (promotor inmobiliario).

EL PRESUNTO ‘CEREBRO’ DE LA TRAMA

Palop2 El Concejal del PP en Valencia, D. Salvador Palop, fue detenido junto al Sr. Naseiro. Investigando un caso de narcotráfico, el juez Manglano escuchó conversaciones del Sr. Palop donde podía deducirse que buscaba enriquecimiento y comisiones. También mantenía conversaciones con el Sr. Naseiro, y aunque este, al contrario que Palop, no hablaba de nada vinculado a enriquecerse, sí hacía referencia a donaciones de empresas al Partido Popular.

EL JUEZ ATACADO MEDIÁTICAMENTE

LuisManglano2 El juez D. Luis Manglano, que ordenó las detenciones es miembro de la organización ‘Jueces para la Democracia’, considerada como la más próxima al PSOE, lo que llevó desde el principio al Partido Popular de haber ordenado de las detenciones de los Sres. Palop y Naseiro por animadversión hacia los populares. Pero no sólo se le atacó por el flanco políticos. Desde el Colegio de Abogados, Sr. Pedrol Rius, le echó en cara que permitiera la difusión de las conversaciones y las cintas a los medios.

10 Mayo 1990

El juez Manglano

EL PAÍS (Director: Joaquín Estefanía)

Desde el momento mismo en que el juez Manglano decidió aplicar la ley, sin excepción alguna, a los implicados en el caso Naseiro corría el riesgo de convertirse en protagonista de un cúmulo de críticas honestas, insidias, medias verdades e infundios encubridores de lo que sus investigaciones habían desvelado. Es lo que básicamente ha sucedido. En la operación han confluido los esfuerzos de algunos dirigentes del partido político directamente implicado y diversas iniciativas surgidas en sus aledaños o entre colaboradores espontáneos, como el presidente del Consejo General de la Abogacía, Antonio Pedrol Rius, que ha arrastrado tras él al órgano corporativo que dirige, Los métodos utilizados fueron variados: desde los más innobles -entre los que se podrían incluir, si se confirmase que son falsas, las entrevistas periodísticas atribuidas al juez Manglano, que él ha negado- hasta los que han hecho o aparentado una defensa a ultranza y altruista de la ley y de las garantías y derechos del detenido.Un sector de la derecha española y sus corifeos de la más oscura caverna periodística -cada día más aguerridos en su hipocresía, que practican desde hace décadas- han descubierto, con ocasión delcaso Naseiro, actuaciones procesales o preceptos legales que, sin embargo, son de común aplicación desde hace tiempo en España: por ejemplo, que la policía gubernativa tiene una amplia autonomía en la averiguación del delito y que, en tanto no exista una auténtica policía judicial, su investigación será determinante en las decisiones del juez; que existen supuestos de incomunicación de los detenidos o presos, bien por decisión judicial en la fase indagatoria o por iniciativa policial, con el visto bueno del juez, que restringen el derecho a la libre elección de abogado; que el proceso español, en razón del peso que sigue teniendo la instrucción sumarial en detrimento del juicio oral, es eminentemente inquisitivo y que, por tanto, permite que el juez instructor indague, mediante el interrogatorio de los detenidos, la consistencia de los indicios delictivos, y que, como consecuencia de la introducción de determinadas disposiciones de la antigua legislación especial antiterrorista en el código procesal común, el juez tiene en sus manos mayores facultades que antes para la escucha telefónica de los ciudadanos.

Todos estos extremos podrán parecer bien o mal e incluso suscitar profundas dudas sobre su encaje constitucional, como hemos planteado en este periódico durante años respecto de algunos de ellos. Pero pretender descalificar al juez que los aplica -o, mejor dicho, al juez que se ha atrevido a aplicarlos en el caso Naseiro- sólo es analizable desde la aceptación cínica de la mentalidad de doble moral. Ejemplo supremo de ello es que tal actitud sea alentada por una formación política que ahora, bajo su renovado nombre de Partido Popular, y en el pasado, bajo las antiguas denominaciones de Alianza Popular y de Coalición Democrática, se ha opuesto sistemáticamente a las reformas legales que han pretendido ampliar las garantías procesales y los derechos de los detenidos y presos.

Por su parte, algunas de las cuestiones planteadas por el Consejo General de la Abogacía y su presidente sobre el derecho de defensa resultan pertinentes. Ojalá que todas las fuerzas políticas, incluido el Partido Popular, propugnaran la necesaria reforma legislativa en el sentido de ampliar más tal derecho. Pero la inquietud que manifiesta el órgano corporativo de la abogacía no debería limitarse sólo al caso Naseiro. Su pasividad es clamorosa ante las anomalías que se producen en el turno de oficio o en el servicio de asistencia letrada al detenido, al que se acogen la mayor parte de los conducidos a comisarías o de los implicados en un proceso penal. La relación de confianza que tan justamente valora Pedrol en el derecho de defensa desaparece prácticamente en la sucesión de abogados que se pasan el caso en las distintas fases entre la detención policial y las diversas instancias judiciales. Y ello con la grave repercusión que tal práctica produce en la calidad de la defensa y, por tanto, en la suerte final de los implicados.

Tal vez ahora, después de haber sufrido en cabeza propia el peso de la ley, incluidas sus limitaciones, el Partido Popular se alinee con quienes propugnan desde hace tiempo la mayor adecuación posible de las leyes procesales y penales a los principios y valores de la Constitución. Sería ésta una consecuencia positiva del caso Naseiro que, a la vez que vigoriza el Estado de derecho, beneficiaría al común de los ciudadanos.

08 Octubre 1990

'Manglaneces'

Manuel Vázquez Montalbán

¿Recuerdan aquel caso tan curioso de un juez valenciano que aplicó, más o menos, la ley antiterrorista a algunos políticos del PP? Han de recordarlo a la fuerza porque no hace tanto tiempo que se produjo y además porque consagró para siempre a una de las jóvenes esperanzas blancas de nuestra derecha posfranquista: el señor Ruiz Gallardón. Fue un hombre clave en aquel asunto porque fue el encargado de transmitir a la opinión pública el malestar existente en el seno de¡ PP por el mal uso que se estaba haciendo de una ley que podía ser aplicada a El Nani, pero nunca a representantes de partidos políticos corresponsables de la credibilidad democrática. «Si lo hubiéramos sabido, no la hubiéramos votado». Luego, el joven Ruiz Gallardón fue el encargado de redactar aquel informe exculpatorio de Aznar y Fraga, a la manera de algunos apologistas de la Iglesia que estudiaban árabe sólo para poder refutar el Corán. El informe de Ruiz Gallardón puede pasar al capítulo de los inventos del profesor Franz de Copenhague, talento hispano que, al no haberse exiliado a Estados Unidos, jamás fue propuesto para el Nobel.Seguro que ya han recordado el caso. Pues bien. Resulta que aún no se sabe si procesan a Ángel Sanchis o no lo procesan y que esta cuestión la han de decidir sus señorías, ante todo las del bloque constitucional, constituido precisamente en su día como agencia de socorros mutuos ante la ola de escándalos que nos invadía. El factor sorpresa utilizado por aquel juez, Manglano creo que se llamaba, se ha convertido hoy en meses y meses de conciertos de cámara, no fuera a estar el teléfono intervenido, y se procese o no se procese a don Angel Sanchis, yo estoy dispuesto a dejarme la piel detrás de la tajante afirmación de que, pase lo que pase, la credibilidad de nuestra democracia saldrá reforzada, y si a alguien hay que afearle su conducta, se le afeará.

10 Abril 1990

El Paisano del patrón

Luis Herrero

Mi querido amigo, tengo la sensación de que aquí se gasta mucho dinero en pequeñas bobadas. Me gustaría que me dijera cómo se puede arreglar esto. Si usted quisiera hacerme un informe… – Basta que usted me lo pida, patrón. El patrón, naturalmente, era Manuel Fraga. Y su interlocutor, Rosendo Naseiro, un viejo amigo de la familia nacido en Villalba como don Manuel y, también como don Manuel, vástago de emigrantes. La conversación de referencia tenía lugar recién concluidas las elecciones de 1986, pocos días antes de las vacaciones de verano

Fraga se entregó a la meditación tradicional de Perbes y su paisano, encerrado en un despacho de la calle Génova, 13, donde tiene la derecha su santuario, comenzó a escudriñar las desordenadas cuentas de Alianza Popular. Le acompañaban, como íntimos y fidelísimos colaboradores, un economista y un abogado; el mismo, por cierto, que años antes había puesto en regla la herencia de Franco. A Naseiro pronto comenzó a disgustarle lo que averiguaba. Por ejemplo, que hubiera, en la sede del partido, doscientas cincuenta lineas telefónicas directas. Un día llamó a la puerta del despacho de un ejecutivo aliancista y lo encontró colgado del auricular. Precisamente venía a hablarte del teléfono. Un momento, contestó el aludido. Pero el momento se prolongó demasiado y Rosendo Naseiro, colmada su escasa paciencia, optó por empuñar las tijeras que descubrió sobre el escritorio y procedió a cortar el cable de un expeditivo tijeretazo. Fraga, según cuentan, había hecho algo parecido durante su etapa como ministro de Información y Turismo. Precisamente fue en aquella época biográfica de Fraga cuando Naseiro se cruzó en su camino. Acudió a Perbes, regateó a la escolta y se dirigió al ministro: Me llamo Rosendo Naseiro, soy de aquí y vengo a pedirle un favor. El favor consistía en un «enchufe» para su hermano. Para él no pidió nada. Fraga, desde aquel momento, no perdió de vista a aquel paisano audaz, de extracción humilde, que acabó montando una compañía de transportes y convirtiéndose, poco tiempo después, en ano de los principales industriales de España. Ahora se limita a ser uno de los más adinerados. De su condición da buena muestra la colección privada de pintura que decorados salones de su casa madrileña, en el barrio de Salamanca. Se trata, sin duda, de una de las más importantes del país. Naseiro siguió con la auditoría de las cuentas de AP durante todo el verano y compuso sus conclusiones en un pormenorizado informe de once folios que, bajo el título genérico de «consideraciones en torno a la gestión económica de AP», remitió reservadamente a su jefe. El «auditor», sin embargo, se limitó a reflejar en el documento una interminable relación de irregularidades contables, sin hacer alusión a las tensas escenas que habían provocado sus averiguaciones. Una, por ejemplo, en el despacho de Alberto Ruiz Gallardón, por entonces secretario general del partido. En su presencia estaba reprendiendo al interventor, Diego Moyano: Moyano.- Ya veo, Rosendo, que dudas de mí. Naseiro.- Pues, sí; dudo. Moyano.- Márchate de esta casa. Naseiro.- Tú no tienes cojones para echarme. Ruiz Gallardón.- Por favor, Rosendo, ten cuidado con lo que dices. Naseiro.- Con todo el cuidado te digo que tampoco la situación en que estas tú me gusta un pelo; cobras, pero no cotizas; no figuras como un trabajador. Ruiz Gallardón.- Acabas de hablar de partidas a las que soló yo tengo acceso. Eso es muy grave. Naseiro.- Pues que la pasta te caliente el muslo. Naseiro dio un portazo y abandonó el despacho. A los pocos minutos, entre lágrimas, abandonaba el garaje de AP al volante de su BMW 635 camino de Alicante, donde había fijado años atrás su residencia, donde se afilió al partido y donde llegó a ser responsable máximo de su organización regional. Nadie como él llegó a conocer las cuentas secretas de la derecha española. Pasado el tiempo, cuando se le pregunta quién se llevaba el dinero de AP, se limita a responder lacónicamente: Fraga, desde luego, no.

El Análisis

¡MENUDO ESTRENO, JOSE MARI!

JF Lamata

José María Aznar apenas se estaba estrenando como presidente del PP cuando le estalló en la cara el caso Naseiro, pillado aparentemente de chiripa por un juez con ganas de investigar (cosa en principio lógica en un juez) aunque hubiera encontrado algo que no buscaba.

Aunque desde el punto de vista de la corrupción, la cosa sólo afectaba a un cargo de ‘segunda fila’ del PP valenciano, despertaba dudas sobre el tesorero, manchaba la imagen de “partido limpio frente al PSOE” que ya afrontaba el caso Juan Guerra, pero hacía algo más que a la prensa importaba menos, pero al PP más: revelaba la existencia de un grupo de dirigentes del PP que tramaban una operación para controlar el partido al hilo de su influencia en el nuevo presidente.

Quizá más pensando en destapar esa operación – que lo hacía aparecer como alguien manejable – que en la parte de corrupción: D. José María Aznar hizo algo que, para su desgracia, no se repetiría en el futuro con cosas mucho peores: una investigación interna.

J. F. Lamata

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