8 mayo 1990

Se mantendrá en el Grupo Parlamentario popular y mantiene, oficialmente, el apoyo de sus compañeros pese a su marcha

Ángel Sanchís se da de baja en el Partido Popular al ser implicado en el ‘caso Naseiro’, pero seguirá de diputado

Hechos

El 8.05.1990 La Comisión Permanente del Partido Popular tramitó la baja como militante del partido del diputado D. Ángel Sanchís.

Lecturas

El 9 de abril de 1990 se hizo público que el tesorero y coordinador de finanzas del Partido Popular, D. Rosendo Naseiro Díaz, había sido detenido por orden del juez D. Luis Manglano (Juzgado Número 2 de Valencia) dentro de una investigación de cohecho por la que también había sido detenidos el concejal del PP en Valencia D. Salvador Palop Martínez, el arquitecto D. Luis Latorre, y los representantes de empresas D. Carlos Bonet (Constructora Huarte), D. Luis Janini (Constructora Dragados) y D. José Bálaguer. El 14 de abril de 1990 todos quedan en libertad tras 5 días en una celda de castigo, pero los medios de investigación ponen el foco en la persona del Sr. Naseiro. El Sr. Manglano a abierto esa investigación tras haberle llegado una cinta con una conversación entre el Sr. Naseiro y el Sr. Palop realizada sin autorización para ello en la que podía deducirse la existencia de cochecho o financiación ilegal del PP usando a la empresa Grupo Futuro Financiero S. A. como entidad intermediaria.

El 17 de abril de 1990 D. Rosendo Naseiro presenta su dimisión como tesorero y coordinador de Finanzas del Partido Popular. Sus funciones serán asumidas por el secretario general del partido D. Francisco Álvarez Cascos.

La investigación del llamado ‘caso Naseiro’ desvela que el concejal D. Salvador Palop Martínez, era el propietario de Grupo Futuro Financiero S. A. que usaba al diputado del PP D. Ángel Sanchís Perales (extesorero) como interlocutor, por lo que este también será investigado. El caso salpica también al vicesecretario del PP D. Arturo Moreno Garcerán, que figuraba como socio del Grupo Futuro Financiero, como también figuraban los dirigentes del PP D. Miguel Ángel Cortés, D. Carlos Aragonés o D. Antonio Fontán Pérez. El presidente del PP D. José María Aznar López encarga al dirigente D. Alberto Ruiz Gallardón una investigación interna sobre el ‘caso Naseiro’.

Durante el mes de mayo de 1990 se publican en varios medios de comunicación como El País o El Mundo publican supuestras transcripciones de fragmentos de las conversaciones de los Sres. Naseiro Díaz o Palop. También supuestas declaraciones de otros dirigentes del PP valenciano como D. Eduardo Zaplana (“me tengo que hacer rico”) o D. Vicente Sanz (“estoy en política para forrarme”) y también se filtra el informe del Sr. Ruiz Gallardón. Este asegura que D. Rosendo Naseiro Díaz no cometió ilícito ninguno, pero sí reprocha la actitud de D. Salvador Palop, D. Ángel Sanchís, D. Arturo Moreno, D. Miguel Ángel Cortés y D. Carlos Aragonés por constituir una sociedad para hacer negocios de manera paralela a su labor política.

El 4 de mayo de 1990 D. Rosendo Naseiro Díaz comparece ante los medios de comunicación para negar que D. Manuel Fraga y D. José María Aznar tuvieran responsabilidad alguna en la gestión económica del PP. El 7 de mayo de 1990 el diputado D. Ángel Sanchís Perales anuncia que se daba de baja del PP y pasaba al Grupo Mixto. El 10 de mayo D. Arturo Moreno Garcerán dimite como vicesecretario y responsable de finanzas.

CONVERSACIONES INCÓMODAS

D. Ángel Sanchis, D. Rosendo Naseiro y D. Salvador Palop sostuvieron 23 conversaciones telefónicas, entre el 12 de diciembre de 1989 y el 6 de abril de 1990, que fueron dedicadas a buscar la forma de obtener comisiones en diversos negocios que llegaban a su conocimiento. De acuerdo con las conversaciones el Sr. Naseiro trabajaba sólo como recaudador para el partido, mientras que los Sres. Sanchis y Palop no excluían el beneficio personal y se planteaban marginar a Naseiro en ciertas operaciones.

19 Abril 1990

La herencia de Angel Sanchís

Raúl Heras

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El diputado popular Angel Sanchís medita estos días en su inmensa finca argentina las respuestas que puede y debe dar cuando regrese a España: por un lado al juez, si por fin el Tribunal Supremo admite las diligencias previas que le ha enviado el juez Manglano; por otro, a su compañero de partido y responsable de la investigación interna Alberto Ruiz Gallardón. En el antiguo tesorero del Partido Popular están todas las claves del «caso Naseiro», más que en el recientemente cesado responsable de finanzas. Sanchís tuvo en sus manos durante mucho tiempo las llaves de la fortuna del partido de Manuel Fraga, y sostuvo al líder de la derecha española en los momentos difíciles del año 79 al 82. Después se mantuvo como hombre clave en Alianza Popular hasta la llegada a la cumbre de José María Aznar, que elegantemente prescindió de sus servicios. Se cerraba así una etapa y comenzaba otra con Rosendo Naseiro, otro hombre en el claroscuro mundo de las finanzas, que al final ha sido el que ha soportado la tensión de la Justicia y el que ha pagado con su cese el escándalo.

El secreto del sumario impide a Naseiro y al concejal Palop «iluminar» la escena de su detención y sus largos interrogatorios, e impide que conozcamos cuál es de verdad el título de la obra en la que el juez Manglano les ha convertido en protagonistas. En el Partido Popular afirman que aún desconocen oficialmente cuáles son las acusaciones y cuáles los motivos, y defienden a su compañero pese al cesedimisión con el que le han premiado. José María Aznar ha tomado una decisión drástica tras su pequeño paréntesis vacacional en las Islas Canarias, y su asistencia al Congreso de la UGT. Aún queda por aclarar, y eso sí pueden hacerlo los dirigentes populares, cuál es la actividad de la empresa Futuro Financiero, y cuáles los cometidos del vicesecretario general Arturo Moreno. Este sí que puede y debe hablar acerca de las relaciones que han salido a la luz en la investigación de Valencia. Las palabras son tan importantes como los silencios y si las quejas del PP respecto a la actuación de la Justicia son justas, la mejor forma de desterrar dudas y rumores son las palabras.

Son muchas las preguntas que pueden hacérsele principalmente a Rosendo Naseiro, sin que tenga que incurrir en la revelación del secreto sumarial: por ejemplo, puede contar su propia experiencia y las sensaciones y pensamientos que tuvo; puede decir si escuchó muchas o pocas cintas grabadas de conversaciones telefónicas; y puede decir su opinión acerca del juez Manglano y del resto de las personas inculpadas. Puede hasta criticar la forma y el fondo de su detención, y puede dar a conocer sus intenciones para el futuro. Lo que no debe hacer es permanecer en silencio o esperar, como ha hecho Juan Guerra, a que le preparen unas apariciones en televisión, con campaña de imagen incluida. Sonaría tan falso como ha sonado el hermano del vicepresidente del Gobierno. Lo mismo hay que decir del concejal Palop y de las dos importantes empresas cuyos responsables en Valencia fueron detenidos. El velo del silencio no favorece a nadie.

30 Noviembre 1990

Suplicatorios

EL PAÍS (Director: Joaquín Estefanía)

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EL CONGRESO de los Diputados se ha pronunciado muy acertadamente a favor de la concesión del suplicatorio solicitado por el Tribunal Supremo para proceder penalmente contra Ángel Sanchis, diputado del Grupo Popular, uno de los implicados en el llamado caso Naseiro. Actuaciones relacionadas con un presunto delito de cohecho (financiación irregular de un partido político y obtención de beneficios particulares mediante el cobro de comisiones a cambio de la concesión de contratas públicas) no tienen encaje alguno en una interpretación racional de las prerrogativas de inviolabilidad e inmunidad que protegen la función parlamentaría.Entretanto, tiene pendiente de resolución el suplicatorio relativo a Jon Idígoras, diputado de Herri Batasuna, por su presunta implicación en un delito de injurias al Rey, relacionado con los lejanos sucesos ocurridos en 1981 en la Casa de Juntas de Gernika. Uno y otro casos tienen poco en común; por tanto, la solución que se ha adoptado en un caso no tiene por qué prefigurar la que se adopte en el otro. Es difícil no ver en la actuación de los 87 diputados que han votado en contra del suplicatorio contra Sanchis (pertenecientes al Grupo Popular, que dio libertad de voto a sus miembros, y a los grupos Mixto y de CiU) una interpretación abusiva de las prerrogativas parlamentarias. Pero la postura de los diputados populares es, además, políticamente incoherente. A la hora de la verdad han preferido la opacidad a Ia transparencia en un asunto de corrupción que, como el caso Juan Guerra, ha revertido en descrédito de la actividad política y en intentos de deslegitimación democrática.

El diputado afectado, antiguo responsable de las finanzas del Partido Popular, ha maniobrado en firme para evitar el suplicatorio intentando convencer al Congreso de las supuestas irregularidades del proceso penal a que está sometido. Y de acuerdo con la tesis mantenida por su partido, ha pretendido vincular tales irregularidades con la presunta actuación política, e incluso delictiva, de la policía y del juez Manglano en el curso de las investigaciones. Aunque tales irregularidades fueran ciertas, la inmunidad del parlamentario no está destinada a protegerle de ellas. Éstas deben dilucidarse en el propio proceso penal.

Tanto el Congreso de los Diputados como el Senado se han erigido frecuentemente en celosos guardianes de las prerrogativas de inmunidad y de inviolabilidad, interpretándolas en un sentido fuertemente corporativista. Mediante la inviolabilidad se exime a los parlamentarios de responsabilidad «por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones», y mediante la inmunidad se impide su detención (salvo en caso de flagrante delito) y se condiciona su inculpación y procesamiento a la previa concesión por el Congreso o el Senado de la autorización (suplicatorio) solicitada por el Tribunal Supremo.

El suplicatorio sobre el diputado Jon Idígoras es más complejo. El presunto delito -injurias al Jefe del Estado- tiene que ver con la opinión. La inviolabilidad se orienta, precisamente, a garantizar la libertad de opinión en el ejercicio de la función parlamentaria. De ahí que tenga sentido oponerse, en este caso, a la concesión del suplicatorio. Otra cuestión es si cabe aplicar el principio de retroactividad, puesto que en el momento en que se produjeron los hechos, Idígoras no era miembro del Parlamento.

El Tribunal Supremo ya dictaminó en su día contra el carácter parlamentario de la tumultuosa sesión de la Casa de Juntas de Gernika. Pero el Tribunal Constitucional reabrió la cuestión al permitir que los implicados aportasen nuevas pruebas tendentes a demostrar, precisamente la naturaleza parlamentaria del acto. Ahora, la condición de miembro del Congreso de los Diputados de uno de los protagonistas de aquellos lamentables sucesos hace aún más problemática la reapertura del proceso. Es rechazable que la inviolabilidad y la inmunidad sean interpretadas como privilegios personales de los diputados y senadores, pero no lo es menos el que no garantizase como es debido su protección en las funciones que les son propias como representantes del pueblo.

CONVERSACIONES INCÓMODAS


D. Ángel Sanchis, D. Rosendo Naseiro y D. Salvador Palop sostuvieron 23 conversaciones telefónicas, entre el 12 de diciembre de 1989 y el 6 de abril de 1990, que fueron dedicadas a buscar la forma de obtener comisiones en diversos negocios que llegaban a su conocimiento. De acuerdo con las conversaciones el Sr. Naseiro trabajaba sólo como recaudador para el partido, mientras que los Sres. Sanchis y Palop no excluían el beneficio personal y se planteaban marginar a Naseiro en ciertas operaciones.