El informe interno del Partido Popular sobre el escándalo de Valencia, elaborado por el miembro de la Ejecutiva Alberto Ruiz-Gallardón pide que sean expulsados del PP el ex-tesorero Angel Sanchis, el concejal valenciano Salvador Palop y el recientemente elegido presidente del partido en Alicante, Eduardo Zaplana. El informe, al que ha tenido acceso EL MUNDO, fue encargado por el presidente del partido, José María Aznar, y por el fundador, Manuel Fraga, nada más conocerse las detenciones de los dirigentes del PP y el registro de la sede en Valencia por orden del juez Manglano, por presunto cohecho. Junto a las expulsiones, el informe pide, asímismo, que se destituya de sus actuales funciones y se aparte de cualquier cargo de responsabilidad dentro del partido al diputado por Valladolid Miguel Angel Cortés y el actual secretario de Estudios y Programas, Carlos Aragonés, los dos incluidos dentro de lo que el informe denomina «Grupo de Valladolid». Destaca, entre las cuarenta y cinco páginas de que consta la redacción final del texto, la exculpación total que se hace de Rosendo Naseiro, el tesorero que salió elegido en el Congreso de Sevilla y que presentó posteriormente su dimisión. Este hecho lo atribuyen algunos dirigentes del PP a la poderosa influencia que el actual presidente de la Xunta de Galicia y fundador del partido ejerce sobre toda la organización.
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El informe consta de dos partes: En la primera, mucho más amplia, se aborda la actuación de los distintos implicados, se analiza el sumario y las declaraciones y cintas que aparecen en él, se realiza una valoración política de todo lo ocurrido y se establecen las responsabilidades que se derivan de los hechos. En la segunda se critica jurídicamente la actuación del juez Manglano y sus «errores procesales». El trabajo de recopilación, investigación y análisis de Ruiz-Gallardón se ha centrado sustancialmente sobre el sumario elaborado por el magistrado y elevado a la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Se contrastan las distintas declaraciones de los implicados, sobre todo las de Salvador Palop, y se enjuician y valoran las referencias que se hacen a los dos líderes del partido: Manuel Fraga y José María Aznar.
Metodológicamente, la primera parte se ha subdividido en tres apartados: en el 1.1 se hace un resumen de la película de los hechos, con lo más relevante para el partido que aparece en el sumario; en el 1.2 se aborda la valoración política de los mismos y las conclusiones que se extraen de su análisis; y en el 1.3 se establecen las responsabilidades de los implicados y se solicitan diversas medidas políticas contra cada uno de ellos. En el anexo al 1.1 se han recogido textualmente las declaraciones de todas y cada una de las personas que aparecen en el sumario y las de los concejales del PP en las provincias de Valencia, Castellón y Alicante, labor en la que Ruiz-Gallardón ha estado auxiliado por algunos parlamentarios del partido, entre otros la senadora Rosa Vindel. Las primeras quince páginas se dedican a analizar y valorar los testimonios y conversaciones que aparecen en las escuchas telefónicas registradas a Salvador Palop, del que se destacan sus muchas y frecuentes contradicciones, sobre todo cuando se refiere a su grado de confianza con José María Aznar y a su fuerza dentro del partido. Hay muchas citas textuales tomadas del sumario que sirven para establecer comparaciones entre los hechos y conexiones entre los implicados. Se pasa después a las conclusiones políticas y a las valoraciones de las conductas de los militantes del partido que aparecen implicados «hechas sobre el campo de trabajo que hemos tenido, basadas principalmente en el sumario elaborado en Valencia». Alberto Ruiz-Gallardón insiste varias veces a lo largo de su informe en que «en ningún momento puede haber responsabilidades judiciales por parte de ningún miembro del partido, ya que no existen hechos consumados y hay numerosos defectos de forma en toda la elaboración del sumario». Estos defectos se recogen analíticamente en la segunda parte del informe. «La depuración política que se pide en este informe -dice Gallardón- a mi modo de ver la exige la opinión pública, la exige la situación actual del partido, y lo exigen sobre todo los hechos». Insiste en que «en ningún momento se parte de la certeza absoluta de las conversaciones que aparecen grabadas, sino de la hipótesis de su verosimilitud, teniendo en cuenta, en todo momento, que la valoración del sumario dentro del partido se efectúa para depurar las responsabilidades políticas»:
«Sanchis manifiesta una clara ambición político-personal y una más clara personal-lucrativa. Utiliza la figura del presidente fundador, don Manuel Fraga, para presionar a Palop, sobre todo cuando éste le esgrime el apoyo que tiene de Aznar. Debe ser expulsado del partido». Sobre Palop dice que «queda clara su ambición político-personal y deja entrever una modesta ambición de lucro (de las cuentas corrientes que aparecen en el sumario se desprende que lleva una vida modesta y que la mayor parte de lo que dice de las futuras comisiones son fantasmadas, algo producto de la imaginación y la vanidad). No obstante demuestra una clara intención de medrar a través del «Grupo» política y económicamente. Debe ser expulsado». Del ex-tesorero Rosendo Naseiro se dice que «no se demuestra por el sumario que exista una actuación delictiva en sus comportamientos. A lo máximo que podría llegar este informe sobre su persona es a pensar que tuviera algún tipo de ambición política, siempre dentro de los fines generales del partido, sin ningún afán de lucro personal». No se solicita ninguna actuación contra él.
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GRUPO DE VALLADOLID
El informe de Ruiz-Gallardón analiza de forma específica «el Grupo de Valladolid», del que asegura que actúa dentro del partido como un grupo organizado, algo que prohíben tajantemente los Estatutos del PP. El jefe del mismo es Arturo Moreno, contra el que no se pide ninguna medida específica, por cuanto ya presentó su dimisión como vicesecretario general. «No se puede probar -dice el informe- que haya percibido o tuviera intención de percibir cantidad económica alguna, pero si se deduce de los hechos de los que habla el sumario que tiene un afán de lucro políticopersonal». Los números dos y tres del «Grupo» son Miguel Angel Cortés y Carlos Aragonés, tal y como se desprende de las cintas del sumario, en las que Palop se vanagloria de que «hemos copado la secretaría». Ambos forman parte del «entramado de la empresa Futuro Financiero». Se aconseja su separación de cualquier cargo orgánico y de responsabilidad dentro del partido. Se destaca la euforia de Palop tras la celebración del Congreso de Sevilla, ya que el «Grupo» ha «conseguido la vicesecretaría de Moreno, que en un corto espacio de tiempo será única ya que Juan José Lucas, que es un pasota, será enviado a Castilla-León como candidato a la presidencia de la Junta y Naseiro es un vicesecretario general de tercera y, además, ya es de los nuestros». El «Grupo» aspira en un futuro próximo a copar la tesorería del PP, en la persona del propio Salvador Palop, pese a las llamadas a la prudencia que le hace el propio Arturo Moreno al concejal valenciano varias veces.
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EDUARDO ZAPLANA
El recientemente elegido presidente del PP en Alicante, Eduardo Zaplana, recibe un juicio muy duro en el informe. «De las conclusiones del sumario -se dice- destaca su ambición de lucro económico-personal (En su conversación con Palop dice textualmente: «Me voy a Sevilla a ver a un amigo que me va a dar trabajo en la Expo. Ahora que han echado a Juan Guerra voy a ver si cojo su puesto…») ya que esa persona de Sevilla existe, aunque todo lo relativo a Juan Guerra no pase de ser una guasa». En el sumario se recogen varias conversaciones de Palop con Zaplana, en las que hablan de la lucha política interna del PP en la región valenciana, con referencias expresas a José Cholbi, José Antonio Montesinos y Luis Fernando Cartagena, estos dos últimos encarnizados rivales. Zaplana aparece en relación a una posible concesión de recogida de basuras, con una cuantía económica superior a los diez mil millones de pesetas.
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