Caso Linaza: una juez ordena rueda de reconocimiento a los Guardias Civiles acusados con la oposición del ministro Barrionuevo

EL 14 de mayo de 1981, a las tres de la tarde, Tomás Linaza Euba, de 57 años de edad, padre de un presunto miembro de ETA que en ese momento se encontraba encarcelado en Francia pendiente de demanda de extradición presentada por el Gobierno español, fue detenido por la Guardia Civil en su domicilio de Lemona (Vizcaya). Cinco horas antes, en la misma localidad, ETA había hecho estallar una furgoneta que contenía 450 kilos de Goma 2. El atentado produjo la muerte de dos guardias civiles y heridas de gravedad a un tercero. Linaza, tras permanecer detenido por espacio de ocho días, en aplicación de la legislación antiterrorista, en el cuartel de la Guardia Civil de La Salve, en Bilbao, y en la dirección general de dicho cuerpo, en Madrid, fue puesto en libertad sin cargos. Un día después compareció en Bilbao en conferencia de prensa mostrando a los informadores marcas que aseguró procedían de las torturas y malos tratos a que había sido sometido durante los tres primeros días de detención, y que había denunciado ante los jueces. Un forense certificó la existencia de señales de tortura. El llamado caso Linaza es, pues, antes de cualquier otra consideración, un caso de presuntas torturas.Las diligencias previas relativas a la denuncia no se iniciaron hasta 1984, tres años después de los hechos. La investigación topó con la actitud de los mandos de la Guardia Civil, que se negaron a especificar qué agentes participaron en la detención e interrogatorios del detenido, limitándose, tras los requerimientos pertinentes, a facilitar la lista de todos los guardias que en la fecha de referencia estaban adscritos a la comandancia de Bilbao. La juez encargada del caso fue convocando, en grupos de número variable, a los agentes incluidos en dicha lista a fin de proceder a ruedas de identificación por parte del denunciante. En una de ellas, realizada el 25 de junio de 1985, Linaza identificó a un sargento y a un número de la Guardia Civil como dos de las personas que presuntamente le torturaron. Linaza declaró en su denuncia que, al margen de los interrogatorios, tres agentes vestidos de uniforme que acababan de regresar del funeral por los dos guardias asesinados en Lemona el día de su detención le propinaron una paliza en el cuartel de La Salve. Esos tres guardias no han sido identificados hasta ahora.

La petición de comparecencia de 90 guardias civiles y el conflicto actual se ha producido en el marco de una dilatada secuencia que ha venido enfrentando a la juez encargada del caso con los mandos de la Guardia Civil.

Ahora la pugna ha tomado la forma de un pulso entre dos poderes del Estado. Es cierto que la comparecencia de más de 200 agentes en sucesivas ruedas de identificación constituye un hecho sorprendente, anómalo si se quiere, e incluso, cinco años después de sucedidos los supuestos hechos que motivaron la denuncia, dudosamente eficaz a efectos del esclarecimiento. Pero no lo es menos que el obstruccionismo y las tácticas dilatorias por parte de los mandos de la Guardia Civil es una actitud inadmisible que, por encima de otra consideración, vulnera la ley. Reconocimientos masivos, lesivos según los mandos para la dignidad de los agentes, se hubieran evitado si, en cumplimiento de su deber legal y moral de colaborar con la justicia, los propios cuerpos de seguridad hubieran realizado en su momento la investigación precisa para concretar las responsabilidades individuales de los implicados. Ello remite, una vez más, a la necesidad de creación de una auténtica policía judicial, dependiente de la magistratura, encargada de investigar casos como el ahora planteado.

A la vista de la situación, y antes de llegar a las ruedas masivas de guardias civiles, de utilidad procesal discutible, la juez debería quizá haber recurrido al Consejo General del Poder Judicial, denunciando las dificultades que, para el desempeño de su misión, encontraba en las autoridades policiales. Pero se trata de una posibilidad, no de una obligación. De otra parte, su decisión podía haber sido recurrida por la Dirección General de la Guardia Civil, invocando los preceptos legales citados en el oficio cursado u otros. Lo que resulta netamente escandaloso es que dicha dirección general se erija simultáneamente en recurrente y juzgador del recurso, resolviendo éste por su cuenta y desobedeciendo el mandato judicial. Por último, que el poder ejecutivo ampare explícitamente tal actitud, contraria a las más elementales normas del Estado de derecho, desborda los límites de lo imaginable. Con su decisión, el Gobierno se ha colocado frente a la ley.

No parece casual que la difusión del escrito de la Dirección General de la Guardia Civil se haya producido cinco días después de haber sido remitido, pero apenas un día más tarde de que tal iniciativa fuera recomendada desde los sectores de opinión que reclaman la reforma de la legislación en el sentido de sustraer a los jueces del País Vasco la competencia sobre las denuncias por torturas y malos tratos a los detenidos acusados de terrorismo. La polémica sobre lo adecuado o no de convocar simultáneamente a varias decenas de guardias civiles para un trámite de reconocimiento -que es ciertamente cuestión discutible- parece pretender justificar tanto la desobediencia lisa y llana a los mandatos judiciales cuando éstos afectan a funcionarios policiales como estimar imprescindible la reforma citada. Las reticencias mostradas en su día por las autoridades francesas a conceder extradiciones de miembros de ETA, precisamente por la existencia en nuestro país de una jurisdicción especial para delitos de terrorismo, permite cuando menos poner en duda la oportunidad de la reforma.

Pero lo peor de todo el caso es el vaciamiento moral al que el Gobierno socialista se ve abocado en muchas de sus reacciones frente a la amenaza terrorista. El planteamiento de la lucha antiterrorista como una especie de duelo en el que ha de vencer el más fuerte es simplemente suicida para la convivencia y la construcción del Estado democrático. Es la confianza en éste, y el escrupuloso respeto a sus normas legales y morales, lo único que puede otorgar fuerza moral a este país a la hora de erradicar esa gangrena pútrida de ETA. Para ello se necesita una Administración de justicia fuerte e independiente y unos servicios de seguridad que eviten toda tendencia a convertirse en la partida de la porra.

En el Gobierno socialista – como en todos los gobiernos democráticos – existen diferencias de criterio. So lógicas y convenientes, pues cada Departamento ministerial defiende parcelas distintas y a veces con intereses encontrados. Las diferencias entre José Barrionuevo, ministro de Interior, y Fernando Ledesma, ministro de Justicia, se prorrogan desde 1983. Barrionuevo es un hombre capaz, trabakador, serio y de extraordinario valor. Ledesma es un político vigoroso, consecuente, honrado y que cree en aquello que defiende. En las diferencias surgidas entre ambos el diario gubernamental tomó entusiasta partido por las tesis de Ledesma, amigo personal del director del periódico [Juan Luis Cebrián] y célebre autor del relato ‘La rusa’ tan elogiado en EL PAÍS. El diario gubernamental mantuvo una feroz campaña para derribar a Barrionuevo, pero su influencia ha decaído tanto que no sólo no consiguió su propósito, sino que consolidó al ministro del Interior. Sin los ataques desaforados de ese diario, Barrionuevo no sería ahora ministro de Interior. Y eso que Barrionuevo se equivocó al querellarse contra el diario gubernamental y ABC, en defensa de la libertad de expresión, defendió el derecho del periódico oficioso a apoyar en los términos que lo había hecho a un ministro contra otro.

Ayer el diario gubernamental se despachó con un editorial que refleja el que ha sido hasta ahora el pensamiento de Ledesma, sintetizado también en la declaración del Consejo General del Poder Judicial, sobre le que el propio Ledesma ejerce, según se ha denunciado reiteradamente, influencia condicionante. Sin embargo, la reacción general del PSOE es favorable a la decisión de Barrionuevo de prohibir a los guardias civiles que se sometan a la trampa de las ruedas de identificación, burda maniobra impulsada en el País Vasco por los que defienden a los terroristas de la banda de ultraizquierda ETA. Incluso los medios más progresistas del PSOE se han manifestado a favor de Barrionuevo por entender que la única amenaza real para la estabilización del a democracia en España en el terrorismo etarra.

LAS NUEVAS providencias dictadas por la juez Huertas, en relación al sumario por presuntas torturas y malos tratos en la persona de Tomás Linaza, mediante las que se solicita una relación de las personas que se relacionaron con el detenido en las dependencias policiales y otros datos complementarios, pueden ser interpretadas como un intento de devolver la investigación al punto inicial. En ese sentido, constituye una oportunidad para que el Gobierno rectifique el gravísimo error cometido al ordenar, o en todo caso amparar, la desobediencia por parte de los mandos de la Guardia Civil de la orden judicial de comparecencia de 90 agentes a una rueda de identificación.Tomás Linaza, detenido el 14 de mayo de 1981, denunció, tras su puesta en libertad sin cargos, producida ocho días después de su detención, haber sido sometido a torturas y malos tratos. La legislación distingue entre ambos supuestos en función de que el presunto delito haya sido cometido o no en el curso de interrogatorios destinados a obtener información del detenido. Linaza declaró haber sido torturado, pero también haber sido víctima de una paliza -cuyos efectos fueron certificados por el farense en informe oficial- propinada por tres guardias uniformados que acababan de regresar al cuartel tras asistir al funeral por un compañero asesinado por ETA.

Los mandos de la Guardia Civil no abrieron una investigación destinada a identificar a los presuntos autores de las torturas y malos tratos con el fin de presentarlos ante la autoridad judicial, por lo que ésta se vio obligada, a requerimiento de la acusación particular, a tomar diversas iniciativas destinadas a la identificación de los presuntos culpables. Encontrándose todavía el sumario en la jurisdicción militar -es decir, antes de la reforma del Código de Justicia Militar-, los mandos de la Guardia Civil, enviaron al juez, en 1982, una lista de nueve guardias que intervinieron en la detención, interrogatorio y traslado a Madrid de Linaza. Éste reconoció en la rueda de identificación correspondiente a dos de sus presuntos torturadores, pero insistió en que, por una parte, otros guardias no comparecientes habían participado en las torturas, y por otra, que entre los presentados no figuraba ninguno de los tres agentes que le habían dado la paliza.

La petición por parte de lajuez de comparecencia masiva de guardias civiles en ruedas de identificación es consecuencia de un largo proceso en el que, según se deduce de los datos conocidos -por filtraciones del contenido del sumario-, se puso de manifiesto la falta de colaboración de los mandos, que ni investigaron intemamente ni colaboraron con la investigación posteriormente iniciada por la juez por los procedimientos a su alcance. Por ello, el argumento del Gobierno, expresamente asumido por su presidente, de que una tan desmesurada ampliación de las citaciones de guardias civiles resulta «desproporcionada en relación a una denuncia de ese tipo» -haber recibido una paliza- supone, al margen de otras consideraciones que cabría hacer, olvidar que a ese resultado se llegó por efecto de la actitud de no colaboración, e incluso de posible obstrucionismo a la acción de la justicia, por parte de los mandos.

La actitud del Gobierno al respaldar públicamente la no comparecencia de los guardias civiles, renunciando a las posibilidades a su alcance de interponer recurso contra la resolución judicial, implica, en primer lugar, arrogarse atribuciones que no le corresponden; pero supone también responsabilizarse de un posible delito de incitación a la desobediencia policial frente a un mandato judicial. Ello es tan grave que sólo puede explicarse, benevolentemente, como efecto de la ignorancia tanto de los antecedentes que determinaron el desenlace de la citación de los 90 guardias como de las gravísimas consecuencias para el equilibrio entre poderes del Estado que podrían derivarse de su desgraciada iniciativa. La hipótesis alternativa sería la de la debilidad política del Gobierno para hacer frente a eventuales presiones provenientes de sectores del propio aparato estatal, por ejemplo, respecto a la conveniencia de otorgar un fuero especial a los cuerpos policiales encargados de combatir el terrorismo.

La seria advertencia del Consejo General del Poder Judicial, que se vio obligado a recordar al Gobierno «la obligación de todos y cada uno de los ciudadanos y de los poderes públicos de cumplir las resoluciones y mandatos judiciales, sin entrar a considerar su corrección jurídica», debiera haber bastado para que el Ejecutivo tomara conciencia de la gravedad de la situación creada, probablemente el más serio conflicto potencial entre instituciones del Estado planteado en España desde la restauración de la democracia. Sin embargo, un reflejo de autoritarismo, síntoma en realidad de debilidad política, aconsejó al ministro del Interior seguir, en su comparecencia ante la comisión parlamentaria de control del Ejecutivo, la vía del sostenerla y no enmendarla, reafirmando, con debilísima argumentación jurídica y preocupante referencia a la participación del presidente en la adopción de la decisión, el apoyo a ésta.

Los tribunales deberán resolver en su día el alcance de las eventuales responsabilidades jurídicas contraídas por el Gobierno con su actitud, a cuyo efecto la juez Huerta ha abierto ya diligencias. Pero desde ahora cabe afirmar que la responsabilidad política asumida por el Ejecutivo está llamada a pesar como una losa sobre su credibilidad futura, y que Onicamente una rectificación respecto al fondo del asunto podrá restituirle su crédito. La vuelta al punto cero de la investigación judicial que supone en la práctica la iniciativa ahora adoptada por la juez da oportunidad al Gobierno de Felipe González de mostrar su voluntad de enmendar el error cometido.