Almunia Amann destituye a Joan Lerma y Joan Ignasi Pla como presidente y secretario general del PSOE valenciano a las 48 horas de ser elegidos

El congreso celebrado este fin de semana por los socialistas del País Valenciano merece entrar en la historia del disparate político. No es seguro que la intervención del secretario general, Joaquín Almunia, logre borrar la desastrosa imagen proyectada hacia los ciudadanos, pero al menos ha actuado con rapidez y eficacia. La dimisión de la nueva cúpula regional, que encabezaban Lerma y Pla, era el precio mínimo después de una elección en la que ni siquiera tomaron parte la mitad de los compromisarios. Estas renuncias completan el camino ya emprendido por el portavoz socialista en las Cortes Valencianas, Antoni Asunción, que dimitió el lunes pasado.Lo hizo al finalizar un congreso extraordinario que había sido convocado para soldar las fracturas internas del partido y cuyo resultado fue agravar la división entre tribus irreconciliables, desbordantes de personalismo e incapaces no ya de ponerse de acuerdo en torno a un programa, sino siquiera de expresar con claridad qué divergencias políticas les separan entre sí. El juego variable y oportunista de alianzas que se produjo en el congreso ha transmitido una imagen de lucha descarnada por el poder que, sin duda, pagará el partido en las urnas y que merece la retirada de la vida pública, por una larga temporada, de los principales protagonistas del espectáculo.

La federación valenciana del PSOE es la segunda de España por número de militantes, y sin un buen resultado en esa comunidad es imposible aspirar al triunfo en las elecciones generales. Los orígenes de esta atomización y nudo de rencores se remontan a la derrota de las elecciones autonómicas de 1995; se agravaron dos años después en el VIII congreso del PSPV, en el que la candidatura de Joan Romero, apoyada por el ex ministro del Interior, Antoni Asunción, e Izquierda Socialista, se impuso por sólo tres votos de diferencia a la que contaba con el respaldo de Joan Lerma y con el del secretario de Organización federal, Ciprià Ciscar. El PSOE valenciano entró en un periodo de convulsiones que desembocaron en la dimisión de Romero.

Esta nueva crisis se corrigió con la elección de Asunción como candidato y con la formación de una gestora afín a Ciprià Ciscar, que fue quien la nombró. La derrota electoral en las autonómicas de 1999 forzó a Ciscar a autorizar la convocatoria de un congreso extraordinario que concluyó el domingo en estrepitoso fracaso. Las cuatro familias del socialismo valenciano -aglutinadas en torno a Ciscar, Lerma, Asunción y Pla- fueron incapaces de elaborar una lista de integración.

La dimisión de Lerma y Pla parece un reconocimiento implícito de su incompetencia y un intento razonable de resolver la situación a partir de un hipotético borrón y cuenta nueva que sólo será posible si la nueva dirección provisional se aleja de las tentaciones de sectarismo y de favorecer a una de las familias en pugna. El tribalismo de los socialistas valencianos es el peor ejemplo imaginable para un partido que aspira al Gobierno de la nación.

El socialismo valenciano ha encajado un golpe tan contundente que, si no ha sido letal, nadie se atreve a garantizar la existencia de una recuperación en perspectiva. Incluso el hasta ayer – quizás lo sea por 48 horas – secretario general, Joan Ignasi Pla, ha calificado a su propio partido en aquella comunidad como enfermo terminal.

Ahora bien, los acontecimientos están demostrando la programación desde la Ejecutiv Federal de un Congreso Extraordinario ruín y patético. Ruín porque fue organizado con el único objetivo de eliminar a Antoni Asunción, que aparecía como la salida más razonable a la situación de crisis. Constitu´´ia la referencia institucional como alternativa al actual presidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, y presentaba una imagen positiva ante la sociedad. A Almunia, Ciscar y Lerma les falló el cálculo de resistencia del ex ministro del Interior, al que atribuían una retirada previa a la trágica jornada del sábado. Se trataba nada menos que matar políticamente desde el máximo órgano al portavoz de las Cortes Valencianas. Evidentemente, en la trastienda de semejante operación fraticida se esconde el rencor del felipismo, que aún no ha perdonado la decendia de una dimisión tras la fuga de Roldán. Y, por supuesto, el temor a una consolidación renovadora en el entramado valenciano del puño y la rosa.

Patético porque el instrumento utilizado, el secretario federal de organización, fracasó escandalosamente. Hasta tal punto que no logró el encargo de apaciguar la confrontación entre las familias ni fue capaz de confeccionar una candidatura aceptable para los delegados. Y eso después de tres meses de cenas, asambleas, promesas y amenazas-

Efectivamente, Asunción ha vuelto a demostrar en exclusiva la coherencia. Ante el fracaso, dimisión. A la vieja guardia de Ferraz no le importa haber trabajado a favor de Eduardo Zaplana, auténtico triunfador del evento. Ahora se apresta a remover la paja, para que le pesebre aparezca en todo su esplendor. Eso sí, para la cámara de siempre.

Si resulta tan difícil saber qué caracteriza a las familias en que se ha dividido el socialismo valenciano, es porque el único factor constatable de divergencia es la ambición: todos quieren mandar, o al menos conservar el cargo. La profesionalización de la política permite participar en esa actividad a quienes en otro caso no podrían hacerlo, pero implica unas servidumbres que de vez en cuando afloran como guerras tribales. Esas guerras estallan cuando un partido pierde el poder: cuando se reduce el número de cargos remunerados a repartir. Ayer se reunió la comisión gestora nombrada por la dirección nacional socialista para dirigir el partido en Valencia hasta la celebración, el año próximo, de un nuevo congreso extraordinario. La intervención de Ferraz, aunque no cualquier intervención, venía exigida por la situación creada en el último congreso de Valencia, que eligió una cúpula apoyada sólo por el 42% de los votos, en ausencia de más de la mitad de los delegados.Por ello es algo injusto acusar a Almunia de haber impuesto su voluntad sobre la del congreso. Fue Asunción el primero en pedir, antes de que interviniera Almunia, que los otros jefes de tribu le imitaran en su decisión de dimitir. Es seguro que algunos de los censores le habrían acusado de dontancredismo si no hubiera intervenido. Pero el reproche al secretario general podía acabar siendo merecido si la gestión de la crisis reincide en el sectarismo que ha presidido el proceso. No hay que olvidar que dos de los protagonistas, Ciscar y Lerma, eran miembros de la ejecutiva. De Ferraz nacen algunos de los hilos que han formado la madeja valenciana. La animadversión del núcleo dirigente hacia Asunción, el tercer hombre, no era un secreto; sí lo son, en cambio, las razones de esa inquina. A no ser que se trate de una consecuencia del hecho conocido de que el ex ministro del Interior -que dimitió por el caso Roldán- apostó por Borrell en las primarias. Tal vez eso explique uno de los episodios más oscuros del congreso. La oferta de Ciscar y Lerma a Joan Ignasi Pla de la secretaría general a cambio de que rompiera con Asunción.

La gestora incorpora fundamentalmente alcaldes y concejales, en un intento, según Almunia, de buscar personas legitimadas en sus ámbitos respectivos por las urnas. Puede ser un criterio discutible, pero es mejor que el de trasladar también a la gestora la confederación de taifas que estalló en el congreso. Enseguida han surgido quejas de que la gestora no refleja la relación de fuerzas entre esos reinos. Ése ha sido el argumento de cinco de los nombrados para rechazar integrarse en la gestora. Alegan que hay demasiados miembros de la fracción ciscardiana.

Es difícil saber si se trata de un reproche certero porque los perfiles de la división son vistos de manera muy subjetiva por los implicados. Pero es preciso reconocer que la presencia de Ciscar en la dirección nacional le convierte en juez y parte y no favorece una salida ecuánime. Ahí está el caso de Cascos en relación al conflicto asturiano del PP para demostrarlo y para recordar el precio pagado por ello.

Definitivamente, la Permanente del PSOE tiene unas relaciones más que problemáticas con la democracia. Véase, si no. Convoca primero unas elecciones primarias para elegir a su candidato a presidente del Gobierno y, cuando las bases del partido lo designan, se dedica a hacer la vida imposible al electo. Adiós Borrell. Más tarde avala unas elecciones primarias en la Federación de la Comunidad Valenciana, pero se niega a aceptar su resultado, boicoteando primero a Joan Romero y luego al segundo de los preferidos por la base militante, Antoni Asunción. En fin, da luz verde al Congreso del PSPV pero, cuando éste emprende una vía que no le gusta, fuerza el cese de los nuevos dirigentes y nombra a dedo una Gestora.

La ex ministra Matilde Fernández afirmó ayer que la Permanente del PSOE, liderada por Almunia, «chulea a la democracia». Es difícil describir lo ocurrido con mayor crudeza.

Los congresos son las supremas instancias decisorias de los partidos democráticos. Cuanto refrenda un congreso se considera inapelable. Guste o no. Se decida por unanimidad o mayoría de un solo voto.

Salvo en el PSOE. La Permanente socialista entiende que el resultado del Congreso Extraordinario del PSPV no es el adecuado, decide que hace falta que esa federación «salga de su ensimismamiento» -Rubalcaba dixit-, obliga a los nuevos electos a dimitir y nombra, al margen de los votos de los militantes, por su cuenta y riesgo, una Gestora. Gracias a lo cual, Ciprià Ciscar -cuya dimisión no sólo no se fuerza, sino que se rechaza explícitamente, porque «ha hecho un esfuerzo de integración, aunque no lo haya logrado» (sic)- pasa a tener las riendas de la organización: la Gestora impuesta desde arriba está trufada de partidarios suyos.

Quédenos confiar en que el Partido Socialista no quiera trasladar estos métodos suyos, realmente singulares, al conjunto de la sociedad española. No vaya a ser que su Permanente entienda que los resultados de las próximas elecciones generales son un error, fruto del «ensimismamiento» de la sociedad. Y que reclame que se anulen y que Almunia nombre otra de sus comisiones gestoras.

Resulta esperpéntico. Tanto casi como que los voceros mediáticos de Almunia digan que ha actuado «con rapidez y eficacia».

Estamos ante otro fruto más del degradante proceso de bunkerización de la camarilla felipista que, cada vez que es rectificada por sus propias bases, les enmienda la plana.

Ahora les ha tocado pagar los platos rotos a Asunción, Lerma y Pla. Pero no son ellos las víctima principales, sino el propio PSPV, al que Ferraz ha tratado como menor de edad.