Estalla la crisis del Coronavirus: el Covid19 arrasa a España dejando miles de muertos y obligando a los habitantes a encerrarse en sus casas

Se vivió una situación similar durante la epidemia de ébola de 2014. Aparece una crisis sanitaria de alcance global, con gran incertidumbre sobre cómo evolucionará, lo que provoca inquietud en la sociedad. Un caldo de cultivo perfecto para que aparezcan bulos, desinformación y desconfianza hacia las autoridades sanitarias. Hace seis años se cometieron errores en la comunicación gubernamental por parte de España que se subsanaron poniendo al frente a Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, que hoy se encarga de informar de la evolución del coronavirus. Sin embargo, entonces, el escenario de propagación de mentiras y medias verdades no era tan complejo como el actual.

«En momentos como este hay que ser muy cautos con lo que se dice, sobre todo si no eres especialista y no cuentas con información directa», advierte Carolina Moreno

Un buen ejemplo es lo sucedido el jueves y este viernes con unas declaraciones del prestigioso médico Pedro Cavadas al programa Espejo Público, de Antena 3. Cavadas es cirujano, no experto en virus o en epidemias, pero aseguró, en referencia a las autoridades chinas: «Si reconocen un número de muertos y de contagiados, eh, no hace falta ser muy listo para pensar que hay como diez o cien veces más». El alarmante mensaje de este vídeo se propagó masivamente por redes sociales, como WhatsApp y Facebook, y posteriormente muchos medios recogieron estas declaraciones y las difundieron entre sus lectores. Al margen de las intenciones del doctor, que sin duda serían buenas, no parece la voz indicada para informar sobre este brote.

«En este caso se juntan varias cosas, porque Cavadas tiene un gran prestigio y autoridad en su campo y entre el público, pero en momentos como este hay que ser muy cautos con lo que se dice, sobre todo si no eres especialista y no cuentas con información directa», advierte Carolina Moreno, catedrática de la Universidad de Valencia y experta en desinformación científica y sanitaria. «Es una opinión, pero la gente no la toma como una opinión más porque es un médico muy respetado, y no ayuda a reforzar la confianza en las autoridades, tan necesaria en estos casos», añade. No toda desinformación es malévola o deliberada.

El coordinador de la iniciativa #SaludSinBulos, Carlos Mateos, cree que en situaciones como la actual, con 19 españoles regresando de la zona afectada por el virus, no deberían difundirse especulaciones. «Y si hace falta especular, que sean personas o instituciones con conocimientos en el tema, que sea referente en ese campo. Si alguien tiene que dudar de la opacidad de China, que es la semilla perfecta para la desinformación, que sean expertos, trabajadores sobre el terreno o la propia OMS», asegura.

Mateos ha identificado numerosos bulos que están circulando por todo tipo de canales desde la eclosión de la crisis en los medios. Sobre todo, las relacionadas con imágenes difíciles de ubicar, pero de gran impacto. «Hay que tener precaución, desconfiar de alguien que aparezca con máscara, por ejemplo, que puede ser cualquier sitio o cualquier año. Sin embargo, se propagan muy fácil y muy rápido», lamenta Mateos, vicepresidente de la Asociación de Investigadores en eSalud.

«Si alguien tiene que dudar de la opacidad de China, que sean expertos, trabajadores sobre el terreno o la propia OMS», asegura Mateos

Sobre todo han circulado bulos y desinformación con un origen fuera de España, alentando todo tipo de conspiraciones sobre la causa, los motivos y la «verdad oculta» sobre el brote. Pero con la repatriación de los españoles desde Wuhan aparecerán muchos más de factura española, según Mateos, dando apariencia de cercanía con el hospital o los regresados. Por ejemplo, en la plataforma de fact-checking Maldita.es han desmentido un bulo que corría por los móviles que asegura que el «Ministerio de Salud» (en España es Ministerio de Sanidad) ha hecho pública una «notificación de emergencia» en la que informa de que «el brote de coronavirus esta vez es muy grave y mortal». Todo falso. En su última comparecencia, Fernando Simón ha señalado que «la epidemia tiene posibilidades de comenzar a remitir pronto».

Ruido y confusión
Además de las ruedas de prensa que viene dando Simón, el Ministerio de Sanidad se ha puesto de acuerdo con Twitter para que la plataforma remita a su cuenta oficial cuando los usuarios consulten sobre este asunto. Para evitar confusión, los especialistas piden atender únicamente voces autorizadas o cuentas oficiales de organismos implicados. De lo contrario, el ruido puede generar confusión y desconfianza hacia la gestión de la epidemia.

Hace dos días, EL PAÍS aseguraba en su editorial que «hay que mantener por tanto una atenta vigilancia, pero sin caer en alarmismos que puedan agravar los daños consustanciales a una epidemia de esta naturaleza». Del mismo modo, The New York Times advertía en su editorial de que la desconfianza en la ciencia y las instituciones puede ser un grave problema si el brote empeora: «Otro problema importante es la falta de confianza pública: las medidas de control solo funcionan si las personas las cumplen. Y es mucho menos probable que las personas sigan las órdenes cuando no confían en las autoridades». Y recordaba de nuevo el caso del ébola: «La confianza puede ser tan importante como la tecnología y los recursos financieros para mantener a raya el brote de coronavirus, como aprendieron los trabajadores de la salud mundial durante los recientes brotes de ébola en la República Democrática del Congo».

Javier Salas

LA PEOR crisis sanitaria de nuestra historia reciente va a poner a prueba a todo el país, empezando por sus dirigentes. Hasta la fecha sabemos una cosa: que el Gobierno perdió un tiempo precioso en el combate contra la epidemia por un error garrafal de cálculo que lo llevó a subestimar el peligro que representaba este virus por una mezcla de negligencia y sectarismo. Que la ministra de Igualdad haya dado positivo no se circunscribe a un desgraciado episodio personal, que esperamos supere pronto, sino que demuestra la grave irresponsabilidad en que incurrió al alentar y encabezar la manifestación del 8-M, cuyos efectos propagadores empezarán ya a computarse en el repunte exponencial previsto por la Comunidad de Madrid para este fin de semana.

Cabría esperar en todo caso que se hubiera aprendido la lección. Pero durante su comparecencia, Sánchez no solo evitó de nuevo cualquier asomo de autocrítica sino que invocó a los expertos y a la ciencia una y otra vez para evitar asumir en primera persona la responsabilidad de las decisiones difíciles que urge tomar. El verdadero liderazgo no se esconde en la volatilidad de unas circunstancias dramáticas. Ni se tranquiliza a una ciudadanía preocupada repitiendo que se tomarán las decisiones necesarias, sino tomándolas ya a la vista del precedente italiano. «No cometáis los mismos errores que nosotros, no perdáis tiempo», ha advertido Matteo Renzi. Sánchez se limitó a transmitir la recomendación de Sanidad de cerrar los colegios en toda España y de restringir en general la asistencia a actos masivos, pero nos tememos que el tiempo de las recomendaciones ya pasó. De poco sirve ponderar retóricamente la buena coordinación entre administraciones si al final se libra al criterio de cada barón la posibilidad o no de suspender eventos como la Semana Santa, con la Junta de Castilla y León abogando por su suspensión y la de Andalucía resistiéndose a cancelarla. El ciudadano advierte descoordinación cuando Emiliano García-Page anuncia por la tarde el cierre escolar que había descartado por la mañana. Quien debe liderar la respuesta conjunta a la crisis es el presidente del Gobierno, que no ha de estar solamente para anunciar las ayudas económicas.

La Constitución ofrece herramientas que conviene sopesar, como el estado de alarma, que incluye la epidemia entre los supuestos que lo justifican. El Gobierno de Zapatero lo declaró para atajar la crisis de los controladores aéreos en 2010. La emergencia que vivimos es mucho más crítica. El estado de alarma permitiría mejorar la reacción de un Gobierno aún demasiado contemplativo. Que también rehúye la mano tendida por la oposición para abordar el plan de choque desde el consenso de Estado, según demandan los españoles. El genuino liderazgo conlleva dosis inevitables de riesgo y exposición. Ya no es hora del marketing político sino de la acción decidida.

El domingo, en plena posesión de mis facultades mentales, fui a la manifestación del 8M en Madrid. Tuve algunas dudas. Por el virus, claro. Al final decidí acudir. Como muchas otras de las personas que estuvimos allí, pensé que el riesgo no era para tanto, que las posibilidades de un contagio eran ínfimas, que era importante asistir.

Hoy creo que me equivoqué, y creo que no soy el único de los asistentes que hoy hubiera preferido no ir: al 8M, al fútbol, a la discoteca o al mitin de Vox con Ortega Smith. También creo que se equivocó el Gobierno al no tomar antes las medidas que ha anunciado poco después.

Es cierto que nadie tenía entonces todos los datos que tenemos hoy. Y no me refiero a la mortalidad o la peligrosidad del coronavirus, que ya lo sabíamos, sino a su nivel de difusión por Madrid. Fue el lunes cuando el número de nuevos infectados se disparó: pasamos de 28 nuevos positivos en Madrid el domingo a 375 el día siguiente. Fue el lunes, y no el domingo, cuando quedó en evidencia que el coronavirus circulaba masivamente por mi ciudad. Que la pandemia no era algo lejano y ajeno, que se veía por televisión. Que ya estaba aquí, y estaba fuera de control.

En las últimas horas, como nos pasa a muchos madrileños, varias personas de mi entorno profesional y personal han empezado a tener síntomas claros de esta enfermedad; llevan todo el día intentando que les atiendan por unos teléfonos de emergencia colapsados. Algunas ya han dado positivo. Otras probablemente pronto lo darán. Mi día a día ha cambiado radicalmente. También ha cambiado mi ciudad y mis expectativas para el futuro. Ya sé que no será igual.

Tanto si la enfermedad se cronifica y nos enfrentamos al colapso que vive Italia como si logramos frenar la curva y evitar al menos que la epidemia reviente nuestro sistema sanitario, el impacto del COVID-19 en nuestras vidas solo acaba de empezar. Las próximas semanas van a ser más duras, con seguridad. Es ingenuo poner un horizonte temporal ante esta crisis cuando lo primero que ha caído es la previsibilidad. Simplemente sabemos que, a corto plazo, la situación en todo el mundo y en España va a empeorar. Pero no sabemos cuándo tocaremos fondo, ni cuánto va a durar.

La gravedad de esta pandemia no es, en abstracto, una novedad para cualquier ciudadano informado. Pero la cosa cambia cuando pasas de la teoría a la práctica. Cuando el pánico vacía algunas estanterías de los supermercados de tu ciudad. O cuando recuerdas que le diste la mano hace pocos días a esa persona que hoy está en cuarentena. O cuando piensas en las personas mayores a las que quieres. O cuando haces las cuentas del número de enfermos que se esperan –alrededor del 40% de los infectados en Madrid necesitarán atención hospitalaria y un 10% acabará en la UCI, según asegura el consejero de Sanidad–, y confirmas que en toda España solo tenemos 4.400 camas en unidades de cuidados intensivos.

Hoy casi todos los madrileños, o los vitorianos, sabemos ya lo que hace dos semanas conocían de primera mano los ciudadanos de Milán. Lo que pronto sabrán muchos otros españoles que, por ahora, no le dan tanta importancia a esta epidemia. Y que inevitablemente pronto se la darán.

Las pasadas semanas, en eldiario.es, me preocupaba mucho no provocar un pánico innecesario con el coronavirus. Hoy tengo la sensación contraria: hay demasiadas personas que aún viven ajenas a lo que está ocurriendo, que no cumplen con las mínimas recomendaciones sanitarias, que prefieren ignorar la gravedad de la situación o encomendarse a pintorescas teorías de la conspiración. Es posible que una parte de la culpa sea nuestra, de los medios, de nuestra propia credibilidad. Tantas veces vino el lobo que, cuando llega, algunos no nos creen ya.

En los próximos días probablemente llegarán medidas más drásticas: más prohibiciones para intentar evitar un desastre aún mayor. Pero todo el poder del Gobierno no basta por sí mismo para solucionar esta situación. En Italia hubo quien se saltó la cuarentena obligatoria para escaparse a esquiar.

Fui yo, este domingo, quien libremente decidió ir a la manifestación. Nadie me lo prohibió, pero tampoco nadie me obligó.

El Gobierno tiene un papel en la sociedad: uno muy importante, como en toda crisis queda patente, también para aquellos que critican al «papá Estado» y piden su demolición. Pero de nada sirven todas las medidas del Gobierno si cada uno de nosotros no asumimos nuestra responsabilidad individual para evitar más contagios. Por nosotros. Por los que más queremos. Por los que luchan contra la pandemia en primera línea de fuego. Y por toda la sociedad.

Ignacio Escolar

Para escribir esta columna me he tomado una licencia literaria. O jurídica, más bien. He decidido redactarla como si de la motivación jurídica de una sentencia se tratase. Porque hay algo que tengo muy claro: cuando todo esto acabe, los ciudadanos españoles cuya vida no sea segada por el coronavirus tendremos la colosal tarea de sacar adelante el país, pero también la obligación moral de exigir responsabilidades a aquéllos cuya ineptitud, ausencia de escrúpulos y ética partidista nos han traído hasta aquí, en adelante “los demandados”.

Entre los demandados se encuentran todos los integrantes del Ejecutivo, numerosas autoridades públicas y también insignes periodistas y/o comunicadores cuyos programas o artículos en radio, prensa o televisión llegan a una amplísima audiencia. Todos ellos rechazan la necesidad de pedir disculpas a la opinión pública y la asunción de responsabilidades por las declaraciones vertidas e informaciones publicadas respecto a la gravedad del coronavirus. Alegan ahora que NADIE SE ESPERABA ESTO, que NADA HACÍA PREVER que lo del coronavirus no fuese a ser más que una simple gripe y que, hasta después de las manifestaciones y eventos multitudinarios del 8-M, no existían motivos de base científica para adoptar medidas drásticas.

Estas alegaciones de los demandados faltan a la verdad y no merecen favorable acogida, en atención a los siguientes hechos probados:

Primero.- El 28/02/2020, la Organización Mundial de la Salud recomendó en un informe activar el más alto nivel de respuesta para reducir el contagio, priorizar la detección de casos para su inmediato aislamiento, poner en cuarenta a todos los contactos, educar a la población sobre la gravedad del virus y sobre su papel para minimizar el contagio, así como concienciarla sobre las prácticas rigurosas para evitar su propagación y la identificación de los síntomas, entre otros. Destaca la necesidad de adopción de medidas de distanciamiento social y de cuidado a los mayores.

Segundo.- El 02/03/2020, el Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades (ECDC), que es una agencia europea cuya misión es reforzar la actuación contra las enfermedades infecciosas en el marco de la Unión Europea, emitió un informe con datos actualizados sobre la evolución del brote del coronavirus ante el incremento global de su expansión, en el que se contenían varias recomendaciones, siendo la más destacada la de evitar manifestaciones y concentraciones multitudinarias, que invitaba a cancelar en coordinación con los organizadores para reducir la transmisión del virus.

La Junta Directiva de este organismo está integrada, entre otras, por una persona nombrada por cada Estado miembro. La elegida por el gobierno español es Pilar Aparicio Azcárraga, que en 2018 fue nombrada Directora General de Salud Pública y Calidad e Innovación por la entonces ministra de sanidad Carmen Montón y mantiene el cargo en el actual ejecutivo socialpodemita. Es significativo que el 03/03/2020 esta señora declaró mostrarse a favor de suspender o anular todos congresos médicos y/o de personal sanitario por motivo de esta enfermedad.

Básicamente, primaron cuestiones electoralistas y de popularidad frente a las de salud pública. Existen sobradas evidencias de ello

Y aunque no cabe duda de que los demandantes conocían las recomendaciones de ambos informes públicos emitidos por organismos internacionales, decidieron conscientemente ignorarlas. Básicamente, porque primaron cuestiones electoralistas y de popularidad frente a las de salud pública. Existen sobradas evidencias de ello. Basta recordar algunas declaraciones públicas animando y casi conminando a la gente a acudir a todas las concentraciones y eventos a base de minimizar la importancia de la enfermedad.

Por ejemplo, las declaraciones realizadas por la persona a la que el gobierno encomendó presidir el Comité de Coordinación Interministerial frente al coronavirus: la vicepresidenta Carmen Calvo. Preguntada horas antes de la manifestación del 8-M sobre qué le diría a una mujer que estuviese dudando sobre acudir a la misma, contestó ufana y sonriente “yo le diría que vaya porque le va su vida, que le va seguir tomando decisiones para proteger su seguridad”. Calvo lideró la manifestación socialista y se colocó tras una pancarta acompañada de otras ministras y ministros y de la esposa del presidente del gobierno. Quien se colocó tras las pancartas de Podemos fue la ministra de igualdad, Irene Montero.

La afluencia masiva a las concentraciones feministas fue alentada por las plataformas mediáticas y de comunicación afines, como El País, Público o Atresmedia entre otras, que no repararon en repetir eslóganes del tipo “el heteropatriarcado mata más que el coronavirus” y que se llegaron a burlar de quienes advertían de los riesgos o, directamente, los tildaban de machistas.

Pero cuando empezaron a confirmarse los positivos entre las ministras asistentes a la manifestación, lejos de disculparse, se parapetaron en una supuesta ciencia. El mismísimo presidente del gobierno, en declaraciones realizadas el 12/03/2020, eludió las críticas afirmando que “El Gobierno se ha adaptado a las recomendaciones de la ciencia”.

Y aseveró: “Si mi hijo me pregunta si puede ir a la manifestación del 8-M le diré que haga lo que quiera”. Y todo ello siendo plenamente conocedor del contenido de los informes

No es cierto. No se siguieron las recomendaciones de los informes de la OMS y la ECDC, sino las de Fernando Simón, el director del Centro de Coordinación y Alertas Sanitarias del Ministerio de Sanidad. Fue Simón quien proveyó a todos los demandados de una coartada científica, escudándose en su dilatada experiencia. Basta recordar que el 04/03/2020 aseguró que no era necesario cerrar colegios y universidades porque no ayudaría a frenar la expansión del coronavirus. El 07/03/2020, informó de que existían 430 casos de coronavirus, pero que no había una avalancha de casos. Y aseveró: “Si mi hijo me pregunta si puede ir a la manifestación del 8-M le diré que haga lo que quiera”. Y todo ello siendo plenamente conocedor del contenido de los informes.

Cabe concluir, a la vista de la prueba practicada, que los demandados son responsables de haber faltado a la verdad y de no haber actuado con la diligencia debida. No poder saber no es lo mismo que no querer saber o hacer como que no lo sabes.

En lo referente al Ejecutivo y demás autoridades, por no haber adoptado las medidas necesarias para evitar la propagación del virus a pesar de las recomendaciones oficiales, bien instando a que se cancelaran los actos multitudinarios que tuvieron lugar el 8-M, bien adelantado la proclamación de estado de alarma en la jornada previa al 8 de marzo, que no se produjo hasta al sábado siguiente. Antes sólo hubo anuncios titubeantes carentes de contenido dispositivo o de trascendencia práctica alguna, a remolque siempre de las medidas anunciadas por los mandatarios de otras CCAA, especialmente la presidenta de la Comunidad de Madrid y el alcalde de la ciudad, que se convirtieron en un referente nacional. Pero es que, además de llegar tarde, la declaración nació muerta de coactividad y de medidas económicas que permitieran a empresas y trabajadores asumir el confinamiento y la cuarentena sin temer por sus ingresos y la supervivencia de su negocio o puesto de trabajo.

Ironías del destino

Las razones de esta dejación de funciones del Ejecutivo ante tan grave problema de salud pública tuvieron, en su fase inicial, una mera motivación electoralista. La crisis del coronavirus ha confirmado que este gobierno no se diseñó para gestionar el país, sino para desempeñar funciones propias de una agencia de marketing enfocada a la autopromoción aprovechando a las instituciones como trampolín y a la batalla cultural identitaria como pretexto para consolidarse en el poder. Pero, oh sorpresa, a quienes proclamaron la emergencia climática y enarbolaron la bandera y las pancartas contra el “terrorismo” machista los ha noqueado un virus que, hasta hace apenas unos días, despreciaban públicamente por considerarlo un invento del heteropatriarcado. Ironías del destino: los precursores de las emergencias sociales impostadas han perdido la batalla del relato a manos de una pandemia, de una verdadera emergencia social.

En lo referente a los periodistas y comunicadores demandados, en su condición de cooperadores necesarios. Existían evidencias más que suficientes para cuestionar la versión gubernamental sobre los riesgos que suponía el virus para la salud, especialmente en ausencia de medidas de aislamiento social. En lugar de transmitir información veraz a la opinión publica, estos profesionales y medios se limitaron a coadyuvar al Gobierno, a primar los motivos electoralistas sobre la información desnuda. La realidad ha mostrado con crudeza cómo muchos medios de comunicación se han convertido en meros satélites de los partidos.

A pesar de las evidentes responsabilidades, la ejecución del fallo de esta columna en forma de sentencia se tendrá que postergar hasta que nuestra sociedad venza al maldito coronavirus y llore a sus muertos. Porque ahora no nos queda otra que remar con este Gobierno para salir de ésta. Pero que nadie se confunda: la embarcación en la que remamos hace aguas por todas partes hasta el punto de que, por momentos, parece una patera naufragando en medio del mar bravío. Tenemos que ser conscientes de lo que hay, porque la gestión de la crisis requiere de unidad, pero también de realismo. Y éste pasa por la memoria, por no dejar que los causantes de todo esto pasen página como si nada. Que no nos vuelvan a sumergir en la batalla del relato que les permita encaramarse al púlpito desde el que impartir lecciones de superioridad moral. Ya les adelanto yo que algunas de estas responsabilidades no se van a dirimir únicamente en la escena política y social, sino en la legal. Pero, por ahora, rememos.

La crisis sanitaria provocada por el coronavirus ha ido caminando por diferentes etapas desde que se conoció su existencia, desde principios de enero, concretamente el día 8, cuando China comienza a ofrecer datos. En la Policía, el Servicio de Prevención de riesgos laborales tenía a un responsable al frente, José Antonio Nieto González, que fue un visionario. Él, que es médico, especialista de trabajo y técnico superior en riesgos laborales, intuyó la que se venía encima y se conjuró con su equipo para poner todos los medios y tratar de evitar que los agentes se contagiaran por el virus. Básicamente, cumplir con su responsabilidad.

Por eso, menos de dos semanas después de las primeras alarmas, el 21 de enero, avisó mediante nota interna a sus superiores del enorme riesgo que suponía el coronavirus para los 65.000 efectivos del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) y propuso tomar medidas. Tres jornadas después, el 24 de enero, cuando todavía la percepción del riesgo en España tenía un perfil bajo, ya que no se había detectado ningún caso en nuestro país, mandó por ‘mail’ un boletín a todos los agentes. En ese boletín, que también se publicó en la web de la Policía, se imprimió y se distribuyó por las comisarías para que tuviese difusión nacional, se explicaba qué era el coronavirus, de dónde provenía, en qué países había ya positivos, se hacían recomendaciones de higiene, se explicaban sus síntomas, cuáles eran las vías de contagio, y lo más importante se advertía de que el coronavirus podía llegar a España.

Por eso «se recomienda a todos los funcionarios policiales de puestos fronterizos de los aeropuertos que adopten las siguientes medidas preventivas con los vuelos procedentes de China. 1º Utilización de guantes de nitrilo de un solo uso en control documental o inspección de equipajes y cacheos. 2º. Utilización de mascarillas FFP 2 en el control de documentación a todos los pasajeros procedentes de China independientemente de su nacionalidad. 3º Evitar aglomeraciones (nótese que hablamos del 24 de enero)». Lo siguiente fue mandar mascarillas y guantes a los aeropuertos para que los agentes los usaran.

La publicación de las recomendaciones y lo atípico de miembros de la policía cubriéndose manos y rostro en los aeropuertos no pasó desapercibido para el Ministerio de Sanidad ni para el Gobierno, que se lo recriminaron a los agentes: «Estáis creando alarma social». Hubo incluso alguna televisión que lo contó, para mayor cabreo de Sanidad. A pesar de la refriega, José Antonio y su equipo siguieron en la brecha. Liberaron una partida de 300.000 euros para comprar mascarillas, guantes y monos de protección. Por entonces los precios eran los razonables. De hecho ahora mismo los almacenes de la Policía cuentan con 14.000 mascarillas y 22.000 guantes que no habrían existido sin la visión de futuro de la sección de riesgos laborales.

Si los policías nos contagiamos y tenemos que hacer cuarentena ¿quién va a controlar la seguridad y el orden social de nuestro país?

No fue hasta el 31 de enero que se detectó en España el primer caso de coronavirus. Fue en La Gomera, un turista alemán. Por entonces, la percepción del riesgo en nuestro país seguía siendo baja. Ningún responsable político supo ver la crisis médica, social y económica que se avecinaba.

El 27 de febrero se celebró en el Ministerio de Sanidad una reunión a la que asistieron, entre otros, una persona del equipo de Fernando Simón, y los responsables de riesgos laborales de la Policía y la Guardia Civil. En ese encuentro, en el que se trataba de coordinar estrategias, la trabajadora del Ministerio de Sanidad volvió a afear en público la alarma social que estaba creando la policía con el uso de mascarillas y guantes. Finalmente, de aquel encuentro salió un informe para todos los servicios de prevención en el que se clasificaban las distintas actividades de riesgo y se incluía a la Policía y a la Guardia Civil como personal con baja probabilidad de exposición al coronavirus. «Igual que los sanitarios, las fuerzas del orden son prioritarias», apunta una fuente sindical, «si los policías nos contagiamos y tenemos que hacer cuarentena ¿quién va a controlar la seguridad y el orden social de nuestro país? Somos primera línea y debemos ser considerados como tal. Por eso deben facilitarnos para nuestro trabajo el equipo de protección individual. Mascarilla, guantes y mono cuando sea necesario».

A José Antonio Nieto González lo han destituido al frente del Servicio de Prevención de Riesgos laborales del La dirección General de la Policía. La decisión, según todos los sindicatos, es incomprensible: «El que más sabe dentro de la Policía sobre prevención de riesgos, creador de las primeras medidas contra el coronavirus, el que desaconsejaba las aglomeraciones en el mes de enero, mientras otros se manifestaban el 8 de marzo, al que abroncó Sanidad por crear alarma social… A ese lo han tirado a la calle a tres meses de su jubilación. Dejan sin dirección a la prevención de la Policía cuando más fuerza hay que hacer para vencer a este virus. Es una irresponsabilidad, pero así nos va».

La polémica alrededor de la supuesta irresponsabilidad de permitir las manifestaciones del 8-M en medio de la epidemia del coronavirus está constantemente en boca de los sectores más críticos con la gestión de esta crisis. Algunas de estas voces incluso criminalizan a quienes organizaron la convocatoria y a quienes la permitieron con el argumento de que esta contribuyó a la expansión del virus. A priori, estas afirmaciones pueden parecer intuitivas y difíciles de desmontar con evidencias. No obstante, los datos de los que disponemos actualmente y que hemos ido acumulando en los últimos días, permiten realizar un análisis más factible sobre si el 8-M influyó en la expansión del virus o no y, en última instancia, en qué medida lo hizo.

Para empezar, vamos a poner en contexto el tiempo que tarda el virus desde que comienza actuar sobre las personas (contagio) hasta que aparece en nuestros datos (informes públicos del Ministerio de Sanidad). Según los últimos informes de la Organización Mundial de la Salud, el periodo de incubación del SARS-COV2 va de 2 a 14 días con una media de 5,2 días (y con un intervalo de confianza del 95% entre 4,1 y 7,0 días). Esto significa que, entre las personas contagiadas en un momento dado, los primeros síntomas aparecerían entre 4 y 7 días después.

Una vez aparecidos los primeros síntomas, pueden pasar entre 1 y 5 días (dependiendo de si el paciente pertenece a un grupo de riesgo o no, o de la velocidad a la que los síntomas se desarrollen) hasta que el paciente ve empeorar sus síntomas y se estima que es oportuno realizarle la prueba del Covid-19.

Una vez realizada la prueba –en el caso de que pudiera realizarse–, los resultados pueden tardar entre 1 y 5 días (en los próximos días los test empezarán previsiblemente a tardar menos), resultados que si dan positivos pasan a engrosar las cifras que, al día siguiente si son más de las once, serán informados por el Ministerio de Sanidad.

En resumen, desde que el contagio se produce hasta que el paciente se incluye en los datos, se calcula un mínimo de entre 7 y 14 días. Teniendo en cuenta estos datos, podemos ver si en ese periodo de tiempo después del 8-M se ha visto un aumento significativo de los casos en comparación con días anteriores.

En las curvas que representan los valores absolutos es prácticamente imposible percibir la velocidad a la que la curva crece en esos puntos. Para ello, lo que se hace es «derivar» la curva, es decir, calcular los incrementos de cada uno de los puntos con respecto al punto anterior, o lo que es lo mismo, traducido al caso: calcular el incremento de contagiados en un día con respecto al total de contagiados del día anterior. Esos datos de cada día los mostramos en el siguiente gráfico en forma de porcentaje (aplicando una media móvil de dos periodos para apreciar mejor la tendencia) para que nos hagamos una idea de la velocidad a la que crece la curva de contagiados en cada uno de los puntos:

Como se observa en los gráficos, no existe en ese periodo un incremento inusual de los casos en comparación con los periodos anteriores, más bien al contrario, la curva crece más despacio de lo que crecía durante la semana anterior, periodo en el que lo hizo a tasas que superaron el 50% varios días. Estos casos detectados entre el día 7 y el 14 de la epidemia, que supusieron la explosión de la curva (y la razón por la que los valores absolutos se mueven por encima de los de otros países, como Italia, véase el gráfico siguiente), son contagios que se dieron durante la última semana de febrero o principios de marzo, cuando todavía en España contábamos con menos de cien casos confirmados y nadie en toda Europa contemplaba el cierre absoluto de las fronteras y el confinamiento total del país.

Número de casos detectados en España e Italia

Como anteriormente, lo vemos más claramente si obtenemos las velocidades de crecimiento de las curvas, como hicimos anteriormente:

Estas tasas de crecimiento tan altas durante esos días nos indican que, a finales de febrero, en España ya se estaba propagando el virus sin que lo supiéramos, lo que en China llamaban las «cadenas invisibles de contagio», que no son más que personas sin síntomas que pueden transmitir el virus. Todo apunta a que cuando los primeros casos empezaron a aparecer en Lombardía, el virus ya estaba instalándose en numerosos focos invisibles alrededor de toda Europa.

Pero el asunto destacable que creo fundamental en este artículo es que no hace falta (aunque tampoco sobra) irse a todos estos datos para entender por qué es imposible que el 8-M, con 120.000 asistentes en Madrid, según la Delegación del Gobierno, provoque ningún efecto perceptible en la evolución del coronavirus dentro de España. La razón es muy sencilla, y basta con tomar como ejemplo la Comunidad de Madrid, uno de los focos más activos, y ver lo que ocurrió durante la semana previa a la manifestación del 8-M (y, por extensión, las semanas anteriores y los días inmediatamente posteriores). No son pocas las personas que quisieron defender esta convocatoria comparándola con partidos de fútbol, teatros, cines, eventos, etc., pero lo cierto es que no hay que ir a esos números para contemplar la insignificancia de estas concentraciones en lo que al virus se refiere, más meridianos son los siguientes:

Según los datos públicos de la web del Metro de Madrid, en marzo de 2019 pasaron 61,5 millones de personas por sus vagones. Esto suma un total de 13,9 millones de personas en el metro durante la semana previa al 8-M, lo que se traduce en millones de personas compartiendo botones, asientos, barras y espacios reducidos y cerrados todos los días (otros más de 2 millones de personas, casi diecisiete veces más que en el 8-M, lo hicieron el 9 de marzo).

Además, según los datos de la Consejería de Educación de Madrid, durante el curso 2018-2019 hubo 1,2 millones de alumnos matriculados en enseñanzas no universitarias, lo que significa que más de 1 millón de personas asistieron diariamente a sus clases, algunos gatearon juntos, otros hicieron deporte, otros bebieron de los mismos grifos y otros utilizaron las mismas instalaciones y las mismas herramientas que cientos de sus compañeros (1,2 millones de alumnos, diez veces más gente que la que se concentró el 8-M, volvió a ir a clase el 9 de marzo).

Ni siquiera hace falta comentar los millones de personas que diariamente coparon los bares, los restaurantes, las terrazas, los teatros, las discotecas (casi una semana después del 8 de marzo se organizaban fiestas multitudinarias en muchas de ellas), cifras que aunque millonarias son más complicadas de calcular con precisión.

Las diferencias son tan grandes que ni siquiera los datos comparten el mismo orden de magnitud.

Por todo esto, creo que es hora de que la conversación pública abandone determinados clichés y deje de lado la criminalización y el enjuiciamiento de todo aquel que se le cruza por delante. Debemos sacar al 8-M (y a Vistalegre, cómo no) de las ecuaciones, y empezar a pensar en las verdaderas razones por las que esta crisis está golpeando en todo occidente como lo está haciendo y haya dejado a los países con una capacidad de reacción limitadísima. Quizá así se nos quiten por un momento las ganas de apuntar con el dedo constantemente a nuestros enemigos y, quién sabe, nos entre un ligero (ligerísimo, seguramente) impulso de abrazarles.

Miguel Lacambra