Crisis del PNV: Josu Jon Imaz, presidente del partido, publica una tribuna en todos los periódicos vascos contra la propuesta del lehendakari Ibarretxe de un referéndum unilateral

La ruptura del alto el fuego por parte de ETA y su voluntad inequívoca de asesinar, afortunadamente evitada hasta el momento, ha llenado el lenguaje político vasco de expresiones recurrentes. Una de ellas, ‘mantener la iniciativa política’, parte del convencimiento legítimo de que ETA no puede marcar nuestra agenda política. Para ello, los partidos vascos deberíamos tomar iniciativas para mostrar que no estamos quietos, y que vamos a seguir construyendo el futuro de este país pese a ETA.

ETA va a marcar la agenda. Nos guste o no. En estos momentos en los que la organización terrorista ha tomado la decisión de violentar la democracia en Euskadi, la prioridad es hacerle frente. La primera medida, que hasta el momento está siendo además efectiva, no debe ser otra que la eficacia policial. Si ETA mostrase una voluntad inequívoca de querer poner fin a la violencia, lo cual desgraciadamente no es el caso, el recurso al final dialogado recuperaría su sentido. En las circunstancias actuales, sólo la acción policial y la deslegitimación social y política de su entorno son los caminos que nos permiten trabajar por la paz y la libertad en Euskadi. Ojalá lleguen otros tiempos. Pero, mientras tanto, reconozcamos que sólo su debilitamiento operativo, social y político llevará a ETA a la reflexión necesaria para que opte por cerrar definitivamente su persiana. Lo demás es voluntarismo.

Pese a ello, este país tiene que seguir viviendo, avanzando, forjando su autogobierno y construyéndose. ETA nos marcará la agenda política, pero tenemos que evitar que imposibilite el camino democrático. La cuestión es cómo avanzamos en el autogobierno, en un autogobierno que responda a la voluntad democrática de los vascos y a las necesidades que una sociedad moderna de principios del siglo XXI tiene para desarrollar una identidad abierta, mejorar su creatividad, competitividad y calidad de vida, y mantener una cohesión social.

EAJ-PNV aprobó en octubre de 2005 un documento sobre la pacificación y la normalización política. En él, la apuesta por el futuro del autogobierno vasco toma como clave de bóveda una formulación: no imponer-no impedir. En estas cuatro palabras se resume una filosofía que engarza con la mejor tradición pactista de la historia vasca: pacto entre vascos para alcanzar mayorías en Euskadi superiores a las que obtuvo el Estatuto de Gernika, lo cual nos obliga a acuerdos entre las diferentes sensibilidades y tradiciones políticas que hagan posible esa mayoría (no imponer), y pacto con el Estado a través de un acuerdo para que en la tramitación en Cortes Generales los partidos implicados en el mismo lo aceptemos en su integridad (no impedir). Lógicamente, a esta tramitación sigue el referéndum de ratificación por la ciudadanía vasca. Se cumplen así tres principios: el respeto a la voluntad democrática de los vascos, el respeto a la pluralidad política de la sociedad vasca y el principio de legalidad en base al marco jurídico vigente. Es una filosofía evidentemente limitativa de unos y de otros.

No imponer garantiza la aceptación, en clave de integración política, de la voluntad de la sociedad vasca, pero a su vez limita a la mayoría nacionalista. No impedir, supone dar cauce al reconocimiento jurídico y político de las decisiones adoptadas, limitando a su vez las mayorías de los partidos de ámbito estatal en las Cortes Generales. Se trata, pues, de aceptar, por principio, la fórmula más democrática y más integradora. Este es un camino, un método, en el que podemos y debemos implicarnos para alcanzar acuerdos políticos en Euskadi. Para sostener la iniciativa política e impedir que ETA nos marque la agenda. Como decimos en el Acuerdo de Gobierno que EAJ-PNV, EA y EB suscribimos en junio de 2005, «para alcanzar un consenso integrador en relación con las diferentes visiones y sensibilidades políticas existentes en la sociedad vasca sobre los aspectos cruciales para la normalización política». Consenso que evidentemente sólo podrá ser llevado a cabo entre aquellos que tenemos un firme compromiso en la defensa de la vida humana y rechazamos la violencia como forma de alcanzar fines políticos. Por tanto, iniciativa política sí, en un camino de integración y que nos permita alcanzar de forma efectiva una mayor cota de autogobierno.

El debate sobre el referéndum es otra maraña en la cual podemos perdernos. Lo decíamos en nuestro documento de octubre de 2005: «La consulta es, por lo tanto, el resultado de un proceso en el que no vamos a ahorrarnos ningún esfuerzo. No es, de ningún modo, un arma arrojadiza, ni una excusa de los partidos para delegar en la sociedad la obligación que tienen de trabajar y lograr un acuerdo». La consulta tiene un previo: el acuerdo, tal y como el Acuerdo de Gobierno tripartito de junio de 2005 afirma. El referéndum será la ratificación del mismo. Y en las circunstancias actuales, esta condición de acuerdo previo e integración es el mínimo democrático exigible. Porque no podemos olvidar que, aunque no nos guste, ETA está ahí. Mirando lo que hacemos.

Una consulta ciudadana planteada como escenario de acumulación de fuerzas para una confrontación política es muy discutible, y desde luego contraria al espíritu y a la letra de la posición de EAJ-PNV expresada en el documento de octubre de 2005. Pero en las condiciones actuales es más grave. Puede ser el ‘plan b’ al que se acoja una ETA, que declare un alto el fuego ‘permanente’ como los anteriores, esperando que la misma se lleve a cabo. ¿Qué pasaría el día después si no hubiera acuerdo político con el Estado? Visto lo visto durante tantos años, no hace falta ser adivino para imaginar a ETA matando en nombre de la defensa de una presunta voluntad popular no atendida. La consecuencia de todo ello puede ser diabólica. No en nuestro nombre.

El presidente del PNV, Josu Jon Imaz, ha irrumpido con fuerza en los prolegómenos del congreso de su partido, pero también en el escenario político general. A través de un contundente artículo publicado en los principales periódicos del País Vasco, No imponer, no impedir, Imaz se ha pronunciado sobre dos materias que dividen a los nacionalistas, como son la estrategia antiterrorista más conveniente tras la ruptura de la tregua por ETA, y los planes del lehendakari Ibarretxe y del sector soberanista de su partido, encabezado por Joseba Egibar, de celebrar un referéndum antes de que acabe la legislatura.

Las palabras de Imaz no dejan lugar a dudas: en estos momentos, la prioridad no puede ser otra que hacer frente a la amenaza terrorista mediante los cuerpos y fuerzas de seguridad. No es hora de preguntarse sobre una de las cuestiones que tradicionalmente ha dividido a los partidos democráticos, la necesidad o no de establecer un diálogo con la banda si ésta decidiera renunciar a la extorsión y el crimen. Lo que los terroristas han anunciado es lo contrario, y por eso carece de sentido discrepar sobre una circunstancia que no existe. Es decir, Imaz no excluye a priori la posibilidad del diálogo para derrotar a los terroristas, como hace el Partido Popular al plantear como principio lo que, en realidad, es una cuestión de oportunidad política. Se limita a constatar que no se cumple la condición imprescindible para ese diálogo, que es el desistimiento de ETA de la lucha armada.

La misma claridad con la que se pronuncia sobre la estrategia antiterrorista está presente en sus consideraciones sobre el referéndum que anuncia Ibarretxe. Imaz no menciona que la iniciativa sobrepasa las competencias constitucionales y las estatutarias del lehendakari, pero ofrece argumentos concluyentes en contra de su celebración. Unos, para uso interno, como subrayar que es incompatible con la línea política aprobada por los órganos competentes del PNV; otros, de alcance más amplio, como advertir de que la celebración de esa consulta al margen de la ley permitiría a ETA encontrar una nueva e inesperada justificación para sus crímenes.

Imaz ha lanzado un órdago político al PNV, al que ha colocado ante la disyuntiva inexcusable de elegir entre la corriente pactista y la soberanista con ocasión del próximo congreso. Pero la potencia de su mensaje exige, además, una respuesta por parte de las restantes fuerzas políticas. Sigue pendiente alcanzar un acuerdo frente a ETA, y el presidente del PNV muestra con claridad las líneas de un consenso posible. El Pacto de Lizarra parece lejos, y con mayor razón si Imaz revalida su mandato. Nadie debería frustrar esta ocasión de enfrentarse a los terroristas con una sola voz y una sola política, obstinándose en discutir puntos que, como el diálogo con la banda terrorista, no es que sean apropiados o inapropiados; es que, sencillamente, no están en el orden del día.

La publicación del artículo de Josu Jon Imaz fue acogida con la lógica división de opiniones. Para el arco político que todavía en el fondo es constitucionalista, supuso un valiente acto de cordura que venía a frenar los propósitos de un lehendakari tan corto de ideas como obstinado, quien con su anuncio de ilegal consulta popular venía a agudizar la desestabilización producida por el fin de la tregua de ETA. La imagen resultante fue diáfana: Imaz contra Ibarretxe. Para los abertzales de pura cepa, se trataba de una traición a los principios y una vulneración de la regla de oro según la cual el terror de ETA en nada debe afectar a la estrategia política del nacionalismo. Nada hay tan democrático como ir hacia la autodeterminación a la sombra de ETA, nos recuerda Barrena en Gara; otra cosa es «jugar sucio». Con sordina, EA, los hombres de Egibar y el inefable Madrazo piensan lo mismo.

Sin lugar a dudas, es ésta la principal contribución de Josu Jon Imaz a una deseable normalización de la vida política vasca. En los meses de la supuesta tregua, advirtió una y otra vez contra el riesgo de dos mesas simultáneas que permitieran a ETA convertirse en la banca de la partida política. Ahora es tajante. Una vez cumplido satisfactoriamente el reposo del guerrero, ETA ocupa una posición dominante, marcando la agenda política al hacer colgar su espada de Damocles sobre la sociedad vasca, y es deber por consiguiente de los demócratas desalojarla de esa posición privilegiada. Ello exige para los distintos partidos políticos, nacionalistas incluidos, medir los propios movimientos de manera que en modo alguno pueda beneficiarse ETA de los mismos. Tal sería el caso de la consulta popular anunciada por Ibarretxe, que permitiría incluso a ETA convertirse en tutor de la supuesta expresión democrática, nueva tregua mediante, para legitimar a continuación el regreso a «la lucha armada» si el resultado le contraría por una u otra razón.

Nada con el terror, ni a favor del terror. Es la postura más inequívoca del PNV desde los años 80. Y teniendo en cuenta las maniobras orquestales en la oscuridad a que se ha entregado en estos dos últimos años el presidente Zapatero, la clarificación es especialmente de agradecer. Pero al mismo tiempo el planteamiento de «No imponer, no impedir», desplegado ya antes en la declaración del EBB de 24 de octubre de 2005, contiene elementos que mal pueden servir para la normalización, lo cual explica que el reencuentro Imaz-Ibarretxe, por lo menos de puertas afuera, haya podido ser escenificado tan pronto.

La clave está en mantener la primera divisoria: no cabe hablar de «libre decisión» con ETA encima. Lo comprobaremos en septiembre, tal y como ha anunciado el PNV refiriéndose a la consulta. A su lado parece razonable la condición de que una nueva norma reguladora del autogobierno vasco tenga mayor respaldo que el Estatuto de Gernika, si bien aquí, en la práctica, esto significa que el PSOE ha de apoyarla, lamentándose eso sí la previsible automarginación del PP.

Ahí está, sin embargo, el «no impedir», que plantea la exigencia de que las Cortes «no veten», esto es, se vean privadas del papel que la Constitución les otorga en cuanto a la reforma de los Estatutos. Aquí las nubes difuminan el discurso de Imaz de cara a los objetivos: ¿un indeterminado «autogobierno»? ¿soberanía compartida entre España y Europa? Poco importa. Una vez logrado el consenso en Euskadi, y con un Eguiguren o un Madrazo se puede ir a cualquier parte, lo que se produciría de modo inevitable es la apertura de un proceso constituyente vasco, y desde esa rampa de lanzamiento, con todas las manipulaciones de lenguaje que enseñó el fallido proceso soberanista de Quebec, la consulta sería sobre la independencia. No cabe esperar mucho del entendimiento de Zapatero, pero tal vez perciba, tras el fracaso con ETA, que conviene aclarar previamente las ideas en lo que se refiere a los propios fines y al grado de aceptación de las reivindicaciones del otro. Sobra ya el diálogo de sordos.

Mientras ETA se dispone a matar de nuevo, no estaría mal que para hacer efectiva la famosa «unidad», cada uno, del PP al PSOE, pasando por Imaz, precisase sus hojas de ruta. Hoy sólo la de ETA es clara.