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Pérez de los Cobos estaba investigando siguiendo instrucciones del poder judicial

Crisis en la Guardia Civil: El ministro Grande Marlaska destituye a Diego Pérez de los Cobos por la investigación sobre la influencia de la manifestación del 8-M en la crisis del Coronavirus

HECHOS

  • El 26 de mayo de 2020 se conoció la destitución de D. Diego Pérez de los Cobos como responsable de la Guardia Civil en Madrid. El 27.05.2020 la de D. Laurentino Ceña dimitió como Director Adjunto de la Guardia Civil.

El Director Adjunto de la Guardia Civil, el General Laurentino Ceña, ha dimitido, aparentemente por considerar que la destitución del Sr. Pérez de los Cobos es una instromisión del poder político en la policía judicial.

26 Mayo 2020

Interior desafía a la Justicia y toma represalias

EL MUNDO (Director: Francisco Rosell)

EL GOBIERNO pretende levantar un dique de contención político y judicial ante la avalancha de denuncias que se avecinan. En democracia es obligada la depuración de responsabilidades por la negligente gestión de la crisis sanitaria, que ha colocado a nuestro país a la cabeza de muertos por habitante en todo el mundo, por más que pretendan ahora maquillar las estadísticas. Sánchez busca blindarse a través del castigo y el escarmiento públicos, como aviso para todos aquellos que se atrevan a cuestionar la versión oficial de los hechos: un relato parcial y manipulado que pretende justificar la acción del Gobierno y ocultar que priorizó en sus decisiones los intereses políticos a los de salud pública, ignorando de manera premeditada las advertencias de la OMS sobre el riesgo letal que suponía la Covid-19.

El primer damnificado ha sido el coronel Diego Pérez de los Cobos, destituido ayer de manera fulminante de su puesto de máximo responsable de la Comandancia de Madrid de la Guardia Civil. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, justificó el inesperado cese aduciendo «pérdida de confianza», pero a nadie se le escapa el trasfondo político del relevo. Resulta triste asistir a la renuncia de Grande-Marlaska a todos los principios éticos que guiaron su trayectoria como magistrado de la Audiencia Nacional. Si durante su ejemplar instrucción del caso Faisán se enfrentó a quienes pretendían politizar una causa judicial para exculpar a los responsables de Interior de haber ayudado a escapar a colaboradores de ETA, con la destitución de Pérez de los Cobos para intentar salvar a Fernando Simón y al delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, acusado de prevaricación, ha cruzado una línea roja: interferir en una investigación judicial en marcha que exigía de Pérez de los Cobos lealtad únicamente al juez, nunca al ministro.

Para entender la cacicada de esta destitución hay que detenerse en el Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid. Su titular, Carmen Rodríguez-Medel, ayer citó en calidad de investigado a Franco por autorizar, incurriendo en posible prevaricación, reuniones multitudinarias –entre ellas la manifestación del 8-M– cuando la OMS había recomendado ya su prohibición para prevenir el contagio masivo por coronavirus. Para su investigación, la magistrada encargó a los agentes de la Policía Judicial de la Guardia Civil a las órdenes de Pérez de los Cobos las diligencias necesarias para determinar si cuando el Gobierno autorizó esos actos tenía ya conocimiento, a través de las alertas sanitarias, del riesgo que suponían para la salud pública. Entre la documentación enviada al juzgado, hay datos que cuestionarían el papel del portavoz sanitario del Gobierno en la crisis, Fernando Simón; entre ellos, un documento firmado por él mismo días antes del 8-M, en el que desaconseja un evento de una iglesia evangelista por riesgo de propagación del virus, tras una reunión mantenida junto al ministro Salvador Illa y los representantes de dicha congregación. Y otro informe posterior, también firmado por él, en el que no pondría pegas para la manifestación feminista. Es más, en sus comparecencias públicas, Simón alentó a la gente –incluido su propio hijo– a que acudiera masivamente al acto, de cuya celebración el Gobierno había hecho previamente una causa programática, además de una bandera en disputa entre Carmen Calvo e Irene Montero.

Con la destitución de Pérez de los Cobos, que atesora una ejemplar hoja de servicios –incluida su participación en la lucha contra ETA y contra el golpe separatista del 1-O–, Marlaska termina de enterrar su antiguo crédito supeditándolo a la protección de Sánchez, y envía una turbia advertencia sobre el destino que espera a quienes colaboren con la Justicia en el esclarecimiento de la nefasta actuación gubernamental. Un hito más en la degeneración institucional del sanchismo.

27 Mayo 2020

Juego peligroso

EL PAÍS (Directora: Soledad Gallego Díaz)

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, cesó el lunes al jefe de la comandancia de la Guardia Civil de Madrid, el coronel Diego Pérez de los Cobos, por pérdida de confianza. Poco después, el director adjunto operativo de este cuerpo armado, el teniente general Laurentino Ceña, que debía dejar normalmente su cargo el próximo mes de junio, presentó su adelantada dimisión, alegando no haber sido informado, lo que a su juicio suponía una grave alteración de la línea de mando. La oposición, por su parte, vincula la decisión de Grande-Marlaska al hecho de que la unidad dependiente del coronel cesado elaborase un informe, a petición de la juez Carmen Rodríguez-Medel, sobre las alertas sanitarias conocidas cuando el Gobierno autorizó la manifestación del 8 de marzo, antes de la declaración del estado de alarma y de la decisión de ordenar y mantener durante semanas el confinamiento de la población.

Es posible que toda esta repentina crisis en Interior tenga su origen en la iniciativa judicial de solicitar un informe a la Guardia Civil para depurar eventuales responsabilidades penales por la gestión sanitaria de la pandemia del coronavirus. En cualquier caso, solo a la juez le compete dictaminar sobre la relevancia judicial de lo que se dice en ese escrito, y es cuando menos tan precipitado como ventajista por parte de la oposición pretender abordar el control parlamentario de las acciones del Gobierno frente a la pandemia dando por sentado que cometió delitos solo sobre la base de que una juez ha iniciado una investigación.

Ni desde el Parlamento ni desde la justicia debería alimentarse una deriva que consiste en hacer política en los tribunales, sea judicializando actuaciones que quedan fuera de ese ámbito, sea instrumentalizando para la lucha entre partidos resoluciones de los jueces que en muchos casos son únicamente de trámite. De esta anómala simbiosis, contraria al espíritu constitucional, solo se obtendrá un resultado: el descrédito de los poderes del Estado. Un descrédito que aumenta día a día sin que los responsables políticos de uno y otro espectro parezcan valorar el grave riesgo democrático que supone.

La juez Rodríguez-Medel dirigió inmediatamente un escrito al ministro Grande-Marlaska recordándole que él o miembros de su departamento podían incurrir en responsabilidades penales en el caso de revelar el contenido de las investigaciones solicitadas bajo secreto del sumario. La posterior filtración del documento ha venido a poner de manifiesto la degradación de los procedimientos cuando no se delimitan con rigor los espacios de la justicia y los de la política. De momento, el ámbito político es el que debería encontrar respuesta en el Congreso, mejor que seguir agitando en los escaños documentos judiciales con fines de partido. En el Parlamento lo relevante sería examinar cuanto antes, con detalle y profundidad, qué ocurrió en aquellas dramáticas semanas y qué se podría hacer en el futuro para afrontar otras crisis sanitarias y epidemias en muchas mejores condiciones. Y no ocuparse, en cambio, de si un ministro determinado puede cesar o no a un cargo de su departamento por pérdida de confianza, un acto de índole administrativa y un motivo que hasta ahora se solía considerar suficiente.

04 Junio 2020

Purgar la Guardia Civil como urgencia democrática

Antonio Maestre

"El primer informe sobre el 8M de la Guardia Civil no fue un error, como ha confirmado el segundo que añade unas declaraciones obvias de Irene Montero el día 9M, fue un libelo de acusación propio de una justicia medieval sin ningún respeto a la libertad y a la democracia"...

La cúpula de la Guardia Civil en la actualidad es la resultante de la construcción nacionalista de un cuerpo militar surgido de la desconfianza de Franco y la depuración sistemática de sus miembros no afines. Tras el final de la Guerra Civil el dictador se propuso disolver la Guardia Civil y el cuerpo de Carabineros debido a la lealtad a la República de muchos de sus miembros, que imposibilitaron el rápido triunfo de la asonada en muchas ciudades importantes. A pesar de que la idea de la disolución del cuerpo fue apartada, la depuración fue radical mediante la Causa General, denuncias de compañeros o vecinos, la Ley de Responsabilidades Políticas o los Tribunales de Honor.

Una purga que acabó con hombres de honor leales a la legalidad democrática como José Aranguren Roldán, Antonio Escobar Huerta o Pedro Garrido Martínez. Esa depuración radical del cuerpo y la construcción de una institución represora no se democratizó con la muerte del dictador a la misma velocidad con la que se pervirtió. Los usos y costumbres antidemocráticos están todavía instaurados en lo más profundo de la cultura política de la cúpula militar de la Benemérita que es necesario afrontar con firmeza y sin temor.

La podredumbre democrática en la actitud de muchos de los miembros de la Guardia Civil estos días ha quedado en evidencia. El informe de la Guardia Civil elaborado por un capitán y un teniente del cuerpo mandado a la juez Carmen Rodríguez Medel es más propio de un juicio sumarísimo que busca inculpar a un enemigo político basándose en prejuicios que lo que se pediría a un cuerpo policial de un país democrático. El primero no fue un error, como ha confirmado el segundo informe que añade unas declaraciones obvias de Irene Montero el día 9M, fue un libelo de acusación propio de una justicia medieval sin ningún respeto a la libertad y a la democracia.

Lo que está haciendo la cúpula de la Guardia Civil se parece más a un golpe blando que a una investigación judicial de un Estado de derecho. Recuerden a Lula. Es obligación del Gobierno tomar cartas en el asunto y actuar con precisión quirúrgica y mano de hierro para acabar con los desmanes de muchos miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado que manchan el nombre de las instituciones.

El cese de Diego Pérez de los Cobos está plenamente justificado solo por su actitud desastrosa en octubre de 2017 en Cataluña. Algo que el Gobierno tuvo que haber hecho nada más llegar al poder. La conveniencia de su destitución quedó patente cuando mandó a custodiar la casa del vicepresidente por el hostigamiento de individuos de extrema derecha a miembros del cuerpo cercanos a organizaciones sindicales próximas a VOX. Además de mandar a agentes de la Guardia Civil a recoger unas imágenes a un supermercado donde se había visto comprar a Pablo Iglesias sin que mediara ninguna intervención judicial. Hechos, por sí solos, suficientes para justificar su despido inmediato. Si no algo más.

La oposición ha recordado en el Congreso el cese de Manuel Sánchez Corbí, coronel de la Guardia Civil al mando de la UCO, como un ejemplo antidemocrático de la limpia sistemática de Fernando Grande-Marlaska. Cuando el debate tendría que ser cómo un miembro de la Benemérita condenado por torturar al miembro de ETA Kepa Urra en 1997 pudo rehacer su carrera hasta llegar a cargos importantes de responsabilidad. Un juicio por torturas donde también estuvo encausado Diego Pérez de los Cobos y quedó absuelto por falta de pruebas.

La torpeza del ministro del Interior y, sobre todo, de la directora de la Guardia Civil, María Gámez, dejando por escrito los motivos del cese de Pérez de los Cobos al dar vía libre a la interpretación de la ilegalidad de la petición de información que motiva el cese son razones más que suficientes para que dimita toda la cúpula del ministerio del Interior. Pero antes, antes de irse a casa, tienen que hacer tabula rasa en la cúpula de la Benemérita. Purgar la Guardia Civil es una urgencia democrática.

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