Crisis en Nicaragua: Violeta Barrios de Chamorro destituye al sandinista Humberto Ortega como Jefe del Ejército

NICARAGUA HA sido incapaz de restañar sus heridas desde que concluyó la guerra civil hace tres años y medio. Por una parte, el Ejército y su órgano director, el Consejo Militar, núcleo del poder sandinista, se convirtieron en una especie de Estado dentro del Estado tras las elecciones presidenciales que en febrero de 1990 dieron el poder a la candidata de la conservadora Unión Nacional Opositora (UNO), Violeta Chamorro. La UNO, incapaz de obtener escaños suficientes en la Asamblea Nacional para enmendar la Constitución y reformar las fuerzas armadas, tuvo que resignarse a que el Ejército siguiera en manos sandinistas y se autoexcluyó del Gobierno. Los sandinistas, mientras tanto, aun cuando perdedores en los comicios, acabaron entrando en él.Ahora, los asuntos pendientes son cuatro: el regreso de los sandinistas a la vida civil, la desmilitarización total de la Contra, el escándalo de la piñata (mediante la que los sandinistas -en los dos meses transcurridos entre su derrota electoral y la entrega del poder- adquirieron a precios irrisorios propiedades confiscadas) y la consiguiente necesidad de alcanzar un gran acuerdo nacional que acabe de una vez con los enfrentamientos armados.

Planea sobre todo ello el curioso maridaje entre Antonio Lacayo, ministro de la Presidencia y eminencia gris del régimen, y el ministro de Defensa, Humberto Ortega, dirigente sandinista. La simbiosis ha sido útil para ambos. Por un lado, ha suministrado una base política al primero, que, pese a ser hombre de la presidenta, no pertenece a la UNO y carece así de apoyos para sus ambiciones presidenciales. Por otro, ha permitido al segundo mantener una posición de fuerza que no le habían conferido las urnas.

El poder de Humberto Ortega -y de su hermano, Daniel, ex presidente de la República- ha incomodado incluso a sus viejos compañeros de armas. Uno de ellos, el ex vicepresidente Sergio Ramírez, lo reconocía hace una semana en una entrevista a EL PAÍS, al admitir la conveniencia de que Humberto Ortega abandonara el mando de las fuerzas armadas. Ello ocurría después del episodio de la mutua captura de rehenes por antiguos sandinistas y ex guerrilleros de la Contra, insatisfechos con lo que la paz les ha deparado, si se compara con las promesas que recibieron al abandonar las armas.

Como si hubiera oído a Ramírez, el pasado jueves, la presidenta Violeta Chamorro anunció la sustitución, en 1994, del general Ortega. Su decisión produjo dos reacciones. Una, duramente negativa: el rechazo del sandinista Consejo Militar, cuya postura parece una intromisión en el legítimo poder civil. Otra, del vicepresidente Virgilio Godoy, líder de la UNO y feroz opositor de Violeta Chamorro. Si los políticos son capaces de serenar los ánimos, la crisis de la futura sustitución de Ortega habrá servido para limpiar al sandinismo de sus elementos más alejados de la normalidad de una democracia (todo lo imperfecta que se quiera, pero democracia) y acercar hacia la concordia a una UNO que nunca ha sido, precisamente, entusiasta partidaria de la misma.

DECIDIDAMENTE, NADIE está haciendo gran cosa en Nicaragua para restañar las heridas que años de guerra civil dejaron abiertas y tres de democracia han sido incapaces de cerrar. Cualquier chispa produce un nuevo estallido, y los diferentes líderes políticos compiten en irresponsabilidad a la hora de intentar aprovecharlo de manera sectaria. Esta pasada semana, un movimiento de protesta por establecimiento de un nuevo impuesto sobre la tenencia de vehículos (ITV) ha degenerado en un choque político de primera magnitud entre la presidenta, Violeta Chamorro, y su antecesor en el cargo, el líder sandinista, Daniel Ortega. El clima de crispación ha sido aprovechado por el comando recontra de El Chacal para secuestrar a dos diplomáticos franceses, liberados el sábado tras la mediación de un funcionario de la OEA.El conflicto es típico de la mezcla de torpeza e irresponsabilidad que preside los comportamientos de los políticos entre cuyas manos está el destino de este desgraciado país. El Gobierno, agobiado por la falta de liquidez y temeroso de que la situación económica le crease problemas con los organismos internacionales de crédito, decidió hace semanas crear el nuevo impuesto, que oscilaba entre 3.000 y 65.000 pesetas. La decisión provocó la ira de los transportistas, ya irritados por la reciente subida de un 25% en el precio de la gasolina.

Daniel Ortega decidió encabezar ese movimiento de protesta, con lo que de reivindicación laboral pasó a convertirse en un conflicto político que ha dejado dos muertos, decenas de heridos, la mitad de las calles de Managua levantadas y unas pérdidas cifradas en millones de dólares. Siguiendo un llamamiento de Ortega a la ocupación de las calles, 30.000 miembros de las cooperativas de autobuses, camionetas y taxis fueron a la huelga, y a ellos se sumaron el jueves los propietarios de 2.000 automóviles que bloquearon el centro de la capital. Nicaragua no sólo quedó sin tráfico, sin distribución de víveres y sin que los trabajadores pudieran acudir a sus lugares de trabajo. Las armas volvieron a salir a relucir, y se levantaron 300 barricadas; jóvepes sandinistas y obreros en paro se sumaron a los enfrentarnientos.

Violeta Chamorro dio marcha atrás, suspendiendo temporalmente la aplicación del impuesto. Ortega respondió tachándola de «asesina» -por la muerte de un policía durante los disturbios- y acusándola de propiciar el «regreso del sandinismo». El Chacal, por su parte, no quiso ser menos y realizó un secuestro que vinculó a ciertas interpretaciones de los acuerdos que pusieron fin al doble secuestro de recontras y sandinistas de agosto. El viernes, el impuesto fue formalmente derogado, y el precio de la gasolina fue rebajado en un 30% para los transportistas. Los nicaragüenses fueron retirándose de las calles destrozadas por cinco días de enfrentarnientos. Hasta la próxima, mientras los intereses de partido o facción sigan guiando la política de una nación a la deriva.