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El nuevo presidente de la Diputación de Madrid será Rodríguez Colorado que ocupará al cargo hasta que se perfile la autonomía que pondrá fin a su existencia

Crisis en PSOE de Madrid: Carlos Revilla es expulsado y forzado a dimitir como presidente de la Diputación de Madrid

HECHOS

El 9.10.1980 D. Carlos Revilla anunció su dimisión como Presidente de la Diputación de Madrid. Sobre el pesaba una solicitud para ser suspendido de militancia en el PSOE por dos años.

colorado D. José María Rodríguez Colorado (PSOE) será el nuevo Presidente de la Diputación de Madrid.

¿EL DIARIO EL PAÍS, CO-PROTAGONISTA DE LA CRISIS?

Durante el tiempo que duró la crisis en la Federación Socialista Madrileña en torno al presidente de la Diputación de Madrid, D. Carlos Revilla, el periódico de PRISA que dirigía D. Juan Luis Cebrián y cuyo responsable de la sección de Madrid era D. Ismael Fuente Lafuente, fue señalado como co-protagonista de la situación, participando en la liquidación política del Sr. Revilla. El propio periódico abordó la situación en una Tribuna publicada por D. Luis Moreno, diputado del PSOE y delegado de medios de comunicación en la Diputación de Madrid el 29 de noviembre.

 

09 Octubre 1980

El PSOE y la presidencia de la diputación

EL PAÍS (Editorialista: Javier Pradera)

El penoso forcejeo entre el presidente de la Diputación de Madrid, compulsivamente aferrado a su cargo, y la dirección regional y nacional del PSOE, que le pedía la dimisión para evitar un sonado escándalo y males mayores, ha concluido finalmente con la renuncia de Carlos Revilla. Pero este pulso ha significado algo más que un nuevo incidente motivado por la vanidad de un político y por su incapacidad para contrastar la imagen reflejada en el espejo con los juicios de terceros.Es verdad que Carlos Revilla dio un notable ejemplo, a lo largo de año y medio, de cómo se puede inflar una figura hasta el punto de hacerla creer que la ocupación de un cargo público, al que había accedido por pedalear en el pelotón anónimo de un equipo definido por unas siglas, se debía a merecimientos propios, ignorados por los votantes. También parece cierto que la gestión del ex presidente de la diputación se caracterizó por un autoritarismo digno de sus predecesores en décadas anteriores, por una megalomanía que en ocasiones rozó los límites de lo grotesco y se plasmó en proyectos como la propuesta de adquirir el palacio de Villahermosa, por una proclividad al amiguismo y, por una condenable confusión entre sus responsabilidades mediatas de la ciudad sanitaria y su profesión como médico.

La destitución por decreto de Eduardo Ferrera no fue, en esta perspectiva, más que el paso en falso dado por quien creía que podía pisar fuerte -aunque fuera sobre las cabezas de sus compañeros de diputación- gracias al carisma transferido por el cargo público a su titular y por la equivocada idea de que los apoyos de la tercera vía en la Federación Socialista Madrileña o el temor de la comisión ejecutiva al escándalo le concedían patente de corso. La actitud de negarse a hacer declaraciones a la Prensa durante los días pasados cuadra a la perfección con esa arrogancia de la que pueden hacer gala quienes toman el rábano del papel social que desempeñan por las hojas de sus merecimientos ontológicos.

En cambio, el empecinamiento de Carlos Revilla en seguir en su cargo, pese a la decisión de los órganos directivos del partido que le proporcionó ese destino y que ahora invitaba a abandonarlo, hubiera sido algo más que inconsciencia vanidosa o angustia ante la idea de regresar a la vida privada. Porque Carlos Revilla, de negarse a presentar esa dimisión que la comisión ejecutiva del PSOE le pedía, hubiera situado a su partido en una incómoda postura y en un desagradable dilema. En efecto, la ley de Régimen Local impedía que el partido, gracias al cual fue elegido concejal, primero, y designado presidente de la diputación, después, destituyera de su cargo oficial a Carlos Revilla. De no haberse producido la demisión, no hubiera tenido más camino que conseguir que expulsarle como militante, con las consiguientes dificultades que hubiera ofrecido convertir en motivos para esta drástica medida la propensión al figureo o la protección a los amigos. Porque las acusaciones contra Revilla, aunque políticamente convincentes, no habían versado en ningún caso sobre aspectos lindantes con la culpa o el dolo penales. La decisión de incoar un expediente de expulsión de dudoso final hubiera reabierto las heridas apenas cicatrizadas dentro de la Federación Socialista Madrileña, desatado una polémica de dudosa utilidad para la precaria unidad de los socialistas en otros órganos o regiones y sentado el nefasto precedente de trabar en un todo indisoluble las querellas internas de un partido con la administración de los asuntos públicos.

Vaya por delante que, a la larga, el PSOE obtendrá ganancias para su credibilidad ciudadana superiores a los perjuicios que para su imagen pudieran producir sus debates externos. Para los administrados resultará tranquilizador comprobar que un partido político puede rectificar los errores cometidos al asignar a una determinada persona para un determinado cargo electivo y que no repara en costes para hacerlo. En este sentido no estaría mal que sus competidores en la Administración local siguieran su ejemplo. Ahora bien, parece necesario matizar esa valoración positiva con dos reflexiones,

Por un lado, la experiencia debería servir a todos los partidos para elaborar las listas de candidatos con mayor tiento, con menos clientelismo y atendiendo a criterios de idoneidad para las funciones públicas a desempenar. Y esto no sólo en lo que respecta a la Administración local, sino también en lo que concierne al Parlamento, tan sobrado de obedientes giradores de llaves y tan carente de técnicos y expertos. Por otro, sería totalmente rechazable que estas destituciones de los cargos públicos por los partidos no estuvieran motivadas por razones objetivas y funcionales -como parece ser el caso de Revilla-, sino que fueran consecuencia de luchas intrapartidistas de carácter ideológico o personalista. Porque el mermado crédito de los partidos como vehículos de participación de la voluntad popular en la vida pública sufriría un duro golpe si se llegara a comprobar que el buen gobierno de las diputaciones o de los ayuntamientos les importa menos a las direcciones que una buena caza de brujas contra disidentes organizada en un momento propicio.

19 Octubre 1980

Disgustos en los partidos

EL PAÍS (Editorialista: Javier Pradera)

Las direcciones de los partidos políticos se lamentan últimamente de la pérdida de militantes, de la falta de entusiasmo de los afiliados que todavía les permanecen fieles y de la indiferencia ciudadana hacia sus actividades. No deja de ser sorprendente que de estas amargas, constataciones los afectados no extraigan enseñanzas autocríticas, sino peregrinas acusaciones contra la inmadurez democrática de un pueblo que no estaría a la altura de sus políticos profesionales y contra una Prensa que no les trata como semidioses.Los partidos políticos fueron consagrados por la Constitución como una pieza clave del sistema de gobierno. El régimen electoral, y especialmente la fórmula de las listas cerradas y bloqueadas, ha instalado pragmáticamente el solemne reconocimiento expresado por el artículo 6º de la norma fundamental en los mecanismos de funcionamiento de nuestra vida pública y ha dotado a las direcciones de los partidos de poderes, dentro de su organización, superiores incluso a los del Gobierno. La única limitación que la Constitución puso a la libertad de creación y de actividad de estas organizaciones fue el respeto a la norma fundamental y a la ley. Pero el deber de que «su estructura interna y funcionamiento» sean «democráticos», que apunta, en sentido estricto, contra las bandas armadas, es cumplido, en un sentido laxo, de forma tan irregular como insatisfactoria.

Tal vez una de las explicaciones de la pérdida de autoridad política y de prestigio ciudadano de los partidos, que se manifiesta no sólo en la sangría de militantes, sino también en el alarmante y desbocado crecimiento del abstencionismo electoral (en vivo contraste con la elevada participación en los últimos comicios en Alemania y Portugal), sea su incapacidad o su falta de voluntad para aplicar en el gobierno de sus propias organizaciones los programas que proponen para el gobierno del Estado. ¿Cómo dar crédito, votos o esfuerzos militantes a partidos que propugnan la democratización y las autonomías para el conjunto de la sociedad española, pero dentro de la propia casa aplican procedimientos autoritarios y centralizadores? ¿Qué estímulos pueden tener los ciudadanos para dedicar su tiempo libre al trabajo voluntario partidista si el carné de militante no le da derecho a participar en la toma de decisiones, sino sólo el deber de ejecutar las órdenes recibidas de las alturas? Si esa negativa tendencia se confirmara, no sería extraño que la militancia quedara limitada a personas dotadas de un fuerte superego y a buscadores de enchufes.

En las últimas, semanas, los tres partidos de mayor implantación electoral en todo el territorio español han ofrecido algunos ejemplos significativos, tanto de la gravedad de la macrocefalia -no siempre inteligente- de sus direcciones y de la atrofia del resto del organismo como de los anticuerpos que comienzan a generarse contra esa enfermedad degenerativa, y también de la imposibilidad de mantener como si nada ocurriera posturas lógicamente contradictorias respecto a la sociedad en su conjunto y al propio partido.

Así, las serias diferencias entre la dirección del PCE y la dirección del PSUC, que se venían arrastrando desde la polémica sobre el leninismo, no se reducen al pulso echado por Santiago Carrillo a Antonio Gutiérrez Díaz para imponer su autoridad, ni se agotan en las acusaciones de ultranacionalismo lanzadas contra los comunistas catalanes, ni se limitan a una discusión sobre el izquierdismo de CC OO en el Principado, ni se circunscriben a la diferente valoración de los pactos de la Moncloa. Todos estos elementos adquieren una peculiar virulencia por la circunstancia de que resulta imposible defender un modelo centralista y autoritario de partido cuando simultáneamente se condena un modelo centralista y autoritario de Estado. Porque la estrategia del PCE de multiplicar las denominaciones regionales de novísimo cuño para las organizaciones comunistas periféricas recuerda de alguna forma a la treta de UCD de anegar las reivindicaciones de las nacionalidades históricas mediante la indiscriminada proliferación de autonomías artificiales para tratar de reducir al absurdo el problema y de borrar la especificidad de catalanes y vascos.

La dimisión de Carlos Revilla como presidente de la Diputación de Madrid, como consecuencia de la decisión de que así lo hiciera adoptada por la dirección de la Federación Socialista Madrileña, muestra que las disputas intrapartidistas pueden adquirir una especial fiereza y encono cuando además se hallan en juego cargos importantes en la Administración pública. Hasta el punto incluso de que la cuestión real planteada -la competencia o la incompetencia para desempeñar una función- pasa a un segundo plano ante la posibilidad de instrumentalizar el conflicto al servicio de las luchas de tendencias en el seno de la propia organización. Pocas dudas caben de que la destitución-dimisión de Revilla fue un acierto del PSOE y un alivio para los madrileños. Y, sin embargo, algo tan importante como la gestión en la diputación ha podido ser utilizada por la marrullería de algunos notables de la tercera vía como eventual botín para una operación de alianza y posteriores intercambios con los críticos, como si la política fuera una conspiración de tertulianos de café en torno a un vaso de bicarbonato. Pero los males no terminan aquí. La ejecutiva de los socialistas madrileños recibió una severa regañina por sus medidas contra Carlos Revilla de la ejecutiva nacional, que reclama su monopolio para mantener en cualquier alcaldía o presidencia de diputación a la persona designada, cualesquiera que sean sus logros y sus dotes. ¿Tal vez la dirección del PSOE hubiera preferido el estado actual en Madrid, pese a su lesivo carácter para los ciudadanos, a una dimisión-destitución escandalosa, perjudicial para el equilibrio de fuerzas dentro de la organización?

22 Noviembre 1980

La larga crisis de la Diputación

Ismael Fuente Lafuente

A la pérdida de credibilidad que han sufrido los partidos políticos desde las últimas elecciones generales y locales se ha sumado ahora el pobre espectáculo que ha ofrecido durante más de un mes la Diputación Provincial de Madrid, en la que han jugado un papel desafortunado los tres partidos políticos en ella representados: UCD, PSOE y PCE. La actitud de un presidente de la Diputación -Carlos Revilla-, que se niega a dimitir a requerimiento de su partido, después de haber hecho una gestión nefasta, que se encierra en un bunker macizo y amenaza con llevar al caos a la corporación, es algo que al ciudadano de a pie le tiene que llenar, por fuerza, de asombro.

Pero si la crisis Revilla es la crisis de la Federación Socialista Madrileña del PSOE, las actítudes del PCE y de UCD no dejan de rayar en la deshonestidad política.

Los comunistas, por su probable injerencia en los asuntos internos del PSOE, al apoyar claramente a los diputados socialistas disidentes que provocaron la caída de Revilla y al mostrar su satisfacción por el cese de éste, y los ucedistas,por su cicatería al provocar un pleno urgente con el fin de impedir que el socialista Rodríguez Colorado (elegido presidente el jueves) pueda alcanzar la presidencia por no tener aún su acta de diputado, lo que no llegaron a lograr.

Todos han salido perdiendo. Y el PSOE, más. Ni la forma en que el partido destituvó a Revilla por muy nefasta que fuera su gestión- es la adecuada (un comité regional no debe ser quien cese a un alto cargo del partido) ni las más o menos veladas amenazas del comité federal del partido contra sus diputados provinciales rebeldes son propias de la democracia interna de un partido con 102 años de tradición.

Tampoco la actitud de aquéllos, cuando tras la decisión finalmente acatida por Revilla, de dimitir (sólo cuando se lo pidió el presidente del partido) y el nombramiento de un único candidato para suceder a éste, Rodríguez Colorado, es azeptable. Trece de los dieciocho diputados socialistas en la Diputación pretendieron colocar como presidente a Arsenio Lope, aunque, destapada la caja de los truenos de Felipe González y su equipo directivo, triunfó finalmente la cordura.

Actitudes irreconciliables en la FSM

Pero la crisis interna en la Diputación es sólo el reflejo, la punta del iceberg, de una crisis mucho más profunda: la crisis largamente arrastrada en la FSM desde que Alonso Puerta fuese desalojado de la secretaría general y ocupara el cargo Joaquín Leguina, un moderado de la cuerda felipista. La Federación Socialista Madrileña, que aglutina más del 12% de todos los votos socialistas del país, es el punto más vulnerable de la dirección del partido renovado de Felipe González, que, para su desgracia, no ha podido controlar aún, ni, se supone, podrá controlar en mucho tiempo.

Las actitudes irreconciliables de los tres grupos de la FSM (moderados de Legüina, tercera vía de Puerta y grupos críticos de Gómez Llorente, Castellano, Burgos y López Riaño) han sido más que patentes y, lo que es más triste, han sido utilizadas para el asunto interno de la sucesión de Revilla. Sucesión que se planteó en la práctica como un asalto a la dirección de la FSM por los distintos grupos y un intento de descabalgar de la secretaría a Joaquín Leguina, un hombre que la ocupó con menos de una tercera parte de los votos y que ha podido salir airoso al imponer a su presidente (Rodríguez Colorado), que.no es otro que el presidente que veía con buenos ojos la línea solanista (de Javier Solana) de la ejecutiva.

La victoria de Leguina ha sido pírrica y ya hay una fuerte maniobra, difícil de parar, para derribar a la actual ejecutiva provincial en el próximo comité regional, que se celebrará en breve, a base de acuerdos entre el infatigable Alonso Puerta (un político hábil y maniobrero que nuncla supo asimilar su derrota en el último congreso, del que pensó y dijo en público que sería un paseo militar para él) y los sectores críticos. La llamada Izquierda Socialista (IS), encabezada por Gómez Llórente, Castellano, Puerta, Burgos y otros, presentada hace unos días, es la prueba de lo anterior porque es imprescindible conquistar Madrid (donde la dirección del partido está contra las cuerdas) para intentar el asalto del partido.

Rodríguez Colorado, un hombre capaz

Por suerte para la Diputación (dejando al margen la dura batalla que se avecina en la FSM), se ha elegido como presidente a uno de los políticos más capaces. Se trata de un hombre bien equipado políticamente, conciliador, aglutinador de tendencias y capaz de llegar a plasmar un verdadero programa provincial, cosa que no consiguió Revilla y que le llevó al relevo.

Dentro del panorama autonómico del país, habida cuenta de que la autonomía para Madrid, pasa por la fórmula uniprovincial, para el PSOE puede ser, además, un hombre clave a la hora de preparar lo que en su día tendrá que ser el gobierno de la provincia.

Y es un hombre, además, capaz de romper la vieja realidad, comprobable con datos, de que Madrid ha ejercido siempre como capital del Estado antes que como capital de su provincia. Se debería saber que 89 de los 177 pueblos de la provincia (la mitad más uno) tienen menos de mil habitantes, y de ellos diez tienen menos de cien, dieciocho entre cien y doscientos y veintiséis entre doscientos y quinientos. Pueblos que en épocas no muy lejanas venían a pedir a Madrid y se les regalaba una limosna de una especie de fondo de reptiles que el presidente de la Diputación podía manejar por decreto.

29 Noviembre 1980

La Diputación y EL PAIS: una crisis intervenida

Luis Moreno Fernández

Al quedar cerrada formalmente la llamada crisis de la Diputación Provincial de Madrid, tras la elección de José M. Rodríguez Colorado como presidente de la Corporación Provincial, es conveniente reflexionar en torno a una de las causas que han determinado no sólo el «masaje» informativo (medium is the massage), sino la significación de los móviles en la minoría actuante.El análisis del artículo de opinión publicado en este diario el pasado día 22 de noviembre por el jefe de la sección de Madrid, bajo el título «La larga crisis de la Diputación», arroja los elementos que han enmarcado ese «tour de force» que ha puesto en práctica EL PAIS. En la ocasión presente no puede argüirse que el medio ha sido tan sólo el cauce de hechos noticiables, por cuanto que sus editoriales de fechas 9-10-1980 y 19-10-1980 -definición interpretativa del periódico- fijaban las actitudes y pautas de comportamiento de este diario en el tema que nos ocupa.

Se debe soslayar lo que, desde la perspectiva coyuntural, evidencia, quizá, gratitud por las prioridades recibidas de las fuentes de información y que pueden establecer hipotecas en las relaciones informativas futuras. La actitud de EL PAIS en los acontecimientos acaecidos en el organismo provincial ha estado impregnada en todo momento de un señalado protagonismo. Por ello, ¿hasta qué grado su influencia ha sido decisiva en el planteamiento, desarrollo y resolución de la crisis de la Diputación… ? He aquí la cuestión a debate. A diferencia de análogas situaciones, existe la importante novedad de la inclusión en este peculiarménage á trois de un medio de comunicación que se estructura económica e ideológicamente independiente.

EL PAIS posee una gran receptividad periodística en ese sector de la sociedad que solemos denominar clase política. Permítaseme añadir además que su aceptación se patentiza en los militantes y dirigentes de los partidos de la izquierda parlamentaria. Por con siguiente, su poder de mediatización no se oculta para nadie como básico en la formación de las opiniones de aquéllos que toman decisiones políticas y en su conexión con las instituciones públicas de la España democrática.

Obviamente, la clase política es conocedora de eso, poder del medio y, con toda probabilidad, no puede evitar caer a menudo en la tentación de tratar de instrumentalizarlo en la línea de sus propósitos políticos. No es desatinado pensar que, en el momento actual, buena parte de los dirigentes han resuelto, sin el prurito de la «mala conciencia», el planteamiento que en su célebre Contrapunto exponía Aldoux HuxIey: «Saber lo que se quiere y estar dispuesto a pagar su valor».

Las razones por las cuales EL PAIS ha enfatizado sus informaciones respecto a la crisis de la Diputación se mantienen anónimas. Este anonimato garantiza a sus propias fuentes el amparo del incuestionable derecho al secreto profesional. Sin embargo, al periodista se le exige cotidianamente «escoger en las cosas que no merecen ser mencionadas y las que todavía lo merecen menos». La cita a Samuel Beckett no debe interpretarse como la pura elección de opciones alternativas. Máxime cuando es norma de obligado cumplimiento para el profesional de los medios de comunicación, salvaguardar el derecho a la libre y objetiva información que posee el conjunto de la sociedad. Hay que entender que la importante intervención que haya podido tener un diario como EL PAIS en la crisis de la Diputación Provincial de Madrid se habrá visto acompañada desde un principio de una toma de posición política en las formas de su tratamiento.

Medios de comunicación y clase politica

Incluso para un periódico independiente como este no se debe considerar banal su capacidad delimitadora de voluntades políticas, al margen de la estricta función periodística. Es, por tanto, esencial hacer una llamada de atención sobre esa trascendental conexión entre medios de comunicación y clase política, que repercute, inequívocamente, en la vida de las instituciones. Instituciones que, como la Diputación de Madrid, se hallan en una situación de indigencia debida a la escasa comprensión de sus funciones por el espectro popular. No sería exagerado preguntarse si el desenlace de una crisis como la que comentamos hubiera sido igual de tratarse de otras instituciones. Valga el Ayuntamiento de Madrid como hipótesis de trabajo.

En la actualidad, el deseo de intervenir informativamente como demostración de la fuerza del cuarto poder es un incalculable riesgo para nuestro inestable Estado democrático, ya que, entre otros aspectos, introduce una coordenada de confusión para el ciudadano

Es obligado que el periodista medite sobre su propia función política. No se pueden, apriorísticamente, asumir posiciones entreguistas en la recepción de los hechos noticiables.

Lo que considero una primera experiencia de intervención decidida de un medio de comunicación independiente en la vida de las instituciones debe ser reflexionada en lo que puede suponer una extralimitación en la defensa de las libertades públicas. El listón de la convivencia democrática también tiene su medida en la asunción de las funciones que al cuarto poder Compete.

25 FIRMAS CONTRA LA ACTITUD DE EL PAÍS

25 profesionales de la medicina mandaron una carta de protesta al director de EL PAÍS, D. Juan Luis Cebrián, criticando la forma en la que estaban tratando a D. Carlos Revilla. La nota, cuyo primer firmante era D. Juan Burzaco, decía así:

Nosotros, profesionales de la Medicina, con ideologías políticas tan amplias y dispares como las existentes en nuestra sociedad, nos sentimos obligados también, como ciudadanos, a mostrar nuestra opinión sobre la incalificable postura adoptada por EL PAIS en torno a los acontecimientos que abocaron a la dimisión del presidente de la Diputación de Madrid, Carlos Revilla. Vaya por delante que no pretendemos juzgar la gestión del doctor Revilla ni los entresijos de su partido, pero sí deseamos dejar suficientemente claro algunas cuestiones como nuestro pesar y disconformidad con el contenido y forma del editorial del 9 de octubre, en el que se vierten calificativos como autoritario, arrogante, vanidoso, favoritista, ambicioso, etcétera, para definir a una persona que durante años de convivencia profesional se ha mostrado competente, generosa, responsable, cordial y ecuánime.Fuimos testigos de la crisis personal que el doctor Revilla hubo de superar antes de dejar su especialidad de neurofisiología clínica, manifiestamente vocacional, para, siguiendo las indicaciones de su partido, aceptar la candidatura electoral. Por eso nos sorprenden las afirmaciones vertidas arteramente en EL PAIS, que describen al señor Revilla como «compulsivamente aferrado a su cargo» y «angustiado ante la idea de regresar a la vida privada».

Entendemos que el silencio del doctor Revilla, calificado en algún momento de «cerril» por EL PAIS, es un exponente más de quien, por saber callar en la adversidad, acredita su hombría. Por respeto al señor Revilla hemos cuestionado la conveniencia de esta carta. Por temor a que la Prensa convierta en práctica habitual utilizar su poder sin una información fidedigna que lo soporte, rogamos su, publicación

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