Critican al Defensor del Pueblo, el ex socialista Enrique Múgica Herzog, por no recurrir la Ley de Extranjería del PP

El defensor del pueblo, Enrique Múgica, justificó ayer su decisión de no recurrir la Ley de Extranjería ante el Constitucional por dos razones: por su convicción, avalada por diversos dictámenes, de que la ley es plenamente constitucional y porque ha decidido atenerse al criterio de sus antecesores de no recurrir cuando lo hayan hecho otras instituciones. Suena algo contradictorio. Si no había motivo para recurrir, resulta indiferente que haya o no otros recursos. Y por la vía de esperar hasta el último minuto, es posible que nunca tenga que ejercitar tal función. En este caso se le han anticipado ocho comunidades autónomas y el partido en el que militaba, el PSOE.

El Gobierno había condicionado la aceptación de un pacto sobre la inmigración, propuesto por los socialistas, a que no recurrieran al Constitucional las comunidades gobernadas por ese partido. Es cierto que la dirección del PSOE estuvo vacilante, hasta el punto de aceptar cierta incompatibilidad entre el diálogo y el recurso. Pero es evidente que la pasividad del Defensor del Pueblo no ha ayudado a superar ese escollo. Si hubiera atendido alguna de las 769 peticiones planteadas por asociaciones sindicales, cívicas y de derechos humanos, tal vez ni las comunidades ni finalmente el PSOE habrían considerado necesario recurrir.

El recurso tiene fundamento. La actual ley no sólo supone un paso atrás respecto de la vigente durante el año 2000, sino que se pone a la altura de la de 1985 en aspectos que tienen que ver con el reconocimiento de determinados derechos y garantías constitucionales al inmigrante. Lo que se cuestiona es la constitucionalidad de los artículos que supeditan el ejercicio de los derechos de reunión, manifestación, asociación y sindicación a la previa autorización administrativa de estancia o residencia, a lo que se suma el permiso de trabajo para ejercer el derecho de huelga. El Constitucional no ha tenido ocasión de pronunciarse sobre el reconocimiento de estos derechos a inmigrantes que se hallan en España sin papeles, pero sí de establecer una doctrina expansiva, no restrictiva, en cuanto a la igualdad de españoles y extranjeros frente al ejercicio de determinados derechos constitucionales.

El Constitucional ha reconocido la plena igualdad de españoles y extranjeros, cualquiera que sea su situación legal, en el disfrute de los derechos relacionados con la dignidad de la persona: a la vida, a la integridad física y moral, a la intimidad, a la libertad ideológica, a la libertad personal y a la seguridad, a la tutela judicial.Ahora tendrá ocasión de determinar si los derechos de reunión, manifestación, asociación, sindicación y huelga están ligados directamente a la dignidad de la persona y deben ser reconocidos en términos de sustancial igualdad para todos, con independencia de la nacionalidad o de la situación administrativa. Y de perfilar su posición favorable a la plena tutela judicial y a la asistencia jurídica del inmigrante en sus conflictos con la Administración, aspectos en los que el Consejo General del Poder Judicial observó carencias en su informe sobre el anteproyecto de la ya vigente ley.

El Defensor del Pueblo tiene una especial habilitación para recurrir normas que puedan violar la Constitución en materia de derechos fundamentales. Recurrir no le obliga a compartir el punto de vista de las 769 solicitudes que ha recibido para ello. Ahora tendrá que explicar de forma convincente al Parlamento por qué ha preferido no incomodar al Gobierno que promovió esta ley y su nombramiento.

La decisión del Defensor del Pueblo de no recurrir la Ley de Extranjería no sólo se justifica jurídicamente, sino que va acompañada de unas recomendaciones al Gobierno que dan prueba del espíritu constructivo de Enrique Múgica. Entre las 13 sugerencias, aceptadas por el Ejecutivo, destaca la que atañe al gremio del servicio doméstico, bolsa habitual de trabajo de los inmigrantes. Sugiere el Defensor que, puesto que en este tipo de actividad se «requiere conocimiento directo», no se puede esperar que se firmen los contratos en los países de origen. Por ello, Múgica considera que se debe facilitar la legalización de quienes ya estén en España trabajando, incluso aunque no hayan entrado de forma legal. Incluso se podrá desarrollar en el futuro el establecimiento de cupos especiales para que entren inmigrantes a buscar esos empleos. Su propuesta, formulada desde la autoridad moral que le da su cargo y la fortaleza de haber actuado según sus convicciones, debe ser concretada por el Gobierno en términos legales. Pero en la práctica significa mejorar considerablemente las condiciones laborales y vitales de quienes trabajan como empleados del hogar. Con esta recomendación, Múgica demuestra que tiene la sensibilidad hacia los inmigrantes que ayer todavía le negaban quienes se han sentido decepcionados por su decisión de no recurrir. Y además ésta se plasma en beneficios tangibles para un colectivo muy vulnerable. Facilitar la contratación de estos empleados estimulará su regularización. Y esto revertirá en la sociedad, a través de los sistemas recaudatorios y de prestación de servicios sociales.

El Defensor del Pueblo y sus colaboradores en dicha institución han deducido que la Ley de Extranjería es constitucional, pero no pueden asegurar que lo sea. Su juicio ‘no va a misa’, como señaló ayer Enrique Múgica, curándose en salud, en la conferencia de prensa convocada para explicar su decisión de no recurrir la ley. Ese juicio fuera de toda duda sólo podría emitirlo el Tribunal Constitucional, según reconoció el propio Defensor.

Ninguna otra explicación delataría mejor los endebles fundamentos de la decisión adoptada por el Defensor del Pueblo. Si su veredicto de constitucionalidad sobre la Ley de Extranjería ‘no va a misa’, ¿por qué abstenerse de ejercer la iniciativa que la Constitución le atribuye en defensa de los derechos fundamentales para despejar cualquier duda al respecto? Múgica asume de hecho el papel del Constitucional al decidir por sí y ante sí que los extranjeros e inmigrantes que viven en España pueden ser privados del ejercicio de algunos derechos constitucionales -reunión, manifestación, asociación, sindicación, huelga y acceso a una plena y efectiva tutela judicial- si no reúnen determinados requisitos administrativos.

Múgica alega que esos derechos son de los llamados de ‘configuración legal’, cuyo ejercicio puede ser limitado por el legislador. Pero eso es no decir nada. Nadie cuestiona que el ejercicio de esos derechos pueda ser limitado. Lo que se plantea es si es constitucional la regulación que hace la Ley de Extranjería de tales derechos, privando de su ejercicio al colectivo de personas que carezcan de autorización de estancia o residencia en España. El Defensor del Pueblo parte de la presunción de constitucionalidad de esa regulación. Pero existen otras posturas que mantienen que esos derechos, que la Constitución y los tratados internacionales suscritos por España reconocen a todas las personas con independencia de su nacionalidad, no pueden ser restringidos de modo que se anule su contenido esencial. ¿Respeta la Ley de Extranjería el contenido esencial de esos derechos fundamentales en modo alguno privativos de los españoles? Lo que escandaliza de la decisión de Múgica, y plantea dudas sobre su independencia, es que haya optado por avalar con tan escaso bagaje argumental las tesis del Gobierno, desoyendo las 771 peticiones que se le han hecho para recurrir la ley.

Múgica, defensor del pueblo, ha conseguido que el Gobierno legalice a los inmigrantes sin papeles del servicio doméstico. La condición de empleada/o del hogar será considerada a tal efecto como prueba de arraigo en el Reglamento y la Ley de Extranjería. Esta iniciativa de Enrique Múgica tiene una dimensión humana y social que va mucho más adentro de una simple cláusula acertada. «Criado» viene del criado (y nacido) en la casa, y la palabra conserva cierto perfume familiar de otros tiempos.

Antes del snack/bar y después del esclavo, fue el criado, la criada, esa persona como de la familia que a su vez cría a los hijos de todos y da cuerda diariamente a los relojes del vivir. Efectivamente -y qué bien lo ha visto Múgica- el hecho de aceptar una persona extraña en la intimidad, darle trabajo y confianza, vale más que cualquier papel, dice más que cualquier Ley de Extranjería. Otros trabajos, no. El trabajador manual u ocasional, el que anualmente limpia la chimenea, nunca llega a tener el grado ni la inmediatez del criado/a que hoy se llama «empleado del hogar», sustituyendo por una fórmula administrativa, fría, la calidad de criado, en una demagogia simplista e ignorante.

Belén Gopegui, que me trae muy mareado estos días, tiene un sabio artículo sobre «la mirada del criado» (en el cine). Sabemos cómo va a ser un personaje por cómo le miran los criados. Belén recuerda la mirada de la esclava prediciendo misteriosamente la muerte de la niña. Yo recuerdo al criado de los servicios, en el casino de Gilda, siguiendo la evolución personal de Glenn Ford.

La institución de la criada o el criado, liberada por leyes justas de todo resabio de esclavitud, conserva mucha solera en la familia española y hasta en la literatura. Enrique Múgica, gran lector, ha entendido bien que cuando una mujer, pongamos, ha conseguido la confianza y el afecto de la familia, por su trabajo y su trato, por esa empatía misteriosa de la vida compartida -vida a bordo del velero hogareño-, esa mujer no necesita más papeles que le garanticen nada, porque se garantiza ella sola. Resulta irónico y cruel exigirle papeles a una persona que es carne y hueso, frente a la celulosa administrativa. Tan irónico como pedirle el carné a Penélope Cruz. Múgica nos devuelve, con esta decisión, no sólo un problema resuelto sino algo que viene a humanizar la relación nacionales/inmigrantes, tan híspida y lamentable últimamente. A esto se le ha llamado en los papeles «humanitarismo», pero yo creo que va más allá del humanitarismo convencional para entrar en el socialismo natural de las cosas.

Claro que no va a volver el modelo de criada antigua, que era algo así como el pariente pobre de la familia. Se trata, simplemente, de valorar el trabajo de un jardinero o de una cocinera más allá de la intimidad doméstica, en ese mundo frío y temprano de las aduanas y otras burocracias. A los inmigrantes les pedimos papeles, muchos papeles, pero una persona no es sus papeles sino su presencia, su conciencia, su profesión, eso que ha descubierto ahora el genoma: que todos somos iguales. La criada es una igual anterior al genoma.

Le han mandado okupas a la sede del Defensor del Pueblo tras negarle legitimidad de ejercicio a Enrique Múgica Herzog, que sólo lleva un año en el cargo, y al que su peripecia personal salvaguarda que pasado mañana los suyos le tilden de antisocialismo; será que los nuevos gestores del PSOE, que siguen como provisionales y sin acabar de sentar plaza en propiedad, no le perdonan haber sido uno de los urdidores del Pacto del Betis entre vascos y andaluces que llevó en Suresnes a la entronización de Felipe González. Peor pecado cometió siendo comunista antes que monago socialista en un partido que aún recuerda la traición de Santiago Carrillo unificando para el PC las juventudes de anteguerra de ambos partidos. Por eso y por judío, siempre ha estado Enrique Múgica bajo sospecha, que llegó al paroxismo cuando el Gobierno Aznar le ofreció primero la investigación del expolio judío en España y la defensa del pueblo después. La Ley de Extranjería, hecha y rehecha, deshilada y recosida con prisas, votada y rebotada por los propios populares, es más mala que pegar a una madre, pero su anticonstitucionalidad es tan contingente que el propio Rodríguez Zapatero no quería apelar al Constitucional y pactar sus reglamentos, y sólo lo ha hecho por no quedar a la zaga de sus barones territoriales dispuestos a hacer patria desde las provincias. Tan malparida extranjería la tiene por constitucional Enrique Múgica, y sus adjuntos y sus asesores y los informes exteriores a la institución. Aunque nunca se es demasiado joven, Jesús Caldera lo es para no acordarse de la murga de legitimidades que eructó constantemente el franquismo, que basó su legitimidad en el ejercicio de la construcción de pantanos y en la espesa paz de mordaza y cementerio. La libertad de criterio de Múgica es la de un judío no religioso condenado a muerte por la dispersión de presos etarras (el asesinato de su hermano Fernando también buscaba herirle a él), y provoca incomodidades que explican la tardanza de Felipe González en hacerle ministro, pese a haber sido su valedor, y la prontitud de su relevo cuando en Justicia hacía falta alguien que incinerara basura gubernamental. Así, él y yo podíamos encontrarnos en la boda de un hijo de Guillermo Galeote que fue el pato en la otra boda de Filesa. Me temo que al final de su mandato estos hipócritas de la dirección socialista, si es que siguen en su peana, van a hacer a nuestro hombre militante de base o vigésimo en una lista de diputados por el País Vasco, porque ya es villanía meter al Defensor del Pueblo en un paisaje de dudas e incompetencias sobre la Ley de Extranjería que tan poco puede placer a un judío errante como Herzog. Desde luego Zapatero, Blanco, Caldera, tienen legitimidad de origen, incluidos los baldones del felipismo, pero la legitimidad de ejercicio (refugio antidemocrático donde los haya) la tienen por estrenar.