21 octubre 2004

Debate del Yak-42 en el Congreso: El nuevo ministro de Defensa José Bono (PSOE) responsabiliza a su antecesor Federico Trillo (PP) de las negligencias y ocultaciones

Hechos

El 21 de octubre de 2004 D. José Bono expuso en el Congreso de los Diputados su informe sobre el accidente del Yakovlev-42 de 2003.

Lecturas

https://www.youtube.com/watch?v=yNQqgtB3CeE&feature=youtu.be

08 Julio 2004

El PP tiene una deuda

EL PAÍS (Director: Jesús Ceberio)

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El Partido Popular debe ofrecer una respuesta política clara y valiente a la abrumadora lista de errores, negligencias y ocultaciones en torno al accidente del Yak-42 que puso ayer de manifiesto el ministro de Defensa y que son responsabilidad del anterior Gobierno. El Ejecutivo de Aznar, que reclamaba el monopolio del patriotismo, manipuló las informaciones sobre la muerte de 62 militares españoles que regresaban de Afganistán, contribuyendo con ello a aumentar el sufrimiento de los familiares, y cabe pensar que, sin el cambio de Gobierno, buena parte de estos datos seguiría oculta o no confirmada. Aznar no puede dimitir ya de cargo político alguno. Al ministro de Defensa de la época, Federico Trillo, le corresponde asumir su responsabilidad en forma de renuncia a su escaño en el Congreso, y a Mariano Rajoy, hoy líder del PP y a la sazón vicepresidente del Gobierno, le corresponde dar una amplia explicación, especialmente a los familiares de los fallecidos y al estamento militar en su conjunto.

El informe presentado por Bono es contundente. Confirma algunos datos que ya se conocían sobre el accidente del avión ucranio y aporta otros nuevos sobre las advertencias previas respecto a la falta de fiabilidad de estos vuelos, advertencias que fueron ignoradas primero y ocultadas luego al Parlamento. El Gobierno del PP ignoró los consejos de los propios militares de tomarse el tiempo y los medios necesarios para la identificación de los cadáveres, que se hizo por parte española en tres horas y 25 minutos. La parte turca señaló que había 30 cadáveres sin identificar, pero las prisas políticas por llegar a tiempo al funeral en Torrejón (Madrid) llevaron a saltarse todas las reglas.

También se escondió que el plan de vuelo era equivocado y peligroso y que la misma tripulación, saltándose todas las normas, iba a volar durante más de 23 horas a los mandos de un avión con la caja negra estropeada, algo que ya se sabía al despegar de Ucrania. Ahora el Gobierno tomará las medidas necesarias para indemnizar a los familiares y proponer una ley que asegure la protección debida a unos militares crecientemente llamados a participar en operaciones de paz.

No parece necesaria una comisión parlamentaria de investigación sobre este accidente. Pero hay que depurar responsabilidades. Las posibles consecuencias judiciales seguirán su camino. En la cadena de mando, Bono propone dejar fuera del servicio activo a los generales directamente implicados en estas decisiones. Aunque Bono no lo reconociera, algo tuvo que ver la renovación de la cúpula militar con todo esto. Sólo falta ahora que los responsables del anterior Gobierno den el paso que se espera de ellos.

03 Septiembre 2004

Trillo, a la reserva

EL PAÍS (Director: Jesús Ceberio)

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La peor de las sospechas ha resultado certera. El equipo enviado por el Ministerio de Defensa para repatriar a las víctimas del accidente del Yak-42, en el que perecieron 62 militares españoles que regresaban de Afganistán en 2003, se limitó a distribuir los restos en los féretros y asignar una identidad al azar a los 30 cadáveres que las autoridades turcas no habían identificado. Sólo así cabe explicar que equivocaran el cien por cien de las identificaciones practicadas.

Ahora se entiende por qué el ministerio que encabezaba Federico Trillo negó a los familiares la posibilidad de ver los restos de sus deudos a su llegada a Madrid. Hubo negligencia en la identificación y luego maniobras de ocultación. A la justicia le corresponde investigar si se produjeron actuaciones delictivas (prevaricación, falsedad en documento público). A las dudas razonables de los familiares, de las que se hizo eco la prensa, respondió Defensa con desmentidos rotundos y acusaciones de falta de «respeto a la memoria de las víctimas». El ministro Trillo empeñó su palabra en el Parlamento asegurando que la identificación se había realizado «con todas las garantías». Un Aznar airado llegó a pedir que se dejara en paz a los muertos.

El asunto provocó, tras el cambio de Gobierno, el pase forzoso a la reserva de los dos generales enviados para preparar la repatriación de los cadáveres. También la sustitución de toda la cúpula militar que estaba en activo en el momento en que se produjeron los hechos. No es lógico que, frente a esos efectos en la cadena de mando militar, el máximo responsable político del desastre -culminación a su vez de una cadena de decisiones erróneas- no haya renunciado a su acta de diputado. Hace 10 años, el PP hizo constar en un voto particular al dictamen de la comisión de investigación sobre el caso Ibercorp que consideraban que el ex ministro de Economía, Carlos Solchaga, tenía responsabilidades políticas en el escándalo «por negligencia y obstrucción, y por no investigar». Solchaga, que ya no era ministro pero sí diputado, renunció a su escaño.

Si se aplicase el mismo criterio, hace tiempo que Trillo tendría que haber entregado su acta de diputado por Alicante. Quienes le votaron ignoraban lo que luego se ha sabido, incluyendo la siniestra constatación ahora conocida. Cuando no es posible ofrecer una explicación, la forma de pedir excusas es dimitir. Es el gesto de dignidad que cabe esperar de Trillo.

22 Octubre 2004

Informe demoledor

EL PAÍS (Director: Jesús Ceberio)

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Después de lo escuchado ayer en el Congreso de los Diputados de boca del actual ministro de Defensa, José Bono, pocas dudas quedan para solicitar que su antecesor en el cargo, Federico Trillo, tenga la decencia de entregar su acta de diputado, al menos como compensación moral a las familias de los 62 soldados españoles que perecieron en el accidente del avión ucranio Yakovlev-42 hace 15 meses en Trabzon (Turquía), cuando regresaban a España desde Afganistán. Los familiares estudian denunciar al ex ministro ante los tribunales, aunque Trillo ya ha recalcado que le basta con pedir perdón, pero que no asume responsabilidades políticas ni, por tanto, tiene intención de ceder su escaño por Alicante.

«Queremos pasar página, pero no enterrar la verdad», sentenció Bono en el debate sobre el trágico suceso, al resumir el cúmulo de negligencias, ignorancias -voluntarias o involuntarias-, falta de control, abusos desmedidos en el pago de intermediarios y, sobre todo, mentiras por parte de quienes gestionaron la contratación del aparato y la identificación de los cadáveres. ¿Por qué tanta premura en la repatriación sobre la que se ufanaba Trillo como muestra de eficacia del Gobierno? Las autoridades turcas identificaron correctamente 32 cadáveres; los dos médicos militares españoles que se hicieron cargo de 30 cuerpos sin identificar erraron en todos los casos

. El examen se hizo en un tiempo récord: algo más de tres horas. Además, los dos generales responsables de la identificación, actualmente en la reserva tras haber sido apartados del servicio el pasado julio, mintieron groseramente al negar que se hubieran tomado muestras de ADN de todos los fallecidos. Uno de ellos, el teniente general Beltrán, fue ascendido poco después.

¿Respondía a un deseo de calmar la irritación de las familias y de ocultar la mala conciencia ante el desastre que había supuesto la propia operación de transporte? Muy probablemente sí. Ahora se sabe ya con total certeza que el avión había sufrido al menos dos fallos mecánicos graves, la caja negra no funcionaba, la tripulación era inexperta y estaba agotada tras 23 horas de vuelo; y que, en contra de lo que dijo públicamente el anterior ministro en una de sus comparecencias en el Congreso, a su departamento habían llegado informes preocupantes sobre la seguridad de los vuelos contratados. Otros, en cambio, fueron más prudentes. Por ejemplo, las advertencias de un capitán noruego llevaron a que el Gobierno de su país decidiera anular los vuelos contratados a través de la compañía Namsa.

En una institución donde la ley impide a sus miembros afiliarse a organizaciones sindicales, el Gobierno y los mandos militares tienen la obligación de atender al máximo las quejas, como subrayó Bono, y reforzar las garantías sobre la idoneidad de los medios empleados. No fue así. Cualquier cosa valía para descargar desde Madrid el fardo a otros, como el poco diplomático intento de Trillo de implicar directamente a la OTAN en el desbarajuste, para enfado del entonces secretario general de la Alianza Atlántica, George Robertson, por haber sido su agencia Namsa la que intermedió en el contrato. Hubo hasta cinco comisionistas. Se pagó más de la cuenta e incluso el Ministerio de Defensa reconoce ignorar todavía la cifra exacta que cobró finalmente la compañía ucrania al desconocer qué sucedió en el último tramo de subcontratas. Todo eso costó la vida a 62 soldados, dolor a sus familias, y también mucho dinero al erario público, más de 4,5 millones de dólares sólo en concepto de cobertura de un seguro inexistente. Todo eso para ahorrarse 6.000 euros, que era la diferencia que suponía el alquiler de un avión Tupolev que podía haber realizado un vuelo directo sin escalas. Y todo ello por encima del coste actual de un avión comercial.

Bono estuvo contenido y hasta elegante con el Gobierno anterior, sin criminalizar a nadie en particular, aunque anunció que habrá más depuraciones. Tenía los deberes bien hechos y pormenorizó con todo lujo de detalles pruebas aplastantes que desmontan las burdas explicaciones que había ofrecido su antecesor. Sin duda, esta catástrofe del Yak-42 es uno de los baldones del anterior Gobierno, que reaccionó con intolerancia frente a quienes pedían en el Parlamento la apertura de una investigación y con paternalismo, y hasta con maltrato, ante las reclamaciones que fueron formulando las familias de los fallecidos. Ante la demoledora exposición del ministro, el portavoz del PP, Eduardo Zaplana, perdió los papeles. Y el ex ministro Trillo sonó patético cuando alegó que lo desconocía todo y que nunca había tenido voluntad de causar daño. Por lo tanto, de nada se siente responsable.