Desarticulada una red de escuchas ilegales vinculadas al diario LA VANGUARDIA: ¿Espió el Conde de Godó a sus competidores?

La detención de varios sujetos presuntamente implicados en escuchas telefónicas y espionaje a personas de los medios de comunicación y a empresarios de otros sectores, actualiza el inquietante tema de la intromisión en la vida privada. La gravedad del problema no se ciñe al caso puntual de LA VANGUARDIA, donde deben esclarecerse todavía algunas circunstancias de una tela de araña en la que probablemente participaban desde el chófer del editor, Javier Godó, hasta la cúspide del equipo de seguridad del diario. Las víctimas de las escuchas seguro que son muchas más, a juzgar por el abundante y sofisticado material de grabación de los detenidos; y los fines podrían ser políticos, comerciales, o simplemente para poner hacerles chantaje.

Como el primer hilo de este ovillo de estiró en 1991 no cabe aplaudir la velocidad de la investigación, aunque sí el desenlace. Pero preocupa que salten a la luz tan pocos casos de escuchas ilegales desbaratadas cuando en muchos sectores es vox populi que esa práctica existe, que se puede hacer fácilmente y que se ejerce de forma mucho más generalizada de los que se cree. Es un fenómeno moderno que permiten las nuevas tecnologías, y es también bastante reciente la figura delictiva que las sanciona. Pero es imprescindible una actuación policial sistemática mucho más enérgica que la actual para reprimirla. La proliferación de las llamadas compañías de seguridad industrial o cosas por el estilo, que saben obtener datos por todo tipo de vías, si no se canaliza en el respeto a la ley es una amenaza. No para unas cuantas personas, sino para todos y cada uno de los ciudadanos.

Lo que faltaba en medio de nuestras tormentas sociales y políticas es que el propietario de uno de los principales periódicos de España, concretamente LA VANGUARDIA, se vea implicado en un asunto de espionaje telefónico sobre personas de relevancia pública, y ello ejecutado por antiguos agentes del CESID. No está demostrado todavía que Javier Godó respaldara, ordenara o promoviera estas lamentables actividades. Si fue ajeno a ello, su pecado fue de incompetencia, pues hasta su secretaria, como interlocutora de los autores de los “pinchazos”, ha sido detenida. Y si estuvo al corriente de lo que sucedía, malo también. De todos modos es difícil evaluar que falló es más grave.

La verdad es que LA VANGUARDIA no se merecía tan deficiente conducción. Uno recuerda aquel gran periódico barcelonés y trae a su memoria no sólo a los Godó que se sucedieron en una era brillante, sino a varios de sus directores, entre ellos Manuel Aznar, Echarri, Sainz Guerrero, Francesc Noy… Entran ganas de hacer una relación de grandes figuras periodísticas, muchas de ellas todavía en nómina y posiblemente perjudicables por una cita elogiosa en un clima parcial y enrarecido.

En la etapa que ahora conoce ésta y otras crisis inmeidatas que le precedieron, LA VANGUARDIA ha perdido seriedad. Es seguro que tan imporante nave no naufragará, pero necesita otra tripulación. La tendencia del señor periódico catalán a cultivar el actual poder socialista le ha restado credibilidad. La dejación de la crítica o su alarmante amortiguación bajo la dirección de ese personaje de la beautiful people socialistallamado Juan Tapia, tan celoso de la independencia de los demás pero no de la suya propia, forma parte de una política de sometimiento periodístico que no responde a una línea concreta ni una lógica de la institución.

Hace más de diez años, con los felipistas recién llegados al poder, fui invitado como conferenciante a un curso de verano patrocinado por el Ayuntamiento de San Roque, frente al Peñón. Mi tesis fue la peligrosidad que encerraba la colusión (no colisión, por favor) de intereses entre el poder constituido y algún periódico de gran influencia, en la medida en que ello por encima del deber de imparcialidad que hay que observar ante los hechos, podía conducir a un abandono de la crítica indispensable y, de este modo, al atenazamiento de la opinión y su práctico secuestro moral en muchísimos casos. Yo no me refería entonces a LA VANGUARDIA, que todavía se mantenía en un rumbo más o menos expectante, pero abrigraba graves sospechas respecto a la línea de EL PAÍS. Sospechas que tiempo después, sin tardar mucho, se confirmaron a plenitud. Algún ilustre personajes presente en aquel acto me preguntó si es que los socialistas tenían que renunciar a su victoria, cuando en realidad lo que yo quería indicar era la gravedad de un contubernio de intereses en perjuicio de un mundo lector.

Tengo para mí que la errática y entreguista política editorial de Javier Godó, potenciada por el espíritu militante, con o sin carné socialista de Juan Tapia, ha llevado a LA VANGUARDIA, sin perjuicio de esta o aquella concesión a la Generalidad, a un peligroso nivel de descrédito, cuya corrección sería siempre deseable. Con el ex asesor de Boyer e íntimo amigo de Narciso Serra al frente de la dirección del periódico los errores de Javier Godó tienden a potenciarse. Es decir, se suman errores y parcialidades que ahora, a la vista de esos espionajes telefónicas todavía por esclarecer, contribuyen a hacer del gran diario barcelonés todo un ‘caso’, esperemos que sólo temporal

Lorenzo Contreras

El CESID (Centro Superior para la Información del a Defensa) Está viviendo estos días su crisis más seria desde su creación en 1981 por el ex vicepresidente del Gobierno, el teniente general Manuel Gutiérrez Mellado.

El CESID, que ha vivido incidentes periódicos a lo largo de estos 12 años de existencia, nunca había conocido un escándalo de las proporciones del que desde hace días está ocupando importante espacio en los periódicos a raíz del descubrimiento de la llamada «red Godó», en la que aparece como principal implicado el editor y propietario de LA VANGUARDIA, Javier Godó, conde de Godó. El que varios agentes del CESID aparezcan implicados en el escándalo de las escuchas telefónicas y el que el jefe de la red de espionaje sea un importante miembro de los servicios de información, el coronel Fernando Rodríguez González, dan una especial gravedad a un tema que ha producido preocupación y hasta pánico en algunas esferas oficiales, que temen no controlar el affaire.

La lista de espiados es tan abultada que en ella aparecen periodistas, jueces, empresarios, financieros y políticos. Existen decenas de cintas grabadas, docenas de informes confidenciales con todo tipo de datos, incluidos los más íntimos y secretos y hroas y horas de conversaciones grabadas con métodos ilegales con la que han llegado incluso a hacerse chantajes económicos y profesionales.

El escándalo es de tales proporciones que tanto el ministro de Defensa, Julián García Vargas, como el propio director de centro tendrán que comparecer días ante el Parlamento para aclarar las implicaciones del espionaje español en una autentica red de extorsión y chantaje.

EL CESID que tiene copia de todas las cintas que a lo largo de tres años ha venido grabando la llamada red GOdó y que durante todo este tiempo ha venido manejando directa o indirectmante la red, se encuentra, pues, en uno de los momentos más comprometidos de su corta historia.

Cuando en noviembre de 1993 la policía descubrió una red de escuchas ilegales en el entorno de LA VANGUARDIA y se levantó una gran polvareda. Se dijo que la red espiaba y grababa a ministros y a altas personalidades de la política, que peligraban secretos de Estado e, incluso, que podía haber delitos de coacción y cohecho. Anteriormente, para poder ‘pinchar’ legalmente lo teléfonos de la red, la policía había asegurado al juez Bueren, de la Audiencia Nacional, que se estaba ante un posible delito de terrorismo.

Ahora, cuando el fiscal hace público su escrito de calificación, toda aquella polvareda de las escuchas telefónicas se resume en peticiones de pena de tres meses de arresto. Sin embargo, la novedad es que aparece otro delito  en la modalidad de continuado y sobre el que en el transcurso de la instrucción ni el juez ni el fiscal mostraron mayor interés – de falsificación en documento mercantil. Lo grave ahora ya no es la ‘red de escuchas ilegales’ sino que se pagara a dicha red a través de unos documentos mercantiles – vulgarmente facturas – fiscal y mercantilmente en orden, en los que el concepto que se alegaba no se correspondía con el servicio prestado. Los abogados de LA VANGUARDIA dirán en el momento procesal oportuno lo que piensan acerca de esta acusación que, generalizada, podría tener consecuencias imprevisibles en muchas empresas y administraciones de este país. Pero lo primero que hay que poner de manifiesto hoy es que el escrito del ministerio fiscal deja bien claro que ninguna de las acusaciones tremendistas que algunas fuentes interesadas divulgaron hace meses tenía ninguna base. Por el contrario, se echa de menos en el escrito del fiscal un estudio más atento de las presiones y el espionaje del que pudo haber sido víctima el editor de LA VANGUARDIA, Javier Godó, hasta el extremo de considerar accidental una escucha probada en su despacho que duró dieciséis meses.

Hoy, como hace quince meses, LA VANGUARDIA quiere proclamar bien alto que ni su editor ni ninguna persona de su entorno o de esta empresa infringieron la ley. Pero quince meses después, cuando declaraciones ante el propio fiscal Mena realizadas hace pocas semanas dejan bien claro que se movilizaron sumas importantes – un solo testimonio habla de 1.000 millones de pesetas – para apoyar a diarios cuya única finalidad era combatir a LA VANGUARDIA, porque su línea informativa no gustaba en algún despacho, parece obvio que la preocupación por lo que se podía estar tramando en algunos sectores no sólo no era ninguna exageración, sino que seguramente era una exigencia profesional y defensiva de un diario que quería – y quiere – mantener su independencia. El ministerio público tiene como misión acusar y no se le puede reprochar que cumpla con su deber, aunque creemos que esta vez no lo ha hecho con particular acierto. La defensa del editor de LA VANGUARDIA presentará en su momento sus alegaciones y esta Casa confía plenamente en la Justicia. Pero por encima de avatares y zancadillas jurídicas – demasiado frecuentes en la vida de la prensa – nuestros lectores pueden estar seguros de que nada nos apartará de nuestra cita diaria en el quiosco, al servicio de una información veraz, rigurosa y plural.

Una de las piezas maestras del puzle que reconstruye la caída de Mario Conde sigue siendo, todavía hoy, su relación con la red de escuchas ilegales creadas alrededor del presidente de LA VANGUARDIA, Javier de Godó.

Recientemente tuve la oportunidad de escuchar el testimonio de uno de los espías de la red que reclutó Miguel Ruiz ‘El Lobo’, a raíz de su contratación como jefe de seguridad de LA VANGUARDIA. Su historia es apasionante.

“Yo era guardia civil y estando en el País Vasco me hirieron en un atentado. No me mataron de pilagro. Me fui de allí tan pronto como pude. En 1986 creamos un grupo para darle protección al promotor de Prodiecu. En octubre de 1990, Miguel formó un equpo con ‘El Truji’, Santos y otra gente. Me llamaron para que hiciera un estudio sobre ANTENA 3 y Manuel Martín Ferrand. En la investigación utilizamos sistema para fotografíar el chalet de Martín Ferrand por dentro… Toda la información que elaborábamos iba al ‘Servicio’ (CESID), Miguel me dijo que estábamos trabajando para ellos (para el CESID), nunca dijo nada de que era un trabajo para LA VANGUARDIA. Mi implicación más directa en esa red de espionaje consistió en plagar de micrófonos LA VANGUARDIA. Eran micrófonos muy buenos, de unas frecuencias muy especiales. Los adquirí en Mataró. En una noche pusimos siete micrófonos ambientales en siete despachos diferentes y pinchamos seis teléfonos. Al poco tiempo me olí que ‘El Lobo’ podía estar haciendo doble juego: a nosotros nos decía que trabajábamos para ‘el Servicio’, pero en realidad le pasaba los informes a la gente de LA VANGUARDIA, que era quien los pagaba. Un día lo seguimos hasta el hotel Ritz y lo fotografiamos junto a un directivo de LA VANGUARDIA que se llamaba Garrofé. Era la prueba definitiva de que nos estaba engañando. Ese mismo día fui a verlo para darle el informe que me había pedido sobre ANTENA 3 y, para quitarle de en medio, le dijo que me había salido otro trabajo. Luego supe que alguien le filtró a Conde el informe que yo había hecho sobre ANTENA 3 para que pudiera utilizarlo como elemento de presión contra Godó. Ya no supe más. En vista de cómo se estaban poniendo las cosas, decidí quitarme de en medio…”.

Entre las cintas descubiertas tras el desmantelamiento de la red de escuchas ilegales conocidas como ‘la trama Godó’ figuran dos, según fuentes políticas de absoluta solvencia que reproducen conversaciones telefónicas entre Mario Conde y el Rey. Y según rumores no confirmados, Conde pudo adquirir en el mercado negro algunas otras cintas de conversaciones protagonizadas por personalidades de la alta política nacional. Entre otros, Miguel Roca y Narcís Serra.

La verdadera razón por la que aflora la existencia de la red de ‘espías de Godó’ nunca ha estado del todo clara. La versión más verosímil, avalada por fuentes políticas bien informadas, es que fue el producto de una lucha interna en el Ministerio del Interior durante el tramo final del mandato de José Luis Corcuera. Antes se había filtrado desde el CESID La existencia de conversaciones entre Rafael Vera, siendo responsable de la Seguridad del Estado y elementos de la banda terrorista ETA. Ahora, como represalia contra los que habían tratado de arruinar (con éxito) el futuro político de Vera, la policía involucraba al CESID en una trama de espionaje ilegal. Conde, en este caso, no tenía nada que ver (que se sepa), pero era una víctima indirecta de la lucha del poder desatada en uno de los enclaves neurálgicos del Gobierno.