Desarticulada una red de escuchas ilegales vinculadas al diario LA VANGUARDIA: ¿Espió el Conde de Godó a sus competidores?

La detención de varios sujetos presuntamente implicados en escuchas telefónicas y espionaje a personas de los medios de comunicación y a empresarios de otros sectores, actualiza el inquietante tema de la intromisión en la vida privada. La gravedad del problema no se ciñe al caso puntual de LA VANGUARDIA, donde deben esclarecerse todavía algunas circunstancias de una tela de araña en la que probablemente participaban desde el chófer del editor, Javier Godó, hasta la cúspide del equipo de seguridad del diario. Las víctimas de las escuchas seguro que son muchas más, a juzgar por el abundante y sofisticado material de grabación de los detenidos; y los fines podrían ser políticos, comerciales, o simplemente para poner hacerles chantaje.

Como el primer hilo de este ovillo de estiró en 1991 no cabe aplaudir la velocidad de la investigación, aunque sí el desenlace. Pero preocupa que salten a la luz tan pocos casos de escuchas ilegales desbaratadas cuando en muchos sectores es vox populi que esa práctica existe, que se puede hacer fácilmente y que se ejerce de forma mucho más generalizada de los que se cree. Es un fenómeno moderno que permiten las nuevas tecnologías, y es también bastante reciente la figura delictiva que las sanciona. Pero es imprescindible una actuación policial sistemática mucho más enérgica que la actual para reprimirla. La proliferación de las llamadas compañías de seguridad industrial o cosas por el estilo, que saben obtener datos por todo tipo de vías, si no se canaliza en el respeto a la ley es una amenaza. No para unas cuantas personas, sino para todos y cada uno de los ciudadanos.

La desarticulación de la banda de espías organizada en torno a Javier de Godó en Barcelona es una de esas noticias que superan la categoría de anécdota para alcanzar la de síntoma. Que el editor del prestigioso diario conservador barcelonés —hoy conservador del felipismo sin molestar a Pujol— contratara los servicios de una brigadilla de agentes o ex agentes del CESID para espiar a los suyos y, cabe suponer, a los ajenos, resulta sorprendente, o debería resultarlo. No es así. En los últimos años de felipismo las operaciones importantes de dinero y de medios de comunicación se han llevado a cabo de forma gangsteril. Es posible que Godó contratara los agentes o ex agentes del CESID para defenderse de operaciones de espionaje similares, de las que él pudiera ser víctima. No me sorprendería. En cualquier caso lo significativo es que personajes e instituciones más allá de toda sospecha prescindan de recurrir a la Policía, abdiquen toda confianza en el Estado de Derecho y se abandonen en manos de unos tipos a los que llamarles gangsters puede parecer excesivo mirando su pasado pero no, ciertamente, su presente y su futuro.

De todos modos, que un aventurero, espía, infiltrado en ETA o en una banda de narcotraficantes recale en tareas de espionaje menor es explicable económica y profesionalmente. Que un personaje como Godó sea el muelle donde atraque me parece mucho más grave. Corcuera, que con el jefe de la Policía, Agustín Linares, ha dirigido ese brillante servicio policial —y hay que felicitarle por ello— tiene que estar pasándolo bomba con esas cien horas largas de grabación —me parecen pocas— en las que se encontrarán los secretos verbales de grandes ejecutivos y periodistas de radio, Prensa y televisión. Si Godó mandó espiar a Pedro J. Ramírez, Corcuera se hará suscriptor perpetuo de «La Vanguardia» y colaborador desinteresado en la sección de Sucesos.

Precisamente el hecho de que noticias referidas a medios de comunicación —Antena 3 de radio, Tele 5, «Diario 16»— tengan que aparecer en la sección de sucesos constituye la demostración de una crisis sin precedentes en todo el ámbito periodístico. Algunos llevamos años denunciando las operaciones que han conseguido el cierre de periódicos, la incautación de radios y la recaptura de televisiones, operaciones que si bien son de índole particular, obra de banqueros o empresarios, cuentan con el visto bueno o, por lo menos, con la vista gorda del poder político felipista, a cambio de que los resultados informativos sean favorables a González y los suyos. «El Independiente», Antena 3 y otras en ciernes son pruebas evidentísimas. La conversación célebre de Benegas en la motorela, sobre cuya interceptación por los servicios informativos de PRISA nunca ofrecieron Gabilondo, ni Delkader, ni Cebrián, ni, por supuesto, Polanco una explicación convincente, mostró a toda España la calaña de ese auténtico clan de políticos y empresarios dispuestos a controlar al precio que sea los mecanismos de opinión en España. De Mario Conde para qué hablar. Tiene tal fama que, o está en todas las operaciones o se le supone tras ellas. Y ahora aparece Godó, el señor conde de Godó, reclutando espías y luego padeciéndolos. Qué asco.

Pero sucede aquí como en el caso Ibercorp, cuando «El País» difundió las cintas del espionaje a Jesús Cacho, que cuando uno da cuenta de lo que pasa, frente al silencio ominoso de muchos medios, no sabe bien si favorece, además de la información general, la operación de un tercero. A lo peor, la desestabilización del inestable Godó no es sino el camino para que «La Vanguardia» caiga por fin en manos de Jesús del Gran Poder un par de años antes de lo que pensaba.

Federico JIMÉNEZ LOSANTOS

Lo que faltaba en medio de nuestras tormentas sociales y políticas es que el propietario de uno de los principales periódicos de España, concretamente LA VANGUARDIA, se vea implicado en un asunto de espionaje telefónico sobre personas de relevancia pública, y ello ejecutado por antiguos agentes del CESID. No está demostrado todavía que Javier Godó respaldara, ordenara o promoviera estas lamentables actividades. Si fue ajeno a ello, su pecado fue de incompetencia, pues hasta su secretaria, como interlocutora de los autores de los “pinchazos”, ha sido detenida. Y si estuvo al corriente de lo que sucedía, malo también. De todos modos es difícil evaluar que falló es más grave.

La verdad es que LA VANGUARDIA no se merecía tan deficiente conducción. Uno recuerda aquel gran periódico barcelonés y trae a su memoria no sólo a los Godó que se sucedieron en una era brillante, sino a varios de sus directores, entre ellos Manuel Aznar, Echarri, Sainz Guerrero, Francesc Noy… Entran ganas de hacer una relación de grandes figuras periodísticas, muchas de ellas todavía en nómina y posiblemente perjudicables por una cita elogiosa en un clima parcial y enrarecido.

En la etapa que ahora conoce ésta y otras crisis inmeidatas que le precedieron, LA VANGUARDIA ha perdido seriedad. Es seguro que tan imporante nave no naufragará, pero necesita otra tripulación. La tendencia del señor periódico catalán a cultivar el actual poder socialista le ha restado credibilidad. La dejación de la crítica o su alarmante amortiguación bajo la dirección de ese personaje de la beautiful people socialistallamado Juan Tapia, tan celoso de la independencia de los demás pero no de la suya propia, forma parte de una política de sometimiento periodístico que no responde a una línea concreta ni una lógica de la institución.

Hace más de diez años, con los felipistas recién llegados al poder, fui invitado como conferenciante a un curso de verano patrocinado por el Ayuntamiento de San Roque, frente al Peñón. Mi tesis fue la peligrosidad que encerraba la colusión (no colisión, por favor) de intereses entre el poder constituido y algún periódico de gran influencia, en la medida en que ello por encima del deber de imparcialidad que hay que observar ante los hechos, podía conducir a un abandono de la crítica indispensable y, de este modo, al atenazamiento de la opinión y su práctico secuestro moral en muchísimos casos. Yo no me refería entonces a LA VANGUARDIA, que todavía se mantenía en un rumbo más o menos expectante, pero abrigraba graves sospechas respecto a la línea de EL PAÍS. Sospechas que tiempo después, sin tardar mucho, se confirmaron a plenitud. Algún ilustre personajes presente en aquel acto me preguntó si es que los socialistas tenían que renunciar a su victoria, cuando en realidad lo que yo quería indicar era la gravedad de un contubernio de intereses en perjuicio de un mundo lector.

Tengo para mí que la errática y entreguista política editorial de Javier Godó, potenciada por el espíritu militante, con o sin carné socialista de Juan Tapia, ha llevado a LA VANGUARDIA, sin perjuicio de esta o aquella concesión a la Generalidad, a un peligroso nivel de descrédito, cuya corrección sería siempre deseable. Con el ex asesor de Boyer e íntimo amigo de Narciso Serra al frente de la dirección del periódico los errores de Javier Godó tienden a potenciarse. Es decir, se suman errores y parcialidades que ahora, a la vista de esos espionajes telefónicas todavía por esclarecer, contribuyen a hacer del gran diario barcelonés todo un ‘caso’, esperemos que sólo temporal

Lorenzo Contreras

El CESID (Centro Superior para la Información del a Defensa) Está viviendo estos días su crisis más seria desde su creación en 1981 por el ex vicepresidente del Gobierno, el teniente general Manuel Gutiérrez Mellado.

El CESID, que ha vivido incidentes periódicos a lo largo de estos 12 años de existencia, nunca había conocido un escándalo de las proporciones del que desde hace días está ocupando importante espacio en los periódicos a raíz del descubrimiento de la llamada «red Godó», en la que aparece como principal implicado el editor y propietario de LA VANGUARDIA, Javier Godó, conde de Godó. El que varios agentes del CESID aparezcan implicados en el escándalo de las escuchas telefónicas y el que el jefe de la red de espionaje sea un importante miembro de los servicios de información, el coronel Fernando Rodríguez González, dan una especial gravedad a un tema que ha producido preocupación y hasta pánico en algunas esferas oficiales, que temen no controlar el affaire.

La lista de espiados es tan abultada que en ella aparecen periodistas, jueces, empresarios, financieros y políticos. Existen decenas de cintas grabadas, docenas de informes confidenciales con todo tipo de datos, incluidos los más íntimos y secretos y hroas y horas de conversaciones grabadas con métodos ilegales con la que han llegado incluso a hacerse chantajes económicos y profesionales.

El escándalo es de tales proporciones que tanto el ministro de Defensa, Julián García Vargas, como el propio director de centro tendrán que comparecer días ante el Parlamento para aclarar las implicaciones del espionaje español en una autentica red de extorsión y chantaje.

EL CESID que tiene copia de todas las cintas que a lo largo de tres años ha venido grabando la llamada red GOdó y que durante todo este tiempo ha venido manejando directa o indirectmante la red, se encuentra, pues, en uno de los momentos más comprometidos de su corta historia.

Un oscuro oleaje bate los flancos del enorme portaaviones de La Vanguardia, anclado como casi desde siempre en la calle Pelayo de Barcelona. Si al viejo portaaviones de una Cataluña burguesa y pactista nunca le gustaron los escándalos, ahora ha tenido que informar cómo su presidente editor, Javier Godó, negaba ante el juez su supuesta implicación en la red de escuchas ilegales descubierta en torno a él. Reaparecen viejos topos, medio millar de cintas con conversaciones de media clase dirigente, tramas negras, fotografías comprometedoras, redes alternativas con ex-agentes del Cesid, informes sobre la sexualidad ajena, todo amalgamado con un asunto en el que lo más claro es que la doblez es poco.

Para la sensatísima Vanguardia que estos días ha visto llegar a la Policía con una orden de registro, todo comenzó en las ubres del liberalismo fusionista de Sagasta, cuando los antepasados del actual conde de Godó y presidente editor fundaron en 1881 el periódico que pronto lograría una circulación hegemónica en Cataluña, sólo mermada con la aparición en nuestros días del populista El Periódico. Al poco, aquellos industriales del textil de Igualada, casi siempre diputados de Sagasta en Madrid, libraron La Vanguardia de la disciplina de partido, un rasgo que Javier Godó ha interpretado a su aire, con un peculiar equilibrio editorial que pone una vela al socialista Pasqual Maragall en las elecciones municipales, respalda al PSOE en Madrid, respeta a Jordi Pujol en la Generalitat y muñe con pressing de titulares el acuerdo presupuestario entre CiU y el Gobierno socialista. En tiempos de la Gran Guerra, los Godó fueron germanófilos pero el director M. S. Oliver —maurista— destacaba las crónicas francófilas del gran Gaziel.

ASCENSO Y DECADENCIA

Para el actual conde de Godó —título concedido en 1916— las desventuras quizás comenzaron cuando quiso fundar un imperio multi-media: había recibido un canal de televisión en la pedrea del Estado. La saneada gestión de La Vanguardia se convirtió en una crónica de acelerones y frenazos, complicada en sus vaivenes emocionales por los desenlaces intempestivos de su vida íntima. Quería que el conglomerado radio-televisivo de Antena 3 fuese su big-bang pero paulatinamente se transformaría en la gran contracción final. Inicialmente, el éxito de Antena 3 radio fue fulgurante, pero Antena 3 televisión no hizo más que endeudar a sus promotores.

A comienzos de 1992, el conde de Godó y Mario Conde perfilaron un acuerdo por el que Banesto entraba en La Vanguardia con un 9%. Pero a los pocos meses Godó deja de creer en tal acuerdo y en la participación de Banesto en Antena 3: entonces perderá el control de Antena 3 radio y también de Antena 3 televisión. La Caixa de Catalunya resulta ser su recurso de financiación. En Antena 3 televisión entran del bracete Banesto y el grupo Zeta. En otro volte-face, se produce un intercambio de acciones entre Polanco y Godó que va integrando Antena 3 radio —en decadencia económica— en el sector radiofónico tutelado por Prisa, grupo editor de El País, presidido por Polanco. Javier Godó recupera su sitio de honor al frente de Antena 3 radio, pero bajo la égida de Prisa. Jesús Polanco también posee ya una notable participación en La Vanguardia.

Ya en julio de 1993, el conde de Godó contrata a un ex-coronel del Cesid para el servicio de seguridad de La Vanguardia. La red de informadores puestos en nómina para proteger al conde de Godó culmina y excede de inmediato sus atribuciones. La detención —y puesta en libertad— de la secretaria del conde es un vano ultimátum para lo que un editorial del periódico ha llamado desbocada beligerancia de cierta competencia al quite. Según el director, Juan Tapia, lo único que se sabe es que «el equipo de seguridad se había convertido en una red que espiaba al propio periódico». Al final del sumario, sin embargo, aguarda una novela en la que Kafka une sus talentos a los de Rocambole, todo complicado con varios asuntos de facturas falsas, pendientes en los juzgados.

OBSESIVO Y RECELOSO

Nacido en 1941, durante largo tiempo a la sombra de su padre, siempre dolido por la muerte de sus dos hermanos mayores —ambos en accidente—, amenazado en su día por ETA, con fama de obsesionado por la seguridad, receloso e hipocondríaco, azaroso en su vida matrimonial, ahí aparece un Javier Godó que puede ser primera víctima u origen inconsciente del complot, terminalmente depresivo y con problemas de salud, añorando mejores ocios en su pent-house de Nueva York.

Javier Godó hereda de su padre un palacete: se cree que la reforma le costó mil millones de pesetas. Este domicilio también ha sido registrado por la Policía. Le apasionan los coches. Patrocina el tenis y practica la vela en su fino velero de época —el Rosalind—, en el que fue transportada la antorcha olímpica. Su hijo Carlos, hoy al frente de El Mundo Deportivo, puede recomenzar los trabajos y los días de aquella dinastía que creó La Vanguardia, renovó constantemente la maquinaria, nombró directores y la rescató al final de la Guerra Civil, durante la cual había estado en manos de un comité anarquista y también dirigida por el secretario de Negrín.

Al actual presidente editor de La Vanguardia pudiera haberle aprovechado imitar a su padre, Carlos Godó —ingeniero industrial, segundo conde de Godó, muerto en 1987—, de quien decía la leyenda que muchas veces le convino aparentar tontería, siendo notablemente astuto. Más allá de la personalidad, la alta tecnología refuerza una vez más los poderes del espionaje como brazo armado en las alcantarillas de la lucha financiera y en los desagües de la vida pública. No deja de ser una circunstancia incómoda para La Vanguardia como institución periodística y para ese cuadro de costumbres que cada domingo escenifican miles de catalanes camino de casa para comer canelones, con la voluminosa Vanguardia Dominical bajo el brazo y el tortell tradicional como postre.

Cuenta la revista «Tribuna» que Javier Godó le pagaba a Miguel Ruiz, «El Lobo», para averiguar que yo me entrevistaba con Mario Conde en su finca La Salceda. No digo yo que no, que, siempre he preferido a los zapadores que a las quintas columnas y que, en materia de espías, no paso de James Bond. Pero no deja de ser un despilfarro. La única vez que estuve en La Salceda no fue en las fechas que apunta el semanario y lo hice, precisamente, acompañando al conde nobiliario en su encuentro con el Conde de apellido. Así se escribe la historia: al oído de voces interesadas, o ignorantes, o rapaces y en vendaje de salarios o canonjías.

Lo cierto es que estamos en pleno síndrome del espionaje. Aquí los vigías prosperan más que los remeros y así luce el barco nacional, con más voces que avances. Todo el mundo tiene espías, guardaespaldas, vigilantes y celadores. Es, como en otro tiempo, tener una querida brillante y rehembrona: un signo de estatus y buena posición. El CESID, la Policía, la Guardia Civil, Godó y no sé cuánta gente más permanecen atentos a la vida y los milagros de cada quisque y a las conversaciones de unos con otros. No sé si es un negocio sucio, un vicio nuevo, una degeneración vieja o un ocio maldito, pero ahí están los resultados. En la calle de Alcalá de Madrid se ha abierto una tienda especializada en estos menesteres —La Boutique del Espía, o cosa así— en la que se pueden comprar micrófonos del tamaño de un grano de arroz, cámaras de vídeo como una cabeza de alfiler de los que antes se le echaban a San Antonio para que las mozas encontraran novio y, en suma, todo tipo de herramientas para darle patadas, en el más puro estilo cortocuerense, a la intimidad de los demás.

Esto tiene mucho que ver, en lo público, con el sentido fascistón de patrimonializar los bienes y servicios del Estado y, en lo privado, con la cultura del pelotazo. Es necesario conocer lo que tienen, hacen, sienten y piensan los demás para neutralizarles en las ideas o en los negocios, que viene a ser lo mismo en el viscoso magma del régimen felipista. Hemos llegado al paroxismo de tener espías públicos, hasta con el grado de coronel, en excedencia para que puedan desarrollarse, también, en la iniciativa privada. ¿Quién da más? En un país en el que se puede llegar a ser ex espía, con pensiones de retiro y todas las gabelas de nuestra esterilizadora norma funcionarial, es imprescindible la existencia de espías. Narcís Serra sabe mucho de esas cosas, pero ha hecho voto de silencio. José Luis Corcuera, también; pero anda tan obsesionado con el sexo de sus críticos que debe haberlo hecho de castidad. Luis Roldán no les anda a la zaga, pero su voto es, como se sabe, de pobreza. Y todos, en fin, tienen voto de obediencia con González que es, por saber, el que más sabe.

Cuando en noviembre de 1993 la policía descubrió una red de escuchas ilegales en el entorno de LA VANGUARDIA y se levantó una gran polvareda. Se dijo que la red espiaba y grababa a ministros y a altas personalidades de la política, que peligraban secretos de Estado e, incluso, que podía haber delitos de coacción y cohecho. Anteriormente, para poder ‘pinchar’ legalmente lo teléfonos de la red, la policía había asegurado al juez Bueren, de la Audiencia Nacional, que se estaba ante un posible delito de terrorismo.

Ahora, cuando el fiscal hace público su escrito de calificación, toda aquella polvareda de las escuchas telefónicas se resume en peticiones de pena de tres meses de arresto. Sin embargo, la novedad es que aparece otro delito  en la modalidad de continuado y sobre el que en el transcurso de la instrucción ni el juez ni el fiscal mostraron mayor interés – de falsificación en documento mercantil. Lo grave ahora ya no es la ‘red de escuchas ilegales’ sino que se pagara a dicha red a través de unos documentos mercantiles – vulgarmente facturas – fiscal y mercantilmente en orden, en los que el concepto que se alegaba no se correspondía con el servicio prestado. Los abogados de LA VANGUARDIA dirán en el momento procesal oportuno lo que piensan acerca de esta acusación que, generalizada, podría tener consecuencias imprevisibles en muchas empresas y administraciones de este país. Pero lo primero que hay que poner de manifiesto hoy es que el escrito del ministerio fiscal deja bien claro que ninguna de las acusaciones tremendistas que algunas fuentes interesadas divulgaron hace meses tenía ninguna base. Por el contrario, se echa de menos en el escrito del fiscal un estudio más atento de las presiones y el espionaje del que pudo haber sido víctima el editor de LA VANGUARDIA, Javier Godó, hasta el extremo de considerar accidental una escucha probada en su despacho que duró dieciséis meses.

Hoy, como hace quince meses, LA VANGUARDIA quiere proclamar bien alto que ni su editor ni ninguna persona de su entorno o de esta empresa infringieron la ley. Pero quince meses después, cuando declaraciones ante el propio fiscal Mena realizadas hace pocas semanas dejan bien claro que se movilizaron sumas importantes – un solo testimonio habla de 1.000 millones de pesetas – para apoyar a diarios cuya única finalidad era combatir a LA VANGUARDIA, porque su línea informativa no gustaba en algún despacho, parece obvio que la preocupación por lo que se podía estar tramando en algunos sectores no sólo no era ninguna exageración, sino que seguramente era una exigencia profesional y defensiva de un diario que quería – y quiere – mantener su independencia. El ministerio público tiene como misión acusar y no se le puede reprochar que cumpla con su deber, aunque creemos que esta vez no lo ha hecho con particular acierto. La defensa del editor de LA VANGUARDIA presentará en su momento sus alegaciones y esta Casa confía plenamente en la Justicia. Pero por encima de avatares y zancadillas jurídicas – demasiado frecuentes en la vida de la prensa – nuestros lectores pueden estar seguros de que nada nos apartará de nuestra cita diaria en el quiosco, al servicio de una información veraz, rigurosa y plural.

Una de las piezas maestras del puzle que reconstruye la caída de Mario Conde sigue siendo, todavía hoy, su relación con la red de escuchas ilegales creadas alrededor del presidente de LA VANGUARDIA, Javier de Godó.

Recientemente tuve la oportunidad de escuchar el testimonio de uno de los espías de la red que reclutó Miguel Ruiz ‘El Lobo’, a raíz de su contratación como jefe de seguridad de LA VANGUARDIA. Su historia es apasionante.

“Yo era guardia civil y estando en el País Vasco me hirieron en un atentado. No me mataron de pilagro. Me fui de allí tan pronto como pude. En 1986 creamos un grupo para darle protección al promotor de Prodiecu. En octubre de 1990, Miguel formó un equpo con ‘El Truji’, Santos y otra gente. Me llamaron para que hiciera un estudio sobre ANTENA 3 y Manuel Martín Ferrand. En la investigación utilizamos sistema para fotografíar el chalet de Martín Ferrand por dentro… Toda la información que elaborábamos iba al ‘Servicio’ (CESID), Miguel me dijo que estábamos trabajando para ellos (para el CESID), nunca dijo nada de que era un trabajo para LA VANGUARDIA. Mi implicación más directa en esa red de espionaje consistió en plagar de micrófonos LA VANGUARDIA. Eran micrófonos muy buenos, de unas frecuencias muy especiales. Los adquirí en Mataró. En una noche pusimos siete micrófonos ambientales en siete despachos diferentes y pinchamos seis teléfonos. Al poco tiempo me olí que ‘El Lobo’ podía estar haciendo doble juego: a nosotros nos decía que trabajábamos para ‘el Servicio’, pero en realidad le pasaba los informes a la gente de LA VANGUARDIA, que era quien los pagaba. Un día lo seguimos hasta el hotel Ritz y lo fotografiamos junto a un directivo de LA VANGUARDIA que se llamaba Garrofé. Era la prueba definitiva de que nos estaba engañando. Ese mismo día fui a verlo para darle el informe que me había pedido sobre ANTENA 3 y, para quitarle de en medio, le dijo que me había salido otro trabajo. Luego supe que alguien le filtró a Conde el informe que yo había hecho sobre ANTENA 3 para que pudiera utilizarlo como elemento de presión contra Godó. Ya no supe más. En vista de cómo se estaban poniendo las cosas, decidí quitarme de en medio…”.

Entre las cintas descubiertas tras el desmantelamiento de la red de escuchas ilegales conocidas como ‘la trama Godó’ figuran dos, según fuentes políticas de absoluta solvencia que reproducen conversaciones telefónicas entre Mario Conde y el Rey. Y según rumores no confirmados, Conde pudo adquirir en el mercado negro algunas otras cintas de conversaciones protagonizadas por personalidades de la alta política nacional. Entre otros, Miguel Roca y Narcís Serra.

La verdadera razón por la que aflora la existencia de la red de ‘espías de Godó’ nunca ha estado del todo clara. La versión más verosímil, avalada por fuentes políticas bien informadas, es que fue el producto de una lucha interna en el Ministerio del Interior durante el tramo final del mandato de José Luis Corcuera. Antes se había filtrado desde el CESID La existencia de conversaciones entre Rafael Vera, siendo responsable de la Seguridad del Estado y elementos de la banda terrorista ETA. Ahora, como represalia contra los que habían tratado de arruinar (con éxito) el futuro político de Vera, la policía involucraba al CESID en una trama de espionaje ilegal. Conde, en este caso, no tenía nada que ver (que se sepa), pero era una víctima indirecta de la lucha del poder desatada en uno de los enclaves neurálgicos del Gobierno.