Dimite el Capitán General de Barcelona, General Rodríguez Ventosa, excluido de la cúpula de la JUJEM y en medio de la polémica del reingreso de los UMD

EL CONSEJO de Ministros designó ayer a los cuatro componentes de la nueva Junta de Jefes de Estado Mayor (JUJEM), abrió una vía para resolver definitivamente el problema de los ex miembros de la Unión Militar Democrática (UMD), y oficializó el nombramiento de un civil, Luis Roldán, como nuevo director general de la Guardia Civil. Se trata de tres decisiones de gran importancia, que simbolizan, por una parte, la madurez de las instituciones democráticas, y por otra, el afianzamiento del principio de la soberanía popular en que se asienta nuestro ordenamiento constitucional, incompatible con la decimonónica división entre poder civil y poder militar. Sobre el nombramiento, por primera vez en la historia, de un paisano como responsable de la Guardia Civil ya tuvimos ocasión de pronunciarnos el viernes pasado. Las otras dos resoluciones adoptadas ayer por el Gobierno merecen comentarios pormenorizados. Y sobre todo el reconocimiento ciudadano al Gobierno de Felipe González, que, pese a muchos problemas, con estas decisiones afianza sustantivamente la soberanía popular en la administración de los llamados asuntos de Estado.Los cuatro miembros de la JUJEM saliente han permanecido en el cargo desde que, en enero de 1984, entró en vigor la reforma de la ley orgánica de la Defensa. Anteriormente, los miembros de dicho organismo eran sustituidos a medida que iban cumpliendo la edad de pase a la reserva. La legislación actual permite mantener la cúpula militar a lo largo de toda la legislatura, con independencia de la edad de sus componentes. La JUJEM saliente es la primera que ha mantenido con el Ejecutivo unas relaciones plenamente normalizadas, apoyadas en la nueva definición de su función como «órgano colegiado de asesoramiento militar del presidente del Gobierno y del ministro de Defensa». Ello significa que a la cúpula militar corresponde la ejecución de las directrices políticas emanadas del Gobierno legítimo, rompiendo la ambigüedad que resultaba de su anterior definición como «órgano superior de la cadena de mando».

Las cautas reformas que Narcís Serra ha ido introduciendo en el área de su responsabilidad han contribuido en medida considerable a adecuar las relaciones entre las Fuerzas Armadas y el conjunto de la sociedad a los principios de un Estado de derecho. Llama la atención, sin embargo, el hecho de que las peculiaridades de la carrera militar determinen todavía ese anacronismo social que supone que, en la práctica, los oficiales sólo puedan acceder a la cúpula militar cuando están próximos al final de su carrera, casi siempre después de superados los 60 años. Eso no ocurre en otros ámbitos de la actividad profesional, y humana en general, aunque es cierto que es una situación común a casi todos los ejércitos del mundo. Resulta particularmente anacrónico porque cada vez más la eficacia en la responsabilidad militar va asociada a complejos conocimientos tecnológicos. Con todo, es evidente el avance producido en los últimos años en esa adecuación a la sociedad civil.

El problema de la plena aplicación de la amnistía a los ex miembros de la UMD es, por definición, un problema específicamente político, es decir, no puramente castrense. Y como tal debe ser abordado. La noticia, difundida la semana pasada, de que tres de los miembros de la Junta de Jefes de Estado Mayor ahora sustituida eran contrarios a la fórmula prevista por el Gobierno para resolver definitivamente el problema de la reincorporación al Ejército de los nueve oficiales condenados hace una década por su vinculación a la UMD no constituye, propiamente hablando, una novedad. Nada hay de sorprendente, en efecto, en que, por ejemplo, el hasta ayer jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra, teniente general José María Sáenz de Tejada -que en su día, a fines de 1974, fue el encargado de investigar las actividades de la UMD, calificada en la sentencia condenatoria de «entidad subversiva que pretende cambiar las instituciones fundamentales de la nación»-, se muestre personalmente contrario a la reparación moral que para los nueve oficiales condenados en marzo de 1976 supone el cumplimiento por parte del Gobierno de su compromiso electoral de resolver definitivamente ese problema.

Disidencia sin desacato

Esa opinión personal, inspirada tal vez en el deseo de demostrar coherencia con el propio pasado individual o en concepciones subjetivas de los valores reputados característicos de la milicia, es, en cuanto tal, respetable; pero no tiene a los efectos del caso considerado, más valor que la de cualquier otro ciudadano. De hecho, así lo reconocieron implícitamente los propios miembros de la JUJEM saliente al asegurar que la decisión del Gobierno sería, en cualquier caso, «acatada con normalidad». Parece llegado el momento, tras casi una década de práctica de la democracia, de que los ciudadanos nos acostumbremos a contemplar sin dramatismo la existencia, incluso en el seno de las Fuerzas Armadas, de opiniones no monolíticas, siempre que tales opiniones, expresadas por los cauces reglamentarios, no impliquen resistencia a acatar las decisiones adoptadas por el Parlamento y el Gobierno de él emanado, únicos depositarios legítimos de la soberanía popular. Así ocurre en los países con una más arraigada tradición democrática, en los que resultaría inconcebible identificar la disidencia personal con la amenaza de desacato.

Los oficiales que a fines de 1974 decidieron unir sus esfuerzos a los de muchos otros compatriotas deseosos de poner fin al régimen autoritario del general Franco actuaron indudablemente fuera de la legalidad entonces vigente. Pero no es posible ignorar la naturaleza ilegítima de tal legalidad, fundamentada en la inexistencia de libertades públicas y el desprecio a los derechos humanos, ni resulta razonable olvidar que los ideales políticos propugnados por la UMD son los que encarna el régimen democrático actual. El argumento según el cual los miembros de la UMD pusieron en peligro la unidad de las Fuerzas Armadas al intentar politizarlas, y que ello merece una consideración negativa con independencia de la naturaleza del régimen vigente, constituye un sofisma que ofende a la inteligencia. Nunca en la historia de España el Ejército asumió un protagonismo tan directamente político como el que se vio forzado a adoptar durante la dictadura del general Franco, en cuyas Cortes orgánicas se sentaban numerosos uniformes y cuya legislación contemplaba, por ejemplo, la existencia de tribunales castrenses para juzgar delitos como la difusión de escritos considerados subversivos. La UMD, con mayor o menor acierto, propugnaba precisamente lo contrario a la utilización política de las Fuerzas Armadas: que éstas dejasen de ser un obstáculo a la democratización de la sociedad española y su sistema político. La ley de amnistía de 1977 reconoció en parte esta evidencia al suspender las penas de prisión que los tribunales dictaron contra los nueve oficiales un año antes, pero, de acuerdo con la legislación castrense -no modificada en posteriores reformas del Código de Justicia Militar-, se mantuvieron vigentes las penas accesorias, y concretamente las que determinaban la expulsión de las Fuerzas Armadas de los encausados. De ahí que la solución definitiva del problema exija una ley expresamente votada en el Parlamento. El Gobierno, en decisión que le honra, asumió ayer la responsabilidad de presentar la proposición de ley correspondiente.

Cuesión de principios

Entre las circunstancias que han retrasado hasta ahora la adopción de tal decisión ocupa un destacadísimo lugar la resistencia del ministro de Defensa, Narcís Serra, a otorgar al problema la prioridad que le atribuían los sectores sociales más sensibles a la injusticia. Así, la deseable prudencia que debe presidir la acción de todo gobernante, y quizá en particular la del responsable de las Fuerzas Armadas, se ha convertido más bien en su contrario: en una imprudente pusilanimidad. El problema político de la reparación moral a los antiguos miembros de la UMD debía haber estado resuelto hace años, y sólo esa pusilanimidad, al prolongar la injusticia, ha estimulado las reacciones destempladas y arrogantes de los sectores opuestos a tal reparación. Ello, a su vez, ha contribuido a sembrar inquietudes y desconfianzas que podrían haberse evitado, o que, en todo caso, estarían hoy superadas.

De ahí que resultase escasamente convincente el argumento según el cual lo más prudente era esperar a que se produjera el relevo en la cúpula militar antes de presentar el proyecto de ley. El Gobierno, que tiene contraído con la sociedad española un compromiso moral sobre la cuestión, hubiera demostrado sagacidad -pero también prudencia política- si, ilustrando así con los hechos que no admite presiones extraconstitucionales, se hubiera decidido a dejar el problema, resuelto antes de que tal relevo se llevara a efecto, liberando a la nueva JUJEM de ese, al parecer, permanente motivo de zozobra. El tiempo dirá si la solución elegida, haciendo coincidir en el tiempo ambas decisiones, resulta una hábil estratagema para evitar la interiorización de tal zozobra, simultáneamente, por salientes y entrantes.

Por lo demás, de las reiteradas manifestaciones de los propios interesados se deduce que el problema de la UNID es, a estas alturas, más una cuestión de principios que de cualquier otra naturaleza: es bastante improbable que los nueve ex miembros de la UMD, que han reorganizado sus vidas al margen de su antiguo oficio, vayan a hacer uso efectivo de su derecho a la reincorporación al Ejército una vez aprobada la ley que lo, permitiría. Pero es a ellos, y no al ministro o a la JUJEM, a quienes corresponde decidir libremente su futuro profesional. Queda para la historia el juicio definitivo sobre la iniciativa de los fundadores de la UMD. El hecho de que sus dirigentes decidieran disolverla en cuanto en España se celebraron, en los inciertos primeros pasos de la transición, las elecciones libres de 1977, demuestra su oposición de principio a la consagración del asociacionismo militar como cauce de actuación política, ilustra su rechazo de cualquier proyecto de régimen tutelado desde los cuarteles y avala la naturaleza democrática de fondo del movimiento. A la espera de ese juicio histórico, cabe quizá adelantar que fue una suerte para los españoles que la UMD fracasase en su objetivo inmediato de jugar, desde el Ejército, un papel significativo en la transición, por más que su objetivo último, la democracia, fuese alcanzado. A lo largo de los últimos 200 años, casi todos los períodos democráticos vividos por nuestro país estuvieron asociados y fueron tributarios de movimientos nacidos entre la oficialidad progresista de los cuarteles. Ello explica en parte lo pocoque tales fases duraron y la tendencia a que todas ellas fueran seguidas por pronunciamientos de signo involucionista.

El ejemplo próximo de Portugal ilustra hasta qué punto resulta costoso a la sociedad civil desembarazarse de la hipoteca que, al margen de la voluntad subjetiva de los individuos, deriva del protagonismo militar en los procesos de cambio político.

Ello no modifica un ápice nuestra consideración de que la plena aplicación de la amnistía a los nueve ex miembros de la UMD era, como en el caso de otras personas condenadas por sus actividades antifranquistas, e independientemente del juicio concreto que tales actividades merezcan desde el punto de vista político o ideológico, una exigencia de justicia. Por ello mismo, la decisión del Gobierno de dar una salida a esa asignatura pendiente, cumpliendo así su compromisoelectoral, nos parece digna de elogio y merecedora de apoyo frente a quienes aprovechan la más mínima circunstancia para ir por atún y a ver al duque.

APENAS UNAS horas después de que los miembros de la nueva Junta de Jefes de Estado Mayor (JUJEM) hubieran tomado posesión, el capitán general de la IV Región (Barcelona), Fernando Rodríguez Ventosa, solicitó su pase anticipado a la reserva. Dos razones han sido adelantadas por fuentes castrenses como determinantes de la decisión: su desencanto por haberse sentido postergado en los recientes nombramientos de la nueva cúpula militar y su descontento ante la solución dada por el Gobierno al problema de los ex miembros de la UMD. Rodríguez Ventosa había expresado, por una parte, su esperanza de acceder a la jefatura del Estado Mayor de la Defensa y, por otra, su desacuerdo con los nombres barajados en las últimas semanas como candidatos a la jefatura del Ejército de Tierra, y en particular el del teniente general Miguel Iñiguez, que sería el elegido. Ya entonces Rodríguez Ventosa había sugerido su intención de solicitar su pase a la reserva. También se hace constar que el ex capitán general de la IV Región se abstuvo de expresar su desacuerdo sobre esa cuestión -mientras que sí lo hizo en relación al problema de la UMD- en la reunión del Consejo Superior del Ejército celebrada el pasado día 30.En cuanto al reingreso en el Ejército de los nueve ex miembros de la UMD, es más que verosímil que Rodríguez Ventosa lo considerase un error, como otros muchos oficiales de las Fuerzas Armadas, de escasas convicciones democráticas y acendrado espíritu corporativo, que reiteradamente se han pronunciado en tal sentido en los últimos años. Nos hallamos ante una cuestión eminentemente política, cuya no solución era simplemente una vergüenza para la transición democrática y para la construcción del Estado de derecho. Rodríguez Ventosa estaba en desacuerdo con este criterio: su opinión fue oída por el ministro de Defensa, pero el Gobierno no compartió su punto de vista. Ahí tenía que haber terminado todo. España es un país democrático, en el que los miembros de las Fuerzas Armadas no disponen de ningún poder de veto sobre las decisiones políticas.

Sin embargo, el ex capitán general esperó al día en que tomaba posesión la nueva JUJEM para dar un portazo, con la indudable pretensión de que resultase sonoro. De modo y manera que si sus razones pueden ser estrictamente personales, la actitud se presta a una interpretación distinta: puede parecer un desafío lindante con la provocación. Desafío al Gobierno elegido por los españoles para que dirijan la política nacional, y desafío a las propias Fuerzas Armadas, que, con discrepancias o sin ellas, han acatado, como es su obligación, la decisión adoptada. Desafío, ante todo y sobre todo, a la nueva JUJEM, cuyo prestigio ante el estamento castrense se intenta rebajar en el día de su toma de posesión.

Parece razonable deducir que las dos explicaciones barajadas como causa del abandono del ex capitán general son igualmente válidas. Rodríguez Ventosa estaba en contra de la aplicación plena de la amnistía a la UMD, pero quizá su desasosiego no hubiera sido tan enorme si su carrera militar no se hubiera oscurecido después de las últimas decisiones del Consejo de Ministros. En todas las profesiones se producen nombramientos que causan frustración en los descartados, pero no hay por qué mezclar ese sentimiento con cuestiones que afectan a la gobernación del Estado. Sería ingenuo, y disparatado, pretender que las opiniones personales de los militares tengan que coincidir siempre con las del Gobierno. Pero el escalafón o la brillantez del expediente no tienen por qué ser el único, ni siquiera el principal, dato utilizado por el Ejecutivo a la hora de designar a las personas que habrán de materializar su política de defensa. Rodríguez Ventosa disponía de una brillante hoja, y era considerado un experto en materia de coordinación estratégica con la OTAN. De ninguna manera puede considerarse que ello otorgue por sí mismo un derecho a ocupar determinados cargos.

Pero si las razones personales son siempre respetables, el simbolismo elegido para la marcha del ex capitán general son preocupantes. Demasiadas veces, rabietas personales de algunos militares han conducido a conflictos institucionales. Y la larga experiencia internacional de Rodríguez Ventosa, su bagaje cultural y su formación castrense le deberían haber llevado a una actitud más mesurada. Si tan irritado estaba con lo de la UMD el portazo se lo podía haber dado a la JUJEM saliente y no a la que llegaba. Si tan decepcionado estaba con su no ascenso, la dignidad del propio Ejército y el respeto a sus compañeros exigían un poco más de paciencia. Para no hablar del respeto que merece la ciudadanía, siempre preocupada por cualquier ruido de sables, y a la que es evidente que este militar, de supuesto corte europeísta, no ha prestado la más mínima de las atenciones. Con su actitud, el general Rodríguez Ventosa ha demostrado lo acertado que estuvo el Gobierno al no designarle para nuevo ascenso alguno.

La solicitud de pase a la reserva formulada por el general Rodríguez Ventosa, capitán general de Cataluña, tiene una importancia relativa. Obedece en el fondo, según los más autorizados intérpretes, a un enfado personal por no haber entrado su nombre en la combinación de la cúpula militar recién creada. Rodríguez Ventosa, como hace unos meses Yraizoz ante Veguillas, se creía con mejores derechos que Iñiguez del Moral, nuevo jefe del Estado Mayor del Ejército, e incluso que Puigcerver, elevado a la Jefatura del Estado Mayor de la Defensa.

La actitud del capitán general de Cataluña ha sido tan individual como disciplinada. En realidad no cabe confeccionar ninguna especulación sobre un extendido estado latente de malestar militar, aunque hace pocos días, en una de las instituciones de las Fuerzas Armadas se formularon abundantes críticas por parte de generales y coronales.

Lo más razonable es pensar que Rodríguez Ventosa ha tejido su actitud con mimbres de diversa procedencia. Sus pretensiones eran muy elevadas, sin medir quizá la componente política que contiene toda promoción al nivel supremo de las Fuerzas Armadas.

Pero además se daba la circunstancia de que el hombre situado en el Estado Mayor del Ejército, teniente general Íñiguez del Moral, es prácticamente el ejecutor del plan META o plan de reformas militantes, y en este sentido gozó siempre de la máxima confianza de Gutiérrez Mellado, el militar más admirado fuera de los Ejércitos, pero probablemente más detestado en amplios sectores de ellos.

Hay constancia a pesar de todo, de que Rodríguez Ventosa tomó su decisión hace unos quince días, sabedor sin duda de que no se contaba con su persona para la nueva organización de la traída y llevada cúpula. El hecho de que decidiera plantear su petición de pase a la reserva no ante la JUJEM anterior, sino ante la nueva, permite referir a Iñiguez del Moral el descontento del ya ex capitán general de Cataluña.

En algunos medios militares se estima que Rodríguez Ventosa había sobrevalorado sus propios méritos, incluso en mayor medida que el propio Yraizoz cuando adelantó su pase a la reserva en protesta por el ascenso del general Veguillas, actual capitán general de Valladolid. De todos modos su curriculum o historial castrense es brillante y probablemente sólo la circunstancia de que los ascensos al supremo rango responden a criterios políticos le han impedido ver colmadas sus apsiraciones.

Es evidente que ya han pasado los tiempos de las grandes conmociones cuando un alto militar se retiraba voluntariamente o dimitía de un cargo político. La democracia y el 23-F han hecho posible la nacionalidad de ciertos procesos o actitudes. La campanada de Rodríguez Ventosa ha sonado un poco en el vacío.

Esa normalidad o por lo menos naturalidad con que se contemplan algunas decisiones personales inesperadas de altos jefes militares no quiere decir inexistencia de motivos de malestar en el seno de las Fuerzas Armadas. Las críticas registradas en esa institución militar cuya mención preferimos omitir demuestran hasta qué punto hay temas conflictivos en lo que se relaciona con la política de Defensa. Sería demasiado afirmar que Serra disfruta de un alto grado de consideración en el seno del mundo castrense.

La rehabilitación de los militares de la UMD y el reciente asesinato del gobernador militar de San Sebastián han dejado, por otra parte, huella en la sensibilidad de algunos sectores. Huellas especial, se entiende.

Que tales hechos hayan operado sobre e ánimo o los humores del teniente general Rodríguez Ventosa, intensificando su descontento, es algo de elemental deducción.

Lorenzo Contreras