Dimite el Presidente de Asturias, Rodríguez Vigil (PSOE), ante el fraude de ‘Petromocho’, le sustituye Antonio Trevín

EL desenlace de «Bienvenido mister Marshall», obligado símil al hablar del timo de la petroquímica asturiana, dejaba un regusto de amargura, atemperado por el humor berlanguiano. Como en el timo de la macrorefinería, las ilusiones de quienes esperaban un futuro más próspero se evaporaban conforme los veloces coches de los americanos pasaban de largo. También en este caso, todo ha quedado en un burdo engaño. De la «macroinversión» de 366.000 millones para instalar un complejo petroquímico en el municipio de Carreño, cerca de Gijón, que el presidente Rodríguez-Vigil y el consejero de Industria, Víctor Zapico, anunciaron a bombo y platillo hace una semana no hay nada de nada. Industria desconocía la operación. Y el Saudí International Bank -supuesto inversor- desmintió rotundamente desde Londres que fuera a financiar una petroquímica en Asturias. Y tras el amargo despertar, el Ejecutivo autonómico ha quedado en evidencia. El presidente del Principado ha reconocido que hubo fraude -«una extraña y curiosa trama que no logro entender»-. A buenas horas. ¿Es que no se les pasó por la cabeza llamar al banco? ¿A nadie se le ocurrió pensar que la última inversión árabe en España (KIO) acabó en fiasco, que los saudíes tienen que pagar todavía el coste de la Guerra del Golfo, y que en un mundo en crisis nadie está muy dispuesto a gastar 3.000 millones de dólares en Asturias? ¿Sabían que en España sobra capacidad refinera? Además los gobernantes asturianos crearon unas expectativas falsas entre los ciudadanos, con manifiesto electoralismo (Vigil anunció la superinversión cuatro días antes de que González inaugurase una planta de Du Pont). Se ha jugado frívolamente con las esperanzas de una región tan castigada como Asturias, una de las que tiene mayores niveles de paro del país. Sin embargo, el epílogo de esta nueva astracanada deja cierto buen sabor de boca. Rodríguez Vigil ha admitido su responsabilidad y ha decidido dimitir. Cierto que era la única salida razonable y que tampoco se puede ignorar la presión ejercida por el sector guerrista de la Federación Socialista Asturiana, encabezado por el sindicato SOMA-UGT, influyente «lobby» político del Principado. El malestar en las filas socialistas es inocultable ante el perjuicio electoral que va a causarles la torpeza del Ejecutivo asturiano. Pero nada de esto empaña el honroso gesto de Rodríguez Vigil. Resulta aleccionador que un político reconozca sus errores, que señale que «no basta con ser honrado» sino también parecerlo, y que sea capaz de coger la puerta a tiempo. Sobre todo en esta época.

El lamentable incidente del proyecto frustrado de instalación en Asturias de una planta petroquímica de capital saudí ha terminado de una forma razonable y digna: si, como todo permite deducir, el Gobierno autónomo, y su presidente a la cabeza, han sido objeto de una estafa o engaño, sólo cabía asumir las responsabilidades políticas -puesto que no ha habido gastos económicos, según la versión oficial- e interponer la correspondiente denuncia judicial si hubo delito. La dimisión del presidente y de su Gobierno en pleno es el reconocimiento de un error, pero también una actitud clara y poco frecuente de una regla no escrita: los errores se pagan. Un comportamiento tan sencillo como ejemplar puede ser interpretado desde diversos puntos de vista, pero la dimisión a bote pronto anula totalmente la odiosa sensación de que el apego al poder está indisolublemente unido a la condición del político. Es, sin duda, la reivindicación de una profesión, pues en pocas ocasiones como la descrita el sentido común se ha mostrado más próximo a las decisiones sensatas.Los hechos son tan insólitos que si no fuera por la frustración social que conllevan, encajarían en una nueva y refinada picaresca de finales de siglo: la pasada semana, dos días antes de iniciarse oficialmente la campaña electoral, el presidente del Principado de Asturias, el socialista Juan Luis Rodríguez-Vigil, convocó una conferencia de prensa para anunciar a bombo y platillo una inversión multimillonaria -360.000 millones de pesetas- en territorio asturiano para construir una planta petroquímica. Dio el nombre del inversor, el Saudi International Bank, de capital estatal de Arabia Saudí, y subrayó que daría empleo a 1.500 asturianos de forma directa y unos 5.000 inducidos. Incluso precisó que se comprometía a Conseguir el 30% de la inversión (108.000 millones) del Gobierno central para subvencionar el proyecto.

En principio, la noticia fue recibida como se merecía: todo un bombazo. Tanto desde el punto de vista económico y social, por lo que supone para una región deprimida por la crisis industrial, como desde el político, por lo que representaba como arma electoral en, vísperas de las elecciones. Sin embargo, al día siguiente ocurrió lo peor. Todo lo anunciado por Rodríguez-Vigil empezaba a convertirse en un fiasco. El propio Saudi Intemational Bank, desde sus oficinas de: Londres y Nueva York, negaba categóricamente la existencia de la mencionada inversión.

Mientras tanto, en Madrid, el ministro de Industria, Claudio Aranzadi, reconocía haberse enterado del asunto por «lo que dicen los periódicos». ¿Cómo es posible que una inversión de tamaño calibre, en la que se asegura que la Administración central va a financiar más de 100.000 millones de pesetas, no sea conocida por los responsables del Gobierno? ¿Cómo se puede anunciar una inversión tan fuerte sin haber hablado directamente con los inversores, como reconoció Rodríguez-Vigil?

Es evidente, y así lo reconoció el ahora dimisionario presidente, que depositó una confianza excesiva en los intemediarios de la inversión. Lo peculiar del asunto es que todo ello se produce en vísperas de unas elecciones generales en las que la incertidumbre de sus resultados multiplica por mil el valor de los gestos. Rodríguez-Vigil, suponemos que eufórico por el importante impacto popular y electoral de la hipotética inversión, superó con excesiva facilidad los pormenores del proyecto, obvió las preguntas más elementales y Confundió, en suma, el deseo con la realidad.

Pero si la historia remite a pícaros, engaños y precipitaciones, la resolución de la misma -la rápida dimisión del Gobierno asturiano y el anuncio de investigar y clarificar todos los extremos de la historia-, demuestra dos cosas importantes: de un lado, que la dureza de la campaña electoral no hace olvidar -sino más bien parece estimularlo- el componente moral de: las decisiones políticas. De otro, que la ciudadanía tiene la oportunidad de comprobar que las reglas del juego lo son para todos.

Son tiempos difíciles en los que, en ocasiones, el valor de un gesto permite, recuperar la confianza en la clase política. Han sido demasiados casos de incompetencia tolerada, de fácil culpabilización ajena-en prácticamente todo el espectro político- como para que un reconocimiento explícito e inmediato de un grave error pase inadvertido.

Todavía en la resaca de «el debate» de Antena 3 TV, la campaña electoral se centra y, al tiempo, se crispa. Los devotos de uno y otro bando -el bipartidismo crece- se agarran a su propia esperanza como las lapas a la roca: en defensa de su ecosistema vital. De ahí los excesos, con cargo al Presupuesto, de TVE. Es difícil defender la libertad, que es valor abstracto, en perjuicio del pan, que es algo bien concreto. Por eso es importante, y que lo aprendan quienes han de gobernar con la Ley 4/80 en vigor, nombrar para tu televisión (o para donde fuere) personas que tengan algo personal que perder. El feroz fanatismo de María Antonia Iglesias, por personalizar, se puede defender desde el «estado de necesidad». Un empleo bien retribuido, un coche oficial y una mullida moqueta valen mucho para quien no puede aspirar a tales bienes en ejercicio profesional libre. En este país hay mucho Miguel Bosé que necesita del «felipismo», del Régimen, para poder seguir siendo y por ello se aterrorizan ante una victoria de lo desconocido que, por otra parte, no ha adquirido todavía ningún compromiso de desmantelar el Régimen en favor de las libertades democráticas. TVE, y los demás beneficiarios del Régimen, tiene que silenciar denuncias como las aventadas estos días en EL MUNDO. El suicidio no se lleva por estos pagos y casos como el de Rodríguez-Vigil no son frecuentes entre nosotros. La corrupción ya forma parte – ¿inseparable?- del Régimen. Lo que ahora se puede plantear en las urnas es la eliminación -iojalá que no el relevo!- de los corrompidos. Pero ¿qué pasa con los corruptores? Las bolsas que Rafael Delgado, alias «Fali», llevaba a la calle Ferraz son una evidencia de corrupción; pero, ¿quién llenó esas bolsas? Si el pueblo español lo quiere, que no lo tengo yo muy claro, Felipe González, Alfonso Guerra, «Fali» y toda la compañía pueden pasar a ser un recuerdo; pero, ¿cómo podemos defendernos de quienes, como partes beneficiarias del Régimen que se ha establecido, llenan de dinero las bolsas del poder a cambio de privilegios, bicocas y sinecuras de toda condición? En el, por el momento olvidado, «asunto Filesa» se han llevado de ignominia media docena de nombres del PSOE y están bajo sospecha docena y media más. Sin embargo los nombres de los corruptores, aunque estos a su vez hayan sido corrompidos, han pasado por la opinión pública sin mayor desgaste y, si se apura, adquiriendo valor de listos y hábiles gestores. En Italia han tenido el talento -siempre se aprende mucho mirando a Roma- de meter en el mismo saco a los De Mita que a los Romiti (número dos de Fiat). Sólo así, aplicando la «Ley de Mahoma», cabe confiar en una cierta regeneración nacional. Tampoco es bueno que el toro sólo pueda coger a los políticos, politiquillos y politicastros; es decir, a los eventuales mientras los fijos, los de siempre, siguen engordando el patrimonio y enflaqueciendo las expectativas nacionales. Hay que zarandear, también, el autobús de la oligarquía. La cultura nacional, instalada en el miedo desde la invención de la Inquisición, tiende a aceptar como bueno lo establecido y, como me predicaba en el colegio un hermano . de La Salle, a identificar novedad con noverdad. Pero ya nos dice Baura que en la innovación no hay riesgo, sino esperanza. La transición, en aras de la paz, prefirió la reforma a la ruptura, pero ya va siendo hora de acabar con las malas costumbres, las falsas acuñaciones, los prestigios prestados, los intereses «respetables» y los tontos galardonados. Aznar lo tiene en la mano. ¿Se lo permitirán las malas compañías?

La dimisión de Juan Luis Rodríguez-Vigil como presidente del Principado de Asturias se había convertido en una exigencia política ineludible tras el escándalo que supuso el monumental fiasco del proyecto petroquímico. En esa expectativa la noticia, llegada a primeras horas de la madrugada de hoy, no puede ser considerada como una sorpresa.

Aunque se acepte la hipótesis de que la noticia había quedado ‘congelada’ hasta después del debate televisivo entre Aznar y González, la suposición de que la dimisión le fuera impuesta a Vigil desde más arriba – seguramente desde la Moncloa – tiene todos los visos de verosimilitud. Vigil, en efecto, se había implicado a sí mismo y a su partido y, por si fuera poco, había interferido la campaña electoral del mismísimo Felipe González.

Lo cierto es que Rodríguez-Vigil no podía seguir en la Presidencia del Principado, tal como exponía LA NUEVA ESPAÑA el pasado domingo. El mismo reconoció anoche que había perdido la credibilidad ante los asturianos, sus representados, lo peor que le puede ocurrir a un político. Tras este reconocimiento sus excusas de esta madrugada suenan a inconsistentes  o pueriles, aparte de escasamente elegantes. Hablar de la ‘ingenuidad de mi consejero de Industria’, como apareció en TVE – a la que, por cierto, anticipó la noticia con respecto a otros medios, en un gesto de falta de equidad informativa tan habitual en su trayectoria – es echar piedras contra su propio tejado. Si Víctor Zapico es consejero de Industria es porque Vigil lo nombró. Y si pudo cometer un error tan descomunal como el que desembocó en el fiasco petroquímico – el petromocho, como lo bautizó ayer una emisora – fue porque la forma de gobierno impuesta o tolerada por Vigil lo permitió.

Y ése es el fondo del problema. Un episodio grotesco, que ha llenado de vergüenza y de indignación a los asturianos, al sentirse no sólo defraudados por sus gobernantes sino además desprestigiado ante el mundo, ha sido la culminación de una gestión desastrosa, carente tanto de estilo como de método y, desde luego de eficacia y que ahora, a la reveladora luz de su final, se ofrece como un inevitable motivo de investigación.

Una consideración final. Sería absurdo dar por saldadas con la dimisión de Vigil las responsabilidades políticas que cabe exigir en este caso. Su nombramiento como candidato había sido en su día tan sorprendente como revelador. Quien apostó por él debe cargar con su cuota de fracaso. Y quien sostuvo su política con sectarismo digno de mejor causa frente a las críticas que ya se ve que no iban descaminada debe participar de su crédito.