Dimite la directora de la Agencia Tributaria, Beatriz Viana Miguel, después de su departamento atribuyera a la Infanta Cristina unas fincas

La Agencia Tributaria remitió ayer un informe al instructor del caso Urdangarin en el que insiste en que la Infanta no ha cometido ningún delito fiscal en Aizoon, sociedad que comparte al 50% con su marido. Hacienda mantiene que, para atribuirle esa conducta delictiva, «no basta con que sea partícipe sino que se requiere una participación consciente como inductora o cooperadora».

La hija del Rey se llevó al menos 550.000 de los 1,1 millones de euros públicos que se desviaron a Aizoon, calificada por la propia Hacienda de «sociedad interpuesta», y destinó buena parte de estos fondos a compras privadas y a reformar su palacete. Por otra parte, la Agencia Tributaria ha vetado al perito con el que el juez intentaba contrastar la actuación de Hacienda, que en casos idénticos sí imputó delito fiscal a la cónyuge.

La Agencia Tributaria contestó ayer al juez José Castro que el informe que emitió el pasado mes de enero, en el que exonera a la hija del Rey del delito fiscal de su sociedad patrimonial Aizoon, no tiene «lagunas ni contradicciones».

Hacienda replica de esta manera al requerimiento del magistrado, que le instaba, siguiendo las instrucciones de la Audiencia de Palma, a que revisara la interpretación que había aplicado en este asunto.

«No cabe emitir un nuevo informe ni añadir o suprimir nada del informe anterior», subraya la Agencia Tributaria, que aprovecha para «ratificarse íntegramente en él». Hacienda hace suyo el argumentario expuesto por la Abogacía del Estado y considera que «no puede considerarse a Cristina de Borbón cooperadora por el solo hecho de ser socio no administrador de una sociedad».

Cabe recordar que la hija del Rey posee el 50% de la sociedad instrumental Aizoon, que comparte con su marido y que fue empleada para desviarse los fondos públicos recaudados por el Instituto «sin ánimo de lucro» Nóos. Pero también para cobrar más de un millón de euros por asesorías ficticias a grandes empresas nacionales e internacionales.

«Para ser partícipe en un delito contra la Hacienda pública», continúa el nuevo informe de la Agencia Tributaria, «se requiere una previa participación consciente dirigida a la defraudación a la Hacienda pública». «Bien induciendo al autor a cometer el delito, cooperando a su ejecución con un acto sin el cual no se habría efectuado, o cooperando a la ejecución del hecho mediante actos anteriores o simultáneos».

Esta argumentación se contradice, sin embargo, con la aplicada por la propia Agencia Tributaria en un reciente caso de corrupción acontecido también en Baleares.

Bartomeu Vicens, ex conseller de Ordenación del Territorio por Unió Mallorquina (UM) y mano derecha de la ex presidenta del Consell de Mallorca y del Parlamento balear Maria Antònia Munar, compartía con su esposa una sociedad instrumental similar a Aizoon. En este caso, fue bautizada como Metalumba y carecía, al igual que la primera, de actividad real alguna.

Vicens empleó Metalumba para percibir comisiones ilegales a cambio de simular la prestación de servicios inexistentes con su empresa. Al igual que Aizoon, fingió la prestación de asesorías millonarias para cobrar, entre otras, una comisión del 15% a cambio de recalificar el polígono industrial de Son Oms, ubicado junto al aeropuerto de Palma.

En dicha sociedad pantalla, Vicens y su mujer, Antònia Martorell, eran accionistas, como Urdangarin y la Infanta en Aizoon. Sin embargo, a diferencia de Cristina de Borbón, Martorell, ama de casa completamente ajena a los manejos de su marido y dedicada al cuidado de una hija enferma, ni tan siquiera ostentaba cargo alguno en la misma. Por contra, la hija del Rey era la secretaria del consejo de administrador de su sociedad patrimonial, sustituyendo años después a su marido en la presidencia.

Bien, pues en el caso de Metalumba la Agencia Tributaria solicitó el levantamiento del velo societario al considerar que la sociedad era una mera pantalla y atribuyó el fraude cometido a los dos partícipes por igual. En el caso de Aizoon, Hacienda ha actuado de manera similar al despojar a la sociedad de su coraza fraudulenta; sin embargo, ha atribuido el desfalco fiscal sólo al duque de Palma y ha exonerado a su mujer.

De ahí que la Audiencia de Palma, en el auto en el que acordó la suspensión de la imputación de la Infanta por tráfico de influencias, censurara con dureza el criterio aplicado por la Agencia Tributaria en el delito fiscal de Aizoon.

«Si la entidad Aizoon, participada al 50% por la Infanta y secretaria de la Junta General, no era más que una pantalla y se constituyó con una finalidad defraudatoria, lo que no se entiende es que la Agencia realice un levantamiento parcial del velo», destacó la Audiencia, que se preguntaba «por qué» Hacienda «le hace la cuenta a uno de los socios», descargando la responsabilidad en Urdangarin y apartando a la hija del Rey.

Para esclarecer esta cuestión, Castro nombró como perito al técnico de Hacienda que había venido empleando en el caso Palma Arena, del que nace el de Urdangarin. La Agencia Tributaria se ha opuesto al considerar que el juez no tiene potestad para escoger al funcionario que quiera, y bloquea así la vía abierta por el juez para analizar «con criterios habituales» el caso de la hija del Rey.

LA AGENCIA Tributaria ha dirigido un escrito al juez Castro en el que vuelve a exonerar a la Infanta Cristina de delito fiscal. Hacienda dice que «no cabe emitir un nuevo informe» porque el anterior «no tiene lagunas ni contradicciones». Y se ratifica en su criterio de que el único responsable penal del fraude de Aizoon es Iñaki Urdangarin. Hacienda también se niega a aceptar el perito propuesto por Castro y señala que nombrará otro. Hay indicios de que la Agencia Tributaria puede estar actuando en este caso con un rasero distinto al habitual. Por ejemplo, la mujer del ex diputado balear Bartomeu Vicens, de Uniò Mallorquina, ha sido llevada al banquillo por evasión fiscal de la sociedad patrimonial en la que figuraba con su marido. Y eso que no tenía ningún cargo, a diferencia de la Infanta en Aizoon.

Prácticamente nada más saltar la noticia, un portavoz de la Infanta Cristina negó anoche mismo las ventas de fincas y tierras en los años 2005 y 2006 que le atribuye la Agencia Tributaria y adelantó que puede tratarse de un error.

En un informe remitido por la Agencia Tributaria al juez que investiga el caso Nóos, José Castro, el organismo público señala que la Infanta ha vendido fincas y tierras que poseía en la provincia de Alicante, Ciudad Real y Barcelona por un valor total de 1.435.603 euros entre los años 2005 y 2006, poco después de sustanciarse la compra por 5,8 millones de euros de su domicilio en el barrio de Pedralbes de la ciudad condal.

En lo referido a bienes inmuebles, el informe señala que de la información aportada por notarios y registradores no se deduce la existencia de transmisiones en el periodo 2002 a 2004 y tampoco desde 2007 a 2012. Las ventas se concentran entre 2005 y 2006, poco después de que adquiriera junto con su marido, Iñaki Urdangarin, el denominado «Palacio de Pedralbes», en octubre de 2004.

La Agencia Tributaria ha concluido que el Instituto Nóos que presidía Iñaki Urdangarin percibió, de una parte, 5,6 millones de euros públicos por la organización de sus foros en Valencia y Baleares. De otra, constata que se gastó exactamente 1.979.496 euros en la organización de los eventos. Asimismo acredita que se quedó el resto de los fondos procedentes de las arcas públicas valencianas y baleares.

La investigación judicial ya ha documentado que los beneficios obtenidos, en lugar de reinvertirlos en nuevos proyectos, como marcan los estatutos de la entidad, se los desvió con facturas falsas a sociedades instrumentales controladas por él. Entre otras a Aizoon, propiedad al 50% del duque de Palma y de la Infanta Cristina.

Este cálculo avala el realizado a principios de año por el Fiscal Anticorrupción Pedro Horrach y que sirvió de base para la imposición de una fianza de más de ocho millones de euros en concepto de responsabilidad civil al duque de Palma y a su número dos en el Instituto Nóos, Diego Torres. Tanto el Ministerio Público como el juez José Castro ya han advertido indicios de malversación de caudales públicos y fraude a la Administración.

Los inspectores de Hacienda han peinado, a petición del titular del Juzgado número 3 de Palma, todas las facturas abonadas por la entidad «sin ánimo de lucro» durante los ejercicios en los que estuvo activa para determinar cuáles son imputables a los eventos y cuáles no.

La Agencia Tributaria advierte, tras revisarlas una por una, que existen «sólidos indicios que apuntan cabalmente hacia la falsedad de facturas». Precisa que las trampas han consistido en la variación de los «conceptos o importes» de las facturas o «directamente en la simulación de operaciones», y deja constancia del espectacular margen de beneficio que manejaron Urdangarin y Torres, que llegó a alcanzar el 600%.

El resultado final del rastreo de Hacienda apunta a que en el primer foro que organizó el ex jugador internacional de balonmano en Valencia en 2004, destinado a analizar la relación entre los grandes eventos y las ciudades, gastó sólo 194.438 euros en montarlo.

Esta cifra contrasta con el millón largo de euros que percibió por cada una de las tres ediciones que organizó de los que fueron bautizados como Valencia Summit.

La segunda edición de estas jornadas financiadas por el Gobierno valenciano le salió a Nóos por 395.597 euros y la tercera, por 320.635 euros. Por lo tanto, frente a unos ingresos de 3,3 millones de euros públicos, el ex presidente de Nóos sólo destinó a los actos para los que fue contratado, 910.670 euros.

En el caso de los que fueron denominados Illes Balears Fórum, la mecánica se vuelve a repetir. Nóos percibió, siempre mediante un convenio y eludiendo la convocatoria del preceptivo concurso público, 2,3 millones de euros públicos por la organización de dos ediciones, las correspondientes a 2005 y 2006.

EL INFORME enviado por Hacienda al juez Castro en el que se certifica que la Infanta Cristina vendió fincas y casas por valor de 1,4 millones de euros es el centro de un auténtico enigma. La Casa Real, contra su costumbre, lo ha desmentido categóricamente, algunos de los dueños de esas propiedades también lo han negado y la Agencia Tributaria se reafirma en sus datos. El asunto es lo suficientemente grave como para que, hoy mismo, el Ministerio de Hacienda lo aclare sin escudarse en la confidencialidad, puesto que la Casa Real le está acusando de dar información falsa a un juez. Cabe la hipótesis de un error de la Agencia, lo que sería para echarse a temblar. Pero también cabe la posibilidad de que sea una operación destinada a desacreditar la investigación del juez sobre la Infanta.

SI es cierto que el informe de la Agencia Tributaria sobre las supuestas ventas de fincas propiedad de la Infanta Cristina es erróneo, posibilidad que admitió ayer el ministro Montoro, la cadena de responsabilidades deberá ser exhaustiva en el seno de ese organismo. A última hora de la tarde, la Agencia Tributaria admitió que no había «convalidado» los datos relativos a las compraventas en las que, supuestamente, participó la Infanta Cristina como vendedora. Pero para la Agencia, todo el problema estaría causada por errores de los notarios o de los registradores que tramitaron las escrituras. Todo ciudadano tiene derecho a que la información fiscal que posea el Estado sobre él esté sometida a la más estricta certeza. La Infanta Cristina no tiene un derecho más fuerte que el del resto a que los informes de la Agencia Tributaria sobre su patrimonio sean ciertos.

Pero si esos informes, además, son remitidos a un juzgado de instrucción, en el que se investiga la posible comisión por la Infanta Cristina de un delito contra la Hacienda Pública, el rigor de la información fiscal no admite el más mínimo margen de error.

La Infanta Cristina ha desmentido las ventas que le atribuye la Agencia Tributaria y ésta mantiene que su informe se basa en datos objetivos, como el DNI del contribuyente y las informaciones remitidas por notarios y registradores. El juez ha pedido directamente información a los Registros de la Propiedad y el Fiscal General ha anunciado que analizará el informe de la Agencia Tributaria. El Gobierno pasa de largo. La Agencia echa la culpa a otros y se escuda en la supuesta negligencia de notarios y registradores. La confidencialidad de las informaciones fiscales es una regla esencial para la privacidad del ciudadano, pero llegados a este nivel del caso, en el que nada es confidencial y todo se somete a juicio público, parecería razonable que, ante el desmentido rotundo de la Infanta Cristina, la Agencia Tributaria diera algo más que respuestas de manual. Las preguntas que provoca esta radical discrepancia entre la Agencia y la Infanta debe encontrar una rápida respuesta, porque la incertidumbre perjudica gravemente la imagen y la presunción de inocencia de la Infanta, y la confianza que deber merecer el Fisco.

La Agencia Tributaria lio ayer aún más el entuerto desatado el viernes pasado cuando atribuyó falsamente a la Infanta Cristina la venta de 13 propiedades por 1,4 millones en 2005 y 2006. Hacienda intentó echar la culpa a los registradores: «Son datos aportados a la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) por terceros». Eso sí, su tesis se desmoronó al reconocer, acto seguido, que no verificó la información recibida acerca de los bienes atribuidos a la hija pequeña del Rey e implícitamente que da por buenos sin más todos los datos que le llegan de los más de 25 millones de contribuyentes que hay en España.

Como no las tiene todas consigo, el instructor del caso Urdangarin, José Castro, se puso ayer manos a la obra y reclamó a los cuatro registros afectados (Alicante, Pilar de la Horadada, Almagro y Arenys de Mar) que certifiquen si la Infanta ha tenido algo que ver alguna vez con estas propiedades. Entre otras razones, porque podríamos estar ante un delito de falsedad documental. Lo cierto es que ni a la Policía Judicial ni a la Fiscalía Anticorrupción les habían salido estos bienes en la investigación patrimonial integral que han efectuado sobre todos los protagonistas de la trama Nóos.

La indignación de los investigadores, de la Fiscalía y del juez José Castro con la Agencia Tributaria es de las que hacen época, según confirmaron ayer a EL MUNDO varios abogados personados en la causa. Entre otras razones, porque en la investigación patrimonial integral que se ha efectuado en el último año y medio sobre los bienes de la Infanta Cristina y su marido, Iñaki Urdangarin, jamás han salido las 13 fincas valoradas en 1,4 millones de las que habla el Ministerio de Hacienda.

El escándalo organizado es monumental. Al punto de que la propia hija pequeña del Rey negó el viernes por la noche, por boca de la Casa del Rey, haber sido jamás propietaria de estas 13 fincas diseminadas en puntos tan diferentes de la geografía nacional como Almagro (Ciudad Real), Alicante, Arenys de Mar (Barcelona) y Pilar de la Horadada (Alicante). La sorpresa apareció el viernes en la documentación remitida al Juzgado de Instrucción 3 de Palma por el Ministerio de Hacienda, que fue requerido para que aportase a la causa todos los bienes muebles, inmuebles, cuentas bancarias, fondos de inversión, activos financieros y depósitos de los que sea titular «la contribuyente Cristina Federica de Borbón y Grecia desde 2002 a nuestros días».

Y así debe ser porque la estupefacción de unos y otros en el caso Urdangarin es total. «Y de repente, como por arte de birlibirloque, caen del cielo unas propiedades de las que nadie nunca tuvo constancia», aseguran fuentes próximas a la investigación. Hay quien sostiene que «todo esto puede ser obra de las cloacas del Estado para intoxicar y que parezca que toda la instrucción es mentira y está prefabricada como estos inmuebles de los que nadie tenía constancia. Es decir, que tan mentira es la parte como el todo».

El caso es que la Agencia Tributaria se apresuró ayer a descargar toda la responsabilidad en el Colegio de Registradores, a desviar la luz de los focos en un momento en el que todos los partidos con responsabilidad parlamentaria exigen que rueden cabezas en el organismo que se dedica a escrutar las responsabilidades fiscales de todos los españoles.

La propia Agencia Tributaria, que dirige Beatriz Viana, intentó quitarse de en medio manifestando textualmente que en «la contestación al Juzgado se ha atenido a los estrictos términos de la petición de datos efectuada, comunicando los datos aportados a la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) por parte de terceros».

Lo más curioso viene a continuación. El fisco confiesa que los datos suministrados «no han sido objeto de valoración jurídico tributaria». O, dicho en otras palabras, que Hacienda no comprueba la veracidad o no de los datos que le remiten los registros de la propiedad. Esto es, que da por buena sin más cualquier notificación. Y en un ejercicio de auténtico equilibrismo dialéctico, como intentando matizar unas palabras que dejan a los pies de los caballos a los registradores, puntualiza la puntualización: «No cabe extraer directamente de los propios datos efectos ni consecuencias directas en materia jurídico tributaria».

Además, recuerda que las facultades de la administración tributaria para comprobar si un contribuyente está o no en perfecto estado de revista «están afectadas por el plazo de prescripción de cuatro años previsto en el artículo 66 de la Ley General Tributaria». Olvida, sin embargo, que el instructor del caso Urdangarin reclamó todos los datos patrimoniales de la hija del Rey no sólo para certificar si ha cometido o no fraude fiscal, sino también para comprobar si ha podido incurrir en blanqueo, tráfico de influencias, malversación u otros delitos con mayores plazos de prescripción.

Sin que nadie le haya acusado previamente de ello, el Ministerio de Hacienda «rechaza tajantemente» la posibilidad de que alguien haya introducido deliberadamente datos falsos en una parte para sembrar la duda sobre todo el proceso.

Por si acaso, el propio magistrado José Castro firmó ayer una providencia requiriendo a todos y cada uno de los registros de la propiedad afectados –Alicante capital, la localidad alicantina de Pilar de la Horadada, Almagro (Ciudad Real) y Arenys de Mar (Barcelona)– para que den fe de la realidad de estas propiedades.

El objetivo es aclarar lo sucedido para posteriormente depurar las responsabilidades penales oportunas. Entre otras razones, porque se podría haber producido, como mínimo, un delito de falsedad documental. Salvo, claro está, que se trate de un error inocente, algo que cuestionan seriamente los investigadores.

Por otra parte, José Castro acordó ayer aceptar la personación en el procedimiento de los concejales del Grupo Municipal Socialista de Valencia. Hay que recordar que parte de los 3,7 millones de euros que se llevaron Iñaki Urdangarin y Diego Torres de la Comunidad Valenciana salieron del Ayuntamiento presidido por Ritá Barberá.

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PSOE e IU exigen que Montoro dé explicaciones

PSOE e IU pidieron ayer la comparecencia en el Congreso del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, para que aclare la «fiabilidad y veracidad» del informe de la Agencia Tributaria sobre la supuesta venta de varias propiedades por parte de la Infanta Cristina. En su petición de comparecencia, los socialistas piden a Montoro que aclare si el informe es veraz, después de que la Casa del Rey desmintiera su contenido y negara que la Infanta haya vendido las propiedades que se le atribuían. Por su parte, el portavoz parlamentario de IU, José Luis Centella, pidió que Montoro y el presidente de la Agencia Tributaria expliquen en la comisión correspondiente las «contradicciones» entre el informe aportado al juez que investiga el ‘caso Nóos’ y «los desmentidos sobre su contenido realizados por fuentes de la Casa Real». Asimismo, Centella ha registrado una pregunta en la que pide aclaraciones sobre el informe elaborado por la Agencia Tributaria.

LA AGENCIA TRIBUTARIA admitió ayer que no comprobó el informe remitido la semana pasada al juez Castro, en el que constaba la venta de 13 propiedades inmobiliarias por parte de la Infanta Cristina. La Agencia sostiene que se limitó a enviar al juzgado de Palma los datos suministrados por terceros sin entrar a valorar su veracidad.

En ese informe aparecían las ventas de pisos, casas y fincas en Alicante, Ciudad Real y Barcelona por importe de 1,4 millones de euros, realizados en 2005 y 2006. La Casa del Rey desmintió el viernes por la noche, horas después de filtrarse su contenido, que la Infanta tuviera nada que ver con esas operaciones.

Han transcurrido cuatro días y seguimos sin tener una explicación convicente sobre el origen de esos datos de Hacienda. El juez envió ayer un escrito a los registros de la propiedad de los lugares donde se realizaron las compraventas, pidiendo la identificación de los titulares de esas operaciones.

En primer lugar, resulta muy extraño, por no decir imposible, que todos esos registradores de localidades diferentes se hayan equivocado al facilitar los datos a Hacienda. En segundo lugar, cabe sorprenderse también de que esa información figurara de forma incorrecta en la Agencia Tributaria, ya que los vendedores están obligados a pagar el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales en el cual quedan identificados al igual que en el registro de la propiedad existe un apunte de la transacción. ¿Es que Hacienda no comprueba estos datos?

La Agencia Tributaria se escudó ayer en que se limitó a cumplir la petición del juez Castro, que le había solicitado toda la información que obraba en su poder. Pero el automatismo no es una excusa porque se supone que Hacienda está obligada a contrastar su veracidad, máxime si está respondiendo a la exigencia de un juez.

Dado que esa demanda de información era sobre el patrimonio de la Infanta, parece obvio que la Agencia Tributaria debería haberse preocupado de verificar la autenticidad de los datos. El hecho de que no se tomara esa molestia sólo corrobora la falta de interés que está mostrando en ayudar a la Justicia en la investigación del caso Nóos. Hace ocho días, la asociación de técnicos de Hacienda denunció en un comunicado público que la Agencia Tributaria «no ha cooperado» con el juez Castro.

El ministro Montoro eludió ayer dar una explicación sobre lo sucedido, argumentando que carece de información de lo que hacen sus técnicos. Pero él está obligado a vigilar el buen funcionamiento de la Agencia Tributaria y a responder políticamente sobre la veracidad de sus informes. Además, ahora Hacienda está forzada a detectar, hacer público y corregir su error.

Al margen de que haya o no existido dolo o afán de engañar, el hecho es que ha suministrado una información incorrecta al juez. El mismo automatismo que operó para responder al encargo, debe funcionar a la hora de establecer responsabilidades. La directora de la Agencia Tributaria no actuó de forma diligente y, por ello, debe dimitir.

ESTABA garantizado que la chapuza del informe de la Agencia Tributaria sobre la supuesta venta de fincas de la Infanta Cristina acabaría desbordando la esquiva respuesta protocolaria de este organismo y forzaría al ministro de Hacienda a dar explicaciones. Tras el desmentido de Doña Cristina, ayer se conoció la explicación oficial de la Agencia, que Montoro tendrá que afinar y completar en la comparecencia parlamentaria, a petición propia, que se ha comprometido a hacer a la mayor brevedad posible. Es posible que, como dice el comunicado, el problema se deba a un error en la información facilitada por «terceros», que no pueden ser otros que los notarios y registradores que han intervenido sucesivamente en la tramitación e inscripción de las escrituras de venta.

Error cometido, al parecer, en la consignación de un documento nacional de identidad coincidente con el de la Infanta. Realmente llama la atención que ese error se haya producido en una docena de ventas y en cuatro registros de la Propiedad distintos. Y queda por saber en qué eslabón de la cadena se produce ese error, porque la Agencia Tributaria no puede desentenderse con el argumento de que no le correspondía verificar los datos de un informe que dicho organismo redacta y firman sus responsables. A la vista está que en el futuro tendrán que hacerlo, porque es inaceptable que los juzgados puedan recibir informes fiscales tan chapuceros como el de este caso. Por otro lado, aunque la ley no impusiera a Hacienda la obligación de verificar los datos de las transmisiones, resulta difícil de creer que ningún técnico de la Agencia Tributaria reparara en lo poco verosímil que parece una transmisión en la que la hija del Rey vende un terruño por un precio de 843 euros. Se trata, en fin, de aclarar el error hasta el último extremo y aprender la lección.

El informe de la Agencia Tributaria entregado al juez José Castro exonera de forma concluyente a la infanta Doña Cristina de cualquier indicio de delito fiscal, admitiendo en cambio la posible culpabilidad de Iñaki Urdangarín y de su socio en el Instituto Nóos, Diego Torres. Según los inspectores fiscales, sólo cabe imputar los rendimientos obtenidos a quienes son propiamente hablando sujetos pasivos del tributo correspondiente. Ni una sola prueba, ni siquiera una leve sospecha, permiten atribuir responsabilidad alguna a la Duquesa de Palma y se despejan así las dudas que unos cuantos pescadores en río revuelto alimentan desde hace tiempo. Después de los errores injustificados de Hacienda sobre la inexistente titularidad de determinadas finca, el informe que avanzó en su día ABC viene a clarificar cualquier duda razonable, de tal modo que habría que habandonar de inmediato la pretensión sin sentido de imputar a la Infanta. Así, se cierran también las posibilidades de que siga abierto ese ‘juicio paralelo’ a Doña Cristina, alimentando falsas sospechas y planteado como una forma de desgaste para la Corona. Al final, como siempre se imponen los hechos concluyentes.

Sin perjuicio de la presunción de inocencia y las garantías jurisdiccionales, todo apunta a que Iñaki Urdangarín y su socio han realizado actuaciones socialmente reprochables, cuyas secuelas jurídicas tendrán que determinar los jueces. En rigor, Hacienda atribuye realmente la ingeniería financiera de la operación a Diego Torres, a quien califica de autor intelectual con un control absoluto sobre la trama, mientras que el marido de la infanta se ocupaba de aspectos representativos e institucionales. Los expertos hablan de una maraña de facturación con un número inusitado de facturas por un importe global superior a ocho millones de euros. Tras este informe y una vez que el ministerio aclare el sorprendente documento con datos registrales remitido al juez, quedarán definitivamente cerradas las puertas para cualquier movimiento interesado en desprestigiar a Doña Cristina y a la Corona. Por fortuna, la inmensa mayoría social sabe distinguir entre las pruebas fehacientes y las sospechas sin fundamento que algunos pretenden hacer pasar por verdades de fe. Tras su presencia reciente en la misa celebrada en el Palacio Real, la Infanta tiene derecho a continuar sus actividades cotidianas al margen de todos estos infundios. El proceso judicial tendrá que seguir su curso con mayor agilidad para aclarar de una vez las responsabilidades penales en los términos que corresponden a un Estado de Derecho basado, de forma inexorable, en el principio de igualdad de todos los ciudadanos ante la ley.

NUESTRO editorial del 18 de junio se titulaba «La directora de la Agencia Tributaria tiene que dimitir». Ayer, 10 días después, Beatriz Viana dejó el cargo. Ha hecho lo correcto, porque los errores cometidos con los datos de la Infanta Cristina han sido gravísimos. No se entiende, sin embargo, la explicación que el ministro Montoro ha ofrecido de esa decisión, desvinculándola de la asunción de responsabilidades. Más aún por cuanto hoy publicamos que el malestar y la presión de los inspectores de Hacienda han precipitado los hechos. Lo más sorprendente es que Montoro aún debe una explicación coherente de lo ocurrido. Esa actitud oscurantista sólo acrecienta las sospechas de que la Infanta goza de trato especial. El relevo de Viana no sirve por sí solo para zanjar el asunto.

Este martes, un propio de Hacienda tuvo que poner rostro a la durísima cara de Don Cristóbal, que tras dos días anunciando una explicación del escándalo de las 13 fincas supuestamente vendidas por la Infanta, huyó de la prensa. Pero el miércoles no podía esquivar la sesión de control al Gobierno, e insistió en la teoría de los cuatro notarios errados y los 13 errores simultáneos, negada otra vez por los notarios y por el sentido común. Sobre todo, insistió en que no hay trato especial del Fisco a nadie. Y esa misma tarde, el CSIF de Hacienda lo dejo por embustero. Según los funcionarios, hay «perfiles», como el de la Infanta, a los que sólo pueden acceder los jefes. Y se ve que ascienden los que no miran aunque cante el ordenador. Por eso no habría hecho Hacienda en 2005 la paralela a los 1,3 millones de euros atribuidos a Cristina14. Además, el juez Castro ha denunciado que la Agencia Tributaria le ocultó la venta de un dúplex en Barcelona, propiedad de Iñaki y Cristina, por 2,2 millones de euros. «Errores, errores», repite Montoro, saltarín como un Hare Krishna. Pero ni Krishna lo cree.