Dimite Lluís Prenafeta como Secretario de la Presidencia de la Generalitat de Jordi Pujol entre sospechas de corrupción

EL DIMISIONARIO secretario de la Presidencia de la Generalitat, Lluís Prenafeta, es una de las personalidades más secretas, y a la vez sugerentes, de la actual clase dirigente. Este hombre de apariencia gris y discreta ha sido el audaz piloto de las operaciones políticas más comprometidas del Gobierno convergente a lo largo de 10 años. Su especialidad ha consistido en guiar el difícil eslalon pujolista, con sus vertiginosos deslizamientos entre la más rotunda lealtad a la Constitución y a las instituciones y sus aproximaciones a los límites del sisterna y de la propia legalidad. Lo ha hecho, con pericia desigual pero reconocida por sus enemigos, en asuntos vidriosos como las apuestas y juegos de la Generalitat, la televisión y las radios autonómicas o la proyección internacional de Jordi Pujol. Este despliegue de habilidad y riesgo políticos ha ido acompañado de una. incesante actividad privada: periódicos, bancos, financieras, seguros y curtidos se cuentan entre sus negocios y proyectos.La fiscalía barcelonesa, conocedora de que el brazo derecho de Pujol participa intensamente en un Gobierno con amplias competencias para conceder subvenciones, aprobar planes de urbanismo o adoptar toda suerte de decisiones con repercusiones empresariales, decidió hace dos meses abrir una investigación para estudiar si el poderoso secretario de la Presidencia de Pujol pudiera haber incurrido en algún tipo de incompatibilidad o irregularidad. Esta suspicacia fiscal sobre las actividades de Prenafeta y su dimisión temporalmente posterior afloran en un momento especialmente delicado, de fuerte polémica sobre las relaciones entre la ética y la política.

La dimisión de Prenafeta es súbita. Su protagonista la había previsto públicamente para, como muy pronto, el próximo mes de septiembre, con objeto de dedicarse enteramente a sus negocios privados. Todo indica, pues, que las diligencias fiscales no han constituido el motivo básico de la renuncia, aunque sí la hayan acelerado. Algunos pensarán que la labor fiscal pueda relacionarse con la promesa de catarsis realizada no hace mucho por Alfonso Guerra, olvidando que la fiscalía barcelonesa ha sido tradicionalmente muy independiente. Otros lamentarán en esta investigación una línea de continuidad con una supuesta persecución sistemática de espurias motivaciones contra Jordi Pujol y los suyos. Otros, finalmente, considerarán positivo todo intento de aclaración de posibles extralimitaciones en el ejercicio del poder.

Se escoja la hipótesis que se escoja, e independientemente de cuáles seari los resultados de las indagaciones jurídicas en marcha, cualquier aproximación sensata al asunto debe celebrar desde el punto de vista moral el anuncio de dimisión realizado por Lluís Prenafeta, pese a que lo haya acompañado de nerviosos e inadecuados improperios. Porque, aunque de forma tardía, y sin que su protagonista lo establezca claramente así, viene a reafirmar prácticamente que hay y debe haber una incompatibilidad clara entre la práctica política y la dedicación a los negocios: no es de cajón que bolsillo y patria ineluctablemente se excluyan, pero sí lo es que no deben confundirse.

SIEMPRE Es difícil que la garantía de presunción de inocencia satisfaga suficientemente al sujeto implicado en un proceso judicial. Esta figura de salvaguardia, sin embargo, es básica en el ordenamiento jurídico: consagra que todo ciudadano es inocente mientras no se demuestre lo contrario, y no al revés. Es decir, la responsabilidad de la prueba corre a cargo de la acusación, y no del acusado. Uno de los efectos más importantes de la presunción de inocencia tiene que ver con la existencia de la publicidad del proceso: como hay publicidad de la presunta implicación, se predica y se subraya que todo sujeto es; inocente por definición. Y en términos de equidad debe ser así, y este principio deben respetarlo todos, responsables públicos y medios de comunicación incluidos.Lluís Prenafeta, secretario general dimisionario de la Presidencia de la Generalitat y hombre de múltiples iniciativas y negocios privados, es inocente por principio, por mucho que un fiscal, un dirigente de un sindicato y 24 abogados hayan iniciado acciones tendentes a procesarle. Subrayarlo no es ocioso y es legítimo que lo haga el Gobierno al que pertenece, el de la Generalitat de Cataluña.

Pero no es aceptable que esta declaración se convierta en su contrario, hasta el punto de que para algunos dirigentes del partido de Prenafeta ya existe, aun sin juicio, un culpable: el fiscal que ha iniciado las actuaciones, sometido ahora a un grave juicio sin pruebas y descalificado sin contemplaciones. ¿El motivo? Por «manifiesta y obsesiva parcialidad» y por sus presuntas «ignorancia y menosprecio» hacia el Parlamento autónomo al haber interpretado la legislación de forma distinta a como lo hace el Ejecutivo catalán. No es casualidad que una de las acusaciones tenga que ver con la publicidad de los hechos. ¿Acaso se pretende eliminar absolutamente la publicidad propia de toda instrucción judicial, hasta llegar al auto de fe contra un profesional del derecho al que se considera incómodo, para evitar que la opinión pública conozca los motivos de la iniciativa fiscal?

De momento hay que esperar que las declaraciones de Convergéncia y del Gobierno que preside Jordi Pujol sobre el caso Prenafeta y sus anuncios de movilizaciones sean sólo fruto del nerviosismo o de la precipitación. Conviene que todos se rijan por la discreción política, la mesura verbal y el respeto institucional para que la justicia haga su trabajo con presteza, sin intromisiones entre los distintos poderes ni presiones antidemocráticas. En definitiva, medir por el mismo rasero, el de la civilizada presunción de inocencia, a propios y extraños.

EL RELEVO en la Secretaría General de la Presidencia de la Generalitat está resultando anómalo. En primer lugar, por su origen: la dimisión de Lluís Prenafeta se anunció el pasado 9 de marzo, al poco de conocerse el inicio del llamado caso Prenafeta -la apertura por el fiscal. de unas diligencias sobre la presunta irregularidad en el ejercicio simultáneo de responsabilidades públicas y cargos privados-, aunque oficialmente se adujo que nada tenía que ver una cosa con otra.Anómalo, en segundo término, por su lento desarrollo: el secretario saliente afirmó que se iba para ocupar un puesto importantísimo -todavía ignotoen la empresa privada y que su abandono de la política era «definitivo», y ahora resulta que el abandono no era tan definitivo y que Prenafeta seguirá desempeñando con carácter permanente funciones públicas (el contacto de la Generalitat de Cataluña con la Casa Real y la organización de los viajes al extranjero de Jordi Pujol) desde su despacho privado.

Anómalo, en tercer lugar, por su desenlace: Pujol no ha encontrado persona más idónea para sustituir al secretario de Pujol que a otro Pujol, un primo suyo. Cuando algunos tratan de repartirse en vida la herencia política del líder nacionalista, éste les advierte y cierra filas en torno a sí mismo nombrando a una persona de su círculo familiar íntimo, lo que nada prejuzga sobre la valía profesional del nuevo secretario, pero preocupa por constituir un expediente que está debidamente clasificado en los manuales de derecho político.

De entre todas estas apasionantes anomalías destaca, por haberse presentado como si fueran algo cotidiano y por tanto irrelevantes, una serie de aplicaciones prácticas de las sorprendentes funciones de Prenafeta: a partir de ahora, el secretario de la Casa Real española o el del emperador de Japón, si desean no interrumpir su normal diálogo con el Gobierno de Cataluña, deberán conversar con un ciudadano particular, industrial privado y comerciante, financiero y asegurador por cuenta propia, irresponsable ante Parlamento o Gobierno alguno. A partir de ahora, alguien sin mandato institucional correctamente establecido recorrerá las cancillerías del mundo en representación de Cataluña. Si este designio se consuma, se habrán traspasado los límites razonables de la privatización para anular de hecho las mínimas bases sobre las que debe desarrollarse la función pública en un Estado moderno.