Dimiten todos los Consejeros de RTVE a propuesta del PSOE denunciando manipulación de los informativos de González Ferrari a favor del PP

NADA NUEVO bajo el sol. Los miembros del Consejo de Administración de RTVE elegidos a propuesta del PSOE abandonaron ayer ese organismo a fin de «no legitimar con su presencia» el «atentado contra la libertad de expresión» en que, a su juicio, incurren televisión y radio públicas. Es lo mismo que con idénticos argumentos y similar ademán hicieron los representantes del PP poco antes de las elecciones de 1993.Los socialistas han querido acompañar con ese gesto espectacular la presentación de un informe titulado La manipulación informativa en TVE. El portavoz socialista, Pérez Rubalcaba, completó el gesto con el anuncio de que estudian la posibilidad de recurrir a algún órgano encargado de velar por los derechos de los ciudadanos. Tampoco esto es nuevo. A fines de 1995, desde el PP se hizo saber que estaban estudiando plantear ante el Parlamento Europeo la creación de una comisión que supervisara el inminente proceso electoral a la vista del abuso gubernamental de la televisión pública.

Desde luego, el sectarismo de TVE en favor del PP salta a la vista y resulta más insufrible a medida que se avecinan las elecciones generales. Otro tanto cabe decir de casi todas las televisiones autonómicas. O de la televisión que hizo el PSOE en su día. Todo ello confirma que con las leyes vigentes no hay televisión que escape a la manipulación del Gobierno. En cierto modo es el botín de quien gana las elecciones. Dentro del edificio institucional de nuestra democracia hay pocas cosas que funcionen peor que RTVE en términos de igualdad de oportunidades. Pero precisamente por eso es más urgente reformar su estatuto que realizar gestos hacia la galería.

La impresión entre los profesionales es que la cosa ha ido a peor. Resultan insoportables esas entradillas con tonillo, y ridícula la obsesión por compensar toda noticia desfavorable para el Gobierno o el PP con otra que se supone negativa para la oposición. Y aunque es un terreno propenso al subjetivismo, algo debe querer decir el hecho de que en vísperas del 13-J la Junta Electoral se viera obligada a llamar la atención varias veces a la dirección de TVE.

Es lógico que el PSOE se queje, y poco democrático que traten de cerrarle la boca con el «y tú más». Pero ni aun eso justifica que se enfatice la protesta con el gesto grupuscular de hacer mutis cuando se acercan las elecciones. Por respeto a las instituciones. Pero si esa razón no les convence, que consideren esta otra: salirse de los organismos públicos para denunciar su manipulación trasluce, cuando se hace en vísperas electorales, una moral anticipada de derrota. Aznar amenazó el 8 de octubre de 1989 con retirarse de las elecciones, que perdería poco después, si seguía la manipulación de TVE.

L PORTAVOZ socialista, Joaquín Almunia, se comprometió ayer, si llega a La Moncloa, a renunciar en favor del Parlamento al nombramiento de director general de las televisiones públicas y a impulsar la creación de un Consejo Audiovisual, formado por profesionales y personalidades independientes, similar a los que ya funcionan en otros países. También se comprometió a tomar medidas que permitan reducir la publicidad. Lo hizo en la sesión de control del Ejecutivo, sorprendiendo a Aznar, que tenía respuestas preparadas en la línea del «y tú más», pero ninguna frente a una propuesta en positivo.Almunia se había adelantado a las posibles objeciones argumentando que de lo que se trataba era precisamente de acabar con la posibilidad de que el poder ejecutivo manipule propagandísticamente los medios públicos: «En adelante, ni usted ni yo», dijo. La discusión sobre si ahora se manipula más o menos no conduce a nada. Lo indudable es que siempre se ha hecho. Ahora, con más tosquedad, si cabe: el único equilibrio existente en los informativos consiste en que hay tantas noticias favorables al Gobierno como contrarias a la oposición; simetría total.

El peregrino portavoz del PP, Rafael Hernando, respondió a la denuncia de manipulación asegurando que los socialistas habían eliminado del archivo imágenes que se suponían desfavorables para el anterior presidente. Esa acusación fue desmentida desde dentro de RTVE. Pero hoy es el día en que nadie ha pedido excusas por la mentira, y el portavoz Piqué se limitó ayer a responder en el Senado que la investigación «todavía está abierta». Mientras siguen investigando, Aznar fue incapaz de encontrar otra respuesta al compromiso de Almunia -que deberá desarrollar a partir de ahora- que unas balcuceantes frases sobre las pensiones. Nada nuevo bajo el sol.

LA PROPUESTA lanzada por el secretario general del PSOE, Joaquín Almunia, sobre un nuevo modelo de funcionamiento de los medios de comunicación públicos introduce elementos distintos en un debate de carácter cíclico sobre un problema que la democracia española no ha sabido o no ha podido resolver hasta ahora. De entrada, existe el compromiso público del líder de la oposición, anunciado en un debate con el presidente del Gobierno en el Congreso, a hacer, caso de ser elegido, las reformas necesarias para que el director general de Radiotelevisión Española sea designado por el Parlamento y para crear un Consejo Audiovisual formado por personalidades independientes como órgano tutelar de los medios de comunicación públicos. Algo parecido planteó Pasqual Maragall, en una reunión con de doscientos periodistas, durante la campaña electoral catalana. Ni Aznar ni Pujol se han molestado en acusar recibo de la propuesta.Hay un modo facilón de descalificar la propuesta de Almunia: recordar lo que los socialistas hicieron con Radiotelevisión Española cuando gobernaron. Pero los populares no pueden vanagloriarse de actuar mejor que los socialistas en el uso y el abuso a su servicio de los medios de comunicación públicos. Harían bien, por tanto, en escuchar la propuesta y en pronunciarse sobre ella con argumentos concretos. No es serio desdeñarla con el eterno recurso al pasado. Porque algo hay que hacer con los medios de comunicación públicos, tanto los del Estado como los de las comunidades autónomas. Y para que se llegue a hacer algo es importante poner el debate en la calle. Es la presión de la opinión pública la única que puede hacer mover las cosas.

Los modelos experimentados en otras democracias más consolidadas que la nuestra buscan la despolitización de la autoridad audiovisual. Cuando vemos la facilidad con que los profesionales que aceptan cargos directivos en los medios de comunicación públicos se someten a las consignas de quien gobierna es legítimo preguntarse si sólo es culpa de los políticos que no se den las condiciones para un modelo de independencia parecido al británico. Si la propuesta de Almunia diera como resultado una sustitución del monopolio del partido gobernante por un sistema de cuotas, el avance conseguido no sería para enorgullecerse. Y, sin embargo, hay que intentarlo.

El Gobierno no tiene excusa para negarse a un nuevo consenso entre las fuerzas políticas para acabar -o por lo menos dificultar- los abusos del poder en las televisiones y radios públicas. No cabe seguir echando balones fuera para, el día en que le toque pasar a la oposición, convertirse en adalid del pluralismo que ha negado. Porque una cosa es cierta: el grado de utilización propagandística de la televisión y la radio del PP es díficil de igualar. Convertir a España en un país en el que nunca pasa nada, en que todo lo que ocurre es para bien, obra y gracia de José María Aznar, ya no es una cuestión de manipulación, es la expresión de una mentalidad que conjuga con la paranoia del Partido Popular, que ve siempre enemigos por todas partes. Por estos caminos, por la dinámica de la calumnia que algo queda por la que lleva el debate el portavoz del PP, Rafael Hernando, no se va a ninguna parte. Se propicia que se siga representandodo en el futuro una comedia ya demasiado vista, en la que los actores cambian de papel, pero el guión es el mismo.