‘Caso de la Construcción’: Condenados el alcalde de Burgos, José María Peña San Martín (PP) y el empresario inmobiliario y mediático Antonio Miguel Méndez Pozo

Estamos instalados en la taberna. Alfonso Guerra quiere reciclar a una azafata del AVE porque no le permite el paso a la cabina de mando del tren. Y José María Peña, el alcalde de Burgos, dice de forma desafiante que ‘a mí la dimisión no me la pide ni el PSOE ni, desde luego, el Juzgado’. El voto, símbolo de la democracia, es está convirtiendo en una coartada. De aquel socialista que aseguraba que ‘un ministro es un bien de Estado’ hemos pasado al ‘Burgos soy yo’, ‘el AVE soy yo’ y ‘el Parlamento soy yo’, ‘el AVE soy yo’ y ‘el Parlamento soy yo’. Y esto no puede continuar así. La valiente sentencia de la Audiencia Provincial de Burgos hecha pública ayer tiene que ser el punto de partida de una regeneración de la vida nacional que pasa necesariamente por el abandono del escenario de personajes como Peña o como Hormaechea.

Se nos ha ido la ilusión, nos quitan las libertades y se nos escapa la credibilidad en el sistema y sobre todo en nuestros políticos. Hay en el ambiente una especie de cansancio no exento de desmoralización. No funciona la Administración, no funciona la Justicia y ni siquiera funciona bien el AVE. Dignificados – y estoy de acuerdo en ello – la vida de los ex presidente de Gobierno con un coche oficial, funcionarios y aportación económica, pero nadie se molesta en dignificar la vida pública. Los mismos que envían al BOE la letra de la pensión vitalicia para quienes ostentaron la alta magistratura de jefe del Ejecutivo son incapaces ni siquiera de proponer una sola medida para que el pueblo español recupere la ilusión, se sienta más libre y vuelva a creer en su clase política.

Manuel Marlasca

Hay momentos en que los consejos no sirven, porque no están avalados por el ejemplo. Cuando esto ocurre, es el desprecio lo que se acomoda a quien siendo falso maestro de la verdad predica la suya, en la que nadie cree. Esto le puede pasar al señor Guerra, don Alfonso, la lengua viperina del PSOE, oportunista, un espejo roto en mil noches de maniobra oscura y sin luz; una palabra vendida al egoísmo y el interés de quien ya no convence a nadie. Alfonso, la serpiente sabia de quien maneja la comunicación a su antojo como el avión presidencial tantas veces como el país lo permitía, nos ha dicho a los bugaleses cuál es la fórmula mágica para ser honesto más de cien años, decente para no precisar detergente y ético hasta más allá de toda sospecha.

No hubiésemos querido traer aquí y ahora una cuestión que divide fronteras y crea excesivas tensiones en el pueblo nuestro. Hay una sentencia no firme, pendiente de recurso de casación en el Supremo. A ella nos atenemos, aunque un análisis serio del contenido, desde la óptica exigible del derecho cuestiona muchas cosas de aquí y de otros sitios. Nos parece que cuando se habla en exceso de ‘derecha local’ o ‘derecha burgalesa’, algo se está diciendo y no es bueno invocar el mundo de las ideas para alumbrar el de los hechos. Lo probado no es simplemente lo que en esos 126 folios se dice. Curiosamente, entre la ética de lo ilícito no están manejos y preparativos anteriores. Hay una perfecta narrativa en el texto que omite ciertos capítulos. Y cuando éstos no están en la trama, hay una mano airada de censura que hace recelar al pueblo.

Pero es bien sabido que cuando el poder se ostenta y se detenta se confunden muchos los conceptos. No es nuevo, ya en los tiempos clásicos se decía que jamás tiene seguridad el que duerme junto a una serpiente.

Y en la noche del jueves no era todavía tiempo de dormir cuando la voz confusa y difusa del secretario general que visitaba Granada con nocturnidad y alevosía, nos decía que, el de Burgos, es un caso claro de cuando la derecha difama a los socialistas.

A la vista de una sentencia de esa noche, de tantas comisiones frustradas y rechazadas en el Parlamento de tantas resoluciones contrarias y confusas en el Tribunal Superior de Andalucía sobre el caso de sus hermanos los Guerras (gentes de bien o de mal, vaya usted a saber, porque en esta España nuestra en la que a unos les condenan y a otros les disculpan), no sabremos nunca como con el caso del alcalde Peña, si las resoluciones de los tribunales son justas o injustas.

A Peña le exigen que ni un minuto más esté en la Sala de Jueces, donde los magistrados de entonces no sólo se fiaban de los fiscales, entre tant, el gobernador del Banco de España y su Ibercorp disfrutan plácidamente de cargo, del puesto y del sueldo y con ello puede pensarse que la Justicia no se aplica a todos por el mismo rasero. Hay éticas que sirven para unos y no funcionan para otros.

Tampoco hay tratos de igualdad para unos como para otros: Media España suspira y se enoja por el decretazo que hunde en la miseria a muchos parados que lo son de verdad con la excusa de sancionar a los que defrauden. Junto a esto que parece que hay que reparitr solidariamente pobrezas entre todos, hay otra España que contempla con verdadera alarma social que también reclama justicia y equidad, un presidente aplica el patrón de corso para si vienen mal dadas, contar con hacienda, honores y regalos. Se ha pensado que si hay un decretazo para contar las pesetas al parado, debe también limitarse la calidad de vida a los presidentes de este país convergente, no muy competitivo y metido en huelgas y paros de primavera y bloqueos generales de otoño.

Dicen que el tiempo lo borra, que el aire lo lleva, que la mar lo arrastra. Claude Macdonald nos disuade de hacernos un lugar bajo el sol si insistes en refugiarte en la sombra de tu árbol, que es la de todo; por ello, no unos han de ser juzgados y otros – porque están en el poder – hay que disculparles. No hay justicia nunca que conozca amigos e ignore leyes.

Las mentiras perversas, don Alfonso, no se inventan, se prueban, aunque haya tribunales que ni siquiera se molesten de eso.

Adiós, Marlene. Tü que has vivido todo, desde el más allá, no te escandalizarás de ángeles con poder que sean auténticos embusteros despreciables.

La condena por prevaricación dictada por la Audiencia de Burgos contra el alcalde de la ciudad, José María Peña, parece que no va -a la luz de las primeras reacciones de los interesados- ni con el edil condenado ni con la formación política. que lo arropó en su momento para ocupar dicho cargo: el Partido Popular. Escudándose en los electores, el primero se ha permitido desafiar el dictamen de los jueces declarando (si a sus disparatadas palabras contra todo el mundo se le pueden calificar de declaraciones) que a él sólo le echarán del ayuntamiento los votantes. Mientras tanto, la cúpula del PP, con su máximo dirigente, José María Aznar, a la cabeza, ha preferido mirar hacia otro lado y dar tiempo al tiempo escudándose en su caso en que la condena no es firme todavía y que es recurrible ante el Supremo.La actitud del alcalde condenado frente a la sentencia que le ha inhabilitado durante 12 años para ejercer el cargo muestra, entre otros aspectos, el peregrino concepto que tiene del mandato popular. De acuerdo con su manipuladora interpretación, la confianza popular expresada en la urnas podría ser utilizada por quien la recibe como patente de corso para hacer lo que le venga en gana, e incluso para delinquir. Todo lo contrario de lo que convierte al sistema democrático en el menos imperfecto de los conocidos por cuanto permite cambiar mediante el votó a sus representantes y controlar su gestión.

Es cierto que la sentencia condenatoria contra el alcalde de Burgos le afecta a él en primer término, pese a que no quiera darse por enterado de sus consecuencias. Pero lo que puede ser admisible como reacción crítica de la resolución judicial -ha llegado a calificarla de «bodrio aberrante»- no lo es en ningún modo en cuanto rechazo de su cumplimiento. El carácter no firme de la sentencia y su posible recurso ante el Supremo no atenúan la gravedad de los hechos declarados probados: el rosario de resoluciones dictadas entre los años 1984 y 1988 por órganos municipales presididos por el edil condenado que favorecieron de manera injusta, en la concesión de contratas de obras públicas, al constructor burgalés Antonio Méndez Pozo, también condenado por varios delitos continuados de falsedad en documento público.

.Son hechos y resoluciones judiciales en los que están condenados otros dirigentes locales del PP, por lo que difícilmente dejan de afectar al partido político que decidió, en su momento, elegir para sus listas electorales a un personaje tan peculiar como el edil ahora condenado. No puede, por tanto, dar la callada por respuesta cuando un tribunal de justicia imputa la comisión de un delito de prevaricación, sin duda uno de los más deshonrosos para un responsable público, a quien presentó ante la ciudadanía como el candidato idóneo. Y con mayor motivo cuando quien tomó esa arriesgada decisión fue el que era entonces presidente del PP en Castilla y León y que hoy es su máximo dirigente a nivel nacional, José María Aznar.

Un partido al que no basta una condena por corrupción política para desvincularse de quien ha sido merecedor de ella no puede pretender que sea creíble su actitud de denuncia cuando aflora en otros frentes políticos. El PP parece estar más interesado en la corrupción política como arma de desgaste del partido del Gobierno que como síntoma de degradación de la vida pública; se comprenden así las dificultades que encuentra en el camino. de articular una alternativa política verosímil a los ojos de la mayoría. Paralelamente, también revela un grado de ceguera peculiar la pretensión de Alfonso Guerra de establecer un paralelismo con su caso al exigir ahora la dimisión de Aznar. Guerra debió dimitir de inmediato ante la evidencia de que el enriquecimiento súbito de su hermano tuvo por única causa la utilización de su parentesco con el entonces vicepresidente. Se equivocó, y el escándalo de Burgos no borra ese grave error.

La Audiencia Provincial de Burgos ha condenado a José María Peña, el alcalde popular de Burgos, a los concejales José María Codón Herrera y Manuel Muñoz Guillén, al secretario del Ayuntamiento, Esteban Corral y al promotor Emilio Méndez Pozo por el denominado «caso de la construcción». La reacción del impresentable José María Peña ha sido coherente con su trayectoria y responde a la hondura de sus pensamientos y a lo democrático de sus convicciones personales y políticas. Ha dicho Peña que la sentencia es «un bodrio aberrante», que el asunto es «un montaje socialista» y que a él no le van a echar del Ayuntamiento «ni los socialistas, ni los tribunales, ya que sólo él pueblo puede hacerlo». Si bien la Justicia desvincula a José María Aznar de los turbios negocios de los condenados, no es menos cierto que el presidente del Partido Popular, y el propio partido, incurrieron en una indiscutible responsabilidad política al depositar su confianza en José María Peña, un hombre bajo sospecha, sin efectuar una investigación interna. Además, contagiados por el estilo socialista, dijeron que hasta que los tribunales resolvieran, nadie podía acusar a Peña. Cabría preguntarse ahora si José María Aznar protegió a Peña por causas que no puede explicar en público. La reacción de Rodrigo Rato es también criticable: «La sentencia ha sido recurrida». ¡Que más dá! Esa no es la cuestión. Lo grave es que el Partido Popular, como acertadamente denunció su dirigente Isabel Tocino hace bien poco, tiene un doble rasero ante la corrupción. Además del asunto de José María Peña está el del caudillo cántabro Hormaechea. Como diría Felipe González, Aznar y sus muchachos tienen dos varas de medir la corrupción. Utilizan una cuando se trata del PSOE y otra bien distinta cuando son ellos quienes quedan en cuestión. Y, por ello, su credibilidad al denunciar a Juan Guerra, Mariano Rubio, Filesa y compañía es cada día más escasa. Y ya que hablamos de dobles raseros y varas de medir, parece que los magistrados españoles no aplican en todos los sumarios los mismos criterios. No ha recibido el mismo trato judicial el «caso de la construcción» que el asunto «Juan Guerra», por poner un ejemplo. Las resoluciones judiciales en unos casos y otros han sido bien distintas. Y ello permite pensar que, al márgen de que las instrucciones sumariales se han desarrollado aplicando criterios diferentes, las «sensibilidades» judiciales son muy peculiares en función de quien ocupe el banquillo de los acusados. Vamos, que el país funciona de maravilla.

Si el jefe político es débil y su autoridad no es rigurosa, si sus órdenes y sus directrices no son diáfanas y no hay reglas fijas para guiar a los partidarios, los votantes acaban desorientados. Un partido que dice abanderar el combate contra la corrupción pero se atreve a llevar en la mochila los cadáveres de altos convictos y corruptos está condenado a perder el crédito social adquirido. La suerte depende de las circunstancias pero la ambición ética es una cuestión de principios. Quien deja pasar la ocasión para demostrar su repugnancia frente a los abusos del cargo público para obterner beneficio particular pierde credibilidad y aleja su porvenir político. Escribo acerca del joven dirigente José María Aznar en trance de parálisis frente a las tropelías de uno de sus jefes de mesnada, el alcalde de Burgos de apellido Peña. Convicto de prevaricación, este ciudadano que ha sido declarado culpable de varios delitos se niega a dimitir confundiendo la democracia con el plebiscito de Barrabás. Un alcalde corrupto y un constructor enriquecido merced a los favores municipales no son los compañeros de viaje idóneos para un dirigente de cuarenta años que se presenta ante los ciudadanos como el portavoz de un programa de regeneración para los próximos tiempos. Sólo en clave de complicidad o secreto retenido por los convictos puede explicarse la paraplejia de Aznar. Mientras Peña siga en el Ayuntamiento de Burgos Aznar deberá despedirse de su homilía acerca de la frontera entre la ética y la política. ¿Con qué cara se puede preguntar sobre el «iceberg» de FILESA cuando uno de sus amigos -el constructor Méndez Pozo- ha sido condenado a siete años de cárcel por tener la llave de los planes del consistorio regido por el partido Popular? Aznar está con la peña al cuello. El plebiscito de Barrabás que pide Peña no le salvará de la ignominia.

En este país, usted lo sabe, siempre ha habido alcaldes con las borlas, no ya cuadradas, como dice de las suyas de usted don Francisco Umbral, sino de piedra berroqueña. Más que un alcalde, lo que es usted de Burgos, ciudad noble y terca, es alcaldazo, alcaldón o alcaldote, que para darle cuenta de eso sólo hay que mirarle y mejor, verle venir.

Es muy posible, y aún más probable, que aprovechando el tamaño de su cabeza, cabeza de cabezudo de fiestas, hermosa y de buen pestorejo, y no se lo digo por molestar, sino por iconografía, hayan querido tomarle a usted de cabeza de turco. Nuestros sociatas están salvando cabezas a manta de Dios, de modo que a ninguno se le cae la suya de los hombros por más que esto parezca el Puerto de arrebatacapas, y cuando los jueces cuelgan de alguna cabeza socialista el sambenito de un delito probado, siempre tiene el Gobierno un indulto a punto, y así el convicto pasa desde el calabozo al despacho atravesando las urnas. Hay otros sociatas de manos largas que no pasan de presuntos y no llegan a convictos, porque los salvan en el intervalo. A los cuatro ‘aforados’ de Sevilla los despacharon los jueces sin sentarlos en el banquillo, y al Guerra, que le dio a su hermano el despacho de marras, ni llamarlo.

Pero, hombre, señor alcaldazo, alcaldote, tampoco un tribunal le mete a un cristiano doce años de inhabilitación y no sé cuántos de suspensión de cargo público por jugar un rato a las casitas o al pin-pin-margarín en el despacho de la Alcaldía. Ni a un constructor se le echa a la prisión seis años por haber roto un ladrillo. Ahí tiene que haber algún tomate, o por lo menos eso hay que pensar mientras no sea firme la sentencia. Y ante eso, dimisión, paciencia, barajar, palillo y flor de malva, hijo. Esa es la norma, por cruel que parezca. Ya sé yo que si uno, en esas circunstancias, se va, malo; pero si se queda peor.

Mal hizo usted en resistirse, porque cuando más se aferraba al sillón, más justa parecía la sentencia. Y mal ha hecho usted con cerrar contra jueces, políticos, periodistas y otros comparsas de la función, porque el desplante, la chulada y la bravata terminan por hacer perder la razón, en el caso de que se tenga. Y bien, aunque tarde, ha hecho usted en dejar el sillón municipal. Al fin y al cabo, no hay quien aguante en él una sospecha semejante, y ahí tiene usted al Guerra y a García Valverde, que tuvieron que dimitir aunque se hayan librado la condena.

Razones sobran para administrarle a usted un basto, que en esta sección casi siempre pintna, pero no quiero darle a usted ideas, no sea que lo uste con algún colega mío o con algún colega suyo, y no ya en metáfora y en sentido figurado, sino en sustancia real, porque se le ve a usted, sin ahondar mucho en su carácter, que le va bien el zurrar la badana. Y como al final ha entrado usted por uvas y ha pasado por el aro, por mucho trabajo que le haya costado, le invito a una copa, hombre, y además le meto a usted en la galería de alcaldes celtíbéricos, carpetovetónicos, raciales y boludos, y le nombro alcalde perpetuo y honorario de las Batuecas.

Jaime Campmany