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Su regreso a la cúpula de la CEE se produce poco antes de unas elecciones generales

El cardenal Rouco Varela vuelve a la presidencia de la Conferencia Episcopal reemplazando a Ricardo Blázquez

HECHOS

El 4.03.2008 el cardenal arzobispo de Madrid, Monseñor Antonio María Rouco Varela fue elegido presidente de la Conferencia Episcopal, cargo que ya había ocupado en el periodo 1999-2005. Se le consideraba alguien enfrentado al Gobierno del PSOE.

05 Marzo 2008

La Elección de Rouco Varela

Editorial (Director: José Antich)

Los obispos españoles han elegido presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE) al arzobispo de Madrid, monseñor Rouco Varela, alineado con el sector eclesiástico más crítico con el Gobierno socialista. El nuevo presidente, que ya lo fue en el periodo entre 1999 y 2005, un acreditado canonista y experto en derecho público eclesiástico, derrotó ayer por sólo dos votos a su antecesor, el obispo de Bilbao, monseñor Ricardo Blázquez, que fue elegido vicepresidente de la CEE.

Aunque esta es una elección que afecta a la jerarquía de la Iglesia, es evidente que trasciende los estrictos muros de la institución, tanto por la evidente influencia que tiene en España – reconocida en la Constitución de 1978 – como por el momento tan especial que se vive en nuestro país, y en el mundo occidental, entre los sectores que proponen una visión más laica, que no anticlerical, en todos los órdenes de la vida pública, y los que defienden el derecho de una presencia mucho más evidente de la releigión, en tanto que guía moral, en un mundo que ven amenazado por el relativismo y el agnosticismo.

Una división que también está presente en el seno de la Iglesia católica española, como ha sido notorio en las dos últimas elecciones de su presidente, las cuales se han resuelto con muy apretadas diferencias. Frente a la continuidad de Ricardo Blázquez, el hasta ahora presidente que fue elegido de forma sorprendente por un único voto de margen en el 2005, los obispos han preferido a Rouco Varela. El moderado Blázquez ha sido para este sector del episcopado que ahora le ha derrotado un hombre de perfil poco combativo. La verdad es que el obispo de Bilbao ha planteado su oposición a algunas iniciativas socialistas (matrimonio de homosexuales, asignatura de religión, agilización de los trámites del divorcio o investigación con células madre) desde una radical opción del diálogo para defender el derecho de la Iglesia a expresar sus opiniones, una opción que representa a la mitad de los obispos entre los que se halla el episcopado catalán.

Por el contrario, monseñor Rouco Varela ha llegado a la presidencia tras haber protagonizado una dura confrontación con el Gobierno, incluso con su insólita presencia en manifestaciones, y cuya culminación fue una masiva concentración en Madrid en apoyo de la familia tradicional y una nota de orientación moral ante las elecciones. Un comunicado que se identificó con la opción política del PP en plena precampaña electoral. Esa actuación fue replicada con contundencia por el presidente del Gobierno, que ha amenazado con el “poner los puntos sobre las íes a los obispos”; es decir, con una revisión de los pactos si gana el próximo domingo.

Aunque en su primera declaración, monseñor Rouco ha ofrecido su ‘colaboración leal’ al Gobierno, y que este ha mostrado su disposición al entendimiento, es cierto que, de ganar el PSOE como señalan las encuestas, puede abrirse un periodo difícil en las relaciones Estado-Iglesia. Una cuestión que preocupa en algunos círculos del Vaticano por el peso que tiene España, por la gran influencia que ejerce en Latinoamérica y, especialmente, en Cuba, que vive una situación política crucial para su futuro.

05 Marzo 2008

Presidente Rouco

EL PAÍS (Director: Javier Moreno)

Los obispos españoles han elegido a Antonio María Rouco Varela, titular de la diócesis de Madrid, como presidente de la Conferencia Episcopal. Rouco competía con Ricardo Blázquez, representante del sector no integrista del episcopado, al que sólo ha superado por dos votos y que ha obtenido un amplio respaldo como vicepresidente. La elección del arzobispo de Madrid ha roto la costumbre de conceder dos mandatos a cada presidente de la Conferencia. El motivo principal de este cambio habría que buscarlo en la actitud del Vaticano hacia Blázquez: en sus tres años de mandato como presidente, y también en abierto contraste con lo que venía siendo habitual, Benedicto XVI no lo ha incorporado al colegio de cardenales. Puesto que el Papa sabía de antemano lo que se jugaba la Iglesia española en esta elección, cabe interpretar que el resultado cuenta con su simpatía, seguramente acrecentada por la estrecha amistad que le une con Rouco Varela.

El nuevo presidente de la Conferencia Episcopal, que ya ejerció el cargo entre 1999 y 2005, debería tomar conciencia de que, a partir de ahora, sus actos y declaraciones de naturaleza política no sólo comprometen a los obispos españoles, sino también a Roma, con la que España mantiene unos acuerdos de dudosa constitucionalidad desde 1979. Revestido con el título oficial de presidente de la Conferencia Episcopal, y apoyado por el Vaticano, iniciativas como las que Rouco ha llevado a cabo durante los últimos cuatro años afectarían a la relación entre dos Estados. La responsabilidad institucional que le ha conferido el resto de los obispos españoles debería traducirse en responsabilidad a secas, sea cual sea el Gobierno que salga de las elecciones del próximo 9 de marzo. La Conferencia presidida por Rouco no debería intentar prevalerse de la situación en el caso de que el Partido Popular llegase a formar Gobierno, como ya hizo durante la legislatura de 2000, ni tampoco debería continuar en la confrontación abierta si la victoria corresponde al Partido Socialista.

Los obispos españoles sabían que la elección de Rouco Varela sería recibida con recelo en amplios sectores de la sociedad española, incluidos muchos católicos, y de ahí que hayan tratado de enviar un mensaje apaciguador al mantener a Blázquez como vicepresidente. Se trata de un mensaje con escasa credibilidad: si algunos obispos, con Rouco Varela a la cabeza, no dudaron en desentenderse de la autoridad de Blázquez siendo el presidente de la Conferencia, no resulta verosímil que, como vicepresidente, vaya a gozar ahora de mayor respeto.

En cualquier caso, la práctica coincidencia de las elecciones a la presidencia de la Conferencia Episcopal con las generales del 9 de marzo permitirá un nuevo comienzo si la jerarquía eclesiástica recuperase el papel que nunca debió abandonar, y que tantos y tan importantes servicios prestó a la convivencia durante los años difíciles de la transición.

05 Marzo 2008

Nueva etapa en la Iglesia española

ABC (Director: José Antonio Zarzalejos)

La Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal eligió ayer a monseñor Rouco Varela como presidente de los obispos españoles, mientras que su antecesor en el cargo, monseñor Blázquez, pasa ahora a ser vicepresidente. Las palabras del cardenal-arzobispo de Madrid en su primera declaración pública son muy significativas del espíritu que inspira su nuevo mandato: hablar de colaboración entre la Iglesia y la comunidad política en busca del bien común es un punto de partida muy positivo,aunque tal vez rompa los esquemas de quienes esperaban encontrar un pretexto en favor de sus propios prejuicios ideológicos. Rouco reiteró su vocación de servicio a los católicos españoles y recordó muy oportunamente que el presidente no es el «jefe» de los demás obispos, puesto que la única jerarquía en este caso corresponde al Papa Benedicto XVI. Hay que felicitarse de que los prelados hayan elegido a los más altos representantes de la Conferencia con plena autonomía y después de un riguroso debate y una votación muy igualada. El tiempo de la Iglesia se cuenta por siglos y cualquier operación oportunista para colocar etiquetas de «duro» o «moderado» a unos u otros obispos choca sin remedio contra la realidad de los hechos. Para empezar, monseñor Rouco ha presidido ya la Conferencia durante dos mandatos, dejando una impresión muy favorable por su buena gestión y sin que nadie le atribuyera entonces posiciones supuestamente radicales. El interés electoral del PSOE es la única razón que explica -aunque no justifica- la salida en tromba de ciertos ámbitos laicistas contra el acto en favor de la familia cristiana organizado por el Arzobispado de Madrid en la plaza de Colón el pasado 30 de diciembre. Cualquier excusa es buena cuando se buscan algunos votos extremistas, aunque sea a costa de crear problemas artificiales con la gran mayoría católica de nuestra sociedad y con la propia Iglesia, a la que la Constitución menciona específicamente en el artículo 16.3, por evidentes razones históricas, sociológicas y culturales.
La voz de la Iglesia es única y sin matices cuando hace referencia a las cuestiones nucleares en materia de fe y de moral. La defensa de la vida, de la familia y de una visión trascendente del ser humano configuran las señas de identidad comunes que la doctrina pontificia reitera una y otra vez para todos los creyentes. Por mucho que se pretenda amedrentar o imponer el silencio, los obispos españoles seguirán diciendo lo que estimen oportuno para ilustrar a la sociedad sobre las cuestiones que afectan a la conciencia y al bien común. La existencia de sensibilidades diferentes es normal y positiva en cualquier colectivo, y en este caso enriquece la perspectiva de la institución en un mundo complejo y pluralista. Es imprescindible distinguir entre la misión espiritual de la Iglesia y la relación cotidiana entre los católicos y las sociedades contemporáneas. Utilizar cualquier excusa para agredir los sentimientos arraigados de muchos millones de personas, o para inducir una división artificial entre los obispos, es una actitud inaceptable que Rodríguez Zapatero debería rechazar de forma tajante. En vez de eso, habla en sus mítines de «poner los puntos sobre las íes», y el programa electoral socialista apunta hacia una reforma de la ley de Libertad Religiosa, sin que falten voces que piden la revisión de los acuerdos Iglesia-Estado. Antes o después de las elecciones, recurrir a todo esto representa un error muy grave, impropio de cualquier político con sentido de la responsabilidad institucional que le corresponde.
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