El CDS de Madrid expulsa a 100 militantes encabezados por el exministro Enrique Sánchez de León por firmar una carta crítica hacia la dirección del partido de Suárez y Caso

AL parecer, el señor duque de . Suárez no tiene quien le vote, pero sí tienen quien le escriba. Recientemente ha recibido un duro pliego de cargos suscrito por cien militantes del CDS de Madrid, que no se enmascaran bajo una rúbrica ilegible, sino que apoyan el texto sobre sus nombres, apellidos y número del DNI. En una rápida ojeada, descubro en la lista de firmantes a José Vicente Cebrián, diputado autonómico de Madrid; a José Luis González Quirós, miembro del primer Comité Nacional del CDS; a José Antonio Pérez González, portavoz del «grupo de los cien»; y a militantes destacados, como el catedrático Martínez Cuadrado, o el ex ministro Sánchez de León. El escrito es bastante indicativo de que Suárez, con las numerosas bajas de afiliados, no ha drenado toda la «contestación» interna. Y a la que acaba de producirse en Andalucía, hay que unir la de este núcleo de Madrid. El texto destila la nostalgia de unas ilusiones perdidas, y la frustración de un proyecto político desbaratado. Hay en él más tristeza que acritud; y elude, en todos sus tramos, las recriminaciones personales. No es una pieza de valor literario, ni ofrece destello ninguno de solución política. Es una queja correcta, dirigida al «querido presidente». Empieza y concluye exponiendo la falta de información «sobre lo que está pasando en el partido». Se describe un clima interno «enrarecido», «con miedos» y en el que «la discrepancia se considera actividad subversiva» y «el silencio es vida política». En réplica directa a las recientes declaraciones de Suárez: «¡llevo mucho tiempo intentando que me entiendan y no lo consigo!», se le dice: «Presidente, nosotros tenemos mucho interés en entenderte. Te rogamos que expliques, a todos los militantes que lo deseen, la política que el CDS está llevando a cabo, dándoles la oportunidad de opinar (…) Así se evitarían las bajas que se están gestando en las conciencias de muchos, ante el inmenso silencio que encuentran en el partido».

En otro lugar, ofrecen la diagnósis actual del CDS como «un partido en su peor momento (…) desconcertado, sin . rumbo político conocido, con un amplio rechazo social, abandonado por miles de militantes (…) un partido que se ha corvertido, en poco tiempo, en una caricatura de sí mismo». Más adelante exponen, con pelos y señales, la falta de democracia interna y una serie de anomalías en órganos que no se renuevan, congresos federales que no se convocan, cargos elegidos en candidatura única y pese al rechazo mayoritario de los votos emitidos, etc, etc Pero donde «los cien» clavan su pluma con vigor es al denunciar que «se ha renunciado a hacer oposición» y que se transmite la imagende «sumisión al partido en el poder». Le recuerdan a Suárez cuando, en febrero, se ofreció como «percha» a Felipe González, «para contribuir a que el proceso sucesorio que se había abierto en el PSOE pudiera realizarse sin interferencias»; y, «en contrapartida, CDS materializaría propuestas de su propio programa electoral».

Los autores advierten al señor duque, primero, que González ha manifestado y reiterado «su intención de no abandonar sus responsabilidades de Gobierno», lo cual cancela el supuesto de una sucesión dentro del PSOE; y segundo, que «hasta la fecha no se ha llegado a ningún acuerdo con los socialistas en favor de las propuestas del CDS». Transcriben invectivas que, en las últimas elecciones generales de (29-O-89), los centristas lanzaban como dardos calientes contra los socialistas, acusándoles por el «retroceso de la democracia», y por el desuso de «la libertad, el pluralismo, la ética, la honradez y la justicia social».

En el aire dejan estas preguntas: ¿tanto han cambiado los socialistas en este tiempo…? ¿no será nuestro partido el que ha cambiado sus objetivos? ¿no puede estar justificado el sentimiento de estafa entre nuestro electorado?» Lo que va a indignar a Suárez no es el documento, ni los cien, sino… ¡qué lo hayamos destapado! Yo he escrito hoy con bálsamo-bebé. Mi próxima columna, lo presiento y lo siento, tendrá su inevitable dosis de vitriolo.

El presidente del CDS, Adolfo Suárez exigió y consiguió en la última reunión del Comité Nacional de su partido la expulsión de cuatro destacados miembros de esta formación, entre ellos el ex ministro de UCD Enrique Sánchez de León. El motivo aducido por Suárez, que llegó a calificar de «gente incómoda» a los cuatro expulsados en una dura intervención, está en una carta firmada por un centenar de militantes y de la que los cuatro expulsados fueron artífices; en ella, se criticaba la decisión de pactar con el PSOE y se denunciaba la falta de democracia interna en el CDS. Con este gesto -en el que fue secundado por José Ramón Caso y la mayoría del Comité, pero que mereció la oposición de dirigentes como Calvo Ortega y Rodríguez Sahagún- Suárez, que fue el principal impulsor de la democracia en España, no hace más que dar la razón a los firmantes, demostrando que la disensión interna no está permitida en el CDS y que las críticas al líder se pagan con la expulsión fulminante.

SANCHEZ de León, Pérez González y González Quirós. Si su petición es atendida no se agradecerá bastante a estas tres personas la presentación de una demanda civil contra el presidente del CDS, Adolfo Suárez, «por violación de los derechos fundamentales de las personas». Su iniciativa responde a un intento de defender a los militantes de los partidos, de manera que se judicialicen las decisiones de los órganos de gobierno para garantizar una democracia interna, que brilla por su ausencia en las formaciones políticas españolas. Más allá de la anécdota puntual, más allá del malestar interno en el seno del CDS y de la lucha sorda que se ha traducido en la expulsión de -cuatro disidentes, la réplica de tres de ellos, al recurrir a los tribunales, puede tener un valor histórico para la higiene del sistema democrático que vale la pena comentar. Los partidos son una pieza fundamental en la democracia constitucional, a condición de que su estructura y su funcionamiento sean realmente democráticos, tal como exige la Carta Magna en su artículo sexto. De lo contrario se convierten en una triste caricatura, en lo que se ha dado en llamar «dictaduras de partido». Sin embargo el precepto, de aplicación inmediata, carece del necesario desarrollo legislativo que regule y establezca los recursos pertinentes para poner en práctica la exigencia de democracia interna. No sirve, a tal efecto, la Ley de Partidos Políticos de 1978, en razón de su obsolescencia e insuficiencia. Vacío de contenido tal precepto y sin resortes para hacerlo cumplir, las cúpulas de los partidos políticas se conducen, en la práctica, como instancias tiránicas, los aparatos ejercen un poder desmesurado y censuran la crítica y la – disensión. Todo lo cual empobrece la vida interna de los partidos y debilita, desde la raiz, la salud del sistema democrático. Así las cosas, no cabe otra alternativa que la vía judicial, recurso in extremis al que han acudido los tres disidentes del CDS. Invocando la Ley de Protección Especial de los Derechos Fundamentales acusan al partido de vulnerar el derecho de asociación y el derecho a la libertad de expresión. Está ahora en manos de los tribunales dictar una sentencia que puede ser decisiva. Es posible que al juez le asalten dudas en este caso, de acuerdo con la máxima de Duverger, «el gran problema del Derecho es resolver situaciones que no están previstas en la ley». Pero a falta de legislación, puede acogerse a la exigencia constitucional de democracia interna. El fallo puede ser revolucionario, si establece la vía de la judicialización y la refuerza con doctrina. Sentaría jurisprudencia y establecería un precedente histórico, con acuse de recibo en la vida política española. Como tantas otras veces, los tribunales se encuentran en la tesitura de tener que suplir al poder legislativo. El atajo judicial que han tomado los disidentes del CDS pone en evidencia la necesidad de elaborar una nueva Ley de Partidos Políticos, consensuada, que regule y desarrolle una exigencia constitucional que, hoy por hoy, es papel mojado.

RECUERDO haber oído decir a Adolfo Suárez, y en más de una ocasión: «Si de algo puedo ufanarme, es de haber contribuido a que tengamos una Constitución en la que se asegura que todo conflicto y toda colisión de intereses, privados o públicos, acaban judicializados y se pueden resolver con todas las garantías del imperio de la ley. Eso es un Estado social y democrático de Derecho». Sin embargo, el máximo revés, para quien debía pasar a la Historia como el «defensor libertatis», es que él mismo acabe respondiendo ante un juez por haber violado derechos y libertades fundamentales de un puñado de militantes de su propio partido. No es un tema baladí. Algo, serio y de fondo, debe ir mal en el CDS, porque empiezan a fallar la «habitabilidad» en confianza; el debate diáfano, sin que la discrepancia se considere «subversión», sino estímulo; la crítica valiente, que da la cara sin temor a represalias… El liderazgo populista «ad extra», poco a poco se ha convertido en cesarismo autoritario «ad intra». Adolfo Suárez no recibe, no se pone al teléfono, no contesta a las cartas… no está para nadie. O quizás, sólo para los tres o cuatro «apparatzi» que son su cinturón pretoriano de seguridad. Sus militantes, desconcertados, acusan esa «orfandad». No saben qué piensa, qué hace, qué se propone hacer el líder al que, se supone, tendrían que secundar. Madrid. Hotel Convención. Noche-madrugada del 10 al 11 de octubre. El comité nacional del CDS presidido por Adolfo Suárez decide, sin votar, pero con veinte respaldos contra uno, la expulsión de los militantes Enrique Sánchez de León (ex ministro de la UCD y cofundador del CDS), Gregorio Pintor (portavoz del grupo centrista en el Ayuntamiento de Leganés), José Antonio Pérez (candidato en 1983 a la presidencia regional del partido en Madrid) y José Luis González Quirós (vocal del primer comité nacional del CDS, en 1982).

.- Es la depuración de responsabilidades políticas,contra los cien firmantes de una carta dirigida a Adolfo Suárez, en junio de este mismo año, en la que se protestaba por «el clima de miedo», «la falta de libertad para el debate», el desconocimiento de los planes del partido… y se apuntaba, como posible «estafa» al electorado, la «renuncia a hacer oposición», y la «sumisión del CDS al partido en el poder». Por distintos motivos, están ausentes de la reunión los ejecutivos Agustín Rodríguez Sahagún, Raúl Morodo, Eduardo Punset y Guadalupe Ruiz-Giménez. El único miembro que se manifiesta en contra del «anatema» es el eurodiputado y también ex ministro de UCD, Rafael Calvo Ortega. Expresa su «reflexiva preocupación» y su deseo de que «atendiendo a la trayectoria de dedicación, de trabajos y de lealtad que siempre han demostrado estos compañeros, se arbitre una de sanción menos drástica y terminante…» José Luis Garro, concejal del equipo de Rodríguez Sahagún, pide la palabra. Empieza diciendo que «el contenido de la carta, en sí, a mí no me parece grave… ni atentatorio contra nada»; pero inmediatamente gira y se aplica a fondo en una machacante condena: «Esa carta ha sido difundida y utilizada públicamente, de modo muy lesivo para el partido… Así mismo, quienes sin esperar a que la Comisión de Conflictos tome una decisión, van al Juzgado e interponen una demanda civil iNada menos que contra nuestro presidente nacional! Por sí solos se están condenando. En mi opinión, con estas personas no debe haber conmiseración ninguna».

.- En todo el suceso, Gerardo Harguindey y José Ramón Caso actuarán a modo de fiscales» acusadores. A León Buil se le ha encomendado la tarea de «ponente». iAh! Lo chusco del caso es que en el CDS no existe Comisión Nacional de Conflictos: nunca llegó a constituirse. iY no será por falta de «material» levantisco, crítico, disidente, o simplemente desencantado que, porhache o por be, han acabado yéndose con los bártulos a otra parte! Cito de memoria los éxodos recientes de Javier Soto, Abel Cádiz, Fernando Castedo, Juan José Armela, Armando Ródenas, Fernando Lanzaco, Jesús Arilla, Carmen Díaz de Rivera, el cuñado de Adolfo Suárez, Aurelio Delgado; o militantes que tienen ya el billete en el bolsillo, como José Vicente Cebrián, y unos cuantos más, firmantes de la «carta de los cien». Este es un ejemplo elocuente del deslabazamiento con que funcionan en el CDS: gente conflictiva tienen (ya lo creo) pero andan tan ocupados (¿implantando el partido?, ¿ganando elecciones?) que no les queda tiempo ni para erigir comités que indaguen, estudien y resuelvan «por las buenas» esos casos donde la disciplina puede haber quebrado. Ahora, a la vista está, montan un tremebundo proceso inquisitorial… Pero olvidan el pequeño «trámite» de constituir un «tribunal». Y, lo que es más grave .y, en democracia, inaceptable: improvisan un simulacro de «juicio» en plan sumarísimo, como si de repente les acuciaran las prisas. Sin cuidar las más mínimas garantías procesales: con nocturnidad, sin defensores, sin estar presentes los «acusados»… iNi siquiera advertidos de que en tal fecha y lugar se trataría «su caso»! Menos mal que uno de los «juzgadores a mano alzada», Joaquín Abril Martorell, pidió que les refrescasen la memoria a todos, leyendo la famosa «carta de los cien», el «cuerpo del delito». Tanto Garro como Antonio Fernández Teixidó me han asegurado que «Gerardo Harguindey, primero, y León Buil, después, hablaron con todos los avalantes de la «carta a Suárez», uno por uno, para saber si sus nombres se habían utilizado con o sin su consentimiento; y también, por si se arrepentían y desistían de refrendar tal texto». Pero los cuatro expulsados afirman que con ellos no ha hablado nadie. Así, González Quirós me declara rotundo: «Mienten, al decir eso. Sólo sé de una persona a quien llamaron: José Vicente Cebrián». Al parecer, Ignacio Camuñas, Rosa Posada, Ramón Tamames, Lorenzo Olarte, y quizás Rafael Arias Salgado, de un modo informal intercedieron ante Suárez para desdramatizar el episodio. Pero Harguindey y Caso les tenían «ganas» a los autores-inspiradores, de una carta que, más que a Suárez, les señala a ellos, como enrarecedores del ambiente. Garro se contradice, cuando barrena por el delito de la difusión de un texto… del que acaba de decir que no tiene contenidos nocivos. Sin embargo, lo que se ha penalizado con la expulsión no es tanto la discrepancia («un partido no es una suma gregaria de unanimidades», se dirá esa noche sumarísima» en el Hotel Convención), como la expresión de unas críticas y su comunicación por «mailing» entre los militantes del CDS de Madrid. «Lo que les ha fastidiado es que dijésemos entre líneas la triste verdad de que Suárez, como el rey de la fábula, está desnudo; está acabado públicamente; es un puro eco del pasado; ya no interesa a nadie, me decía González Quirós. Y, con tanto vaivén y tanto mensaje cambiante, ni resulta ya creible, ni mucho menos seguible». Para Sánchez de León: «La carta es, en el fondo y en la forma, respetuosa y leal; expone nuestros desconciertos; y pide algo tan elemental como que se nos tenga más informados.

.- En todo el proceso, hasta la expulsión, se han vulnerado las garantías de defensa y descargo de alegato por parte de los «expedientados»… y se ha seguido un procedimiento persecutorio, inquisitivo, engañoso y falaz. Hemos interpuesto demanda civil, ante el Juzgado número 46, contra el CDS, en la persona de.. su máximo responsable, Adolfo Suárez, porque entendemos que, desde hace tiempo, los «aparatos» de control del partido están conculcando los derechos civiles de los militantes que la ley 62/78 protege; y que van desde la libertad de expresión y de asociación, hasta la legítima vocación de influencia política, que ha de poder manifestarse en un partido; pero que en el CDS se sofoca, se reprime, se acalla o… se proscribe». Admitida a trámite la demanda, Suárez tendrá que demostrar ante el juez ioh paradoja! que en el CDS hay lo que él hizo acuñar en la Carta Magna: democracia interna. Nada más. Y nada menos.