El Congreso de los Diputados aprueba la Ley de Partidos para ilegalizar Batasuna con los votos de PP, el PSOE, CiU, CC y PA

Diputados que representan al 93% de los electores votaron ayer la nueva Ley de Partidos, en plena polémica por el pronunciamiento de los obispos vascos contra la ilegalización de Batasuna que esa ley haría posible. La reacción del Gobierno frente a esos obispos, con exigencia de intervención de la Conferencia Episcopal y del mismo Vaticano, está resultando de una considerable torpeza por su desmesura.

La ley, que ahora pasará al Senado, pudo haber sido aprobada con los votos exclusivos del PP, que tiene mayoría absoluta. Sin embargo, ¿habría tenido la misma legitimación democrática? La negociación entre los partidos ha permitido afinar el texto mediante enmiendas pactadas que han eliminado ambigüedades y reforzado su legitimación para el momento en que pueda ser utilizada para la ilegalización de una formación con miles de votos detrás. Aun así, la ley sigue siendo rechazada por el nacionalismo y los obispos vascos. El portavoz del Gobierno de Vitoria, Josu Jon Ímaz, utilizó ayer un argumento que ya aparecía en la pastoral: que su opinión contraria a la ilegalización es compartida por la mayoría social vasca.

Lo es por la mayoría nacionalista, pero eso no anula necesariamente los argumentos en favor de intentar poner fin a la impunidad de Batasuna como parte del proyecto de intimidación social encabezado por ETA. El punto de vista moral puede coincidir o no con la mayoría. En la Alemania de los años treinta no coincidía. Y ni siquiera la incertidumbre sobre los efectos de la ilegalización es argumento suficiente contra ella. Porque habría que comparar esos efectos con las consecuencias de no hacer nada: de consentir los abusos cometidos al amparo de la legalidad.

Las opiniones de los obispos vascos son políticas y, en cuanto tales, criticables. Pero el Gobierno ha reaccionado de la peor manera posible. Desfigurando sus posiciones y criticándolas desde una pespectiva moral más que política. Los obispos no han dicho, como simplifica Aznar, que ‘lo mejor para las víctimas es que los criminales anden sueltos’. Si lo hubieran dicho, no sólo se trataría de una posición política criticable, sino, efectivamente, de una ‘perversión moral’. Pero no lo han dicho. Y pretender que un Estado extranjero, la Santa Sede, se pronuncie contra tales excesos es una iniciativa que sólo puede servir para engordar el ego de algunos curas radicalizados.

Tampoco es prudente exigir un pronunciamiento de la Conferencia Episcopal Española. Si era inconveniente que los prelados vascos se pronunciasen sobre la Ley de Partidos, también lo es que lo hagan los demás obispos españoles. Contraponer la legitimidad del ámbito episcopal vasco de decisión a la del ámbito español de lo mismo es el sueño de esos curas aberzales que han firmado un manifiesto en favor de la autodeterminación de Euskal Herria. Por esa vía seguiríamos en aquello que Unamuno denunció en su día, pensando precisamente en sus paisanos: la práctica de la religión como política y de la política como religión.

l Congreso de los Diputados dio ayer la mejor respuesta posible a las críticas que ha recibido el proyecto de ley de Partidos Políticos, concediéndole el apoyo de 304 de los parlamentarios presentes en el pleno de ayer, aunque la base política del apoyo es mayor porque los cinco grupos que votaron a favor (PP, PSOE, CiU, Coalición Canaria y Partido Andalucista) suman en realidad un total de 328 escaños de 350, sin contar el apoteósico error de Llamazares. Este dato es fundamental para situar en sus justos términos las descalificaciones que está recibiendo el proyecto de ley y, sobre todo, las intenciones de sus valedores, Gobierno, PP y PSOE. Ante un respaldo democrático de tal envergadura no tiene sentido tachar esta ley de autoritaria o de regresiva, menos aún de peligro para las libertades y los derechos individuales. Una ley que recibe el apoyo del centro derecha, de la izquierda y de nacionalismos democráticos sólo es posible cuando refleja, sin sectarismos ni partidismos, los mismos valores en que se asienta el sistema constitucional. Sus detractores son los que, desde ayer, están en una situación muy comprometida ante la sociedad española, porque si quieren ser entendidos tendrán que explicar qué libertades, y de quiénes, son las que quieren proteger frente a una ley que únicamente sanciona a los partidos que fomenten el enfrentamiento, el racismo, la xenofobia, la violencia o el terrorismo. Hasta ahora, sólo Batasuna ve peligrar su legalidad con la futura entrada en vigor de la ley, lo que significa que sus redactores y negociadores han sabido acotar su ámbito a las conductas más intolerables para una democracia, evitando tendencias expansivas que hubieran provocado conflictos constitucionales.

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En este sentido, la reciente decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de rechazar la demanda de Gestoras Pro Amnistía y Segí contra su inclusión en lista europea de organizaciones terroristas es un primer trazo de la posición jurídica que podría tomar este Tribunal si tuviera que revisar la ilegalización de Batasuna, a la luz del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Una afirmación ya clásica en la doctrina del TEDH es que la «derrota del terrorismo es un interés público de primera importancia en una sociedad democrática». Esta frase encierra no sólo un criterio de valoración jurídica y la definición de una prioridad política de todo Estado democrático, sino también la obligación ética de no consentir espacios de impunidad a las prácticas pseudopolíticas de apoyo al terrorismo. La vida, la libertad, la dignidad se protegen impidiendo la acción criminal de los asesinos y la acción propagandística de sus voceros. La fuerte convicción moral que encierra esta ley es también una de las causas del masivo apoyo ciudadano con el que cuenta y el motivo que ha hecho indignante la opinión de los tres obispos del País Vasco, cuya pastoral implica una toma de posición institucional de sus Diócesis, sin precedentes y sin vuelta atrás posible, a favor de las tesis nacionalistas.

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Algunos sectores de la izquierda y del nacionalismo vasco en su conjunto se afanan en denunciar la crispación que esta ley, a su juicio, ya está generando. Es posible que la expectativa de una ley que hará valer efectivamente los valores democráticos y constitucionales esté poniendo nerviosos a muchos que hasta ahora han rentabilizado la violencia terrorista con total impunidad. Sin embargo, no deben confundir sus nervios con el ánimo de una sociedad que no está crispada con la ley de Partidos Políticos, sino esperanzada de que, finalmente, la democracia se defienda sin complejos. Los crispados son los nacionalistas vascos, que se han quedado solos en la defensa de Batasuna, con la compañía de una esquizofrénica Izquierda Unida -que, llamándose «izquierda» vota contra una ley que persigue el racismo, la xenofobia y el terrorismo- y de algunos obispos ideologizados. El resto de la sociedad está muy tranquilo con esta ley.

Ha sido difícil en estas últimas semanas distinguir las voces de los ecos en la polémica sobre la Ley de Partidos. Se ha dicho que era una iniciativa para crear un Estado de excepción, que era una ley «para el Norte», que sus efectos serían contraproducentes y un sinfín de juicios de valor que hemos escuchado sin compartir.

Nadie puede ser descalificado por sus ideas políticas y, por lo tanto, por criticar o estar en contra de la Ley de Partidos.IU, PNV y el Grupo Mixto votaron ayer en el Congreso contra la mayoría y estaban en su perfecto derecho de hacerlo. Pero también lo estaban los 304 diputados del PP, PSOE, CiU, Coalición Canaria y Partido Andalucista que aprobaron la Ley de Partidos, que contó al final con el respaldo del 95% de la Cámara.

Pocos proyectos han contado con este porcentaje de apoyo en la historia de la democracia en España. Y pocas iniciativas legislativas han sido tan discutidas dentro y fuera de la Cámara, que ha incorporado 80 enmiendas pactadas con la oposición, algunas sugeridas por eminentes catedráticos y expertos de derecho constitucional.

En cualquier sistema democrático moderno, la soberanía legislativa reside en el Parlamento, que es la fuente de legitimidad de las normas jurídicas. La Ley de Partidos ha obtenido en el Congreso un amplísimo refrendo de los representantes del pueblo, lo que confiere a esta iniciativa toda la legitimidad democrática del mundo.

Los nacionalistas podrán seguir criticando esta ley y diciendo que no les gusta, pero jamás podrán negar esa legitimidad que nace del mandato popular. Seguir insistiendo en que la Ley de Partidos es «franquista» y descalificar a sus promotores, como ha hecho el PNV, constituye una pataleta que sólo refleja la incapacidad de aceptar lo que decide la mayoría.

El texto aprobado, pendiente de ratificación en el Senado, es una ley justa, equilibrada y necesaria para defender las libertades frente a grupos totalitarios como Batasuna. Los 304 diputados que la respaldaron pueden sentirse orgullosos de haber rendido un buen servicio a quienes les eligieron. Sólo se echó en falta a Felipe González, pertinaz absentista que ni siquiera se dignó cumplir con su obligación en una jornada tan histórica como la de ayer.

El ministro Acebes subrayó que la democracia «se ha reforzado contra la violencia y el terror». Este es, sin duda, el espíritu y la letra de la nueva norma, que sólo ilegaliza a aquellas fuerzas políticas que pretenden aprovecharse de las libertades para destruirlas con métodos violentos.

Con la amplia mayoría que se esperaba el Congreso español aprobó ayer la ley para la ilegalización de Batasuna, a la que ya sólo le queda el trámite de recibir también las bendiciones del Senado el próximo 25 de junio. Algunas de las aseveraciones escuchadas ayer mismo dentro y fuera de las Cortes a quienes impulsan esta ley sirven para evidenciar la gran falacia sobre la que se ha construido. El presidente del Gobierno español, José María Aznar, habló de declarar ilegal a un partido que ‘apoye a los terroristas, que sea cómplice de los terroristas y que sostenga a los terroristas», y que la votación de ayer demostraba que la mayoría no acepta que «las instituciones sean utilizadas al servicio de ningún grupo terrorista».

Ya en el Congreso, Javier Arenas habló de ‘los partidos violentos». Pero ser cómplice o sostener o poner las instituciones al servicio de los terroristas o ser un partido violento ya es suficiente motivo para que una formación política sea ilegalizada con el actual Código Penal. La cuestión es que hasta la fecha no se ha podido demostrar que Batasuna haga o sea nada de eso y por ello se redacta una ley que posibilite su ilegalización por motivos que no constituyen delito como tener en su dirección a ‘condenados por terrorismo’ con la pena cumplida pero que no lo hayan rechazado públicamente, utilizar símbolos, colaborar con entidades o apoyarlas desde las instituciones, participar en homenajes…».

LA reforma de la Ley de Partidos que se ha aprobado en el Congreso ha puesto de relieve la difícil relación que parte de la izquierda española, la más marginal, y una buena parte del nacionalismo, siguen manteniendo con la democracia. Los unos por la pervivencia de las resistencias del comunismo a la democracia liberal. Los otros porque siguen sacrificando la democracia a su concepto de nación étnica. Por eso, porque la democracia es secundaria, unos y otros parecen anclados en el discurso que les unió en el antifranquismo, y, como si este cuarto de siglo hubiera pasado en balde, defienden el mantenimiento en la legalidad de un partido antidemocrático y violento con el que no se sienten capaces de romper sus lazos más profundos.

El PNV, EA, IU, BNG, IC-V y CHA han mostrando estos días su oposición frontal a la nueva Ley de Partidos. Dicen que porque esta ley pretende ilegalizar ideas. Todos ellos saben que la única idea que pretende ilegalizar esta ley es la de la defensa del crimen para conseguir objetivos políticos. Y todos ellos saben también que esta ley ha nacido porque en España tenemos un grupo político conectado con el terrorismo y que hace apología del terrorismo. Saben también que esta ley tan sólo perjudicará a un partido político, Batasuna, y lo hará por sus vinculaciones con el terrorismo, siempre que se mantengan una vez que la ley haya sido aprobada.

Pero el problema para todos estos grupos es precisamente Batasuna. Porque lo que ninguno de estos grupos aceptan es que el partido que esta ley pudiera perseguir es Batasuna. Su preocupación no es la ilegalización de ideas, sino la ilegalización de un grupo con las ideas específicas de Batasuna, es decir, la lucha contra el capital y contra el Estado «centralista y opresor». Porque todos ellos hubieran votado a favor si estuviéramos hablando de un grupo neonazi violento, conectado con una organización terrorista con cerca de mil crímenes a sus espaldas y que tiene sumido en el terror al País Vasco.

A pesar de las condenas formales contra el terrorismo que todos estos grupos expresan tras cada atentado, en el fondo, hay en todos ellos una comprensión de lo que consideran causas políticas de ese terrorismo, un reparto de culpas entre la «derecha reaccionaria y franquista» del PP y la «socialdemocracia derechizada y casi igualmente españolista» del PSOE y ese grupo de «revolucionarios resistentes de ETA-Batasuna contra el autoritarismo del Estado y el gran capital que, aunque equivocados en sus métodos, son respetables en su utopía».

Por eso todos ellos simpatizan y colaboran con Elkarri, la organización que articula en la práctica la teoría del conflicto entre las dos partes que sólo cabe resolver con la negociación en la que el Estado y los partidos «españolistas» ceden en su intransigencia, conceden el derecho de autodeterminación y el perdón de todos los crímenes, mientras que ETA cede también y les deja de perseguir y matar.

La izquierda no nacionalista de este frente de defensa de Batasuna no puede reprimir sus simpatías hacia un grupo que ha incorporado toda la filosofía y terminología del comunismo clásico, que se opone con la misma vehemencia a España y los españoles y a los capitalistas y los poderosos. Porque Batasuna es un partido que lucha contra las élites económicas, políticas, culturales, contra el gran capital, contra el Estado, que está con los grupos feministas radicales, con los ecologistas, con la antiglobalización, y con el antiamericanismo. Y en todos esos frentes coincide con IU o con IC-V. En el País Vasco, la estética y el discurso comunistas se mezclan con los de Batasuna en ese campo común que les une más de lo que les separan los crímenes de ETA.

Pero incluso la xenofobia antiespañola de Batasuna recibe comprensiones en la izquierda radical española, porque tampoco esta izquierda tolera lo que ella considera la España dominada por los intereses de los poderosos, de los herederos del franquismo y de la democracia formal. Ahí confluye con todos los nacionalismos periféricos, en las tentaciones de ruptura, en la deslegitimación del Estado, e incluso gobierna con un partido como el PNV teóricamente tan alejado en el eje ideológico de Izquierda Unida.

Desde el lado nacionalista, y muy especialmente desde el nacionalismo conservador como el del PNV, el nacionalismo étnico hace que la repugnancia ante los crímenes tenga menos fuerza que la idea de que Batasuna, al igual que el PNV o que EA, o que el BNG, defiende el derecho de una nación a tener un Estado. Batasuna es para el PNV y para EA, sobre todo, «parte de los nuestros», y esa común nación es prioritaria sobre cualquier otra consideración. Y para los demás nacionalismos es al fin y al cabo una nación hermana que lucha contra el común enemigo español.

Es curiosa la forma en que el frente de defensa de Batasuna de nacionalistas, comunistas y nueva izquierda radical revive el antifranquismo, o recuerda más bien que para estos grupos la filosofía del antifranquismo que les unió no ha muerto, porque su discurso no ha variado sustancialmente desde entonces. Y no lo ha hecho porque, para todos ellos, entonces, como ahora, la democracia era secundaria. Porque había otros objetivos anteriores a la democracia, el enfrentamiento al capitalismo, o al Estado español. Por eso la profundización de esa democracia, su situación entre las más avanzadas del mundo les es indiferente. Porque la democracia no es su motivación más profunda.

Por eso, todos estos partidos se sienten cómodos en esa idea de Arzalluz de que las cosas no han variado mucho desde la guerra civil, por ese ambiente «de confrontación, de amenaza, de querer reducirnos, de que vayamos por donde ellos quieren». Por eso también, hubieran suscrito la afirmación de Atutxa de que «harán falta tanquetas para sacar a Batasuna del Parlamento», esas tanquetas, esa guerra civil, en la que su discurso sigue anclado con una mezcla de nostalgia e impotencia.

Quizá lo más curioso de esta alianza entre nacionalismo e izquierda radical es el papel del PNV. Porque, a diferencia de todos los demás, el PNV es un partido de gobierno que, en buena medida, se ha mantenido en el poder durante la democracia por su imagen de partido moderado y de orden. El PNV es, en el fondo, la nota más incongruente de este cuadro. Y el grupo más perjudicado. Porque su debilitamiento, su pánico a perder el poder, le ha llevado a esta peligrosa alianza por la que sus electores más moderados le pasarán factura tarde o temprano. CIU, inteligente y prudentemente, se ha aliado con la defensa de la democracia. El PNV acaba de hacer una visita oficial a Cuba y de recibir con entusiasmo al vicepresidente de la dictadura comunista. Es la nueva imagen absurda y patética de un partido definitivamente descarriado.