El Congreso de los Diputados rechaza el ‘Plan Ibarretxe’ por votos en contra de PP, PSOE, Izquierda Unida, Chunta y Coalición Canaria

No nos equivoquemos. No se trata del error de Ibarreche. Se trata del error Ibarreche, del gravísimo error cometido por el Gobierno Zapatero al dar cancha al dirigente vasco en el Congreso de los Diputados y en contra de los procedimientos establecidos en la Constitución.

Ibarreche tiene todo el derecho a desear para las provincias vascongadas el Estado libre asociado o la independencia. Eso mismo lo pueden propugnar un club de empresarios cartageneros o los habitantes de Torrelodones. Vivimos en un país libre. La Constitución señala, en todo caso, el procedimiento a seguir que no se puede alterar sin dinamitar el propio texto constitucional.

Una vez trazado su Plan, Ibarreche debería haber propuesto la reforma constitucional de los artículos que quedan afectados por su proyecto, siguiendo el procedimiento minuciosamente establecido en el título X. Su propuesta de reforma constitucional necesitaría la aprobación por dos tercios del Congreso, después por dos tercios del Senado y, a continuación, convocatoria inmediata de las elecciones generales. Tras ellas, las nuevas cámaras, Congreso y Senado, deberían aprobar por dos tercioes de nuevo la reforma. COnsiguiendo además su aprobación, entonces sí, entonces su Plan podría someterse a debate en el Congreso sin ofensa a la Carta Magna.

Zapatero tendría la obligación de no aceptar a debate el Plan Ibarreche exigiendo al lendakari que propusiera previamente la reforma constitucional pertinente. Esa reforma se hubiera sometido a discusión en el Congreso y después de la votación. De ser rechazada nada habría que hablar sobre el Plan Ibarreche. Pero el talante Zapatero apuñaló ayer por la espalda a la propia Constitución y las consecuencias las contemplamremos en los próximos meses y en los próximos años.

El aparato mediático se ha lanzado ya a desmenuzar, criticar o elogiar lo que se dijo ayer en el Parlamento. Pero eso es pura anécdota. Eso es quedarse en la superficie. Inútil hablar del discurso sofisma de Ibarreche, de las vagorosas palabras de Zapatero, de la espléndida intervención de Rajoy. El problema de fondo es que la Consttiución ha sido vulnerada por quienes deben custodiarla y, como consecuencia el régimen del 78 empieza a dar los primeros y alarmantes  síntomas de desmoronamiento.

Luis María Anson

No hubo diálogo. No existió debate. Los españolistas, previamente conjurados contra el infiel, no oyeron ni atendieron ni entendieron. Las palabras de Blanco, el segundo del PSOE lo explicaban todo. ‘Tenemos que enterrar democráticamente ese proyecto’. Es difícil saber en qué consiste el entierro democrático de una norma de convivencia para un pueblo. Pero la frase era ilustrativa de lo que oimos en el Congreso de los Diputados.

Había que acopiar falacias y falsedades pseudojurídicas contra la posibilidad de una simple negociación, constitucionalmente exigida. No hubo debate. Oír a los voceros antivascos hablar, de forma descontextualizada y anárquica, de pasajes de proyecto que no se iba a negociar producía la gran melancolía de un Estado decrépito. La única discusión posible era sobre los motivos por los que no se iba a tomar en consideración del proyecto. La única. todo lo demás, las lindezas, añagazas, falsedades y agresiones contra los principios y fundamentos del proyecto sobraban. Peor eran la necesaria escenificación de la farsa. La necesidad de que la opinión vasca y española entendiese las razones de justicia, libertad, legalidad y solidaridad de la enorme vejación perpetrada contra e el Parlamento y el pueblo vasco.

Se suele creer que el enemigo natural de la libertad política es el absolutismo de los gobiernos, la falta de límites al poder de la voluntad gobernante. Pero se olvida que donde se encuentra el veradero escollo de la libertad es en la maldita propnesión de los gobernados a encontrar razones objetivas donde solamente hay voluntades de poder, a justificar los actos de dominación política en causas sociales de justicia nacional. El gran adversario de la libertad y primer aliado de la servidumbre colectiva no está en el absolutismo del poder, sino en la arbitrariedad de los gobiernos. En el debate, el Gobierno era de coalición. PSOE y PP, que tanto monta, cogobernaban el entierro del proyecto.

El policía bueno era Zapatero. Bien se oyó lo que decía: «Mire, lehendakari, ahora no podemos tomar tomar en consideración el proyecto; España y el PP lo impiden. Tiene que entenderlo. Ahora no hay agua bautismal para el proyecto vasco. Hay aquí, como ve, muchas ansías mal refrenadas de venganza y vejación. Yo contengo a los míos, pero fíjese en los otros. Vuelva mañana, lehendakari’.

¿Para qué? ¿Para lo mismo responder mañana? Begoña Lasagabaster lo dijo muy bien. Si ustedes exigen una gran mayoría y a eso le llamáis consenso político necesario, le dais el gobierno a la minoría. PSE y PP, despreciando durante años el debate del proyecto, acertaban. Al hacer imposible esa gran mayoría, ganaban todas las votaciones. Ya se sabe. La democracia del consejo gubernamental PP-PSOE consiste en que gobiernen las minorías, si son conmilitonas, y queden fuera, exanimes y desangradas, las mayorías enemigas, por absolutas que sean.

No lo va a consentir el pueblo vasco. No se puede pisotear y escupir una y otra vez un pueblo libre y digno. No se trata de una venganza, sino de respeto al propio pueblo, único soberano de su destino. Al conmovedor ‘optimismo antropolítico’ de Zapatero hay que contestar con el optimismo histórico de un pueblo lanzado hacia la conquista de su libertad política. Hegel lo expresó admirablemente. ‘El búho de Minerva alza su vuelo al anochecer’. No ha existido entierro. La tumba preparada está llena de gustanos de ira, rabia, odio e impotencia.

Joaquín Navarro Estevan

El ‘lehendakari’ Ibarretxe sufrió ayer una clara derrota política. Su plan fue rechazado y devuelto al Parlamento de Vitoria por el voto de una mayoría amplísima de los diputados, incluida la mayoría de los representantes vascos en el Congreso. El recurso al victimismo no sirvió en esta ocasión, y tampoco la amenaza de que si no se aprobaba la propuesta sería sometida a referéndum. Esa derrota marca el terreno en el que deberán plantear sus reformas estatutarias las formaciones nacionalistas que ayer respaldaron el plan del lehendakari sin considerar sus contenidos, no sólo inconstitucionales, sino incompatibles con las reglas de juego democráticas.

De momento, el plan Ibarretxe es la prueba del acierto de las previsiones constitucionales sobre la reforma de los Estatutos de autonomía, que hace imprescindible su aprobación por las Cortes. Esa intervención es una garantía frente a eventuales extralimitaciones, como es el caso, por parte de una asamblea autonómica, y también frente a disparates incompatibles con la lógica del sistema autonómico. El Congreso devolvió ayer la propuesta al Parlamento vasco, sin cerrar la puerta a otra posible reforma, siempre que venga avalada por lo que esta vez ha faltado: la voluntad integradora, que es lo contrario a la imposición de una parte.

El presidente del Gobierno y el líder del primer partido de la oposición explicaron con razones complementarias el motivo de su rechazo. Fueron razones jurídicas, pero también democráticas.

La defensa de la unidad de España, vino a decir Zapatero, es la defensa de la igualdad de los ciudadanos ante la ley. Son los derechos de los ciudadanos vascos no nacionalistas los que pone en peligro el plan al vaciar de competencias al Estado y limitar así la protección que las instituciones comunes garantizan frente a posibles abusos, argumentó Rajoy. La distinción que la propuesta de Ibarretxe establece entre ciudadanía y nacionalidad es una puerta hacia la limitación de derechos políticos, algo que en su día teorizó Arzalluz y que figura en el proyecto de estatuto elaborado por Eusko Alkartasuna, uno de los socios del Gobierno tripartito que preside Ibarretxe.

La petición de diálogo por parte del lehendakari choca espectacularmente con su propia incapacidad para integrar o siquiera intentar refutar los argumentos de los que durante cuatro años han discutido los suyos. Volvió a tópicos como el de los 200 años de conflicto con España o a silogismos como el de que su plan era consecuencia del incumplimiento por el Estado del Estatuto de Gernika. Afirmación incompatible con el hecho de que el 90% de lo recaudado en Euskadi se queda en la comunidad vasca, y con su opinión de que todo ha ido estupendamente gracias al Estatuto de Gernika. Argumento que también fue esgrimido por la diputada de Eusko Alkartasuna. La insistencia en reclamar el derecho a decidir sugiere que los vascos no llevan casi treinta años votando libremente (sobre todo los no amenazados por ETA) y decidiendo sobre aquello sobre lo que pueden decidir, de acuerdo con el reparto competencial propio de cualquier sistema federal.

Ibarretxe ha llevado las cosas a un punto que un político responsable hubiera tratado de evitar: un planteamiento del problema vasco en términos de enfrentamiento entre dos legitimidades (o dos soberanías), representadas por el Parlamento vasco y el Parlamento español. En esos términos el acuerdo es imposible, y por eso Ibarretxe debió retirar su plan cuando comprobó, hace tiempo, que no sería capaz de sumar apoyos de las fuerzas representativas de la mitad no nacionalista de la población vasca, y que sólo podría alcanzar la mayoría absoluta parlamentaria con el respaldo de Batasuna, con cuyo voto se había comprometido a no contar mientras no se distanciara de ETA. En esa situación era inevitable el rechazo por las Cortes y, por tanto, el choque indeseable, por irresoluble, entre legitimidades. Unas Cortes que constituyen uno de los ámbitos de decisión de los vascos, para determinadas cuestiones, y en las que durante las tres últimas legislaturas, y con independencia de que se presentase o no Batasuna, ha habido más parlamentarios vascos de partidos no nacionalistas (11) que de formaciones nacionalistas (8).

Haber aceptado el texto como base para su negociación artículo por artículo, como pretendía Ibarretxe, habría sido legitimar el procedimiento seguido para su elaboración, determinante a su vez de un contenido que nunca podrán aceptar los no nacionalistas. Por eso tenía que ser devuelto; no para evitar la posibilidad de mejorar el Estatuto, sino para dar al Parlamento vasco la posibilidad de elaborar una reforma que contribuya a superar la división entre nacionalistas y no nacionalistas. Sólo así podrá obtener el respaldo de las Cortes.