24 febrero 2005

El hundimiento del Carmel en Catalunya causa una crisis política: dimiten dos altos cargos

Hechos

El 24.02.2005 la Generalitat de Catalunya informó de las dimisiones de D. Jordi Juliá y D. Ramón Serra.

Lecturas

LAS DIMISIONES POR EL DERRUMBE DEL CARMELO:

RamonSerra_JordiJulia

– D. Ramón Serra, presidente de Gisa, presentó su dimisión desde el primer momento, dado que Gisa tenía instrumentos para investigar las irregularidades en la obra del Carmelo pero no los había utilizado.

– D. Jordi Juliá, Director de Puertos y Transportes de la Generalitat. Desde ese cargo había asumido sin revisar el proyecto modificado de ampliación de la Línea 5 en el que se incluía el túnel de maniobras que se hundió.

05 Febrero 2005

Chapuza e ineficacia

EL PAÍS (Director: Jesús Ceberio)

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Los socavones del barrio del Carmel provocados por la ampliación de una línea de metro han sembrado la alarma y conmocionado Barcelona, hasta convertirse en una crisis que combina la sombra de la tradicional chapuza hispánica con manifestaciones de madurez democrática de la sociedad civil. En ella destaca y preocupa por encima de todo la ineficacia de las autoridades municipal y autonómica, en este último caso de administraciones sucesivas de distinto color político.

El Carmel es un barrio surgido de la primera inmigración, con todas sus taras: autoconstrucción desordenada, especulación voraz o falta de planificación urbanística. Siendo bastante céntrico, aún no está comunicado por metro, lo que subraya las carencias de un cuarto de siglo de Gobierno autónomo. El desastre de estos días ha hecho cundir el desánimo y la irritación entre los vecinos, sobre todo entre quienes han perdido todos sus muebles y objetos personales porque se vieron obligados a abandonar precipitadamente sus casas y no han podido ya entrar en ellas de nuevo.

El barrio ha vivido una larga semana de confusión. A un desalojo y un retorno de los vecinos se suma otro, con cambios y recambios de hoteles; a una demolición se añade el anuncio de otras; a las garantías por escrito de estabilidad de los edificios sucede el anuncio de que finalmente habrá que rellenar el hueco de la montaña con cemento, y las dudas sobre los estudios geológicos culminan en la prohibición del sistema constructivo empleado. En suma, una ristra de despropósitos en los que quizá juegue la mala suerte, pero que sin duda responden a decisiones incorrectas.

El consejero de Política Territorial de la Generalitat, Joaquim Nadal, ha anunciado «dimisiones y ceses políticos y técnicos», y el alcalde, Joan Clos, y los concejales se han volcado para llevar ayuda a los afectados, a los que ayer pidió disculpas públicas. Generalitat y Ayuntamiento han creado una comisión para hacer frente a la crisis sin cargar las tintas en los fallos de administraciones precedentes. Y Felip Puig, anterior consejero de Política Territorial en el Gobierno de Pujol, ha anunciado que asume «las responsabilidades políticas» de haber decidido construir bajo el Carmel el túnel causante del estropicio. Pero con buenas intenciones políticas y sensibilidad hacia el ciudadano no basta, sino que es imprescindible la eficacia. En cuestiones de seguridad física, no se puede ofrecer a los vecinos todas las garantías de permanencia y al día siguiente imponer el desalojo.

10 Febrero 2005

Un fiasco evitable

EL PAÍS (Director: Jesús Ceberio)

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En una sesión parlamentaria maratoniana sobre el hundimiento producido por la construcción del metro en el barrio barcelonés del Carmel, el conseller de Política Territorial de la Generalitat, Joaquim Nadal, concluyó que el accidente «se podría haber evitado» con mayores medidas de afianzamiento que resolviesen la aparición de una falla geológica, imprevista pese a los 38 estudios geológicos realizados. De modo que el hecho, pese a la ausencia de víctimas, reviste gran gravedad y dramatismo: no se previó, pero con criterios técnicos más exigentes podría haberse prevenido.

Nadal desgranó las lógicas medidas de urgencia adoptadas, no sólo a favor de los vecinos (por fin explicó sus idas y vueltas como consecuencia de un prurito de seguridad), sino contra la desconfianza desatada respecto a las obras públicas catalanas en curso: suspensión de la construcción de la línea afectada, prohibición del método austriaco en ciudades, revisión de todos los proyectos de metro para acreditar su seguridad, examen de los contratos para evitar una «excesiva concentración de adjudicatarios», reorganización de la empresa gestora de las infraestructuras, GISA, entre otras.

Aunque el consejero habló de «error» y excluyó la negligencia y el dolo, apuntaba así, implícitamente, dos tipos de causas: un exceso de confianza de técnicos y empresas involucradas, que podrían haber anticipado problemas de haber aplicado una lente más exigente a los estudios realizados; y un espeso sistema de facto de organización y adjudicación de obra en Cataluña, enhebrado por anteriores administraciones, que dio primacía, según el consejero, a la restricción financiera sobre los aspectos técnicos.

Las primeras medidas eran imprescindibles. Pero no son suficientes. Hay que llegar al fondo de las responsabilidades: no sólo las técnicas o empresariales, sino las eventualmente políticas, afecten a este ejecutivo, al anterior o a ambos. ¿O acaso no lo merece este monumental fiasco? Lo ha prometido el tripartito, mediante el expediente informativo incoado. Debe irse más lejos, aunque sólo sea para verificar su certeza y exhaustividad. La oposición pidió una comisión de investigación parlamentaria, con razón, aunque deba versar sobre el proyecto desde su inicio y no desde su estallido, como pretende CiU: no vale negarla escudándose en que abortó muchas otras en su mandato. Las promesas de transparencia informativa formuladas ayer deben traducirse en hechos, en vez de recaer en el autoritario síndrome de restricción informativa que en demasiadas ocasiones, también en ésta, aqueja a la Generalitat de Pasqual Maragall.