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El Gobierno recurre la sentencia al Tribunal Supremo crítico con la leve sentencia para algunos acusados como el General Armada

El Consejo de Guerra del 23-F condena al General Milans del Bosch y al Coronel Tejero a 30 años de cárcel

HECHOS

En junio de 1982 el Consejo de Guerra que juzgó el 23-F emitió la sentencia contra todos los militares acusados y el único civil. El Gobierno anunció que recurriría aquella sentencia al Tribunal Supremo.

UNA FOTO DE FAMILIA CON DOS AUSENCIAS

FotodeFamilia23F Foto de familia de todos los acusados del 23-F. Entre los que se distingue en la primera fila a los Sres. Tejero, San Martín, Milans del Bosch, Mas, Torres Rojas, Camilo Menénez o Pardo Zancada. No obstante en la foto hay dos grandes ausencias: Armada y Cortina, que para el resto eran ‘traidores’. 

El Consejo de Guerra contra los responsables del intento de Golpe de Estado del 23-F de 1981 se celebró entre febrero y junio de 1982. Las sentencias se hicieron públicas en prensa el 4 de junio de 1982, el general Jaime Milans del Bosch y el coronel Tejero fueron condenados a la máxima pena posible: 30 años de cárcel y expulsión del ejército. Pese a la elevada pena contra esos dos, los periódicos no fueron demasiado favorables (EL PERIÓDICO de Cataluña las definió como “inquietantes” y DIARIO16 como “Inaceptables”). El propio Gobierno de UCD recurrió la sentencia al Supremo que subiría las penas al resto de acusados.

De buscar “agujeros negros” en la sentencia se encargaron los periodistas de extrema derecha (don Julio Merino en su libro “Jaque al Rey” o don Antonio Izquierdo en “Yo, testigo de cargo”). Su principal objetivo: intentar implicar al Rey en el golpe. (Don Julián Lago aseguraría haber escuchado al Rey hablando por teléfono, poco antes del golpe, diciendo “No, eso no, Jaime”).

23_F_presidente_tribunal   General Gómez de Salazar

Presidente del Tribunal del Consejo de Guerra – General Gómez de Salazar

Ponente de la Sentencia – General José de Diego López

ACUSADOS Y CONDENAS:

23_F_general_milans (1) Teniente General Jaime Miláns del Bosch – 30 años de cárcel

23_F_tejero Teniente Coronel Antonio Tejero Molina – 30 años de cárcel

23_F_general_armada General de División Alfonso Armada – 6 años de cárcel

23_F_General_torres_rojas General de División Luis Torres Rojas- 6 años de cárcel

23_F_Comandante_Pardo Comandante Ricardo Pardo Zancada – 6 años de cárcel

23_F_Coronel_Pedro_Mas_Oliver Coronel Pedro Mas Oliver – 3 años de cárcel

23_F_Jose_Ignacio_San_Martin Coronel José Ignacio San Martín López – 3 años y 1 día

23_F_alvarez_Arenas Capitán Álvarez-Arenas- 3 años de cárcel

23_F_capitan_camilo Capitán de navío Camilo Menéndez – 1 año de cárcel

23_F_garcia_carres D. Juan García Carrés – 2 años de cárcel

23_F_cortina Comandante José Luis Cortina – Absuelto

Ibañez Inglés – 5 años de cárcel

Muñecas Aguilar – 3 años y 6 meses de cárcel

Manchado García – 3años y 1 día

Abad Gutiérrez – 3 años y 1 día

Pascual Gálvez- 3 años de cárcel

Gómez Iglesias- 3 años de cárcel

Dusmet – 2 años de cárcel

Cid Fortea – 2 años de cárcel

Lázaro Corthay – 2 años de cárcel

Pérez de la Lastra – 2 años de cárcel

Bobis González – 2 años de cárcel

Acera Martín – 2 años de cárcel

RÉPLICAS MEDIÁTICAS: ADOLFO SUÁREZ EN EL PAÍS Y EL HERALDO

Después de conocerse la sentencia el diario EL PAÍS publicó un artículo del ex presidente del Gobierno, Duque de Suárez, afirmando que él ‘disentía’ de la sentencia por considerarla demasiado suave. La revista EL HERALDO ESPAÑOL, creada por D. Julio Merino y D. Fernando Latorre durante los meses que duró el Consejo de Guerra, dedicada a defender a los acusados del 23-F (a excepción del General Armada y el enigmático Cortina) publicó un editorial culpando del 23-F al Sr. Suárez.

04 Junio 1982

Yo disiento

Adolfo Suárez

Entiendo que las sentencias no protegen de manera suficiente los derechos del pueblo español. La sentencia produzca desasosiego entre quienes padecimos la violencia golpista y entre todos los demócratas del país y aun del mundo entero.

El 23 de febrero de 1981, mientras el Gobierno de la nación y los representantes de¡ pueblo español se encontraban reunidos para la investidura de un nuevo presidente del Gobierno, un reducido grupo de jefes y oficiales de la Guardia Civil asaltaron con las armas en la mano la sede de la representación nacional, secuestraron, bajo amenaza de muerte, a los miembros del Gobierno y del Parlamento durante cerca de dieciocho horas e intentaron subvertir el orden democrático establecido en la Constitución que el pueblo español, con la sanción del Rey, se ha dado a sí mismo.Son de sobra conocidos los autores de estos delitos. Enjuiciados por la jurisdicción militar, han sido sometidos a un proceso que han aprovechado, en numerosas ocasiones, como plataforma de propaganda política, difundiendo falsedades que enturbian la clara actuación del Rey y exponiendo, con desprecio al tribunal militar que les ha encausado, ideas contrarias a la democracia y a la Constitución.

Ante las sentencias dictadas por el Consejo Supremo de Justicia Militar, dentro del respeto que tal institución me ha merecido siempre, me veo obligado en conciencia a manifestar mi opinión política en las siguientes, consideraciones:

Entiendo que las sentencias no protegen de manera suficiente los derechos del pueblo español. El rigor no consiste en concentrar las responsabilidades, sino en castigar adecuadamente a todos los culpables. La ejemplaridad no se produce si quedan sin castigar comportamientos intolerables. La justicia penal también debe ser disuasoria, y no se disuade a los que puedan participar en una rebelión militar si se personalizan las penas en los promotores y se libra a quienes las secundan y actúan fuera de la ley. Nunca puede ser aceptable que quede un amplio margen de irresponsabilidad para quienes intervienen en un golpe de Estado y con su actuación provocan amenazas que ponen en crisis la democracia en España.

Porque la crisis de la democracia implica necesariamente la crisis de todas las instituciones españolas -la Corona, el Parlamento, el Gobierno, las Fuerzas Armadas, los partidos políticos, la Administración y los mismos tribunales de justicia-, que sólo en el orden democrático que el pueblo español, en el ejercicio legítimo de su soberanía, se ha dado a sí mismo encuentra su verdadero sentido y fundamento.

Pienso que una crisis de este tipo abriría paso al miedo como factor determinante de la política española. Alguna vez señalé que sólo había que tener miedo al miedo mismo. No hay libertad bajo el miedo, no hay derechos ciudadanos bajo el miedo, no se puede gobernar bajo el miedo. En un ambiente de temor continuo a un nuevo y posible golpe, se confunden los ideales comunes con los intereses de los grupos, se usurpan las representaciones más legítimas y se hace imposible la libre expresión de la voluntad popular y, con ello, la paz y la concordia de todos los españoles.

Creo que el miedo traería consigo la involución de la vida española. Con la involución viene el separatismo institucional, que implica que los que son sólo elementos de un todo armónico pretenden constituirse como un todo, con desprecio a la mayoría, e imponen una especie de presión institucional, cuyas consecuencias la historia por desgracia nos ha mostrado.

Desde mi profundo respeto a la institución militar, creo que la terminación del proceso por los hechos del 23 de febrero tiene que dejar limpia y clara ante la opinión pública la actitud de las Fuerzas Armadas, a las que todos los ciudadanos hemos concedido como institución el privilegio extraordinario de usar armas para guardar y hacer guardar el orden constitucional, y que realmente así lo han hecho durante toda la transición y en plena democracia, con excepciones como la del reducido grupo de asaltantes al Congreso.

Por eso es natural que la lectura de la sentencia produzca desasosiego entre quienes padecimos la violencia golpista y entre todos los demócratas del país y aun del mundo entero. Son muchos los puntos concretos que merecen un comentario pormenorizado. Pero, aun a riesgo de simplicidad, quisiera concentrar mi atención en uno de estos puntos: la absolución de algunos oficiales que ejercieron violencia física contra los representantes del pueblo y actuaron con sus armas en contra del poder civil, encarnado en el Gobierno y en el Congreso de los Diputados.

No parece admisible, por tanto, que, por lo que: respecta específicamente a los tenientes de la Guardia Civil procesados, se haga jugar, de algún modo, la eximente de obediencia debida, aduciendo «que su error no resultaba vencible en sus circunstancias» y que «Ios acontecimientos de la noche del 23 y madrugada del 24 de febrero presentaron apariencias suficientemente confusas y expectantes para hacer dudar, incluso a mandos muy superiores, de las decisiones a tomar, y por ello a dilatar su adopción en espera de que la situación apareciese como clara y resueltamente decidida». La situación estaba ya decidida por la Constitución y estaba decidida por el Rey. La actitud del Rey hizo imposible que jugara este engaño y, por otra parte, no parece lógico que los tenientes de la Guardia Civil, que deben conocer la Constitución y el Código de Justicia Militar, puedan caer en un engaño de este tipo. Resulta evidente que el Rey no puede realizar indicaciones contrarias a la propia Constitución, que es la norma que establece las competencias de la Corona.

Es preciso dejar muy claro que en España no existe un poder civil y un poder militar. El poder es sólo civil. Atentar contra este hecho es subvertir el orden institucional, hacer prevalecer la fuerza contra la legitimidad, tratar de usurpar la jerarquía cívica en aras de una presunta disciplina que se podría ejercer contra los supremos intereses del pueblo.

Frente a esto no pueden tener éxito las falsedades y las insidias propagadas durante el proceso y que la propia sentencia hace bien en rechazar de supuestos deseos del Rey. Como tampoco cabría admitir la peregrina idea de una unión directa, exclusiva y excluyente, entre las Fuerzas Armadas y el Rey, que no tiene otro objetivo que colocar al propio Rey y a la misma institución militar al margen de su instancia legitimadora: el pueblo español.

Adolfo Suárez

09 Junio 1982

Yo acuso a Suárez

Julio Merino

¡Qué pena que el Tribunal de la Historia no pueda dictar sentencia aquí y ahora contra usted.
Entre otras cosas porque así sabríamos quién le ha escrito el artículo ¿O acaso quiere simular que ‘también’ sabe escribir?

Aunque en otro lugar de este mismo número damos ‘nuestra opinión’ sobre la sentencia que ha dictado el Alto Tribunal que había seguido la causa 2/81 y aunque me había propuesto meditar largamente el texto de la sentencia, no me resisto a entrar en el ‘campo de batalla’ que los demócratas de toda la vida han abierto tras el fallo y la penas impuestas. Alguien ha dicho (y esa parece que es la consigna secreta de este momento). El proceso del 23-F se ha cerrado al dictarse sentencia el Tribunal Militar, pero es ahora, precisamente ahora, cuando de verdad comienza el 23-F.

El motivo central de estas líneas va a ser el artículo de don Adolfo Suárez en EL PAÍS, que también nosotros reproducíamos, aunque sólo sea para que los españoles patriotas aprendan con qué ‘personajes’ tenemos y tendremos que lidiar en el futuro. Es imposible ser más cínico, es imposible tener más osado. Es imposible ser más traidor al a biografía y a un pasado. Si Herrero Tejero y el Almirante Carrero y Torcuato Fernández miranda, y el propio Franco levantaran la cabeza… ¡yo les aseguro que la apartarían de vergüenza, de desprecio y de asco! Pero, así es ‘esta Democracia; este nido de camaleones y así es este país que algunos – ¡muy pocos ya! – llamamos España.

Dice el señor Suárez que disiente. (…) Pues bien, si usted ‘disiente’… yo ¡también!

Y disiento porque creo que el Tribunal Militar que ha juzgado a los hombres del 23-F no ha acertado en lo fundamental: en localizar, mostrar, juzgar y condenar al ‘gran responsable’ que sembró, regó y cultivó el germen que fructificó la tarde del 23 de febrero de 1981. ¿Sabe usted quién será para los futuros historiadores ese ‘gran responsable’? ¿Sabe quién aparecerá como ‘gran responsable’ cuando desaparezca la hojarasca periodística del pesebre y el fondo de reptiles se haya desviado a las cloacas de la peste? ¡Usted!

¡No! No crea usted que el Tribunal de la Historia (Y, por supuesto, el de Dios) le va a absolver de su gran responsabilidad… ¡porque – entre otras cosas – la Historia ni se vende ni se compra!.

Dice usted que en lo que más ‘disiente’ es en la absolución de algunos oficiales y que no parece admisible que se diga – como se dice en el texto de la sentencia – que ‘los acontecimientos de la noche del 23 y madrugada del 24 de febrero presentaron apariencias suficientemente confusas y expectantes para hacer dudar, incluso a mandos muy superiores, de las decisiones a tomar, y por ello dilatar su adopción en espera de que la situación apareciese como más clara y resueltamente decidida”.

¡Pues, claro que tiene que ‘disentir’!… ¡Cómo que ese párrafo de la sentencia ‘parece’ ir destinado al hombre que siempre supo esperar el momento decisivo para elegir el ‘uniforme’ que tenía que ponerse… ¿O acaso no supo usted esperar a ver qué pasaba en la crisis del 69, o cuando el asesinato de Carrero o cuando la muerte de Franco? ¡Qué cruel tendrá que ser la Historia con su ‘yo disiento’ de hoy!

Pero, dejemos ese filón de oro a los historiadores.

Dice usted que bajo el miedo no puede haber liberad, pues bien, como yon o quiero tener miedo y a pesar mi asco quiero vivir en libertad yo le acuso a usted de ser el ‘gran responsable’ de los sucesos del 23 de febrero. Y para que no haya dudas aquí están las ‘pruebas’ de mis acusaciones:

YO LE ACUSO a usted de haber sido el causante del divorcio que parece existir, o existe, entre los Ejércitos y ‘esta’ Democracia… porque, si usted hubiese cumplido su palabra de aquel día ante la cúpula de las Fuerzas Armadas, cuando ‘todavía’ estaba en juego la Reforma política, de que no habría comunismo… ni hubiese ‘legalizado’ después el PCE del histórico señor Carrillo un Viernes Santo… ¡el Ejército no se habría sentido sorprendido, desilusionado, o, tal vez, traicionado en sus deseos de ‘adaptación a la Historia’!

YO LE ACUSO a usted de haber aumentado esa ‘separación intrínseca del Ejército con esta Democracia…. Cuando su ambición personal de ‘permanecer a cosa de lo que sea’ permitió, consintió o engendró el tremendo problema de las autonomías vascas y catalana… ¡Ni los republicanos del 14 de abril consisntieron que los Estatutos se hicieran antes que la Constitución!… y mucho menos que la existencia de España como Nación – única e indivisible – se pusiera sobre la mesa de las ‘negociaciones autonómicas’.

YO LE ACUSO a usted de haber ahondado el pozo de las ‘discrepancias en la lealtad’ entre el Ejército y ‘esta’ Democracia… cuando por ‘miedo’ a perder el sillón no supo o no quiso atajar los ultrajes a la Bandera, o cuando por ‘cobardía’ permitió, aceptó o autorizó enterrar a los asesinados por ETA (¡en gran parte hombres de uniforme militar!) sin los honores debidos al que muere por su Patria y aprovechando casi siempre las sombras de la noche. ¡Cómo no iban o van a sentirse molestos y dolidos los compañeros de aquellos hombres que ‘esta’ Democracia enterraba sin más honores que los ‘comunicados’ de condena sacados de un manual revanchista y rutinario!

En fin, YO LE ACUSO a usted de ser – ante la Historia y ante España – el ‘gran responsable’ del 23 de febrero de 1981… porque estoy convencido de que ‘sus vientos’ trajeron esta tempestad. ¡Sí usted no hubiese llevado a España con sus humillantes pasteleos a una ‘situación límite’ seguramente los hombres que hoy o mañana van a perder sus uniformes estarían firmes al servicio de España y de la Corona! ¡Si usted hubiese sabido lo que para un militar español significaban y significarán siempre el amor a la Patria, el sentido del honor, el juramento a la Bandera, la defensa de la Unidad y el culto a la Autoridad y a la disciplina… yo le aseguro que no se habría producido aquel 23-F.

Luego ¿de qué ‘disiente’ usted? Usted lo que debe hacer es llorar eternamente los males que trajo a la Patria. Usted lo que tiene que hacer es entregarse en cuerpo y alma a preparar el ‘juicio de la Historia’… pues, no le va a resultar fácil demostrar (y mucho menos convencer) cuáles son’ las diferencias que existen entre los delitos de ‘conspiración para la rebelión’, ‘rebelión militar’ y ‘alta traición a la Patria’… y qué es servir a la Patria o servirse de la Patria’.

¡Qué pena que el Tribunal de la Historia no pueda dictar sentencia aquí y ahora… y en rueda de prensa!

Entre otras cosas porque así sabríamos también quién le ha escrito el artículo ‘Yo disiento’, que usted ha firmado con su nombre. ¿Verdad? ¿O acaso quiere simular que ‘también’ sabe escribir?

¡Menos mal que el pueblo español ya sabe quién es Adolfo Suárez y como hay que tratar a ‘su’ UCD! ¡Menos mal que la ‘venganza de las urnas’ no ha tenido que esperar el fallo de su historia.

¡Ah, y no escude en el Rey o en la defensa de la Monarquía… porque Alcalá Zamora también lo decía ‘antes’ y luego temrinó siendo Presidente de la República! Que puede ser lo que le pase a usted. Defender una cosa, la Monarquía, al tiempo que se dinamitan sus cimientos con intrigas y  ambiciones es como prometer que se va a construir un altar al Dios de la verdad para luego dedicarlo a la adoración del becerro de oro. No, no se puede seguir que se quiere una cosa, la Monarquía, y al mismo tiempo poner los medios para destruirla.

Julio Merino

04 Junio 1982

A tal juicio, tal sentencia

DIARIO16 (Director: Pedro J. Ramírez)

Al verse obligado a recurrir contra la inaceptable sentencia del Consejo Superior de Justicia Militar, el Gobierno ha terminado de quitarse la escasísima cuota de razón que le quedaba para defender su conducta a lo largo de todo el proceso. Durante meses se le ha estado pidiendo resignación y paciencia a la sociedad civil, engatusándola con la promesa de que el largo túnel de humillaciones y renuncias desembocaría en el horizonte despejado de unas sentencias ejemplificadoramente severas.

Sin embargo, ha sucedido lo que tenía que suceder: la sentencia ha sido coherente con el desarrollo de la vista y, por tanto, choca frontalmente con la percepción de la realidad que tienen la inmensa mayoría de los ciudadanos. Era ingenuo – y también estúpido – imaginar que un tribunal que durante meses se comporta de una manera, iba a transfigurarse a la hora de dictar sentencia.

Pocos pueden dudar de la pertinencia de las dos únicas condenas máximas, la de Milans del Bosch y Tejero. Se han castigado ahí los hechos probados e indiscutibles de rebelión militar y los jueces no tenían sino que aplicar la pena prevista por la ley. Hay que preguntarse por qué no han seguid después actuando según esa lógica.

El único caso que exigiría un análisis aparte es el de Armada, Cortina y Gómez Iglesias. Tal y como han aparecido sus responsabilidades en el juicio, era inevitable que salieran, comparativamente, bien librados, porque las pruebas aportadas en su contra estaban muy por debajo de la convicción moral de su culpabilidad. La responsabilidad de la distancia entre lo pregunto y lo probado cabe achacarla en buena medida a la poca diligencia de los instructores del sumario que no actuaron con la debida decisión para buscar esas pruebas.

Pero a partir de aquí, el resto de la sentencia causa auténtico bochorno y razonable indignación a cualquiera que medite sobre el papel que ciertos acusados cumplieron en el fallido golpe, y las penas que por ello les corresponden.

¿Cómo es posible?

¿Cómo es posible que un general como Torres Rojas, que ya había sido apartado de su destino anteriormente por supuestas veleidades golpistas, que asiste a la reunión clave de la calle General Cabrera, y que se presenta desde La Coruña para ponerse al frente de la División Acorazada, pueda seguir llamándose general del Ejército español y salir con una condena de seis años por su participación en el mismo delito que su colega Milans?

¿Cómo es posible que el comandante Pardo Zancada – que seguirá siendo comandante , aunque quede apartado del servicio – conduzca a sus hombres a tomar el Congreso, en una acción paralela y equivalente a la de Tejero, y reciba ahora veinticuatro años menos de condena que él?

¿Cómo es posible que la mano derecha de Milans, su ayudante, el coronel Ibañez Inglés, que participó activísimamente en la preparación y ejecución del golpe codo a codo con su superior, sea condenado a una pena veinticinco años menor?

¿Cómo es posible que el coronel Miguel Manchado, que colabora estrechamente con Tjero suministrándole las fuerzas necesarias para el acto de rebelión – ese por el que el ya ex teniente coronel ha sido castigado con treinta años – reciba solamente una condena a tres años y un día?

¿Cómo es posible que el coronel San Martín para muchos el verdadero cerebro del golpe, sutil movilizador de la División Acorazada y convocante de la reunión en que se repartieron las instrucciones necesarias para consumar la rebelión, tenga igualmente una pena de tres años y un día, cuando la petición fiscal era de quince?

Camilo, Carrés

Hay dos casos en los que la pena proporcional al delito causa asombro, si es que ese sentimiento fuera posible después de todo lo que en el juicio de Campamento llevamos visto.

Nos referimos, en primer lugar, a la pena testimonial de un año impuesta al capitán de navío Camilo Menéndez, que se sumó ostentosamente al asalto al Congreso a título particular, porque, felizmente, no pudo disponer del brazo de mar necesario para atacarlo con su barco. Pero si algo significa su uniforme, es evidentemente que la acción en la que quiso participar le hace acreedor a una pena mucho más cercana a la de los máximos responsables del asalto.

En segundo lugar, acaso el primero en el estupor que causa su pena, está el paisano García Carrés, al que lo de paisano habría que retirárselo, pues tanta actividad con uniformes rebeldes, debería hacerle acreedor de algún grado en la milicia golpista.

He aquí un hombre que alardea de sus afanes antes, en y después de los hechos, que ya en el verano anterior pone en contacto a Milans y Tejero, que hace propaganda del golpe cuando éste está en marcha, que intenta la difusión de un manifiesto para el apoyo a los rebeldes que tienen secuestrado al Congreso y que hace, en fin, todo cuanto está en su mano para que la rebelión militar triunfe.

Y se le castiga – o se le premia, es difícil deducirlo – con dos años de prisión. García Carrés era, además el único procesado en representación de toda la trama civil del golpe, la cual, después de no haber sido investigada ni perseguida, queda simbólicamente absuelta.

Capitanes y tenientes

Es difícil aceptar que el capitán Muñecas, cuando ocupó metralleta en mano la tribuna de oradores del Congreso, no sabía lo que hacía o que lo hacía obligado por sus superiores. Todo el mundo ha podido ver su imagen por televisión anunciado a los diputados encañonados la llegada de la nueva autoridad ‘militar, por supuesto’. ¡Y a ese oficial se le condena solamente a tres años y seis meses!

La doctrina Oliart

Nunca es tarde para intentar enderezar lo que está torcido. Pero debería quedar claro hasta que punto la doctrina sustentada por el ministro de Defensa, Alberto Oliart, se ha revelado catastróficamente ineficaz. Los nuevos reflejos del presidente Calvo-Sotelo deberían permitirle, en buena lógica, aceptar la dimisión irrevocable de su ministro en las próximas horas.

Hay que confiar ahora en que el recurso del Gobierno ante el Tribunal Supremo tenga más fortuna que sus actuaciones anteriores. Para la historia queda ya un día negro en la vida política y ciudadana de nuestra nación. Y, ojalá que esa historia no nos quiete, con la repetición de hechos semejantes, hasta la misma posibilidad de lamentarnos.

06 Junio 1982

Ante la botella mediada

Martín Prieto

El pasado 23 de febrero, primer aniversario de su felonía, los procesados por aquellos sucesos se negaban a bajar desde sus aposentos a la sala del Servicio Geográfico del Ejército donde estaban siendo juzgados. Exigían para reintegrarse a sus nada incómodos banquillos de peluche la expulsión y el procesamiento de Pedro J. Ramírez, director de Diario-16, a más de un apercibimiento del Tribunal a la Prensa; algunos abogados defensores ronroneaban amenazantes una hipotética retirada. El teniente general Luis Alvarez Rodríguez, Presidente del Tribunal, anonadado y con la úlcera en la mano, accedíó a expulsar al periodista pero se resistía a acatar más órdenes y albergaba serias dudas de que la Policía Militar arreara hacia la Sala a una tropa doblemente rebelde pero presidida por un teniente general galoneado por heridas en campaña y con la medalla militar individual.Antonio Pedrol, decano de los abogados madrileños, acepto el papel de mediador y hombre bueno; subió a hablar con ellos, desplegó esa astucia mediadora, cargada de matices que, según los entendidos, es imposible encontrar fuera de la circunscripción comarcal de Reus, y aceptaron volver a comparecer ante su propio juicio. Revestido con la toga y las magnificiencias de su decanato, pequeño de estatura, socarrón, con la mirada vivaz de un crío picarón, descendía Pedrol las escaleras camino de la Sala, delante de los encausados, casi (una de las muchas cosas que se le deben agradecer en esta causa) como un cabestro con puñetas, cuando escuchó a sus espaldas un estentóreo «¡¡¡Soy valiente y leal legionario!!!». Y así, con Pedrol abriendo marcha, Milans detrás y cantando a voz en cuello el himno de la Legión bajaron aquel día los encausados hasta los aledaños de la Sala de Justicia. Vivir para ver.

Ahora, cuando la Sala Segunda del Tribunal Supremo no tiene peor problema que encontrar una habitación -que no la tiene- lo suficientemente segura como para guardar los autos que le remitirá el Consejo Supremo de Justicia Militar, hay que recordar lo que han sido para este país los últimos quince meses y toda la agotada capacidad de sorpresa de quienes han seguido atentamente el juicio. Las sentencias remiten a la desolación y a la amargura, es cierto; y para todos. Acaso nunca una decisión judicial haya encontrado tan pocos valedores y tantos descontentos de tan distinta laya. Es cierto que para los ciudadanos demócratas, para no pocos militares y hasta para el sentido común, se han producido absoluciones que la razón no admite y penas harto benevolentes cuando quienes las imparten y quienes las reciben se reclaman orgullosamente de mejores ciudadanos por el rigor que voluntariamente han impuesto a sus vidas. Pero tampoco sería muy sensato que este país, admirable por las visicitudes que es capaz de soportar, cayera ahora del guindo como si no se reconociera en su historia contemporánea y palpara por primera vez los perfiles de la improvisación, la arbitrariedad, lo atrabiliario, el sentimentalismo, la irracionalidad, que distinguen a algunas de sus instituciones.

Hace quince meses, todavía al dudoso calor de los hechos de febrero, podía estimarse que lo mejor que podían hacer Tejero y Milans era suicidarse «aún cuando los suicidaran», tal como el general Silvestre en la carrera vergonzante desde Annual hasta Melilla. Volvió a la memoria la desconfianza de Franco hacia la Guardia Civil, el decreto de disolución del cuerpo que llegó a estar sobre su mesa a falta de la firma y el castigo final de rebaja de haberes (devengaban un 150% del salario militar y quedaron equiparados). Y abocados a conducir a los rebeldes ante un Tribunal ya hemos echado en el olvido los unánimes comentarios de café de tantos meses de zozobra: «El juicio no se celebrará jamás». Los abogados políticos de los golpistas y los militares involucionistas jugaron abiertamente esa carta de escepticismo y amedrantamiento civil. Pues el juicio se celebró. Iniciada la vista ¿quién daba un ardite porque aquello acabara con bien?. Pues con farífarrias, baladronadas, juicio paralelo (el único, el que han hecho los acusados contra las personas y las instituciones de la democracia), desacatos y hasta con el decano Pedrol presidiendo a su pesar una marcha legionaria de encausados sobre la Sala, el juicio más prolongado de nuestra historia y el tercero en duración en todo el mundo, terminó y se dictó sentencia.

Milans, sin uniforme

¿Quién apostaba un adarme -no ya hace meses sino hace cuatro días- a que Milans sería expulsado del Ejército por sus propios conmilitones?: Seamos sinceros con nosotros mismos y admitamos que muy pocos. La opinión pública, ahorajustamente indignada, debe conocer que el Tribunal de esta causa alcanzó por dos veces mayoría absoluta respecto al delito de Milans, sancionándolo primero con doce años (sin pérdida del empleo) y posteriormente con quince años. Fue necesario retrasar la firma de la sentencia para que los militares del Tribunal reflexionaran sobre las consecuencias que podría acarrear su comprensible inclinación a ser antes clementes que justos con un compañero.

Bien es verdad que la disparidad de criterios de dos bebedores ante la botella mediada solo deja opción -paradójicamente- a una conclusión a medias. El bebedor optimista estimará que la botella esta medio llena y el depresivo que se encuentra medio vacía La botella de las sentencias admite también las dos contemplaciones por más que los ciudadai,os estén en su derecho de quererla llena. Y tampoco es cosa de dar una fiesta a los amigos por cuanto después de recibir una paliza el agresor ha tenido el detalle de dejarnos con vida, pero sea poco o mucho hay que admitir el esfuerzo y la violencia que el Ejército se ha hecho a sí mismo. Ante la pena única, de treinta años, sustitutiva de la de muerte, dictada por generales y almirantes contra don Jaime,Milans del Bosch y Ussía, teniente general, hijo, nieto y biznieto de generales, combatiente de Franco contra la II República Española y de Hifier contra la Unión Soviética, multicondecorado y apreciado por sus camaradas de armas, no cabe hablar de provocación militar al poder civil. Por rebelde a su Rey y a la libre voluntad de su pueblo los militares han expulsado de sus filas a uno de sus primeros. Y dentro de un año, firmes las sentencias, Milans afrontará ese minuto insondable de existencia: se despojará del uniforme, vestirá un atuendo civil y devolverá sus medallas al Ministerio de Defensa.

çAntes de su muerte física será cerrada su hoja de servicios (leída con satisfacción durante horas en Campamento) y será enterrado militarmente con una nota, siempre infamante, de expulsión. Antes de cuatro años (las normas penitenciarias militares liberan a los reclusos de 70 años si carecen de antecedentes y observan buena conducta) le encontraremos de paisano, sorbiendo un café en un bar, y diremos: «Mira, Milans…». El temido gallo militar, el general perdido, no será más que un jubilado sin aspiraciones a la mortaja castrense. Este es el símbolo que hay que contemplar; desdeñarlo es desconocer la caracteriología de los militares españoles o hacer abstracción del juicio y sus sentencias como si habitáramos el mejor de los países posibles y no gravitara sobre España un problema militar desde 1.808.

Fanatismo y bravuconería

El juicio, además de por el mero hecho de haberse celebrado y terminado, ofrece otros aspectos positivos. El Ejército y, en particular, la Guardia Civil han comprendido abochornados el rídiculo y el descrédito que un oficial como Tejero ha arrojado sobre ellos. Si cabía alguna duda, sus exabruptos finales han dado la medida de la limpieza de su espíritu. Tras su paso por el juicio ya no es esta la hora jaquetona de las coplillas elogiosas o de la recepción de gónadas masculinas labradas en oro. Sus propios compañeros han entendido el fanatismo irracional que atormenta a este hombre.

Por lo demás, el resto de jefes y oficiales encausados han mostrado públicamente sus miserias. Si alguno era mitificable ha caído estrepitosamente de la peana. No hubo gallardía sino bravuconería de taberna, faltó grandeza de ánimo y se repartieron dosis sobradas de más eres tú, se nos privó de conocer el valor moral del hombre que pierde y afronta su destino y nos empachamos de una dispersión de responsabilidades por la rosa de los vientos. ¿Y éstos eran los grandes santones del involucionismo militar español? El juicio ha evidenciado a unos hombres enredados en disputas, vanidades, ambiciones personales, mentiras, muchas mentiras, temores egoístas, todo un muestrario de los más villanos defectos de la pequeña burguesía española. Y esta desmitificación también hay que colocarla en la mitad de la botella.

Y después de todo lo anterior caben las quejas razonadas de la sociedad civil. Es obvia la inconvencia de que permanezcan en el Ejército los encausados absueltos o sentenciados hasta penas de tres años. Aun caben los recursos (el general Armada con los siete votos disidentes de la sentencia en contra suya se encontrará en dificultades muy serias ante el Supremo) y la acción administrativa que: complete con su rigor lo que la clemencia corporativa no ha sabido terminar. Pero no es exacto que con estas sentencias el poder civil haya quedado poco menos que a los pies de la fuerza militar; el Ejército se ha sancionado a sí mismo -mal- pero subordinándose, con todas las retícencias que se quieran, al poder civil de toda la sociedad. Lo que pasa es que en las relaciones políticas nunca se debe ganar por diez a cero.

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