Polémica en RTVE: El Consejo de Administración aprueba supervisar a los redactores de los telediarios con el apoyo del PP y la abstención del PSOE ¿censura previa?

El Consejo de Radiotelevisión Española rectificó ayer la sorprendente decisión adoptada apenas 24 horas antes por la que sus miembros tendrían acceso al sistema de edición de noticias, lo que suponía arrogarse un derecho de vigilancia y, en último extremo, de censura previa sobre los contenidos de los informativos. La rectificación debe ser acogida con alivio. Lo que no hace, sin embargo, es disipar las sospechas acerca de la falta de idoneidad de los miembros de un Consejo que estaba dispuesto a limitar las libertades de prensa y expresión, aunque después se desdijera.

Una vez anunciada la rectificación, los partidos con representantes en el Consejo se han desentendido de la decisión inicial. Pero conviene recordar que ese acuerdo fue adoptado a propuesta de una consejera del PP y apoyada por los representantes de su grupo y por el de CiU. Los consejeros nombrados a propuesta del PSOE, ERC y CC OO se abstuvieron, y solo votaron en contra los de IU y UGT. Salvo estos últimos, el resto de los consejeros deben una explicación y, después, no habría que descartar la depuración de responsabilidades. Porque el Consejo está para velar por la independencia de la radio y la televisión públicas, no para servir de ejecutor de los ataques contra ella.

Uno de los pocos méritos indiscutibles de la gestión de Rodríguez Zapatero ha sido liberar a la radiotelevisión pública del control del Gobierno. Que los representantes del PP en el Consejo hayan pretendido alterar esta situación es un inquietante augurio para después del 20 de noviembre. Que se hayan abstenido los nombrados a propuesta del Partido Socialista, el mismo que aprobó la actual regulación de RTVE, es inexplicable. La vergüenza que parece haber embargado a populares y socialistas es signo de que los tiempos han cambiado. Ni los profesionales de la información ni los ciudadanos aceptan que la televisión pública sea de nuevo un baluarte gubernamental.

El Consejo de Administración de RTVE ha querido tener acceso a las escaletas de los informativos de la televisión estatal. No hablaré de este episodio incalificable y de sus epifenómenos. Colean por aquí al lado. Tomo, del trance, un detalle para tender un puente hacia lo que me interesa: los partidos políticos sólo mueven el culo para chequear el minutado y el contenido de la información de los telediarios respecto a sus líderes y sus noticias. Lo demás, se la sopla.

Como al conjunto de la sociedad, al parecer. Como a otros agentes sociales -intelectuales-, medianamente activos en otras parcelas de la vida pública.

Ya he escrito sobre esto más veces. Milito, lo confieso, en esta batalla. La Educación y la Televisión son dos factores clave para sacar a la sociedad española de su agujero.

Los gobiernos de Felipe González no fueron capaces de reformar la Educación y ponerla bajo las reglas imprescindibles. Los gobiernos de Zapatero no han mejorado el panorama educativo y han empeorado la Televisión. La del Estado, que es la que me importa, y las otras.

No entiendo. No entiendo cómo gobiernos de ideología socialdemócrata han podido desbarrar tanto en este territorio. No entiendo cómo los electores socialdemócratas -y, vuelvo, sus agentes sociales más activos- pasan de largo en la exigencia de una televisión estatal mucho mejor.

Los informativos de TVE son, en los últimos años, los mejores en décadas, los más imparciales y objetivos. Mi objeción -grave, que no perdono- es que dedican mucho tiempo a los sucesos y al deporte y muy poco a la cultura.

Los informativos actuales de TVE no son ningún problema para la democracia ni para la sociedad. Lo que es un problema es que los partidos políticos estén obsesionados con ellos, y mientan, y finjan acerca de ellos. Lo que es un problema es que a los partidos políticos no les interese el resto de la programación de la televisión estatal, que deja mucho que desear.

No basta -ni de lejos- con que La 1 entretenga con cierta dignidad y contenga algún programa interesante. No basta con que La 2 incluya guiños culturales, ahora que ha perdido el deporte y podría hacer más.

Los gobiernos de Zapatero hicieron un nefasto ERE con los más maduros y expertos profesionales de la televisión pública, concedieron licencias privadas a sus amigos que acaban en fusiones -encima con la Derecha-, impulsaron una TDT que sólo ha traído bazofia, no han hecho nada contra el dispendio y sectarismo de las autonómicas y no han sacado -orientado- ningún rédito al hecho de que la desaparición de la publicidad en TVE pudiera permitir -fuera de la competencia económica- una mejora de la televisión pública en la única dirección que justifica su existencia: la cultural (en sentido amplio). Bueno, otra es -dicho rápido- la cohesión nacional y la valoración de lo institucional y del interés general. Éramos malos, y la abuela parió a Hitler. Y todos los partidos son cómplices. Y todos los silencios. Sólo quieren el minutado de los informativos. Catástrofe. Otra. De las más importantes. Se están luciendo.

La independencia de la radiotelevisión pública, uno de los logros más indiscutibles del periodo de gobierno de Rodríguez Zapatero, está padeciendo una preocupante erosión por la incapacidad de los dos partidos mayoritarios, socialista y popular, para acordar el sustituto de Alberto Oliart al frente de la corporación. La interinidad se ha pretendido resolver mediante la rotación de la presidencia ejecutiva entre la docena de consejeros nombrados por el Parlamento. Hubiera sido una fórmula útil para un breve espacio de tiempo y para una situación en la que no estuvieran pendientes decisiones estratégicas, tanto presupuestarias como relativas a la programación, además de unas elecciones generales. Pero mantener la rotación durante varios meses constituye un síntoma inquietante sobre los propósitos que albergan las fuerzas políticas, en particular el PP, cuyos dirigentes han puesto injustificadamente en entredicho la imparcialidad de RTVE.

El reciente intento de controlar el trabajo de los periodistas y profesionales del medio por parte del Consejo procedió de uno de sus miembros a propuesta del Partido Popular, Rosario López Miralles, quien ejercerá a partir de esta semana la presidencia. López Miralles será relevada, a su vez, por otro consejero también a propuesta del PP. El discurso de moderación que pretende exhibir Rajoy pierde credibilidad si se toma en consideración que su renuencia a pactar un nombre con los socialistas podría estar vinculada a la situación de hecho en RTVE. No es seguro que si el turno de la presidencia rotatoria correspondiese a los consejeros nombrados a propuesta de los socialistas, el PP mostrara tanta displicencia. Tampoco se entiende que ni el Gobierno ni el candidato socialista, Pérez Rubalcaba, hayan mostrado mayor beligerancia para defender una de sus mejores herencias.

El futuro de la radiotelevisión pública no puede quedar excluido de los programas electorales. El Partido Socialista tendría que dejar claro si se ha arrepentido de la regulación que promovió, como estarían sugiriendo las abstenciones y silencios de sus representantes en el Consejo. En cuanto al Partido Popular, los pasos que está dando y dejando de dar apuntarían a que es demasiado poderosa en sus filas la tentación de retomar el control gubernamental de RTVE. Se trataría de una decisión coherente con lo que hace en las autonomías donde gobierna.

El debate sobre la radio y televisión públicas se ha puesto sobre la mesa entre crisis económica y cambio político. El actual modelo ha permitido a RTVE ser líder en audiencia, calidad y credibilidad y, a la vez, sobrevivir a la crisis, mientras el sector reduce audiencias y se hunde el mercado publicitario. Pero este modelo no está consolidado. Debe superar el recrudecimiento de la crisis, la reválida de la alternancia política, completar lo pendiente y corregir deficiencias.

El modelo contempla un servicio público esencial, sostenible e independiente política y económicamente. RTVE se ha desgubernamentalizado. Presidente y Consejo de Administración se eligen por mayoría cualificada del Parlamento. Los consejeros deben ser independientes en el ejercicio de sus funciones y «garantizar la información objetiva, veraz y plural que se deberá ajustar plenamente al criterio de independencia profesional y al pluralismo político, social e ideológico». La discrecionalidad de los directivos para fijar criterios informativos, designar cargos, decidir horarios e incentivos justifica este control democrático que junto a la Comisión parlamentaria y Consejos de Redacción garantizan la independencia profesional del medio y sus profesionales. La independencia política es condición necesaria pero no suficiente. Es preciso garantizar los recursos económicos y la independencia a la hora de gastar y de ingresar.

El actual modelo de financiación sin publicidad garantiza la suficiencia de los ingresos presupuestados procedentes de los operadores de televisión y telecomunicaciones. Cierto que hay recursos pendientes y que la Comisión y las telecos han recurrido su aportación ante la justicia europea, pero estoy convencido de que la sólida fundamentación jurídica española saldrá adelante. Otra cosa es la compensación directa del Estado vía Presupuestos Generales. El anuncio del Gobierno de reducirla en 200 millones (un 36,5%) asfixiaría la prestación del servicio público, máxime cuando RTVE ha sufrido ya un profundo ajuste económico y laboral.

Solo en el último año la compensación directa del Estado se ha reducido en un 6%. En términos de evolución del IPC, desde el 2007 se ha recortado el gasto un 13%. La imposibilidad de repercutir el IVA al renunciar a la publicidad limita en 120 millones el disponible. Sin olvidar un ERE que ha recortado un 42% la plantilla y la imposición legal de techo y equilibrio presupuestario y la prohibición de endeudamiento. Con todo, 2011 cerrará en equilibrio e incluso habría que devolver dinero al Tesoro.

Un recorte adicional como el planteado tendría consecuencias estructurales para RTVE; comportaría un cambio de modelo. No podría prestar el servicio público tal y como está hoy definido en la Ley y el Mandato Marco. La Corporación debe ser solidaria y asumir su parte de reducción del gasto, pero sin desnaturalizar un servicio público esencial. Veamos primero cuál es el margen real -poco, pero hay- y luego pongamos los números y hagámoslo en un Contrato Programa a tres años, como establece la ley.

Se puede ahorrar mejorando la gestión del gasto, administrando el consumo de contenidos y contratando con mayor rigor e independencia. Es decir, contratar solo lo necesario a precio de mercado, con austeridad y sin privilegios ni cuotas entre productoras. Eso busca el artículo 9.h. de la Ley 8/2009, aunque una clarificación evitaría dudas de interpretación. Asimismo, reduciría costes la colaboración y sinergias con otras televisiones públicas y EFE, compartiendo instalaciones, producciones, servicios, satélites, circuitos y compra de derechos.

Exploremos estas posibilidades y busquemos incrementar los ingresos de otras fuentes legales de financiación -ir más allá en la tasa radioeléctrica tras el reparto del dividendo digital o en el patrocinio cultural o deportivo- antes de plantear la vuelta de la publicidad. Sería complejo e inútil y precisaría modificación legal y un nuevo pronunciamiento de Bruselas sobre compatibilidad de las ayudas estatales. Las operadoras privadas cuestionarían o querrían reducir sus aportaciones. Lo que se ingresara por un lado se perdería por otro. Y ello en un mercado publicitario que en cinco años ha caído un 40%. Además, si la rebaja es presupuestaria, los nuevos ingresos publicitarios deberían devolverse al Estado al superar el techo admitido.

Esta situación no puede gestionarse con la provisionalidad que vive RTVE tras la dimisión de su presidente ejecutivo. Existe una laguna legal. Por seguridad jurídica, elegir presidente y llenar este vacío legal es urgente. Como lo es crear un CEMA que supervise el cumplimiento del servicio público por RTVE.

Personalmente he defendido, defiendo y defenderé el actual modelo de RTVE de servicio público de calidad, independiente, mayoritario, gratuito y sin publicidad que algunos hemos contribuido a construir. No estoy entre los que nunca han creído en él o quieren ahora bajarse en marcha al albur de acontecimientos económicos o políticos. Pretendo que se perfeccione, complete y cumpla en su integridad y no a conveniencia de intereses políticos, económicos o empresariales.