Polémica I-News en RTVE: El Consejo de Administración aprueba supervisar a los redactores de los telediarios con el apoyo del PP y la abstención del PSOE ¿censura previa?

El Consejo de Radiotelevisión Española rectificó ayer la sorprendente decisión adoptada apenas 24 horas antes por la que sus miembros tendrían acceso al sistema de edición de noticias, lo que suponía arrogarse un derecho de vigilancia y, en último extremo, de censura previa sobre los contenidos de los informativos. La rectificación debe ser acogida con alivio. Lo que no hace, sin embargo, es disipar las sospechas acerca de la falta de idoneidad de los miembros de un Consejo que estaba dispuesto a limitar las libertades de prensa y expresión, aunque después se desdijera.

Una vez anunciada la rectificación, los partidos con representantes en el Consejo se han desentendido de la decisión inicial. Pero conviene recordar que ese acuerdo fue adoptado a propuesta de una consejera del PP y apoyada por los representantes de su grupo y por el de CiU. Los consejeros nombrados a propuesta del PSOE, ERC y CC OO se abstuvieron, y solo votaron en contra los de IU y UGT. Salvo estos últimos, el resto de los consejeros deben una explicación y, después, no habría que descartar la depuración de responsabilidades. Porque el Consejo está para velar por la independencia de la radio y la televisión públicas, no para servir de ejecutor de los ataques contra ella.

Uno de los pocos méritos indiscutibles de la gestión de Rodríguez Zapatero ha sido liberar a la radiotelevisión pública del control del Gobierno. Que los representantes del PP en el Consejo hayan pretendido alterar esta situación es un inquietante augurio para después del 20 de noviembre. Que se hayan abstenido los nombrados a propuesta del Partido Socialista, el mismo que aprobó la actual regulación de RTVE, es inexplicable. La vergüenza que parece haber embargado a populares y socialistas es signo de que los tiempos han cambiado. Ni los profesionales de la información ni los ciudadanos aceptan que la televisión pública sea de nuevo un baluarte gubernamental.

Desde el mismo momento en que se conoció la resolución del Consejo de Administración de la CRTVE de acceder al sistema informático con el que se realizan los informativos de TVE, fueron llegando al correo de la defensora del espectador numerosas comunicaciones de los espectadores.

Los ciudadanos que me han escrito han expresado su rechazo a esta decisión de muy diferentes formas. Desde el estilo directo de Sergio Martín “no me parece bien que ahora que RTVE era un medio que me gusta por su pluralidad y por ser, en definitiva, de todos, quieran controlarlo ciertos partidos políticos”, a las dudas que formula Manuel García: “El acceso a ese sistema ¿no podría acabar siendo una supervisión previa?¿no supone un mayor control de los informativos por parte de la clase política de este país?¿El solo hecho de tener acceso no generara dudas sobre manipulación informativa poniendo así en entredicho el trabajo de muchos profesionales?”.

Muchos, como el de Alberto Miranzo, incluían una petición a los profesionales: “Hagan todo lo que esté en su mano por que eso no ocurra. Piensen en la responsabilidad que tiene RTVE y que tienen ustedes que la componen, de darnos la información de la forma más imparcial, o por lo menos más honesta que puedan”. Pero es el correo de Francisco Javier García Portas el que, a mi juicio, centra el debate: “Esto es un grave atentado al derecho a la información de todos los ciudadanos. Es un perjuicio inaceptable, intolerable, a los españoles y a los propios periodistas”.

El asunto en síntesis versa sobre el modo de garantizar una “información objetiva, veraz y plural que se ajuste plenamente al criterio de independencia profesional” que exige el artículo 3. 2b de la Ley 17/2006 del 5 de junio, por cuyo cumplimiento debe velar el defensor de la audiencia, según el Estatuto que rige su tarea y que, por cierto, aprobó el pleno del Consejo de Administración de la CRTVE el 29 de noviembre de 2007.

Los profesionales de RTVE somos conscientes del importante papel que este servicio público desempeña en la sociedad española de nuestros días. Y por ello, el Estado nos exige a los profesionales de esta casa que obremos con libertad de conciencia y ateniéndonos solo a criterios profesionales. Somos los periodistas, junto a realizadores, cámaras, productores, etc., los primeros y últimos responsables de las mismas. Y para atender esa exigente forma de actuación debemos preservar las fuentes, decidir las noticias que deben ser emitidas, y cuándo y cómo deben serlo, con el apoyo del privilegio del llamado secreto profesional. Si la información sale del ámbito profesional y va a despachos cuyos cometidos son otros, el servicio público informativo sale perjudicado y los profesionales no cumplimos con nuestra función.

Cuando escribo estas líneas ya se conoce la decisión de los consejeros de la corporación RTVE de revocar lo aprobado el miércoles después del clamoroso y general rechazo de los trabajadores de la casa, las asociaciones profesionales, los agentes sociales y los representantes políticos, Pero quería aprovechar la ocasión para dar voz –como es mi responsabilidad-, a los verdaderos titulares del derecho a la información, a los ciudadanos que se han dirigido masivamente a la defensora como valedora de su derecho a recibir una información veraz, plural e independiente de cualquier injerencia.

Reconforta saber que los ciudadanos comprenden nuestro trabajo y se muestran activos en la defensa de sus derechos y de los valores que inspiran un periodismo de calidad.

El Consejo de Administración de RTVE ha querido tener acceso a las escaletas de los informativos de la televisión estatal. No hablaré de este episodio incalificable y de sus epifenómenos. Colean por aquí al lado. Tomo, del trance, un detalle para tender un puente hacia lo que me interesa: los partidos políticos sólo mueven el culo para chequear el minutado y el contenido de la información de los telediarios respecto a sus líderes y sus noticias. Lo demás, se la sopla.

Como al conjunto de la sociedad, al parecer. Como a otros agentes sociales -intelectuales-, medianamente activos en otras parcelas de la vida pública.

Ya he escrito sobre esto más veces. Milito, lo confieso, en esta batalla. La Educación y la Televisión son dos factores clave para sacar a la sociedad española de su agujero.

Los gobiernos de Felipe González no fueron capaces de reformar la Educación y ponerla bajo las reglas imprescindibles. Los gobiernos de Zapatero no han mejorado el panorama educativo y han empeorado la Televisión. La del Estado, que es la que me importa, y las otras.

No entiendo. No entiendo cómo gobiernos de ideología socialdemócrata han podido desbarrar tanto en este territorio. No entiendo cómo los electores socialdemócratas -y, vuelvo, sus agentes sociales más activos- pasan de largo en la exigencia de una televisión estatal mucho mejor.

Los informativos de TVE son, en los últimos años, los mejores en décadas, los más imparciales y objetivos. Mi objeción -grave, que no perdono- es que dedican mucho tiempo a los sucesos y al deporte y muy poco a la cultura.

Los informativos actuales de TVE no son ningún problema para la democracia ni para la sociedad. Lo que es un problema es que los partidos políticos estén obsesionados con ellos, y mientan, y finjan acerca de ellos. Lo que es un problema es que a los partidos políticos no les interese el resto de la programación de la televisión estatal, que deja mucho que desear.

No basta -ni de lejos- con que La 1 entretenga con cierta dignidad y contenga algún programa interesante. No basta con que La 2 incluya guiños culturales, ahora que ha perdido el deporte y podría hacer más.

Los gobiernos de Zapatero hicieron un nefasto ERE con los más maduros y expertos profesionales de la televisión pública, concedieron licencias privadas a sus amigos que acaban en fusiones -encima con la Derecha-, impulsaron una TDT que sólo ha traído bazofia, no han hecho nada contra el dispendio y sectarismo de las autonómicas y no han sacado -orientado- ningún rédito al hecho de que la desaparición de la publicidad en TVE pudiera permitir -fuera de la competencia económica- una mejora de la televisión pública en la única dirección que justifica su existencia: la cultural (en sentido amplio). Bueno, otra es -dicho rápido- la cohesión nacional y la valoración de lo institucional y del interés general. Éramos malos, y la abuela parió a Hitler. Y todos los partidos son cómplices. Y todos los silencios. Sólo quieren el minutado de los informativos. Catástrofe. Otra. De las más importantes. Se están luciendo.

La decisión mayoritaria del Consejo de Administración de RTVE de acceder al sistema interno de sus servicios informativos ha constituido la más grave amenaza de los últimos cinco años contra la autonomía editorial del servicio público y contra la independencia, neutralidad y objetividad de su información que consagra la Ley 17/de 2006. La rectificación posterior de los consejeros que votaron a favor o se abstuvieron ante esa decisión aberrante, que atentaba contra sus propias responsabilidades legales, no puede borrar la impresión de un autoritarismo partidista que desmiente toda su exigible profesionalidad. De modo que, aunque la prudencia me impida pedir una dimisión inmediata que agravaría la crisis institucional de RTVE en un período preelectoral trascendental, habría que exigir que esos consejeros se comprometieran públicamente a no volver a ocupar nunca ese puesto tras las elecciones del 20-N.

En todo caso, lo más importante de este episodio es que el Consejo de Informativos de RTVE y su Estatuto legal han funcionado con firmeza en defensa de la independencia y la autonomía de la información al servicio de los ciudadanos; como ya lo hicieron cuando el Partido Popular, al margen de los cauces institucionales, orquestó una campaña de acusaciones y presiones en plena campaña electoral autonómica y municipal. No en vano, el legislador previó que el Consejo de Informativos debía defender esta autonomía profesional, incluso «ante la dirección de cada sociedad» (TVE y RNE). Lo más trascendental ha sido la unánime reacción de la sociedad civil en contra de una regresión a las malas prácticas que todos los Gobiernos desarrollaron durante tres décadas desde la transición democrática, cuando manipulaban descaradamente los contenidos de RTVE mientras mantenían para ello una gestión débil y dependiente y un endeudamiento que propiciaba esa subordinación. La coherencia y profesionalidad de los informadores audiovisuales de RTVE se han articulado estos años con los afanes de democracia de la sociedad española para mantener largamente un liderazgo de audiencias que demuestra la necesidad imperiosa del servicio público para nuestra sociedad.

Pero las amenazas para esta función esencial del servicio público, informativa, educativa, cultural, que reconoce constitucionalmente la Unión Europea, vienen también de otros lugares. El nuevo modelo financiero de RTVE se ha verificado ya como no sostenible; la presidencia vacante de RTVE y la provisionalidad del Consejo de Administración denuncian las carencias democráticas de los partidos mayoritarios. Aprovechando la crisis económica, y enmascarando sus propósitos ideológicos, algunos políticos y economistas -a derecha e izquierda- se atreven a arremeter contra el servicio público, con argumentos populistas de dedicar esos recursos a la educación, o a la sanidad, o a la vivienda… Muestran así no solo su desprecio de las normas fundamentales europeas, que no se atreverían a contravenir en ningún otro campo, sino también su ignorancia sobre la enorme rentabilidad social de un servicio público, cuyos efectos sobre la educación pública, sobre la formación sanitaria de la población, sobre la información ciudadana y la participación democrática serían imposibles de evaluar y afrontar en tarifas publicitarias. Parecen ignorar incluso sus propias retóricas sobre la sociedad de la información para todos, sobre la importancia de la economía del conocimiento, de las industrias culturales o creativas para nuestro crecimiento futuro, terrenos todos ellos en los que el servicio público juega un papel irreemplazable, que jamás el mercado podrá desempeñar.

En tiempos preelectorales, cualesquiera que sean sus resultados, la sociedad civil española debería exigir en voz alta a sus partidos y sus políticos que explicitaran sin ambages sus programas y propósitos en este campo; aunque solo fuera para que los electores tuviéramos mayor capacidad de elegir sobre la calidad de nuestros gobernantes futuros.

Enrique Bustamante fue miembro del Consejo para la Reforma de RTVE (2004-2005) y es catedrático de Comunicación Audiovisual de la Universidad Complutense.

La independencia de la radiotelevisión pública, uno de los logros más indiscutibles del periodo de gobierno de Rodríguez Zapatero, está padeciendo una preocupante erosión por la incapacidad de los dos partidos mayoritarios, socialista y popular, para acordar el sustituto de Alberto Oliart al frente de la corporación. La interinidad se ha pretendido resolver mediante la rotación de la presidencia ejecutiva entre la docena de consejeros nombrados por el Parlamento. Hubiera sido una fórmula útil para un breve espacio de tiempo y para una situación en la que no estuvieran pendientes decisiones estratégicas, tanto presupuestarias como relativas a la programación, además de unas elecciones generales. Pero mantener la rotación durante varios meses constituye un síntoma inquietante sobre los propósitos que albergan las fuerzas políticas, en particular el PP, cuyos dirigentes han puesto injustificadamente en entredicho la imparcialidad de RTVE.

El reciente intento de controlar el trabajo de los periodistas y profesionales del medio por parte del Consejo procedió de uno de sus miembros a propuesta del Partido Popular, Rosario López Miralles, quien ejercerá a partir de esta semana la presidencia. López Miralles será relevada, a su vez, por otro consejero también a propuesta del PP. El discurso de moderación que pretende exhibir Rajoy pierde credibilidad si se toma en consideración que su renuencia a pactar un nombre con los socialistas podría estar vinculada a la situación de hecho en RTVE. No es seguro que si el turno de la presidencia rotatoria correspondiese a los consejeros nombrados a propuesta de los socialistas, el PP mostrara tanta displicencia. Tampoco se entiende que ni el Gobierno ni el candidato socialista, Pérez Rubalcaba, hayan mostrado mayor beligerancia para defender una de sus mejores herencias.

El futuro de la radiotelevisión pública no puede quedar excluido de los programas electorales. El Partido Socialista tendría que dejar claro si se ha arrepentido de la regulación que promovió, como estarían sugiriendo las abstenciones y silencios de sus representantes en el Consejo. En cuanto al Partido Popular, los pasos que está dando y dejando de dar apuntarían a que es demasiado poderosa en sus filas la tentación de retomar el control gubernamental de RTVE. Se trataría de una decisión coherente con lo que hace en las autonomías donde gobierna.

El debate sobre la radio y televisión públicas se ha puesto sobre la mesa entre crisis económica y cambio político. El actual modelo ha permitido a RTVE ser líder en audiencia, calidad y credibilidad y, a la vez, sobrevivir a la crisis, mientras el sector reduce audiencias y se hunde el mercado publicitario. Pero este modelo no está consolidado. Debe superar el recrudecimiento de la crisis, la reválida de la alternancia política, completar lo pendiente y corregir deficiencias.

El modelo contempla un servicio público esencial, sostenible e independiente política y económicamente. RTVE se ha desgubernamentalizado. Presidente y Consejo de Administración se eligen por mayoría cualificada del Parlamento. Los consejeros deben ser independientes en el ejercicio de sus funciones y «garantizar la información objetiva, veraz y plural que se deberá ajustar plenamente al criterio de independencia profesional y al pluralismo político, social e ideológico». La discrecionalidad de los directivos para fijar criterios informativos, designar cargos, decidir horarios e incentivos justifica este control democrático que junto a la Comisión parlamentaria y Consejos de Redacción garantizan la independencia profesional del medio y sus profesionales. La independencia política es condición necesaria pero no suficiente. Es preciso garantizar los recursos económicos y la independencia a la hora de gastar y de ingresar.

El actual modelo de financiación sin publicidad garantiza la suficiencia de los ingresos presupuestados procedentes de los operadores de televisión y telecomunicaciones. Cierto que hay recursos pendientes y que la Comisión y las telecos han recurrido su aportación ante la justicia europea, pero estoy convencido de que la sólida fundamentación jurídica española saldrá adelante. Otra cosa es la compensación directa del Estado vía Presupuestos Generales. El anuncio del Gobierno de reducirla en 200 millones (un 36,5%) asfixiaría la prestación del servicio público, máxime cuando RTVE ha sufrido ya un profundo ajuste económico y laboral.

Solo en el último año la compensación directa del Estado se ha reducido en un 6%. En términos de evolución del IPC, desde el 2007 se ha recortado el gasto un 13%. La imposibilidad de repercutir el IVA al renunciar a la publicidad limita en 120 millones el disponible. Sin olvidar un ERE que ha recortado un 42% la plantilla y la imposición legal de techo y equilibrio presupuestario y la prohibición de endeudamiento. Con todo, 2011 cerrará en equilibrio e incluso habría que devolver dinero al Tesoro.

Un recorte adicional como el planteado tendría consecuencias estructurales para RTVE; comportaría un cambio de modelo. No podría prestar el servicio público tal y como está hoy definido en la Ley y el Mandato Marco. La Corporación debe ser solidaria y asumir su parte de reducción del gasto, pero sin desnaturalizar un servicio público esencial. Veamos primero cuál es el margen real -poco, pero hay- y luego pongamos los números y hagámoslo en un Contrato Programa a tres años, como establece la ley.

Se puede ahorrar mejorando la gestión del gasto, administrando el consumo de contenidos y contratando con mayor rigor e independencia. Es decir, contratar solo lo necesario a precio de mercado, con austeridad y sin privilegios ni cuotas entre productoras. Eso busca el artículo 9.h. de la Ley 8/2009, aunque una clarificación evitaría dudas de interpretación. Asimismo, reduciría costes la colaboración y sinergias con otras televisiones públicas y EFE, compartiendo instalaciones, producciones, servicios, satélites, circuitos y compra de derechos.

Exploremos estas posibilidades y busquemos incrementar los ingresos de otras fuentes legales de financiación -ir más allá en la tasa radioeléctrica tras el reparto del dividendo digital o en el patrocinio cultural o deportivo- antes de plantear la vuelta de la publicidad. Sería complejo e inútil y precisaría modificación legal y un nuevo pronunciamiento de Bruselas sobre compatibilidad de las ayudas estatales. Las operadoras privadas cuestionarían o querrían reducir sus aportaciones. Lo que se ingresara por un lado se perdería por otro. Y ello en un mercado publicitario que en cinco años ha caído un 40%. Además, si la rebaja es presupuestaria, los nuevos ingresos publicitarios deberían devolverse al Estado al superar el techo admitido.

Esta situación no puede gestionarse con la provisionalidad que vive RTVE tras la dimisión de su presidente ejecutivo. Existe una laguna legal. Por seguridad jurídica, elegir presidente y llenar este vacío legal es urgente. Como lo es crear un CEMA que supervise el cumplimiento del servicio público por RTVE.

Personalmente he defendido, defiendo y defenderé el actual modelo de RTVE de servicio público de calidad, independiente, mayoritario, gratuito y sin publicidad que algunos hemos contribuido a construir. No estoy entre los que nunca han creído en él o quieren ahora bajarse en marcha al albur de acontecimientos económicos o políticos. Pretendo que se perfeccione, complete y cumpla en su integridad y no a conveniencia de intereses políticos, económicos o empresariales.