Alberto Oliart Saussol dimite como Presidente de RTVE y el cargo queda vacante ante la incapacidad de consensuar un reemplazo

La dimisión presentada ayer por Alberto Oliart «con efecto inmediato e irrevocable» deja a RTVE sumida en una gravísima crisis de difícil solución. Apenas un año y medio después de su designación como presidente de la corporación, gracias a un acuerdo alcanzado directamente entre Zapatero y Rajoy, Oliart abandona el transatlántico público dejándolo a la deriva. Primero, porque la situación política -a tan solo unos meses de las elecciones generales- hace complicado que PSOE y PP alcancen un nuevo acuerdo, imprescindible para designar al sustituto. Y, segundo, porque a pesar de los ingentes fondos públicos empleados en su día para sanear el ente, acabar con su monumental deuda histórica y poner el contador a cero -no sin antes aprobar un escandaloso ERE que prejubiló a más de 4.000 trabajadores, muchos de ellos con poco más de 50 años-, hoy RTVE vuelve a ser una empresa deficitaria. El ejercicio de 2010 se cerró con pérdidas de más de 47 millones de euros y la corporación prevé acabar 2011 con otros 50 millones en rojo.

La marcha de Oliart se debe, entre otras razones, a su hartazgo por la politización partidista que sigue dominando el Consejo de Admistración de RTVE, por más que repita que su decisión sólo obedece a motivos personales y de salud -tiene 83 años-. Pero su dimisión tan repentina es consecuencia del escándalo en el que se ha visto envuelto. Porque es poco estético que TVE haya contratado a una empresa en la que un hijo suyo es administrador único para dar servicios técnicos al programa La mañana de La 1. Y después de que Oliart fichara a su sobrina como directora de contenidos hace un año. En todo caso, le honra el gesto de zanjar la polémica con su renuncia.

Ahora bien, el caos y la crisis en RTVE no son una excepción en el panorama audiovisual español. Al contrario. En los últimos meses estamos asistiendo a un imparable proceso en el que se ha pasado de un gran pluralismo en el sector televisivo a un triste duopolio efectivo, en el que dos grupos -uno liderado por Telecinco y otro por Antena 3- controlan el 74% del mercado publicitario, estrangulando cualquier posibilidad de supervivencia de los pequeños canales. Máxime si se añade que las televisiones públicas autonómicas se reparten casi un 10% de la tarta publicitaria y que todo apunta a que Antena 3 absorberá en breve el 11,7% de los canales de La Sexta. ¿De qué sirve, pues, que la implantación de la TDT permita sintonizar decenas de cadenas, si éstas deben sobrevivir repartiéndose apenas el 4,5% restante? Obviamente, es imposible, haciendo inevitables cierres como el de CNN+. En nuestro caso, Veo7 ha tenido que dejar de emitir en su anterior formato.

Este duopolio no es sólo preocupante por cuanto atenta a la competencia empresarial real, hasta hacerla imposible. Lo es, sobre todo, porque ha mermado la pluralidad informativa y de contenidos. Y ello supone un rotundo fracaso de la política audiovisual del Gobierno. De hecho, incluso el nuevo modelo de financiación de RTVE que impulsó ha sido un fiasco. Porque la supresión de la publicidad no benefició a todos los operadores, sino que en la práctica sólo ha servido para enriquecer aún más a los dos grupos citados. Y la imposición de una tasa a los operadores privados para costear parte de la televisión pública está denunciada en los tribunales europeos, que previsiblemente la declararán ilegal. El marco regulador general ha supuesto la puntilla para los canales pequeños, con decisiones administrativas de la Comisión Nacional de la Competencia y de la Secretaría de Estado para las Telecomunicaciones, sencillamente escandalosas. Por ejemplo, Competencia abrió un procedimiento sancionador contra Veo7 y Antena 3 por un acuerdo de comercialización de publicidad conjunta y, sin embargo, autorizó sin problema la entrada en Digital+ de Telecinco y Telefónica, junto a la fusión -eufemismo de absorción- de la televisión de Mediaset con Cuatro.

El caos audiovisual será otra de las patatas calientes que el equipo de Zapatero dejará al próximo Gobierno, previsiblemente del PP. De momento, falta por ver cómo resuelven los miembros del Consejo de Administración de RTVE -con la mitad a falta de ser renovados desde hace un año- la designación de un sustituto temporal de Oliart entre uno de ellos. Y desde luego el peor escenario imaginable sería tener otra vez a un comisario político con plenos poderes sobre los telediarios, y en plena campaña. Rubalcaba se frotaría las manos.

Al hilo de la forzada dimisión de Alberto Oliart en TVE, ayer dedicaban todos los periódicos sus editoriales al estado de la televisión en España. Y salvo los que tienen intereses directos en las dos macrocadenas piafantes, TELECINCO y ANTENA 3, sus reflexiones se movían entre la melancolía y la depresión. Los que antaño creímos en la iniciativa privada -«Mi televisión privada» se llamaba la primera sección que hice para DIARIO16, con Gallego y Rey como debutantes, la tira de años ya- debemos confesar nuestra equivocación.

Hoy, la Supertres y el Supercinco -con ocho canales nacionales privados, ocho- presentan, corregidos y aumentados, todos los vicios de la televisión pública que pensábamos, en nuestra ingenuidad, que podrían resolverse o mitigarse con la televisión privada. Hoy ya no se puede hablar de telebasura en las grandes cadenas privadas porque casi todo lo es, pero, como entonces, lo más degradado, si no lo más degradante, sucede en unas televisiones públicas que han multiplicado vertiginosamente su número y su gasto. En cuanto a las privadas, los contenidos siguen la penosa línea de las televisiones de otros países occidentales: basurientos y progres hasta extremos nauseabundos. Alguna buena teleserie allá o aquí -aquí, en la cloaca o vertedero que antaño llamábamos España, menos que allá- y pare usted de contar. La mejor forma de usar la televisión en estos tiempos de espectaculares avances tecnológicos es huir de la televisión.

¿Tiene esto remedio? Mientras sean los políticos los que concedan las frecuencias audiovisuales a las empresas que les gusten, no. Y mientras haya procesos de concentración como el que hemos visto este último año en el llamado sector privado, menos. Como decía ayer el editorial de EL MUNDO, cuando finalmente se produzca la absorción de LA SEXTA por ANTENA 3, entre las cadenas de cadenas de Lara y Berlusconi -ocho canales nacionales cada una, se dice pronto- coparán el 85% de la publicidad. Un 11% se lo quedarán las llamadas televisiones públicas. Sólo un 4% se repartirán todas las demás, regionales o nacionales, en TDT.

El escandaloso duopolio, que como fruto de la concentración debería haber liberado frecuencias nacionales para no mermar tanto la pluralidad informativa -y que tampoco- garantiza a la clase política sumisión e impunidad, porque siempre habrá nuevas concesiones que hacer y publicidad que regalar. El resultado no es televisión, es horrivisión.

La dimisión de Alberto Oliart al frente de RTVE ha puesto en evidencia la fragilidad del modelo de radiotelevisión pública estrenado hace apenas cinco años. La reforma impulsada por el Gobierno de Rodríguez Zapatero fue aplaudida por el sector audiovisual, los profesionales y la clase política, porque sentaba las bases de un servicio público desgubernamentalizado. Cambió, por ejemplo, el sistema de elección de su presidente, que pasó de ser designado por el Ejecutivo a ser seleccionado por una mayoría de dos tercios en el Congreso, lo que obliga a elegir una persona consensuada por los dos grandes partidos: PP y PSOE. El nuevo estatuto impuso, además, un mandato de seis años, lo que por fuerza desvincula su nombramiento de los cambios de legislatura y, con el mismo espíritu, organiza la permanencia en turnos diferentes de los miembros del Consejo de Administración.

La estrategia sectaria y partidista que impera en la política española -la misma que impide renovar el Tribunal Constitucional- ha echado por la borda esos logros. Sustituir al primer presidente de consenso, Luis Fernández, cuando el cambio de ciclo político no se vislumbraba aún en el horizonte, facilitó un segundo acuerdo entre Rajoy y Zapatero para designar a Oliart. Ahora, las dificultades para nombrar un sustituto, en virtud de la vieja y viciada concepción de una radiotelevisión pública al servicio del poder, parecen insuperables, lo que no viene a ser más que otra muestra de las resistencias -sobre todo por parte del PP, pero no solo- a impulsar el modelo profesionalizado que se pretendía. Así lo demuestra la incapacidad para renovar a la mitad de los miembros del Consejo (hace año y medio que expiró su mandato), la composición de dicho Consejo (dominado por la política y el sindicalismo y más parecido a un miniparlamento que a un órgano de dirección) y las reiteradas denuncias del PP de sectarismo hacia la televisión pública más plural y rigurosa que España ha tenido en las dos últimas décadas.

A la fragilidad de un modelo boicoteado por los mismos políticos que lo pactaron se une una difícil situación financiera. Eliminados los anuncios, los ingresos debieran provenir de las tasas de televisiones privadas y operadores de telecomunicaciones, un sistema cuyo fracaso ha elevado la factura para el contribuyente: el año pasado registró un déficit de 47 millones y para este año se espera un nivel similar.