El desahucio de la anciana Mari Carmen Abascal abre un debate sobre la situación de la vivienda y el valor de la propiedad en España

Maricarmen Abascal tenía 17 años cuando, en 1956, entró por primera vez en el piso que alquilaron sus padres en la calle Sainz de Baranda, en Madrid. Ha vivido en él toda su vida y en él esperaba pasar su vejez. Este miércoles, a los 87 años de edad, con problemas de movilidad y sin alternativa habitacional, fue obligada por una orden judicial a salir de su casa para no volver jamás. Maricarmen fue desahuciada en medio de un potente despliegue policial, en camilla, con cientos de personas en la calle gritando: “¡No estás sola!”. Toda la escena fue retransmitida en directo por los medios y las redes a un país con el corazón en un puño, porque el trauma personal de esta anciana madrileña conecta con un país que desde hace años sufre la vivienda como un drama.

No faltan elementos para la indignación. Cuando la familia Abascal entró en esa casa las mujeres no podían firmar contratos de alquiler en España. El contrato estuvo a nombre del padre de Maricarmen hasta que este murió. Fue subrogado con la misma renta a su madre. Cuando esta falleció, Maricarmen recibió la subrogación para mantener la renta antigua, que en los últimos años era de 500 euros, muy por debajo del precio de mercado en el barrio de Retiro. El fondo de inversión que compró su piso utilizó este resquicio para denunciar el contrato: los arrendamientos de renta antigua no se pueden subrogar dos veces. Si quería quedarse, debía pagar, después de que le rebajaran la cifra, un alquiler de 1.350 euros, más alto que su pensión. Después de tres intentos fallidos y de la intervención del Tribunal Supremo, una juez autorizó el desahucio.

No había argumentos legales para oponerse, y se puede esgrimir que se ha cumplido la ley, que un inversor tiene derecho a ganar dinero, que ese piso estaba fuera del mercado y que ahora regresa a él. Pero el frío legalismo no puede ocultar el doloroso simbolismo de este caso, que quedará en la retina como ejemplo del drama de la vivienda. Maricarmen no se fue quedando atrás poco a poco en la vertiginosa economía de Madrid. A Maricarmen le cambiaron las reglas de juego pasados los 80 años y eso es lo que percibe gran parte de la sociedad.

Los poderes públicos han permitido en la última década que el mercado de la vivienda se desconecte por completo de la economía de la clase media española. Maricarmen representa la angustia de jóvenes, asalariados y pensionistas ante la evidencia de que en España se da una espiral perversa en la que el alquiler no es una opción de vida y la compra es inalcanzable. No hay oferta suficiente ni competencia que modere los precios. Los pisos son así un activo especulativo. El derecho constitucional a la vivienda solo es efectivo a partir de un umbral de poder adquisitivo cada vez más alejado de la clase media.

El 23 de septiembre una anciana abandonó la casa en la que había vivido 70 años con sus recuerdos reducidos a una maleta. Se cumplió la ley y el mercado funcionó. Pero es la ley de la selva en un mercado roto, y es un fracaso.

Una ciudad española permanece invadida y colapsada después de que decenas de miles de ciudadanos de una potencia extranjera atravesaran su frontera. En Ceuta, los delitos sexuales han aumentado un 75% y la fiscal jefe habla de casi una agresión sexual diaria. La juez que investigó al hermano de Pedro Sánchez ha denunciado los presuntos contactos de la trama socialista dedicada a sabotear causas incómodas para el PSOE con un clan del narcotráfico, al que habrían recurrido para amedrentarla. El Tribunal Supremo acaba de suspender cautelarmente el pucherazo electoral que el PSOE había planeado utilizando como vehículo la llamada «ley de nietos». Y esta misma semana hemos conocido que Begoña Gómez se sentará ante un jurado popular acusada de aprovechar su matrimonio con el presidente para, presuntamente, progresar profesionalmente y malversar.

Pero entonces apareció Maricarmen.

Una anciana de 87 años, una camilla y una vivienda en el madrileño barrio de Retiro. El marco narrativo estaba servido; solo faltaba sazonarlo con unas cuantas falsedades. La primera consistió en convertir a la pequeña sociedad limitada propietaria del piso en un siniestro «fondo buitre». Una etiqueta falsa, pero extraordinariamente eficaz, porque la propaganda necesita arquetipos simples: una octogenaria indefensa, unos especuladores desalmados y Ayuso moviendo los hilos desde algún ático. Con el reparto y el guion del melodrama ya cerrado, el Gobierno, sus socios y sus terminales mediáticas envolvieron a Maricarmen en celofán sentimental y la lanzaron contra la presidenta madrileña. En apenas unas horas, la ciudad invadida, las agresiones sexuales, la cloaca, la manipulación del censo y la esposa del presidente desaparecieron detrás de una señora que pagaba unos quinientos euros por una vivienda de noventa metros cuadrados en uno de los mejores barrios de Madrid.

Llámenme de todo, pero me importa bastante poco el desahucio de Maricarmen y todavía menos lo que ustedes opinen de mí por reconocerlo. Solo les diré una cosa: bien desahuciada está. Esta señora ocupaba la vivienda de marras mediante una segunda subrogación de un contrato de renta antigua que llevaba años legalmente extinguido. La propiedad acudió a los tribunales, ganó el pleito y obtuvo una sentencia firme que terminó ejecutándose después de varios aplazamientos. La vergüenza no es que se haya ejecutado el desahucio, sino que haya tardado tanto.

Por cierto, la norma en la que se fundamenta el desahucio no nació en los despachos de Génova 13. Es la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994, aprobada durante el último Gobierno de Felipe González. Su disposición transitoria segunda limitó a dos años la duración de determinadas segundas subrogaciones en contratos anteriores a 1985, salvo que el descendiente tuviera una discapacidad igual o superior al 65%, requisito que Maricarmen no cumplía. Y, por si todavía no me han insultado bastante por mostrar mi indiferencia ante la situación de Maricarmen, añadiré que la norma me parece perfectamente razonable. No existe ningún derecho a residir donde a uno le guste o le apetezca. Tampoco un derecho a transmitir de generación en generación un alquiler privilegiado, que obliga al propietario a soportar eternamente un contrato firmado en 1956. Ya está bien de cargar sobre los hombros de los ciudadanos las políticas sociales del Gobierno y de aplaudir la conversión de una propiedad ajena en una herencia familiar del inquilino por la vía de los hechos.

La ley es meridianamente clara, el procedimiento ha respetado todas las garantías y la sentencia es firme. Pero la propaganda necesitaba una anciana desahuciada por un «fondo buitre» bajo el mandato de Ayuso, así que sacrificó los hechos para fabricar la cortina de humo que necesitaba. Y, como tantas otras veces durante estos ocho años de Gobierno socialista, buena parte de los españoles ha abierto bien la boca para no desperdiciar ni una gota del orín propagandístico de Moncloa.

Maricarmen es a la vivienda lo que Juana Rivas o María Sevilla fueron a las «madres protectoras» y la Manada a los delitos sexuales: un catalizador social cuidadosamente seleccionado para convertir un caso particular en una causa general, sustituir los hechos por un relato y dividir a la sociedad entre verdugos y víctimas. No importa la verdad, solo la narrativa.

Confieso que ha sido fascinante contemplar a los tentáculos mediáticos del socialismo propagar al unísono el correspondiente relato lacrimógeno de mierda. Presentadores compungidos, tertulianos al borde del llanto, artistas acampados y ministros descubriendo súbitamente que en España se producen desahucios. Qué patético, oiga.

Eso sí, como experimento social, el caso resulta extraordinariamente útil para confirmar la terrible infantilización de la sociedad española. Ya no somos ciudadanos capaces de ponderar derechos enfrentados, sino niños sometidos a estímulos sentimentales audiovisuales. Si vemos una anciana en camilla, alguien tiene que ser malvado. Si el propietario es una sociedad mercantil, ya tenemos al villano. Y si aparece un político prometiendo que una ley o una subvención evite que todo esto vuelva a suceder, le entregamos nuestro monedero y encima le damos las gracias.

En un país donde los millones de jóvenes que trabajan, pagan impuestos y sostienen con sus cotizaciones las pensiones de personas como Maricarmen no pueden comprar ni alquilar una vivienda en el extrarradio de una gran ciudad, la izquierda —y, para sorpresa de nadie, algunos sectores falangistas de la derecha— se moviliza para garantizar el presunto derecho de una señora a seguir residiendo por cuatro duros en una de las zonas más caras y exclusivas de Madrid.

¿Y el derecho del joven que madruga, produce y paga? Ese puede compartir piso hasta los cuarenta, marcharse a cincuenta kilómetros de su trabajo o renunciar a formar una familia. Su desgracia no sirve para organizar manifestaciones, pero sí para agitar el miedo al advenimiento de la ultraderecha.

El Gobierno no solo ha encontrado en Maricarmen una cortina de humo providencial, sino también algo más: un ensayo general. Cuando pierdan el poder, movilizarán la calle, fabricarán víctimas con culpables identificables en quienes hayan llegado a Moncloa y convertirán cualquier suceso en terrorismo fascista. Maricarmen no es solo propaganda para tapar una semana insoportable: es un aviso de la agitación que viene.

Así que pueden llamarme insensible, neoliberal, fascista o cualquier otra palabra que encuentren en el catálogo para adultos descerebrados. Pero no pienso fingir que me siento concernida por la situación de Maricarmen porque, la verdad, no me concierne en absoluto. Y a quienes pretenden que los jóvenes sin casa financien semejante privilegio mientras les sermonean sobre solidaridad señores con las cuentas corrientes abultadas, solo me queda decirles una cosa: métanse el chantajito emocional por donde la espalda pierde su nombre.

La imagen de Maricarmen Abascal, de 87 años, acompañada por los antidisturbios mientras era desalojada en camilla de su casa en Madrid por una orden judicial, ha devuelto de golpe a la sociedad española a los momentos más duros de la crisis financiera de 2008, aquellos en los que se ejecutaron miles de desahucios de familias incapaces de pagar la hipoteca de su residencia habitual. Esa imagen ha catalizado el profundo malestar ante el problema de la vivienda, del que no escapan ni los mayores como Maricarmen ni los más jóvenes, ni tampoco una clase media cada vez más excluida de los beneficios de la economía que presume de ser la alumna aventajada de Europa.

No parece que las administraciones sean del todo conscientes del mar de fondo que ha impulsado las protestas por el desahucio de la anciana. Es un hartazgo que lleva tiempo gestándose y afecta a millones de personas. El principal desencadenante es la escasez de oferta. El déficit de viviendas, que el Banco de España cifraba hasta hace poco en unas 750.000, alcanzará en dos años el millón. Ese desfase ha disparado los precios y ha hecho que el mercado resulte inaccesible para buena parte de la población. Mientras la renta disponible de los hogares se multiplicaba por 1,8 desde los años ochenta, los precios inmobiliarios se han multiplicado por 3,5.

Durante años, los distintos niveles del Estado han fallado a la hora de paliar esa escasez y se han enredado en un reparto de competencias y de culpas que puede acabar pasando factura a los partidos en las urnas, para deleite de los extremos. El drama particular de Maricarmen exige una respuesta inmediata y adaptada a sus necesidades, pero el debate no puede quedar atrapado en este episodio concreto. Debe ir más allá.

El Gobierno ha presentado tres iniciativas en el Congreso para evitar situaciones similares, pero no ha sido capaz de armar una mayoría. Ahora trabaja contra el reloj para aprobar un decreto en el Consejo de Ministros de este martes. El decreto, que incluiría desde medidas que limitarían los desahucios a una simplificación de los trámites en las licencias para acelerar la construcción, supone una oportunidad, un primer paso para romper el bloqueo ante una crisis que no admite más retrasos y que merece el máximo consenso. Hoy, gracias a la presión ambiental, tiene más posibilidades de salir adelante.

Otra medida posible es la modificación de la regulación de los alquileres de renta antigua, como el de Maricarmen, que se rigen por una ley de 1994. Y, aunque puede resultar útil el escudo antidesahucios que proteja a las personas más vulnerables, los expertos advierten del riesgo de que lleve a muchos propietarios a evitar alquilar a estos inquilinos. Existen otras formas de darles la protección necesaria, como un aval del Estado a estos alquileres. Allí donde se han aplicado los topes al arrendamiento, como en Barcelona, se ha logrado moderar la subida de precios, pero también han reducido la oferta. Si se trata de disminuir la influencia de los fondos de inversión, una opción es retirarles los incentivos fiscales. Lo mismo vale para los pisos turísticos, cuyos alquileres están exentos de IVA o se les aplica un tipo reducido del 10%. En ambos casos es competencia de la Administración central.

Lo ineludible, a la hora de dar respuesta a la espiral de precios, tanto en el alquiler como en la compra, es la ampliación de la oferta. Sería necesario construir un mínimo de 200.000 viviendas anuales, casi el doble que ahora, para atender al crecimiento de la población y la creación de nuevos hogares. Y en este caso, las competencias son de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos, de los que depende agilizar las trabas burocráticas para que una promoción no tarde hasta 15 años en salir al mercado. También es su responsabilidad crear un parque público de alquiler que saque a España del 3% que la sitúa a la cola de Europa.

Ninguna de estas medidas es posible sin la cooperación entre los partidos y las administraciones, aunque en este marco de mínimos ante lo que es un emergencia social parezca una quimera. No es que falte un diagnóstico: sobra cálculo electoral. Los obstáculos a la vivienda tocan justificadamente un nervio sensible y, cuando la democracia deja de servir a los ciudadanos, el malestar puede estallar en cualquier momento y dar alas a quienes cuestionan el mismo sistema y su legitimidad. Como ha mostrado el desahucio de Maricarmen Abascal, el precio de esta inacción siempre acaba siendo excesivo e inaceptable.

Esta se­ñora Mari­car­men es una jeta. Sí, tiene 87 años. Sí, tiene una dis­ca­pa­ci­dad más o menos grande. Sí, la están sacando de ‘ su’ casa de toda la vida. Sí, lo que se quiera. Pero es una jeta. Por­que jeta es quien se apro­ve­cha de otro sin tener dere­cho a ello. Y es lo que ha hecho la buena o mala de Mari­car­men durante muchos, dema­sia­dos años. Y, aun­que a algu­nos les inte­rese escri­bir una his­to­ria de injus­ti­cias, bui­tres y almas desal­ma­das, como decían los clá­si­cos: ‘ lex dura, sed lex’. Por­que esto no es muy dis­tinto a una ocu­pa­ción secu­lar sin posi­bi­li­dad de usu­ca­pión. Y Mari­car­men no siem­pre ha tenido 87 años, no siem­pre ha ido en cami­lla, no siem­pre, más bien nunca, no se ha ente­rado. Y hecha la trampa, hecha la ley. A par­tir de aquí, que me llue­van las colle­jas. Pero alguien tenía que decirlo. En la ante­rior ola de desahu­cios, que ter­minó colo­cando a una de sus impul­so­ras como nefanda alcal­desa de Bar­ce­lona, que aquí nadie da pun­tada sin hilo, me ocupé de estu­diar en deta­lle cuál es el pro­ceso que con­duce a sacar a una per­sona de su casa y les garan­tizo que no es fruto de la ven­to­lera de alguien en un des­pa­cho sin cora­zón ni sen­ti­miento. Es un pro­ceso extraor­di­na­ria­mente largo, tanto más en la medida en que en un mundo donde lo social prima sobre lo legal, a los hechos me remito, todo hijo de vecino sabe de la reper­cu­sión de un hecho como este. De ahí que, como conoce per­fec­ta­mente el Sin­di­cato de Inqui­li­nos, se nego­cie durante meses, se ofrez­can alter­na­ti­vas de renta o empla­za­miento, y, solo cuando es impo­si­ble la solu­ción por esas vías, se defienda el dere­cho del pro­pie­ta­rio que, por cierto, lo hace un juez, no un cual­quiera. Y nor­mal­mente estos van con­tra los malos, no con­tra los bue­nos. La buena o mala de Mari­car­men.

Los dema­go­gos de turno, como ya eso de la lucha de cla­ses ha pasado a mejor vida, y todos los hilos de los que podían tirar para jus­ti­fi­car una bata­lla extem­po­rá­nea – agru­pa­dos bajo el para­guas ‘ woke’se los ha comido la socie­dad con pata­tas, nece­si­tan una ban­dera que enar­bo­lar y qué mejor que la vivienda, ahora, según ellos, en manos de unos desa­pren­si­vos cuyo único delito es ope­rar den­tro de la lega­li­dad y en el marco del libre mer­cado. Han encon­trado la excusa en esta anciana a la que alguien, o ella misma que sería aún peor, ha con­du­cido hasta ahí. Pero yerran en un punto, en la medida en que defien­den la arbi­tra­rie­dad frente a la jus­ti­cia quie­bran el prin­ci­pio de segu­ri­dad jurí­dica, hacen que menos vivienda salga al mer­cado y ahon­dan el pro­blema que quie­ren evi­tar. Me encan­ta­ría ver­les en una situa­ción simi­lar con un activo inmo­bi­lia­rio pro­pio, nos íba­mos a diver­tir.

Mari­car­men y el país que arderá con la izquierda ‘ polí­ti­co­me­diá­tica’ en la opo­si­ción

Pero que las ramas no nos impi­dan ver el bos­que. No con­ten­tos con el per­verso sis­tema asis­ten­cial que se ha implan­tado en los últi­mos años en nues­tro país y que desin­cen­tiva la acti­vi­dad pri­vada y con­dena el futuro de gene­ra­cio­nes, este nuevo pro­gre­sismo pre­tende ya de manera abierta que, con los impues­tos de unos a los que el dinero no les ha llo­vido pre­ci­sa­mente del cielo sino que, las más de las veces, es fruto de un esfuerzo deno­dado por lle­gar finan­cie­ra­mente a donde están, se pague las casas de los que no pue­den per­mi­tír­sela por­que, total, parece que les sobra. Y, aquí paz y des­pués glo­ria. En el fondo, un ata­que a la pro­pie­dad pri­vada y, por ende, a la liber­tad de poder hacer con el patri­mo­nio lo que se quiera, como se quiera y cuando se quiera den­tro de los lími­tes que fija el cuerpo nor­ma­tivo. Esa es la ver­da­dera bata­lla, no se me des­pis­ten. Hacen mal unos y otros en abra­zar esta ban­dera. Pedro Sán­chez por­que da alas a una izquierda radi­cal que se había visto fago­ci­tada por las polí­ti­cas extre­mis­tas del pre­si­dente y por la trai­ción de los Igle­sias y compa­ñía a esa uto­pía asam­blea­ria que salió del ante­rior 15- M. Lo que menos le con­viene ahora, pre­ci­sa­mente, es la frag­men­ta­ción de la izquierda. Pero tam­poco debe­ría dejarse lle­var Alberto Nú­ñez por los can­tos de sirena del drama social, no vaya a ser que se le ponga más cara aún de la que tiene de «Fei­jooy», como ya le han bau­ti­zado algu­nos. Cuerpo a tie­rra que vie­nen los nues­tros, memo­ria infausta del ‘ trai­dor’ Mon­toro.

Es de cajón, puro sen­tido común.