El diario EL MUNDO acusa en plena campaña electoral catalana a la familia Pujol y a Artur Mas de tener dinero negro en el extranjero

TODOS los partidos catalanes excepto lógicamente CiU exigieron ayer explicaciones a Artur Mas sobre las cuentas en Suiza que un informe de la UDEF, publicado por EL MUNDO, les atribuye a él y a la familia Pujol. El histórico líder del nacionalismo catalán también debería ser emplazado a dar esas explicaciones, puesto que, según el mismo documento policial, guarda en secreto un capital de unos 137 millones de euros en la banca Lombard Odier, con sede en Ginebra.

El juzgado de instrucción de Barcelona que investiga el caso Palau hizo pública ayer una nota en la que dice dos cosas: que desconoce la existencia de ese informe policial y que no se puede investigar judicialmente sin mandato expreso del instructor. Pues bien, la UDEF aclara en el último párrafo de su escrito -elaborado como ya dijimos con carácter de «borrador»- que, dada la gravedad de los hechos y las elevadas cuantías de los patrimonios detectados, está trabajando en la verificación de las denuncias antes de remitir el informe definitivo al juez. Éste ha demostrado muy poco celo en la instrucción, como lo demuestra el hecho de que no ha ordenado investigar un anónimo que él mismo entregó a las partes en el que también se habla de pagos en el extranjero a «los jefes políticos» de CiU «con salida y entrada». La nota sugiere que parece más preocupado por proteger el honor de Mas y Pujol que por esclarecer sus responsabilidades.

Lo cierto es que, en contra de lo que afirmaron ayer Mas y Homs, el informe de la UDEF establece una clara conexión entre la corrupción del partido y la existencia de cuentas en Suiza tanto de la familia Pujol como de la familia Mas. El informe describe minuciosamente, con detalles y cantidades, cómo las empresas pagaban un 4% por los contratos adjudicados por la Generalitat. El 1,5% iba directamente a los bolsillos de Millet, Montull y los políticos de CiU y el 2,5% restante iba, a través de un tinglado de ingeniería financiera, al partido. Dada la cantidad de dinero que se obtenía en comisiones y su carácter habitual, es imposible que Pujol y Mas no supieran nada de esta trama.

Las referencias a Pujol, su mujer y sus hijos son escandalosas porque ponen de relieve que tienen inversiones en EEUU, Argentina y México, además del elevado capital depositado en la banca suiza. Si los datos son ciertos, Pujol dispone hoy de una gran fortuna que sólo puede ser fruto de sus años en el poder.

Artur Mas aseguró ayer que se va a querellar contra EL MUNDO. El presidente confunde al mensajero con el mensaje porque no hay nada que no haya dicho este periódico que no esté en el informe de la UDEF, que asevera que su padre era «fiduciario» de la familia Pujol. Artur Mas padre tenía depositados 2,3 millones de euros en una cuenta de UBS en la que aparece su hijo como beneficiario. El presidente de la Generalitat afirmó ayer que era de mal gusto hablar de «personas que ya no se pueden defender», como su padre. Es cierto que su padre ha fallecido, pero los 2,3 millones, no. No es a él a quien se interpela, sino a los beneficiarios, entre los que figura el propio Mas, que todavía no han sido capaces de explicar el origen de tal patrimonio. Afortunadamente para ellos, la Audiencia Nacional dictó la prescripción del delito de evasión, pero eso ni aclara la procedencia del dinero ni anula la responsabilidad política.

Será complicado demostrar algunas de las cosas que se dicen en el informe de la UDEF porque es muy difícil seguir el rastro del dinero fuera de España, máxime si hay paraísos fiscales de por medio. No parece que el juez que instruye el caso Palau tenga mucho interés en llegar hasta el final, pero lo que es evidente es que ello sería imposible en la Cataluña independiente que promueve Artur Mas.

Como dice el proverbio chino, lo importante no es el dedo sino los hechos a los que apunta.

EL INFORME policial sobre las cuentas millonarias en Suiza de Artur Mas y la familia Pujol que ha desvelado EL MUNDO ha cambiado el paso de la campaña electoral catalana. El foco ha pasado a situarse sobre la corrupción, con todos los demás candidatos pidiendo explicaciones a los dirigentes de CiU.

La reacción de ayer de Jordi Pujol es la señal de que el caso ha hecho saltar las alarmas en su partido y un síntoma de que la información obtenida por la UDEF tiene fundamento. Tras anunciar en un mitin que presentará una querella por esta «embestida», el ex presidente catalán eludió el fondo del asunto, calificó de «ilegal» el documento policial y amenazó al resto de partidos con pasarles factura tras los comicios si osan utilizar el asunto políticamente. En eso sí fue explícito: sacó el palo y la chequera con un discurso que revela cuán pobre es el concepto que tiene de sus rivales. Recordó que alguno de los que le pidieron responsabilidades en su día por el escándalo de Banca Catalana «tuvo que dejar su cargo» y, al mismo tiempo, anunció que CiU necesitará «mucha gente» cuando pase el 25-N, «pero será de la que se haya comportado dignamente en momentos como éste». Con lo fácil que hubiera sido que dijera que ni él ni su familia tienen ninguna cuenta en Ginebra.

Por otra parte, su equiparación del caso de las cuentas en Suiza con lo ocurrido en los años 80 con Banca Catalana no le hace ningún favor. Aquello, lejos de haber quedado como el ejemplo de un ataque del Estado a Cataluña, como pretende hacer creer Pujol, es el paradigma de la impunidad del nacionalismo cuando utiliza todos los resortes del poder para someter a las instituciones. El caso de Banca Catalana, en el que los jueces de Barcelona desoyeron la petición de los fiscales de imputar a Pujol, fue además el triste antecedente de otras decisiones similares -como la de no llamar a declarar a González por los GAL- con la tesis inaudita de que hacerlo sería «estigmatizar» al presidente.

La encuesta de Sigma Dos que hoy publicamos sitúa a CiU casi dos puntos por debajo en intención de voto de los resultados que obtuvo en 2010. Eso indica que Mas está lejos de la mayoría absoluta que él definió como «excepcional». Es el único rasero por el que habrá que juzgarle después de haber convocado elecciones anticipadas cuando no tenía ningún problema de gobernabilidad. El globo que con la cuestión de la independencia ha intentado hinchar CiU puede estar desinflándose. Y ayer, en Cádiz, por si aún no había quedado claro, el presidente de la Comisión Europea descartó «absolutamente» que una Cataluña independiente pudiera seguir formando parte de la UE.

Cospedal exigió certeramente a CiU que no se envuelva en la bandera para escurrir el bulto: «Los territorios no tienen cuentas corrientes en Suiza, las tienen las personas y por lo tanto son ellas las que tienen que dar explicaciones». En el fondo, este asunto pone a prueba la madurez del electorado catalán: ¿Preferirá dar un cheque en blanco a aquellos sobre quienes pesan muy fundadas sospechas de corrupción, con tal de seguir avanzando hacia un imposible?

EN LA POLÍTICA catalana debería de existir un antes y un después de la publicación de este documento que EL MUNDO pone hoy a disposición de todos los ciudadanos. Nadie que lo lea con buena voluntad dejará de reconocer que existen pruebas abrumadoras de que Convergència Democràtica de Catalunya -el principal partido de CiU- montó una estructura de extorsión y latrocinio masivo a costa del bolsillo de todos los catalanes y que sobre sus principales dirigentes pesan sólidas sospechas de corrupción personal que deben ser investigadas mediante comisiones rogatorias internacionales. En tanto esto no suceda, su honorabilidad continuará en grave entredicho y será temerario otorgarles responsabilidad alguna como gestores de fondos públicos.

El ya famoso «borrador» de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) es, como su mismo nombre indica, un documento de trabajo policial que recopila el estado del caso Palau, incluidas las líneas de investigación pendientes. En su último párrafo precisa que «una vez continuasen las gestiones de verificación de los hechos… procedería la solicitud a la autoridad judicial para que libre los oportunos mandamientos». Nada hay pues de irregular y está de más la nota del juez instructor recordando que sólo se puede investigar bajo su «mandato». Una cosa es que la Ley de Enjuiciamiento Criminal le conceda la dirección de la investigación y otra que la Policía no pueda seguir pistas, cribar información y verificar datos antes de darle cuenta de ello. Nadie imagina a un agente pidiendo autorización al juez para reunirse con un confidente o rehusando abrir una carta y comprobar su contenido sin su permiso específico.

LOS DIRIGENTES de CiU han convertido también la filtración a EL MUNDO de este documento en piedra de escándalo. Seguro que hoy arreciarán en esa línea. La lectura de su contenido explica perfectamente la motivación de quienes han confiado en nuestra independencia para ponerlo a disposición del público. Se trata de funcionarios ejemplares que tratan de evitar un cierre en falso del sumario del caso Palau sin que se investiguen las altas implicaciones políticas que surgen por doquier. El hecho de que, según denuncia de sus propios subordinados, mandos de los Mossos d’Esquadra ocultaran información tras los registros y trataran de eliminar documentos que afectan a las familias Pujol y Mas, explica de sobra su iniciativa. Temen que al final pueda haber un pacto político, al que se pliegue la Justicia en un entorno tan condescendiente con el poder como el catalán, para que sólo paguen los Millet, Montull y demás intermediarios de la trama. Y como botón de muestra de que sus temores tienen fundamento, he ahí el hecho de que pese a existir una anotación manuscrita de la directora financiera del Palau dando instrucciones para «sacar en efectivo» y pagar a «J. P. hijo», tras haber «informado a su padre como siempre», ni Jordi Pujol Ferrusola, ni Jordi Pujol Soley han sido tan siquiera citados a declarar como imputados.

Cualquier lector avisado distinguirá en este «borrador» lo que queda probado más allá de toda duda razonable de lo que está pendiente de comprobar. Pues bien, sólo lo primero estigmatizaría para siempre a Convergència y expulsaría a sus actuales dirigentes de la vida pública en cualquier democracia digna de tal nombre. Era un secreto a voces -y Maragall le dio virtualidad hace siete años en el Parlamento autonómico- que la principal formación nacionalista cobraba comisiones a cambio de las adjudicaciones de obra pública de la Generalitat. Ahora ya es una evidencia: aquí están todos los detalles de los acuerdos con las constructoras, las vías empleadas -enlodando instituciones respetables como el Palau de la Música e incluso la memoria de un hombre íntegro como Trías Fargas-, las empresas interpuestas, el papel de los tesoreros del partido, los mecanismos de reparto… todo.

DESDE EL PUNTO de vista del reproche ético, penal y electoral no debería existir ninguna diferencia entre robar para el partido y robar para el bolsillo propio, entre otras razones porque el dinero del partido siempre termina revirtiendo en sus dirigentes. El interés público sufre por igual cuando el recargo correspondiente -porque nadie puede llevarse a engaño: estas comisiones nunca van a costa del beneficio de las empresas, sino del precio de las obras- sirve para engrandecer la sede del partido o un saldo bancario en Suiza. Puesto que es inimaginable que ignoraran un tinglado de estas proporciones, ya podemos decir pues, sin parpadear, que Pujol, Mas y compañía han tenido durante todos estos años a una banda de ladrones bajo sus órdenes. El manipulador eslogan de «España nos roba» ya tiene su reverso de verdad: es Convergència la que ha estado robando sistemática y concienzudamente a los catalanes.

La responsabilidad de las empresas constructoras y adjudicatarias de servicios que han pasado por ese aro, con Ferrovial a la cabeza, es insoslayable. No pueden aducir estado de necesidad alguno, ni desconocimiento de la gravedad de su delito. Quienes como Rafael del Pino y otros grandes nombres del gotha empresarial han estado corrompiendo a funcionarios y altos cargos de la Generalitat merecen el mismo reproche que ellos y sólo una activa colaboración con la Justicia para el esclarecimiento de todo lo sucedido podría paliar el daño que han causado al interés general.

La gran asignatura pendiente de este caso es la comprobación de todos los datos sobre el enriquecimiento personal de los dirigentes. A lo ya publicado añadimos hoy la anotación que señala que tocaba pagar 250.000 euros en efectivo a «F. P.» en una dirección que es, casualmente, en la que vivía el entonces consejero de Obras Públicas y hoy de Interior Felip Puig. ¿Tampoco se le citará como imputado?

En el caso de la familia Pujol, cualquier observador admitirá una gran desproporción entre los detalles que aporta el borrador sobre cuentas en bancos concretos, cajas de seguridad, inversiones en distintos países, transferencias de dinero etcétera, etcétera, y el desmentido genérico del ex presidente de la Generalitat rehuyendo «entrar en detalles» e invocando el precedente del caso Banca Catalana. En el de la familia Mas, la Policía aporta una explicación plausible sobre el origen de los dos millones de euros que el actual líder nacionalista tuvo a su disposición en Suiza y en Leichtenstein. La cuestión no es si Artur Mas ha cancelado ya o no esas cuentas sino si es capaz de aportar o no pruebas o, al menos, explicaciones convincentes sobre el origen de aquel dinero que desvirtúen la acusación policial de que procedía de las mismas comisiones que recibía la familia Pujol. Ni Pere Navarro, ni Alicia Sánchez-Camacho, ni Joan Herrera, ni Oriol Junqueras, ni Albert Rivera, ni Alfons López Tena tienen ese problema. Pero Artur Mas, sí. No olvidemos -qué casualidad- que también él fue durante dos años consejero de Obras Públicas. Como explicó Cospedal, es obvio que en esas circunstancias un presidente autonómico del PP duraría 10 minutos antes de dar explicaciones o tener que dimitir.

Seguro que habrá quienes prefieran seguir mirando para otro lado, pero este extenso documento que hoy reproducimos debería hacer re- flexionar a la sociedad catalana y especialmente a sus dirigentes en entidades como el F. C. Barcelona o La Caixa sobre el tipo de monstruo que han alimentado. También de manera específica a los medios de comunicación, tanto públicos como privados, a los periodistas que no estén simplemente vendidos al maná de las subvenciones de la Generalitat. ¿Por qué un documento así no ha llegado hasta sus manos y sí a las de un medio nacional? ¿Tal vez por la presunción de que terminaría enterrado en un cajón para no alterar la redacción de algún nuevo editorial conjunto en pro de la construcción nacional? ¿Reproducirán hoy TV3 y nuestros demás colegas el contenido de este informe tan relevante para los catalanes?

POR NUESTRA parte sólo queda añadir que aguardamos con tranquilidad la presentación de las querellas tan reiteradamente anunciadas por Mas, Pujol y la propia Convergència. En el proceso penal propio de un Estado de Derecho no sólo rige la exceptio veritatis, cuando se trata de delitos de opinión, sino que existe la fase de prueba en la que se puede solicitar la práctica de las más diversas diligencias. Así ocurrió recientemente en el caso de Sánchez Manzano, en el que la demanda del policía sirvió para que quedara acreditada en sentencia firme la veracidad de nuestras informaciones sobre el 11-M. Que no le quepa duda a nadie de que si EL MUNDO es parte en un procedimiento de esa naturaleza, en el que se nos acuse de injurias o calumnias relacionadas con la financiación ilegal de Convergència y sus dirigentes, apuraremos al máximo los márgenes de la legalidad para que exista una segunda investigación judicial de los hechos. Porque en definitiva aquí lo único que importa no es si Artur Mas y Jordi Pujol son buenos patriotas catalanes o si los periodistas de EL MUNDO somos «mala gente» -como dijo el oficialmente Honorable-, sino cuánto se han llevado, cómo se lo han llevado y para quién se lo han llevado.

SI EN las dos querellas presentadas ayer contra EL MUNDO por Artur Mas y Jordi Pujol ambos niegan la tenencia de cuentas en Suiza, no desmienten en ningún momento que el partido que han liderado durante 30 años haya estado cobrando sistemáticamente el 4% de comisión en los contratos de la Generalitat. Esa omisión resulta altamente significativa.

A la luz de las graves y escandalosas acusaciones de enriquecimiento ilícito del informe de la UDEF, Mas y Pujol no tenían otro remedio que querellarse, máxime a una semana de las elecciones. Y lo han hecho contra este periódico y además han centrado su querella en la negación de la existencia de ese patrimonio en Suiza.

Artur Mas se vio obligado a reconocer ayer en una entrevista que su padre tenía una cuenta en el banco suizo UBS con más de dos millones de euros, pero aseguró categóricamente que él «jamás» se ha beneficiado de ese depósito.

Hay que recordar a este respecto que la Agencia Tributaría y la Fiscalía Anticorrupción le consideraron uno de los cuatro beneficiarios de la cuenta de su padre en Suiza en la investigación abierta por la Audiencia Nacional y luego archivada tras la regularización de las sumas defraudadas. Como su progenitor murió hace seis meses, a él le corresponde la cuarta parte de esos dos millones de euros. Puede que no haya tocado un solo céntimo, pero la cuarta parte es suya. Pero lo más relevante es que Artur Mas sigue sin dar ningún tipo de explicación pública sobre el origen de esos dos millones de euros en Suiza.

Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda, reveló ayer que la Agencia Tributaria, cumpliendo con su obligación, ha iniciado una investigación sobre esa cuenta de la familia Mas en el banco UBS. A este respecto resultan muy significativas las palabras de Rajoy, que habitualmente mide mucho lo que dice, cuando, tras desmentir las desaforadas imputaciones del líder de CiU, comentó que si Mas «tiene un problema, no debe tratar de trasladárselo a otro».

Las querellas contra EL MUNDO son en este contexto una mera cortina de humo de Mas y Pujol para despistar a la opinión pública y ganar tiempo. Nuestro deber de veracidad está más que cubierto con el informe de la UDEF y todos los elementos coadyuvantes que lo refuerzan.

Mas y Pujol pretenden que el partido se juegue en casa al presentar las querellas en los juzgados de Barcelona, contra lo que establece la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Las dos querellas sólo pueden ser instruidas en Madrid, que es el lugar donde se edita y se imprime en primer lugar EL MUNDO. Los querellantes invocan un precedente por calumnias que se instruyó en Barcelona, pero el medio que había provocado el presunto daño era una televisión nacional. En este caso no rige la llamada doctrina de la ubicuidad, sino que toca aplicar la vigente doctrina de la acción, por la que se exige la responsabilidad en el lugar donde se comete el acto objeto de la demanda judicial.

No dudamos de la independencia de ningún juez pero determinadas resoluciones y líneas de instrucción sólo se entienden en función del clima de condescendencia que promueve el proyecto totalizador del nacionalismo catalán.

Ha tardado tres semanas, pero finalmente ha quedado oficialmente acreditado que el informe policial sobre las supuestas cuentas bancarias en Suiza de Artur Mas y otros dirigentes de CiU, publicado por el diario EL MUNDO, es falso. El comisario jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía, a la que se atribuía el documento, asegura en un informe elevado al juez que ni la unidad ni ninguno de sus miembros han elaborado informe alguno. Aclarado este punto, se abre ahora una interesante cuestión: ¿Quién se lo ha inventado?

El caso tiene mucha más trascendencia de lo que se quiere reconocer porque es un ejemplo claro de hasta dónde puede llegar el “todo vale” en periodismo y en política. Recordemos los hechos: el 16 de noviembre, en plena campaña electoral, el diario EL MUNDO publicó un supuesto informe policial que echaba fango sobre el candidato a la presidencia de la Generalitat, Artur Mas, y otros dirigentes de CiU, a quienes se atribuía el cobro de comisiones ilegales y el desvío de importantes sumas de dinero a cuentas bancarias radicadas en Suiza. La información alteró por completo la campaña electoral, pues el PP no dudó en aprovecharla para atacar a Mas, pese a que en ningún momento pudo acreditar la autenticidad del informe. Nunca se sabrá si este oscuro episodio tuvo o no incidencia en los resultados electorales, pero lo que sí va quedando ya claro es que todo el asunto se basa en una gran manipulación informativa.

Muchos querrían ahora echar arena sobre lo que finalmente ha quedado como el verdadero escándalo, el periodístico. Lo ocurrido tiene mucho que ver con lo que estos días se discute a propósito de las conclusiones de la comisión Leveson en Reino Unido: cómo puede la sociedad defenderse de unos medios que sistemáticamente se saltan los semáforos en rojo.

La comisión Leveson fue creada para analizar el comportamiento de los medios tras conocerse que, para obtener sus exclusivas, el diario sensacionalista News of the World había recurrido a procedimientos ilegítimos que incluían escuchas ilegales, pagos a cambio de información y una connivencia con la policía que dejaba en situación de indefensión a las víctimas. Las conclusiones del informe han provocado una intensa polémica sobre la necesidad o no de regular por ley, visto el fracaso de los mecanismos de autorregulación, los límites que la prensa no debe traspasar. La comisión propone una regulación legal pero el presidente del Gobierno británico, David Cameron, ha dado un corto plazo a los editores de prensa para que hagan una propuesta de autorregulación creíble, de lo contrario, regulará por ley mecanismos de control de la prensa.

Tanto los editores como los periodistas han sido siempre reticentes a una regulación legal. Consideran que cualquier mecanismo de control que se cree será susceptible de ser utilizado contra la libertad de expresión y el derecho a la información por parte de los poderes públicos, y eso puede provocar un daño mayor del que trata de evitar. El argumento es sólido, pero una cosa es crear mecanismos que puedan actuar como una mordaza para la prensa incómoda, y otra muy distinta permitir que determinada prensa irresponsable, amparándose en una pretendida libertad de informar, pueda manipular y falsear la realidad con total impunidad. Entre uno y otro extremo debe poder caber algún compromiso basado en la honestidad periodística.

En el caso del falso informe policial se observan dos niveles de responsabilidad: la de quienes, sin atender los mínimos requisitos de exigencia profesional, publican el informe, y la de quienes, desde la cúpula del PP y obviando los problemas de verificación que presenta el documento, se lanzan a obtener rédito electoral del mismo.

Vayamos a la parte que aquí nos interesa, la periodística. Con frecuencia llegan a las redacciones informes o escritos sobre supuestos escándalos que nunca se publican porque, cuando se verifican los datos, se comprueba que son falsos. El informe reproducido por EL MUNDO no tenía firma, ni sello, ni destinatario y el logotipo policial podía se fruto de un trabajo de «composición». Tal como estaba presentado, podía ser perfectamente una invención. Y sin embargo, se publicó dando por segura su autenticidad. Y en un intento de ponerse la venda antes de producirse la herida, el propio diario delató lo endeble de su posición al insistir en la propia información y en cuantos foros fue requerido, que se trataba de un “borrador” de informe policial.

Ese fue el primer semáforo que se saltó en rojo. Suponiendo que alguien de la citada unidad policial hubiera filtrado unos documentos, la condición de “borrador” debería haber llevado a rechazar de plano su publicación. Si esa conducta es exigible en cualquier caso, más todavía en unas acusaciones tan graves y con tanta repercusión política. Se supone que un borrador es un trabajo incompleto y lo que allí figura está aún pendiente de verificación, por eso no ha pasado a la categoría de informe definitivo. Insistir en que se trata de un borrador equivale a confesar que la información contenida no ha sido verificada. La conducta responsable hubiera sido, en cualquier caso, esperar a conocer el informe definitivo.

Este hecho tiene mayor importancia de lo que parece. Durante mucho tiempo, la prensa rigurosa consideró necesario que un juez admitiera a trámite una querella antes de publicar el caso. Se consideraba que la apreciación de «indicios racionales» por parte de un juez era un dique de contención adecuado para evitar la pena de banquillo y las consecuencias que podrían derivarse de una denuncia falsa. Pero ese dique de contención hace tiempo que cayó abatido por los francotiradores de un periodismo de dosier disfrazado de periodismo de investigación. Si se considera lícito publicar borradores de informes, ¿por qué no borradores de borradores? El mismo criterio serviría para publicar cualquier acusación, bajo el pretexto de que es algo que la policía debe investigar. En este caso, el diario creyó salvar su credibilidad “advirtiendo” de que se trataba de un “borrador” pero, al hacerlo constar, lo que hacía en realidad era proclamar su falta de responsabilidad.

El segundo semáforo en rojo fue publicar un informe sin poder acreditar ni su origen ni su autoría. ¿Qué valor informativo tiene algo de lo que nadie se responsabiliza? Se supone que, cuando decide publicarlo, el medio avala la autenticidad de la fuente. El informe, se dijo, había sido elaborado por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía, pero cuando el juez llamó al comisario jefe de esa unidad para que le explicara lo que hubiera, este aseguró no tener constancia de que tal informe existiera. El periódico estaba en un brete, pero algunos poderes del Estado salieron en su ayuda. Cuando el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña emitió un comunicado informando sobre la declaración del jefe policial ante el juez, la Dirección General de Policía que dirige Ignacio Cosidó emitió un contra-informe de redactado de forma calculadamente ambigua cuya única finalidad era dar pábulo a la existencia del informe.

Asombrosa fue también la actuación del Sindicato Unificado de Policía, que convocó a la prensa para entregarle los supuestos documentos policiales y apuntalar una teoría de la conspiración según la cual, ni los jueces, ni los fiscales, ni los responsables policiales de diferentes cuerpos habrían querido investigar las graves acusaciones contra Mas y los dirigenes nacionalistas. Deliberadamente se ignoraba que única parte judicialmente sustantiva del presunto informe, la posible financiación irregular de Convergència a través de donaciones al Palau de la Música, ya figuraba en el sumario del caso Palau y el juez había impuesto una fianza 2,3 millones de euros al partido como responsable “a título lucrativo” de la percepción de las comisiones ilegales que se investigan.

Finalmente, fue el sindicato policial quien remitió al juez del caso Palau los papeles de la discordia. A esas alturas, el grado de confusión creado en torno al informe era capaz de marear al observador más perspicaz. El efecto perseguido se había logrado con creces, la campaña electoral catalana se había enfangado hasta la rodilla y lo que quedaba era organizar la bruma que cubriera la retirada. Finalmente, el jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal ha zanjado oficialmente el asunto a requerimiento del juez al certificar que el documento publicado por EL MUNDO no había sido redactado por la unidad de dirige ni por “ninguno de los funcionarios que la integran”.

¿Quién lo ha redactado entonces? ¿Nadie tiene que dar una explicación sobre lo que se ha publicado? Lo que ha puesto de manifiesto la historia del falso informe es un modo de operar. Una conducta que ya habíamos observado en otras ocasiones, consistente en crear una falsa realidad a base de manipulaciones periodísticas destinadas a lograr determinados fines políticos. Eso no es periodismo. Es otra cosa. Lo cual nos lleva de nuevo al debate sobre el informe Leveson. Lo ocurrido entraría dentro de las prácticas que la citada comisión considera reprobables.

Si la prensa no es capaz de articular mecanismos de autorregulación verdaderamente eficaces, no debemos extrañarnos de que la sociedad acabe exigiendo una regulación legal que impida este tipo de abusos.

Imposible condensar en tan pocas líneas el cúmulo de intereses ocultos y abiertas mezquindades, de completas mentiras y verdades a medias que ha rodeado el escándalo sobre las supuestas cuentas en Suiza de Artur Mas y la familia Pujol. Fatuo arrogarse la capacidad de explicar con rigor sin tacha cómo se gestó la tenebrosa operación político-mediática y de qué modo unos y otros, una vez desencadenada esta, trataron de explotarla electoralmente. Aventurado, aunque no imposible, elaborar un borrador de conjetura que, a riesgo de errar, proyecte mayor verosimilitud que ese falso informe preliminar de la Policía. Documento fantasma que ayer, a los cuatro meses de su publicación, perdió incluso el epíteto de «presunto», toda vez que el ministro, Jorge Fernández Díaz, concluyó: «El informe borrador no se corresponde con ningún documento oficial emitido por parte de la UDEF».

A modo de hipótesis, no es descabellado presumir que más de uno, inquieto ante la eclosión soberanista de la Diada, estuviera interesado en amedrentar al nacionalismo catalán sacando a relucir sus vergüenzas. Ni cabe descartar que alguien, ante la inmadurez de las pesquisas abiertas sobre casos de corrupción cercanos a CiU, decidiera elaborar (o encargar) un resumen de todo lo supuesto, barruntado o investigado.

Tampoco es inverosímil que esa pieza seudoliteraria, aunque exenta de pretensiones jurídicas, se concibiera como espoleta mediática llamada a remover el pútrido subsuelo del oasis catalán. Ni que, al carecer el texto de autor conocido o destinatario aparente, las licencias que se tomó el escriba obedecieran más al potencial impacto de los titulares de prensa que a la fiabilidad de las pruebas recabadas. Tiempo habría, tras las elecciones, para blanquear tan oscuras denuncias.

Depurar responsabilidades

Perjudicara o no a CiU en las urnas, la difusión de este libelo sacudió, en efecto, la campaña catalana, así como los cimientos de un ministerio cuyo número dos optó por una discreta dimisión. Más que amagar con la aparición de más informes, Fernández Díaz debería depurar responsabilidades para borrar toda sombra de connivencia y desterrar de Interior unas prácticas más propias de otros regímenes.

No voy a centrar el artículo en el titular de Interior, porque sinceramente no creo que sea Jorge Fernández Díaz el culpable directo de todo lo que ocurre en ese ministerio. Más bien parece que a este ministro le ha pasado lo que a la mayoría que ha entrado en un bunker donde existe un poder autónomo cuyos tentáculos funcionan más allá de la cabeza. Lo que llamaríamos el poder de la cloaca.

El “no sé, no contesto” que ha durado meses, en un tema de tanta relevancia política, cuya única finalidad era arrastrar por el fango a un candidato político para romperle las piernas en una campaña electoral, y ello  con diurnidad y alevosía mediática, recae sí o sí en el ministro porque el escándalo es de órdago, o lo sería si España fuera un país plenamente democrático.

Y ahí está la cuestión en la plenitud democrática. Lo que ha ocurrido con el informe falso de la UDEF responde a una situación de excepción que recuerda los tristemente famosos estados de excepción de épocas añejas. Se ha usado al Estado para intentar destruir política y socialmente a líderes catalanes por el solo hecho de simbolizar la voluntad soberanista de Catalunya. Y ello no lo hace un policía despistado.

No es una filtración, es un montaje. Una campaña de difamación contra un líder plítico no es ninguna tontería que monta y sostiene cualquiera, sino quienes ejercen un poder real. La campaña, la impunidad de quienes la hicieron, el silencio cómplice del ministerio, el uso perverso de líderes del PP, horas y horas de micrófonos difamando a nuestros líderes, todo eso pasa en una España que lo hace, lo permite, lo sustenta y luego lo esconde.

Es un auténtico atentado al Estado de derecho, perpetrado por aquellos que dicen defenderlo de las hordas catalanas. Mucho bla, bla, sobre España, pero sólo la quieren dominada por ellos, embrutecida y cada día menos democrática.