El diario EL MUNDO insinúa corrupción en torno al cuñado de Felipe González, Francisco Palomino, causando réplicas del PSOE y EL PAÍS

Las acusaciones lanzadas contra el Gobierno por haber favorecido mediante contratos estatales millonarios a la empresa en que trabaja el cuñado de Felipe González han avivado el debate nunca extinguido sobre la corrupción de la vida pública. Al mismo tiempo, la transcripción de unas conversaciones telefónicas del consejero de Política Territorial de la Generalitat, relacionadas con los negocios urbanísticos de un cuñado tuyo, hacía saltar las sospechas acerca de otro supuesto tráfico de influencias. A lo largo de esta semana, tres insólitas notas del Ministerio de la Presidencia y un monólogo televisado del jefe del Gobierno rechazaban por falsas mentirosas y difamatorias las informaciones del diario EL MUNDO sobre el caso Palomino; el presidente de la Generalitat se ha limitado a negar fuerza probatoria a las grabaciones comprometedoras.

El fracaso ha perseguido en estos años a las estrategias que pretendían confinar dentro de los límites del derecho penal los escándalos provocados  por el enriquecimiento de los cargos públicos o por los tratos de favor a sus familiares, amigos y organizaciones políticas y sindicales. Porque las responsabilidades penales establecidas por los tribunales sólo cubren las variantes delictivas de la venalidad política; más allá de esas fronteras jurídico-criminales se extiende un variopinto paisaje de comportamientos irregulares y abusos de poder que no merecen sanción penal pero que pueden ser castigados por la reprobación social o suscitar la exigencia de responsabilidades políticas.

El enfoque exclusivamente penal de corrupción, la extrapolación abusiva de la presunción de inocencia más allá de sus funciones procesales, la pasividad del anterior Fiscal General del Estado y el bloqueo de las comisiones de investigación parlamentaria por la mayoría absoluta del PSOE descargaron sobre los medios de comunicación la tarea de investigar todo género de escándalos, fuesen delitos graves o meros abusos de poder. La condena por prevaricación del alcalde Peña, del presidente Hormaechea y de Juan Guerra, la huída del ex director de la Guardia Civil y el severo dictamen de la comisión parlamentaria sobre el ex gobernador del Banco de España probaron el buen funcionamiento de algunas informaciones periodísticas que habían predicado inicialmente sus denuncias en el desierto.

Durante los pasados años políticos corruptos llamaron mentirosos a periodistas honrados que buscaban únicamente la verdad; aunque esos precedentes aconsejen analizar con prudencia cualquier protesta de inocencia, sea quien sea quien la pronuncie, los aciertos informativos del pasado no conceden a sus autores una patente de infabilidad para el futuro.

Una novela negra de James Cain adaptada varias veces al cine narra la pesadilla de un asesino que sale absuelto del juicio aun siendo culpable pero que resulta luego condenado por otro crimen del que era inocente. Algunas denuncias de corrupción – como el caso Palomino – podrían ser tal vez comparadas con ese segundo timbrazo del cartero que sobresalta a los habitantes de una vivienda a causa de su resistencia a abrir la puerta después de la primera llamada. La negación de las evidencias en el caso Guerra, el obstruccionismo procesal del PSOE en el caso Filesa y la pasividad oficial en el caso Rubio y el caso Roldán han debilitado enormemente la credibilidad del Gobierno. La irresponsable permisividad de los socialistas con la corrupción durante estos años ha producido una inversión de las expectativas acusatorias no por injusta menos previsible: la opinión pública está empezando a cambiar la presunción de inocencia por la presunción de culpabilidad tan pronto como un escándalo político salta a los medios de comunicación sin impordarle demasiado la verosimilitud de tales denuncias periodísticas.

Javier Pradera

LOS GOBERNANTES no sólo deben ser honrados, sino parecerlo, y quien no haya recurrido alguna vez a la metáfora de la mujer del César, que tire la primera piedra. Pero que no esconda la mano. Porque si ser y parecer honrados es algo exigible a los políticos, éstos tienen derecho a esperar, en contrapartida, que no se juegue a la ligera con su credibilidad. Algo que es para esa profesión tan importante como sus manos lo son para el pianista.Resulta hipócrita que quienes han puesto al presidente del Gobierno en la picota, con sus insinuaciones de haber favorecido desde el poder los negocios de su cuñado, aseguren que, por supuesto, ellos no acusan de nada, que se limitan a constatar unos hechos de los que derivan ciertas sospechas, y que la investigación aclarará si éstas tenían fundamento o no.

De entrada, es falso que no existan acusaciones. Por supuesto que no es lo mismo una imputación penal que un reproche ético. Pero ese reproche ha sido brutal y directo. La prueba es que cuando han intentado compulsar el efecto de sus insinuaciones sobre la opinión pública (mediante encuestas), lo que han preguntado a la gente ha sido si piensa que el presidente ha favorecido a sus allegados y si considera que se ha enriquecido él mismo desde el cargo. Se le llame prevaricación, nepotismo, abuso de poder o comportamiento poco ético, ése es el reproche que se ha lanzado. No es limpio esconder ahora la mano.

Tratándose de la honra de los políticos, la diferencia entre insinuación y acusación se diluye. Por eso es hipócrita escudarse en que será la propia investigación la que aclarará si la suspicacia estaba. justificada y si de ella se deduce alguna acusación concreta. Una vez echada a rodar, es muy dificil detener la sospecha cuando se refiere a la honradez personal de un político. De ahí que sea exigible que quienes acusen (o insinúen) desde tribunas públicas no lo hagan a la ligera. Ahora bien, al margen de ello hay que asumir que a los gobernantes cabe exigir un comportamiento más escrupuloso que el que normalmente se espera de cualquier ciudadano.

Es posible que la respuesta del Gobierno haya pecado de falta de sobriedad, especialmente por la forzada identificación entre ataques a la persona del presidente y ofensiva contra las instituciones; pero, tal como la cosa se planteó en la práctica, el Gobierno no tenía más remedio que responder, y precisamente en el terreno de la información: por supuesto, respondiendo a las preguntas de los diputados en, el Parlamento, pero también ofreciendo a la opinión pública datos sobre los hechos en que haya intervenido la Administración. Los sarcasmos de Aznar sobre el ri6,m1o que supone ver a un Gobierno polemizando con un periódico resultan, por ello, algo artificiosos. Pero es cierto que esa incómoda posición del Gobierno se ha debido en parte al silencio del propio cuñado de González y de la empresa que le compré) su empresa. Ni comprador ni vendedor de los polémicos Talleres Palomino han abierto la boca hasta ahora.

La oferta, reiterada ayer por el ministro Rubalcaba, de comparecencia de representantes de todas las empresas públicas que han sido relacionadas con el caso es oportuna. Es necesario que el Congreso tenga toda la información disponible. Pero la Constitución también considera la posibilidad de crear comisiones de investigación sobre asuntos «de interés público». Es posible que haya que hacerlo en este caso. Pero ello sería el resultado de la insuficiencia de las explicaciones e informaciones ofrecidas por la vía normal de las preguntas, interpelaciones y comparecencias. Se trata, por tanto, de una posibilidad, no de una obligación. Para que fuera esto último tendrían que existir, si no pruebas en el sentido judicial, sí al menos indicios muy sólidos. En caso contrario, se estaría distorsionando la función del Parlamento, convirtiéndolo en escenario de una moción de censura permanente contra el Gobierno, al margen de los mecanismos constitucionales previstos para ello. Y se estaría estimulando comportamientos irresponsables: acusar a voleo con la coartada de que tal vez la investigación descubra algo.

¿Demostrará el proceso puesto en marcha que, efectivamente, Felipe González dispensó un trato de favor a su cuñado? Hoy por hoy nada permite afirmarlo. Ésa es la conclusión provisional de la investigación realizada por este periódico sobre las distintas operaciones mercantiles que fueron presentadas como indicios acusatorios. Si nuevos datos o una valoración más adecuada de los existentes demostrasen que esa conclusión no es acertada, no dudaríamos en reconocerlo. Por el momento, lo que cabe afirmar es que una gran parte de las acusaciones se basan en informaciones erróneas, cuando no abiertamente falsas.

HACE unos días, Rodríguez Ibarra llevaba la controversia entre el Gobierno y EL MUNDO, a propósito del «caso Palomino», al terreno del enfrentamiento bélico. El presidente extremeño pedía «sangre» y «algún muerto». Inmediatamente, los disciplinados artilleros del régimen se han puesto a cumplir las órdenes emanadas del poder socialista. Probablemente esta es una de las grandes virtudes que ha tenido el «caso Palomino»: que al poner en una situación límite al régimen felipista, sus principales puntales se han quitado la careta y actúan con una imprudencia realmente inaudita.

El primer desatino llevaba la firma de Javier Pradera en EL PAÍS del miércoles. El editorialista e ideólogo del felipismo realizaba un juego esquizofrénico con la historia reciente -Cristales rotos- para establecer que hay una especie de nuevo enfrentamiento entre nazis y judíos, siguiendo una idea dictada días antes por Joaquín Leguina. El presidente madrileño ya otorgaba, curiosamente, el papel de víctimas a los que tienen el poder, mientras que quienes lo critican -y lo padecen- son la Inquisición o los nazis.

Ayer, EL PAÍS daba un paso más, y si días antes Serra era el asesor de Palomino que le aconsejaba querellarse contra EL MUNDO, su órgano periodístico se convertía en paladín del adinerado cuñado del presidente, acudía en su defensa y procedía a lanzar acusaciones de falsedad contra nuestro periódico con una técnica calcada de las notas de Moncloa. En una acción con muy pocos precedentes en la historia del periodismo -aunque no en la de EL PAÍS- dedicaba una doble página al caso, a modo de «contrainvestigación», rebuscando argumentos con los que trata de dar la razón al Ejecutivo y de desmentir a EL MUNDO. No es una sorpresa. Algo así ya lo hizo en su día el lobby de Polanco en defensa de Mariano Rubio, lanzando basura contra Jesús Cacho.

Como en aquella ocasión, EL PAÍS vuelve a cruzar la frontera de la honestidad. Y, como entonces, lo hace sin aportar datos bien aquilatados. Quienes hayan leído esta suerte de cuarta nota del Gobierno y hayan seguido las informaciones y pruebas aportadas por EL MUNDO podrán comprobar que ni se han omitido datos, ni se han interpretado erróneamente, ni se han manipulado. Que es cierto que CAE pagó 310 millones -más 50 de infundado dividendo- por una empresa en quiebra técnica, y que El País no dice la verdad al aducir que «en rigor» no era así, ya que oculta las reservas negativas de Talleres Palomino; que es cierto que Palomino maquilló el balance, y que El País no dice la verdad cuando alega que las discrepancias surgen sólo del nuevo Plan de Contabilidad; que es cierto que Palomino tenía graves problemas de tesorería, y que EL PAÍS no dice la verdad al afirmar que la situación era asumible. De hecho, ni siquiera los cientos de millones inyectados por CAE lograron hacerla viable con el mismo Palomino al frente…

EL MUNDO desmonta en sus páginas 8 y 9 la versión de PRISA. Si, en cualquier caso, a alguien le cabe la duda de por qué EL PAÍS realiza esta jugada -o por qué ha censurado un artículo a Antonio Elorza, que reproducimos en página 10- que repase la larga lista de favores recíprocos con que el Gobierno y PRISA se han regalado en estos 12 años de felipismo.

Afortunadamente para El País, EL MUNDO todavía no ha dedicado a dos de sus mejores periodistas a buscarles las vueltas a las informaciones que publica, muchas de las cuales contienen graves errores. Si de mi depende, esto nunca lo haremos, ya que nuestro compromiso es con nuestros lectores y no con los de El País o cualquier otro periódico. Por lo tanto, cada medio de comunicación debe purgar sus propias culpas, si es que las tiene, con el público, dejando al resto de los medios que carguen con las suyas propias.

La actitud de El País al publicar el pasado viernes dos páginas rebatiendo punto por punto las informaciones de EL MUNDO en relación al «caso Palomino» recuerda en la forma a las notas dadas por el Gobierno o a los comunicados de prensa oficiales. En definitiva, El País pretende colocarse por encima del bien y del mal sentando cátedra y dando la razón a uno de los dos contendientes. En este caso, al Gobierno.

Como Felipe González no ha conseguido convencer con sus explicaciones, El País pone todo el peso de su credibilidad, que es mucho, para avalar la credibilidad perdida del Gobierno.

Desde un punto de vista profesional, la forma en que El País ha abordado el asunto causa sonrojo. No ha habido una aproximación al tema para aclarar qué ha pasado en torno al «caso Palomino», sino que se ha tomado como guía lo publicado por EL MUNDO para desmentirlo.

Es una lástima que tres profesionales a lo cuales respeto de verdad se hayan prestado a ese juego.

Hechos estos comentarios a la información (por llamarla de alguna forma) publicada por EL País hay que entrar en el fondo del asunto.

¿Vendió Palomino su empresa por su valor real? Es cierto que, como dice el refrán, es cosa de necio confundir valor y precio, pero, de lo que se trata aquí es de saber si entre el valor objetivo y el precio pagado hay una diferencia tan sustancial que ni siquiera un necio pueda pagarla, a no ser que haya otras razones para hacerlo.

EL MUNDO ha aportado ya suficientes datos como para avalar el hecho de que Talleres Palomino no valía, ni por asomo, los 360 millones que se embolsó el cuñado de González. Hasta El País reconoce que, tras su ardua investigación, no ha podido determinar si el precio pagado por CAE al cuñado del presidente y su familia por la empresita sevillana «fue justo o no».

Ingrato e infructuoso trabajo que al final no es capaz de demostrar si lo fundamental de lo publicado por EL MUNDO (que no es otra cosa que una empresa pagó más de lo que valía por otra, precisamente porque su dueño era Palomino) es o no cierto.

EL MUNDO ha cometido errores en la información referente a este caso. Y, posiblemente, el mayor de todos haya sido no reconocerlos desde el primer día. Todos cometemos errores y no es precisamente El País quien puede tirar la primera piedra en esto de los errores.

Lo peor de este asunto es que se acusa a las personas que han realizado las informaciones sobre este caso de mentir a sabiendas (sumándose con ello a la tesis del Gobierno) y de manipular la información para engañar al lector.

Decir esto es muy grave porque afecta a la deontología profesional. La única prueba que se aporta es el hecho de que una fotocopia reproducida por EL MUNDO del balance de Talleres Palomino apareció sin la última línea. A este hecho se le achaca una intencionalidad que no tiene y, cuando se quiere justificar el argumento, se cae en el ridículo. Se dice que, para un experto, el no dar la última línea no es importante, pero para un profano este hecho puede llevar a engaño «ante la sola evidencia de una deuda a corto plazo (408 millones), en el total del pasivo y un activo circulante muy inferior (387 millones) en el total del activo». Si los señores que han escrito esto encuentran a un profano que lo entienda rectificaré todo lo dicho hasta ahora.

Siempre he defendido la profesionalidad y no creo que sea bueno para los periodistas que nos enzarzemos en peleas que el público no entiende.

Sin embargo, sí que creo en el debate de las ideas y de los hechos. Cuando desde El País se ataca tan flagrantemente no sólo la capacidad de nuestros periodistas, sino su ética, el asunto debe, al menos, ser confrontando en igualdad de condiciones.

Por esa razón, atendí el viernes la llamada de la Cadena Ser para asistir a un programa el próximo lunes en el que tenía que debatir con Andreu Missé (una de las personas que firmó la información de El País) sobre lo que hay de verdad en el caso Palomino.

Sin embargo, para mi sorpresa, me encontré con que, a última hora, la Cadena Ser decidió suspender el programa ante la negativa de El País a aceptar ese debate.

El método seguido por El País, al igual que el empleado por algunas televisiones públicas, dando sólo la versión de una de las partes es lo más contrario a la ética profesional que yo haya visto nunca.

Ese mal servicio a la profesión no me cabe duda que será pagado con creces por el Gobierno y su partido, cuyo portavoz en el Congreso, Joaquín Almunia, nada más leer El País calificó el «caso Palomino» como «el caso Ramírez».

EL diario «El País» está sufriendo una transformación de su identidad cultural. Nació como un gran diseño que sintonizaba en el fondo, encubriéndola bajo una elegante forma cultural, con la falta de instinto moral y de vocación por la verdad que define a las clases intelectuales engendradas por una larga dictadura, incluso a las de oposición. El final de la brutalidad intelectual del franquismo tenía que dar paso a una de estas posibilidades de civilización editorial:

a) un claro retorno a la naturalidad instintiva en la expresión pública de la sinceridad, es decir, una ruptura moral con lo anterior, que aún no ha sucedido y a lo que «El País» siempre se ha opuesto;

b) una forma de hipocresía social que impusiera, con las buenas maneras, un silencio artificial sobre el pasado para permitir un nuevo reparto del poder, cosa que cumplió a la perfección «El País» como infalible intérprete del consenso;

c) una cínica legitimación, con las libertades cívicas, de la barbarie cultural en que incurren las oligarquías fabricantes de opinión, cuando ven amenazada la continuidad de sus privilegios. Es lo que está ocurriendo ahora. Sin consenso, «El País» no puede mantener la elegancia con la que edificó su prestigio profesional y la hegemonía cultural en la transición.

Las buenas formas, cuando falta el instinto social, que es la fuente genuina de la moralidad, son el último refugio de la sensibilidad privada y del decoro público. Sin el concurso de la moral instintiva y de la racional, sólo la buena educación y el profesionalismo podrían mantener a flote, aún sin demasiada dignidad cultural, un proyecto económico tan vasto como el de Prisa. Pero el nerviosismo del oligopolio editorial, ante el crepúsculo de la era socialista que lo ha parido y amamantado, está haciendo desaparecer de su dirección el menor atisbo de educación y profesionalidad. El caso Elorza, censurado como en los tiempos del franquismo por una crítica ligera al marco que ha enriquecido al cuñado del Presidente, no es una anécdota. Como tampoco lo es la manipulación praderista de los textos sometidos a la desfachatez de su crítica intelectual o literaria. Y la extravagante posición de «El País» ante el caso Palomino no tiene antecedente en la degradación editorial. El temor al supuesto matonismo cultural de los escritores que denuncia, a la par que invoca, un órgano de tanto poder político como «El País» no es, sin embargo, fingido. Cualquier jovenzuelo instruido sabe a partir de ahora que, hablando culturalmente, el ladrido de una mente falaz sin mordacidad no tiene dos bofetadas.

Por primera vez desde su fundación, «El País» se coloca cultural y políticamente a la defensiva. Perdió ya la iniciativa, en la batalla de las ideas, desde que se desacreditó repentinamente la posmodernidad con la caída del muro de Berlín. Y, sin ideas, ha perdido la vergüenza en defensa descarada de un régimen de poder completamente corrompido. «Los cristales rotos» de Pradera y el «cuñadismo» editorial han rebasado los límites del decoro en ese periódico. Cuyo suicidio moral le obliga a vivir de las rentas. Muchos de sus periodistas seguirán haciendo una labor estimable. Pero, aparte de sus razones profesionales, tan respetables como la de cualquier otro puesto de trabajo, deben saber que ya no están en algo que pueda trascender, con novedades culturales, denuncias de corrupción o proyectos informativos, la ambición mercantil y de poder personal de su patrón. Me abstuve antes de criticar «El País», a pesar de su evidente desviación política de la democracia, por respeto a su dignidad profesional. Pero al haberla sacrificado a la pura propaganda del poder, la denuncia de la impostura intelectual de «El País» se convierte en un deber para todo escritor comprometido con la verdad descriptiva de los hechos constitutivos de la oligarquía corrupta que tenemos y con la verdad normativa de la democracia formal que, pudiendo tener, nos falta.