21 mayo 1989
PP y CDS se desmarcan del intento de soborno
El diputado de Izquierda Unida en Madrid, Miguel Ángel Olmos, denuncia que le ofrecieron 100 millones a cambio de votar al PP
Hechos
El 12.05.1989 el diputado de Izquierda Unida en la Asamblea de Madrid, D. Miguel Ángel Olmos, denunció que habían intentado sobornarle.
Lecturas
La moción de censura que PP y CDS preparaban en mayo de 1989 contra el presidente madrileño Joaquín Leguina Herrán parecía inicialmente una sencilla operación aritmética. Entre ambos reunían los diputados necesarios para sustituir al socialista por Alberto Ruiz-Gallardón Jiménez, pero apareció un problema decisivo: Nicolás Piñeiro Cuesta, elegido inicialmente populares, y retirado al Grupo Mixto como diputado tránsfuga tenía intención de abstenerse. Un solo voto podía decidir entonces la Presidencia. Y ahí apareció el sorprendente protagonista de la historia: Miguel Ángel Olmos, diputado integrado en Izquierda Unida.
El empresario y broker Gustavo Durán Romero, relacionado anteriormente con ambientes financieros de AP y colaborador de su antiguo tesorero Ángel Sanchís Perales, comenzó a telefonear insistentemente al domicilio de Olmos hasta conseguir una entrevista. Olmos sospechó lo que podía ocurrir y acudió preparado: grabó la conversación. Durán terminó ofreciéndole 100 millones de pesetas a cambio de votar favorablemente la moción de PP-CDS. Olmos no solamente rechazó el ofrecimiento, sino que el 19 de mayo de 1989 lo denunció ante la Justicia, entregando la grabación que acabaría convirtiéndose en la prueba fundamental del proceso. La cuestión políticamente explosiva era averiguar por cuenta de quién actuaba Durán. Él llegó a presentarse como hombre capaz de conseguir los votos necesarios y aseguró disponer de respaldo del PP; el partido negó haberle encargado semejante operación. Paralelamente, Juan Figueroa, dirigente del PRIM, declaró que Durán también había tanteado la posibilidad de conseguir el voto —o la renuncia al escaño— de Piñeiro y aportó otra conversación grabada en la que Durán vinculaba sus gestiones a dirigentes populares. Una investigación interna del PP descartaría posteriormente que la dirección hubiese ordenado comprar diputados, aunque reconoció iniciativas de personas vinculadas al partido, dejando sin resolver completamente la gran pregunta: ¿actuaba Durán por encargo o era un intermediario que pretendía hacer negocio ofreciendo por su cuenta una solución a la derecha madrileña?
El asunto terminó en los tribunales y proporcionó a Olmos una victoria que tardó casi dos años. Su acusación particular estuvo dirigida por Cristina Almeida Castro, mientras Durán fue defendido por Javier Ruiz. El juicio se celebró ante el Juzgado de lo Penal número 16 de Madrid y la cuestión jurídica era curiosa: determinar cómo castigar el intento de sobornar a un parlamentario cuando Olmos no era técnicamente funcionario, aunque desempeñara evidentemente una función pública. Almeida solicitó seis meses de arresto y una multa de 200 millones; la Fiscalía terminó pidiendo un mes y un día y 100 millones. El 21 de marzo de 1991, la juez Isabel Sifres declaró probado que Durán había intentado corromper a Olmos ofreciéndole los cien millones a cambio de su voto y le condenó por cohecho a un mes y un día de arresto mayor y una multa de 100 millones de pesetas. La sentencia consideró además perfectamente válida la grabación realizada por el propio Olmos: al ser participante en la conversación, grabarla no vulneraba el derecho a la intimidad de Durán. La condena dejaba acreditado judicialmente el intento de compra, pero no demostraba que la dirección del PP o del CDS hubiese ordenado pagar aquel dinero. Y políticamente la operación había resultado inútil: la abstención de Piñeiro hizo fracasar la moción y Leguina continuó presidiendo la Comunidad de Madrid. El episodio quedó así como uno de los casos más pintorescos y graves del transfuguismo y la compraventa de voluntades parlamentarias de aquellos años: faltaba un voto para cambiar un Gobierno y alguien decidió comprobar cuánto podía costar.
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EL ‘SOBORNADOR’
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LA SOMBRA DE ÁNGEL SANCHÍS
23 Mayo 1989
Curados de espanto
EL INTENTO de soborno denunciado por un miembro de la Asamblea de Madrid perteneciente a la coalición de Izquierda Unida (IU) ha venido a completar el desolador panorama político puesto de manifiesto con motivo de las mociones de censura presentadas o anunciadas por el Partido Popular (PP) y el Centro Democrático y Social (CDS). La denuncia presentada por la persona cuyo voto se pretendía supuestamente comprar provocará una investigación judicial. Es imprescindible que esta investigación esclarezca todas las implicaciones, directas o indirectas, derivadas del asunto; la opinión pública, sometida en las últimas semanas a un esperpéntico espectáculo, está curada de espanto y hace bien en no desechar ninguna hipótesis, por extravagante que parezca.Hace cuatro o cinco años, una denuncia similar hubiera sido, de entrada, enérgicamente rechazada por la opinión pública. No porque no pensase que existían personas o entidades privadas dispuestas a cualquier cosa por intereses particulares; pero sí porque se consideraba a los representantes electos incapaces de traspasar ciertos umbrales. En especial, aquellos que tuvieran que ver con la representación popular misma. Y es preciso recordar que una frontera decisiva se atravesó el día en que a alguien se le ocurrió que era posible derribar al Gobierno conservador de Galicia utilizando para ello una parte de los votos conseguidos por el propio partido objeto de la moción de censura destinada a desalojarlo del poder. Otros se habían ido de un partido con el escaño puesto, pero nunca antes había nadie osado utilizar esos escaños para torcer tan escandalosamente el veredicto de las urnas. Abierta la veda, siempre se podrían encontrar después nobles argumentos para justificar operaciones como la captación de los votos de dos concejales centristas en el Ayuntamiento de Madrid o la neutralización de cualquier Piñeiro en la Asamblea regional. Los socialistas no son en absoluto ajenos a lo que está pasando.
Y lo que está pasando es que un grave deterioro de los principios democráticos y de la moral pública se está instalando en la cotidianidad del mundo político. Tanto que se impone la adopción de medidas especiales por parte de los propios partidos antes de que los ciudadanos decidan tomarlas por su cuenta desentendiéndose abiertamente, mediante la abstención, de esos mismos partidos. En el caso concreto de la Comunidad de Madrid, la propuesta de Izquierda Unida de proceder, mediante acuerdo de los grupos correspondientes, a las reformas legales que permitan disolver la Asamblea y convocar nuevas elecciones -al igual que ocurre ya en otras comunidades autónomas- debería ser tomada en consideración. Con más razón a la vista de que, tal como están las cosas, esa institución está condenada al bloqueo permanente en todas aquellas cuestiones para las que se requiera mayoría absoluta.
No cabe, sin embargo, hacer del escándalo puntual norma de comportamiento. Aprovechar estas circunstancias para practicar un permanente deterioro de la democracia es la ganancia de los nostálgicos del pasado en la sociedad de las libertades. Precisamente, una de las ventajas más hermosas de esta sociedad es que permite delimitar claramente las responsabilidades de cada uno y darles justo tratamiento en las urnas y en los juzgados. Lo que antes era imposible hacer.
El Análisis
Olmos, el diputado que no quería nadie y al que todos necesitaban
La gran ironía del caso es que el hombre cuyo voto llegó a valorarse en 100 millones de pesetas era precisamente uno de los diputados más incómodos y solitarios de su propio grupo. Miguel Ángel Olmos había ocupado el número ocho de la candidatura de IU en 1987 como representante de la Federación Progresista de Ramón Tamames Gómez y ni siquiera obtuvo inicialmente el escaño; entró en la Asamblea a comienzos de 1989 al renunciar Manuel Corvo González, hombre próximo a Enrique Curiel Alonso, que había roto con el PCE. Para entonces Tamames había abandonado IU, disuelto su Federación Progresista y terminado en el CDS de Adolfo Suárez, de modo que sus antiguos patrocinados eran contemplados con enorme desconfianza por el aparato comunista de la coalición. IU incluso pidió inicialmente a Olmos que renunciara al escaño para permitir la entrada de la siguiente candidata, militante del PCE; él se negó, permaneció como independiente dentro del grupo. Su denuncia del soborno podía haberle convertido en héroe interno, pero ocurrió prácticamente lo contrario. Olmos reconocería después que nunca se había sentido respaldado por IU y que había sido tratado injustamente; sus compañeros siguieron contemplándolo como un extraño procedente de una organización desaparecida y vinculada al ‘traidor’ Tamames. En 1991 IU lo dejó fuera de las listas autonómicas, decisión de la que, según él, tuvo que enterarse por la prensa; amagó con dimitir y la dirección llegó a ofrecerle una posible Dirección General de Deportes si IU entraba en el Gobierno, pero aquello no recompuso la relación. Meses después estaba ya fuera de la política activa y hasta en el paro, definiéndose gráficamente como una especie de «llanero solitario». Puede discutirse su encaje en IU, su proximidad inicial a Tamames o su disciplina parlamentaria; lo que difícilmente puede discutirse es el hecho esencial: cuando alguien puso delante de aquel diputado marginal cien millones de pesetas por levantar la mano, Olmos prefirió poner una grabadora encima de la mesa y acudir al juzgado. Y acaso ésa sea la parte más amarga del episodio: la Justicia terminó reconociendo su honradez antes de que su propio partido reconociera políticamente a quien la había demostrado.
J. F. Lamata