El diputado de UCD Manuel Díaz-Pines Muñoz abandona el partido y el grupo parlamentario para afiliarse a Alianza Popular

En el último tercio de 1981, difernetes convulsiones en el seno de los partidos – con el affaire de Alonso Puerta en el PSOE; en UCD con la salida de algunos socialdemócratas del ala Ordóñez y ahora del senador Ramallo, y la mía propia, y mi ingreso en AP; y la disidencia en el PCE de Lerchundi, o la anterior baja de Tamames – han venido a poner sobre el tapete algo que exige un cierto análisis: la inserción de la iniciativa política personal en la conjunta acción del partido, en el marco de un programa ideológico-electoral y con el necesario respeto a unos electores que con su voto otorgaron  a parlamentarios y ediles su representación popular.

El diario ABC publicó el interesante editorial ‘Trasvases parlamentarios’, cuyo núcleo era doble: el sistema electoral y el tipo de mandato parlamentario. Dejando a un lado el caso municipal, hay que plantearse en el ámbito parlamentario la siempre actual y paradójica opción entre mandato representativo o mandato imperativo. Para superar las simples intuiciones y las opiniones trazadas ‘a sentimiento’ es necesario acudir a la Constitución vigente, que opta por el primero de aquellos sistemas al negar en su artículo 67.2 el imperativo: «Los miembros de las Cortes Generales no estarán ligados por mandato imperativo». Sin embargo esta clara elección de nuestra Carta Magna se ve negativamente condicionada por el actual sistema electoral de listas cerradas y por la dinámica aparatista de los propios partidos políticos.

El profesor Rubio Llorente (miembro del Tribunal Constitucional) abunda en la cuestión: «subordinar la iniciativa del Diputado individual a la del grupo en el que se integra y, sobre todo, la certidumbre de que fuera del partido no hay esperanzas de reelección, garantizan la lealtad de los diputados a sus jefes políticos. Y nada vale contrra eso que la Constitución afirme el principio de que los diputados sólo deben obedecer a su conciencia».

Un lector de ABC escribió en apoyo del editorial citado, a la vez que echaba en falta otro que reflejase la segunda parte de su carta: «Pero existe un fraude más dañoso para la democracia. Lo comete el partido que, al llegar al Gobierno o mediante su actuación en las Cortes, procede en forma contraria a la que prometió su propaganda electoral. A más de representar un fraude a sus electores, el engaño sirve para desprestigiar nuestras instituciones, demostrando que la democracia ‘a la española’ no tiene nada que ver con la voluntad popular’. Sin suscribir este último y duro juicio, porque estimo que la democracia se refuerza con la clarificación y la coherencia, diferente de la contumacia numantina de algunos líderes, pienso que se da aquella condición necesaria que señalaba Recoder, el alejamiento de UCD de su electorado, y de una manera tan clara como demuestran las cercanas elecciones gallegas, salvo que se pretenda la pirueta dialéctica de analizarlas como un abandono de ese electorado a UCD.

Ese respeto al programa electoral y a los votantes constituye la regla áurea del sistema democrático. Esa apreciación, con todo el margen de error personal que se quiera, nuestra Constitución lo deja en último término al personal juicio del parlamentario de acuerdo con su conciencia. Si, además, se sigue manteniendo la coherencia con los mismos principios ofrecidos al electorado la iniciativa puede ser tan peligrosa para los aparatos y las nomenklaturas como saludable para el sistema democrático del tipo representativo que formalmente consagra nuestra Constitución. La única salida que se deja a los ‘críticos’ leales es el giro desde la ficción democrática de algún partido hacia la coherencia de las ideas de otro.

Además, la coherencia o no la ratificarán los votos de próximas elecciones.

Manuel Díaz-Pines Muñoz

LA CRISIS interna de UCD tiene quizá una interpretación en términos de ambiciones y venganzas personales. Sin embargo, es necesario superar ese nivel de chismografía política para tratar de buscar las líneas significativas de esa lucha por el poder que tiene como escenario simulado el partido centrista, y como ámbito real, el control del Gobierno, del comité electoral para los próximos comicios y de la política de alianzas de UCD.En esta batalla, Leopoldo Calvo Sotelo ocupa un lugar equívoco. Con independencia de las virtudes que le atribuyen, -con mayor o menor sinceridad y acierto- sus cortejantes, su cualidad más valorada es su actual condición de presidente del Gobierno. Al igual que en los tiempos del presidente Adolfo Suárez, cuando muchos de los moderados y críticos de hoy practicaban cotidianos ejercicios de adulación, Calvo Sotelo se ha convertido ahora en el destinatario de esos mensajes.

Hay suficientes datos para creer que Suárez llegó a tomar como homenajes sinceros a su persona lo que no eran sino tributos a su posición al frente del poder ejecutivo. El linchamiento moral del que está siendo objeto desde su todavía inexplicada dimisión como presidente del Gobierno demuestra cómo los abrazos pueden transformarse en estrangulamientos. Sería lamentable que Leopoldo Calvo Sotelo cayera también en la misma trampa.

Pero en las vidas paralelas suele haber también situaciones discordantes Adolfo Suárez trató de luchar como gobernante en dos frentes: contra la alternativa del PSOE y contra los sectores más derechistas de UCD. El anterior presidente del Gobierno quedó aprisionado, en esa batalla, entre la ofensiva socialista, materializada en la moción de censura, y las emboscadas de sus correligionarios. La plataforma moderada, cristalizada en el congreso de Palma, se ha configurado luego como una opción sólida y en favor de la gran derecha, y en contra de la intermediación de los conflictos ideológicos y políticos a través del centro.

Los llamados moderados parecen proponerse dividir a la sociedad española en dos grandes bloques, unir los destinos electorales del partido del Gobierno -o de sus restos- con Alianza Popular y laminar las opciones centristas si no se reservan a un pequeño partido bisagra. La opción de la gran derecha, a corto o medio plazo hegemonizada por Fraga, es así, hoy, una de las muchas posibles. Pero no, como algunos pretenden, ni la única vía ni la mejor para el mantenimiento de la Monarquía parlamentaria.

Los líderes y cuadros de UCD favorables al proyecto de mantener al partido del Gobierno en un espacio electoral de derecha civilizada y no reaccionaria -esa derecha que ellos llaman centro- ganaron las elecciones a compromisarios del Y Congreso de UCD, impusieron en Palma su mayoría, triunfaron en las renovaciones -votadas durante el pasado mes de junio y quizá volverían a ser mayoritarios si se convocara un congreso extraordinario. Su posición es más débil en el grupo parlamentario de UCD, cuyos miembros, sin embargo, entraron al Congreso gracias a las listas bloqueadas y cerradas que amparó la efigie de Suárez en marzo de 1979. Los hombres y mujeres de UCD opuestos a la estrategia de la gran derecha dominan -al menos en principio y en teoría- los órganos decisorios y deliberantes del partido, mientrasque sus adversarios se atrincheran en el grupo parlamentario. Los moderados saben que la única forma de ganar la partida es lograr que el presidente del Gobierno se ponga incondicionalmente de su lado, desembarque en UCD y desaloje de sus actuales posiciones a los mayoritarios del congreso de Palma.

El misterio de la insistencia en que Agustín Rodríguez Sahagún presente su dimisión -a lo Castedo- como presidente de UCD, y Leopoldo Calvo Sotelo ocupe su puesto, es que ese cargo, en teoría desvalorizado, capacita a su titular para controlar la Comisión Nacional Electoral, de la que dependerán las listas -bloqueadas y cerradas- centristas para los próximos comicios. El doblete de ambas presidencias permitiría, además, contrarrestar a quienes se resisten a la política de alianzas con Fraga y la gran derecha. Si bien los políticos tienen mala memoria, resulta imposible olvidar que fueron precisamente los actuales abogados de fusionar en Leopoldo Calvo Sotelo los dos cargos supremos quienes más empeño pusieron, hace menos de un año, en desvincular la Presidencia del Gobierno de la presidencia de UCD, cuando Suárez reunía ambos cargos. El fervor unitario de ahora de los antisuaristas contrasta con las pasadas exhortaciones a la democracia interna, a la crítica al, desdoblamiento de los cargos y al control del Gobierno por el partido cuando Suárez ocupaba la jefatura del poder ejecutivo y de UCD. No es seguro que los estrategas ucedistas de la gran derecha consigan la victoria. Pero lo que va a misa es que han ofrecido, a lo largo del último año, y especialmente a partir del 23 de febrero, una impresionante lección de falta de respeto a toda norma de ética política.