El etarra Joseba Asensio Artaraz «Kirruli» muere en prisión y el entorno de batasuna le considera una «víctima» del Estado

DOS DÍAS después del fallecimiento en la prisión de Herrera de la Mancha del miembro de ETA Joseba Asensio, en condiciones que hacen razonable la sospecha de negligencia por parte de las autoridades penitenciarias, la actuación, el martes por la noche, de la policía, tendente a impedir la presencia del féretro que contenía los restos del etarra en un acto organizado por Herri Batasuna en Bilbao, ha sido no sólo brutal, sino también estúpida.La ilegalidad del acto programado por la coalición abertzale no justifica la pretensión de la fuerza pública de llevarse el féretro, a golpes y en contra de los deseos de los familiares de Joseba Asensio, directamente al cementerio. El simple respeto al dolor ajeno exigía otro comportamiento. Tambien lo exigían la prudencia política y el sentido común, que demandan hoy la dimisión o la destitución del gobernador y la censura sin paliativos de esta nueva actuación de un Ministerio del Interior caracterizado no por la ternura que inspira su titular -contra lo que él supone-, sino por la preocupación que suscita su torpeza.

No discutimos la ilegalidad del acto preparado por Herri Batasuna, por más que sus representantes aseguren que contaban con la autorización de la Junta Electoral de zona. El artículo 54 de la Norma Básica de Régimen Electoral atribuye a las juntas electorales provinciales la competencia para autorizar «la celebración de actos públicos de la campaña electoral». Pero sólo una abusiva interpretación del concepto de acto electoral permitiría incluir en él al organizado el martes en Bilbao. Por lo demás, esa misma norma establece que «en todo caso, se mantienen las atribuciones de la autoridad gubernativa respecto al orden público, y con ese fin, las juntas electorales deberán informar a la indicada autoridad de las reuniones cuya convocatoria les haya sido comunicada». El Gobierno Civil de Vizcaya insiste en que se trataba de un acto ilegal por cuanto, informado por la junta electoral provincial de la pretensión de Herri Batasuna, y considerando previsible que se produjera «alteración de la paz ciudadana, como posteriormente los hechos sucedidos vinieron a corroborar», decidió no autorizarlo. Efectivamente, era previsible que la consecuencia de pretender zanjar la cuestion mediante el secuestro a la brava del cadáver produjera «alteración» tanto de los nervios como de «la paz ciudadana».

El problema reside, sin embargo, en saber si no fue precisamente la absurda decisión inicial del Gobierno Civil la que originó lo sucedido después: el envío de reftierzos al lugar de los hechos, el acosamiento a los inspectores por los asistentes, los disparos con fuego real por parte de los acosados y las cargas indiscriminadas por parte de la fuerza pública, con el balance de cerca de 50 personas heridas. Existe suficiente experiencia acumulada en el País Vasco como para saber que esa secuencia de acontecimientos era perfectamente previsible. Obligación de los responsables políticos era haberla tenido en cuenta antes de que los hechos convirtieran en tautología la argumentación del gobernador.

Esa misma experiencia hubiera aconsejado responsabilizar a la policía autónomica vasca, y no a la policía nacional, de garantizar el respeto del orden público y la legalidad en el curso del acto programado por Herri Batasuna. Si existe algún obstáculo legal a esa imbricación de la Ertzantza en situaciones como la del martes en Bilbao, ha de ser removido cuanto antes. Los ciudadanos, que pagan los impuestos con que se financian los cuerpos de seguridad y los sueldos de los cargos públicos, tienen derecho a exigir que los gobernantes resuelvan los problemas y no se dediquen a empeorarlos, como en este caso. La policía vasca surgió, hace ya un lustro, para evitar que se produjeran situaciones como esta que comentarnos.

En su reciente sentencia sobre la inscripción de Herri Batasuna en el registro de partidos políticos, que suponía la legalización de dicho grupo, los magistrados hacían constar expresamente que tal legalización implicaba la obligación por parte del nuevo partido de desarrollar su actividad «dentro de los límites lícitos estatutarios» y de respetar la ley, advirtiendo que, en caso contrario, podría incurrir «en causa de disolución». A Herri Batasuna no cabe exigirle que renuncie a su ideología, pero sí que la defienda por medios pacíficos y en el respeto a la legalidad democrática. Ésa, y no la conducta elegida por el Gobierno Civil de Vizcaya, debiera haber sido la actitud adoptada el pasado martes.

Pobre juez, después de nueve días sales con ésto. Has superado ampliamente la ideología del Plan ZEN, constituyendo tu sentencia una auténtica apología de la negligencia médica.
“Ni existen pruebas, ni existirán”, “La tuberculosis se ve, pero no se oye”,… son frases que pertenecen al mismo contexto.
Has pasado a engrosar la lista de guardias civiles y policías que disparan a quemarropa y son condecorados. Como Nuria de Castro, que de Herrera de la Mancha fue destinada a Alcalá-Meco, tú también ya estás más cerca de Madrid.
Tú no has mentido como los catedráticos de la defensa, que afirmaron que Joseba Asensio no padecía de ningún proceso respiratorio previo, que consideraron no patológico la existencia del pulmón izquierdo reducido a más de la mitad de su tamaño normal, según corrobora el informe de la autopsia.
Tú has hecho peor, has rematado a Joseba y pretendes hacer lo mismo con el resto de presos de Herrera, al afirmar que cada uno de ellos se encuentra veinte veces mejor atendido que cualquier ciudadano de la calle.
Cuando encontraron a Joseba en su celda y llamaron urgentemente al médico, éste tardó 95 minutos en llegar a la prisión, como consta en el sumario. Y no fue Nuria de Castro la que se presentó, no estaba, sino el médico de régimen abierto, al que tuvo que ir a buscar a su casa la Guardia Civil, como también consta en el sumario. Y en tu veredicto, a ésto no le llamas negligencia sino diligencia.
Pero sabes, con seguridad, que la tuberculosis de Asensio “se veía y se oía”. ¿Cuántos jóvenes fallecen en un medio rural, ene l que el médico también dispone “únicamente” de un fonendoscopio? ¿Qué es lo primero que haría ese médico si acudiese a su consulta una persona de 27 años con antecedentes de una pleuritis y tratado seis años antes, con procesos gripales de repetición acompañados de tos y expectoración abundante, y que cada día se encuentra más cansado? ¿Le enviaría al centro hospitalario más próximo para hacerle un estudio clínico o no? Nuria de Castro no hizo nada de eso, por ello Joseba murió, y tú lo sentencias como atención médica privilegiada.
Podrías hacer una prueba, juez. Podrías acudir a la consulta de esa funcionaria, de Nuria, relatarle los mismos síntomas que refería Joseba, y verías cómo le faltaba tiempo para enviarte a hacer unas radiografías.
Decía Lord Byron que en la sociedad sólo hay un status social más bajo que el de prisionero: el del carcelero.
Desde ahora, tú también te encuentras ahí.

La eliminación a tiros del Guardia Civil merece en estos días tanta intensidad de recuerdo, por lo menos, como el fallecimiento de Joseba Asensio, si es que verdaderamente éste no recibió las atenciones médicas debidas durante su internamiento en la prisión de Herrera de la Mancha. En el caso del Guardia Civil es preciso, además, tener en cuenta que no estaba inicialmente destinado a ser la única víctima de una acción etarra, sino que, inmediatamente después de su cobarde asesinato, un coche-bomba hizo explosión al paso de un Land-Rover de la Benemérita por la localidad de Hernani, sin que de milagro hubiera un notable número de víctimas.

Estamos, pues, ante la clásica estampa de violencia y muerte que suele rodear a los grandes o importantes acontecimientos políticos. Y en este caso no cabe invocar tan sólo la proximidad de unas elecciones generales, sino además el pretendido avance en las conversaciones PNV-Herri Batasuna para la consecución de la paz en el País Vasco. Ha bastado que a esas conversaciones se les haya atribuido cierto fruto positivo para que inmediatamente la ETA, pese a su ramificación política en Herri Batasuna, haya vuelto a disparar en Herri Batasuna, haya atribuido cierto fruto positivo para que inmediatamente la ETA, pese a su ramificación política en Herri Batasuna, haya vuelto a disparar contra la Guardia Civil e intentado repetir el criminal episodio del coche-bomba en la calle de Juan Bravo de Madrid.

En este contexto, los incidentes registrados durante el entierro de Joseba Asensio en Bilbao, han resultado simplemente el añadido que la situación precisaba para agravar sus perfiles. No es la primera vez, ni desgraciadamente la última que los simpatizantes de ETA – ahora con Herri Batasuna legalizada por el Tribunal Supremo – intentan rentabilizar políticamente la muerte de uno de los suyos. Organizar un mitin en torno a un cadáver es probablemente, en plena campaña electoral, uno de los episodios más significativos de esa macabra costumbre que se llama instrumentalización política de la muerte. Una instrumentalización que tiene largas raíces en la vida política española y que, en el caso que nos ocupa, ha servido para abolir de entrada el recuerdo que también merecía el Guardia Civil asesinado en Mondagrón, con pastoral condenatoria incluida del obispo de San Sebastián, monseñor Setién.

Ahora, con un ambiente electrizado por el odio, no está de más que las autoridades extremen las medidas de seguridad en estos días.

Ahora, con un ambiente electrizado por el odio, no está de más que las autoridades extremen las medidas de seguridad en estos días.

Lorenzo Contreras