16 mayo 1986

La acusación en el juicio fue realizada por el Fiscal Jefe de la Audiencia Nacional, Eduardo Fungairiño

El ‘Comando Madrid’ de ETA fracasa al intentar asesinar al presidente del Tribunal Supremo Antonio Hernández Gil

Hechos

El 8 de Mayo de 1986 se produjo un atentado terrorista con granadas contra el coche del magistrado Antonio Hernández Gil

Lecturas

El 8 de Mayo de 1986 se produjo un atentado terrorista con granadas contra el coche del magistrado Antonio Hernández Gil, presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), ex presidente de Las Cortes cuando el vehículo estaba parado en un semáforo en rojo. El magistrado logró salir ileso gracias a su chofer que, por precaución, siempre aparcaba el coche adelantado en los cruces de semáforo, con lo que las granadas alcanzaron la parte trasera del coche. “He tenido la suerte, gracias a Dios, de salvarme” fueron las únicas palabras que comentó el magistrado aquel día.

LOS ASESINOS:

tigresa_potros El asesinato del Sr. Hernández Gil fue ordenado por Santiago Arrospide ‘Santi Potros’, del Comité Ejecutivo de ETA, que fue juzgado por aquellos hechos en 2004 junto a la asesina del ‘Comando Madrid’, Idoia López Riaño.

CONDENADOS A INSTANCIAS DEL FISCAL FUNGAIRIÑO:

fiscal_fungairino D. Eduardo Fungairiño ejerció de fiscal en el juicio por el intento de asesinato del Sr. Hernández Gil. Durante el juicio el fiscal Fungairiño tuvo que soportar las burlas de los acusados («No voy a declarar nada para que nos saquen en la BBC, dijo Idoia López Riaño al Sr. Fungairiño en alusión a la conocida pasión del fiscal por los documentales de la BBC). El Sr. Fungairiño logró que fueran condenados a 66 años de prisión.

Por su parte, el jefe del ‘Comando Madrid’, Iñaki de Juana, ya había sido condenado a 91 años de cárcel por aquel crimen.

09 Mayo 1986

Un nuevo golpe

EL PAÍS (Director: Juan Luis Cebrián)

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Únicamente el azar evitó ayer la muerte en atentado del presidente del Consejo del Poder Judicial, Antonio Hernández Gil, cuyo vehículo oficial fue alcanzado por unas granadas lanzadas, en pleno centro de Madrid, desde otro vehículo. La mano criminal de ETA está probablemente detrás de este nuevo atentado, como lo estuvo detrás del, que hace dos semanas segó la vida de cinco guardias civiles o del que hace siete días acabó con la de un jubilado en San Sebastián, víctima de un «dramático error», según cínicamente se excusa la organización terrorista.En el escrito en que da cuenta de tal error, ETA se permite añadir el sarcasmo al crimen, y aprovecha la ocasión para jalear su reconocida honestidad y para negar al «conjunto de fuerzas reformistas» -es decir, todas excepto las que apoyan sus planteamientos violentos el derecho a censurar sus acciones en general y sus erroresen particular, bajo el argumento de que esas fuerzas son «las responsables de que estos sucesos ocurran». Ya en febrero pasado, esta misma pandilla de bandoleros, al reivindicar un atentado en el que resultó herida una niña de nueve años, responsabilizó del hecho al padre de la pequeña, policía nacional, culpable, según ETA, de llevar a su hija al colegio por la mañana.

Hace mucho tiempo que resulta ejercicio inútil tratar de vislumbrar cualquier atisbo de racionalidad tras la permanente huida hacia adelante de ETA. Cualquiera que no sea la pura desestabilización, la provocación a las instituciones democráticas, el salvajismo de quienes no saben hacer otra cosa en la vida que disparar. Y también ha dejado de sorprender el doble lenguaje de quienes amparan con su actividad política el bandidaje mafioso de los terroristas. El mismo portavoz de Herri Batasuna que aseguró el, pasado día 25 que el asesinato de cinco guardias civiles en Madrid no tenía por qué «interferir la dinámica negociadora ahora abierta» -en referencia a las conversaciones entre la coalición abertzale y el PNV- pasó a considerar días después que la detención en Francia del dirigente de ETA. Txomin Iturbe interfería «gravernente esa dinárnica» porque «contribuye a encrespar los ánimos en un momento en que se buscan vías de diálogo». ¿Qué, opinarán ahora cuando el atentado que ha pretendido la muerte de otro ser humano se dirige a una persona que simboliza a una institución del Estado de derecho y que ejerce su cargo por delegación democrática?

La elección de Hernández Gil como objetivo no deja de llamar la atención. Este magistrado es todo un emblema de la transición democrática de este país, goza del máximo prestigio intelectual y académico y representa a las corrientes de la judicatura no afincadas en el corporativismo ni entrañadas con los sectores corruptos de la Administración de justicia. Por lo demás, la sofisticación del método empleado en el atentado -y en otros sucesos recientes- pone de relieve que los terroristas cuentan en Madrid con técnicos en explosivos y espicialistas no comunes. Y la ineficacia policial para la detección de los mismos comienza a clamor al cielo. Por supuesto que, por su propia naturaleza, el terrorismo es de difícil desarticulación, pero, en cualquier, caso, ha llovido bastante desde que el llamado comando Madridcomenzara a actuar en nuestra capital, y no puede decirse que las investigaciones sobre el mismo hayan aportado ningún resultado.