El ex dictador de Argentina, Jorge Rafael Videla, encarcelado por la acusación de haber permitido el ‘robo de bebés’ durante la dictadura

El ex general argentino Jorge Videla ha vuelto a la cárcel. A sus 72 años se las tiene que ver de nuevo con su tenebroso pasado. Esta vez, por el caso de cinco niños de padres desaparecidos de los que se falsearon sus actas de nacimiento para entregarlos a otras familias. Sentenciado en su día por asesinatos, torturas y secuestros, el presidente de la primera Junta Militar argentina tras el golpe de 1976 nunca se arrepintió de sus actos. Ni siquiera tras el indulto con el que Menem le sacó de la cárcel en 1990, después de haber cumplido seis años de la condena impuesta por el tribunal que juzgó a los integrantes de las juntas militares. Menem intentó pacificar el país en la estela de las leyes de punto final y de obediencia debida, después de varias asonadas, y enterrar los años oscuros. Videla se sentía a salvo. Pero el pasado acaba regresando.El juez federal Roberto Marquevich, que ordenó el martes por sorpresa la detención de Videla, considera que no ha prescrito el crimen de lesa humanidad que imputa a Videla, y que podría llevar a procesar a otros antiguos jefes militares, incluido el ex almirante Massera. De hecho, las citadas leyes de punto final excluyeron el perdón de los delitos cometidos contra menores. Por paradójico que pueda parecer, han prescrito los asesinatos de los padres -entre 10.000 y 30.000, según las diversas estimaciones-, pero no el secuestro de sus hijos. Aunque se trate en este caso de un hecho ocurrido en 1975, antes del golpe militar, cuando Videla era comandante en jefe del Ejército de Tierra.

Hay decenas de otras causas similares abiertas cuya llama mantienen viva las Abuelas de la Plaza de Mayo. Los niños de entonces, hoy adultos, han debido descubrir con horror no sólo que los que creían sus padres no lo eran, sino que éstos habían colaborado en no pocos casos en el asesinato de sus auténticos progenitores.

La detención de Videla ha vuelto a poner en primer plano el destino de esos niños, que en alguna ocasión nacían clandestinamente en el siniestro hospital y centro de detención de Campo de Mayo, donde eran arrebatados a sus madres -que engrosaban luego la lista de desaparecidos- y entregados a otras familias falsificando sus partidas de nacimiento. En el centro de la causa que afecta a Videla se encuentran el ex comandante Bianco y su mujer, que inscribió a los recién nacidos como hijos propios. Fueron detenidos y entregados a la justicia argentina en los últimos meses, tras haber huido a Paraguay.

Cualquiera que sea la evolución judicial de este caso para Videla y otros posibles encausados, Argentina ha vivido en el espejismo, en el que han caído también otros países, de creer que se puede borrar la memoria histórica por ley. Los países, naturalmente, siguen rutas propias en sus procesos de transición a la democracia, y no se trata de dar lecciones a nadie. Pero si se quiere ajustar la sanción penal a la sanción moral, la palabra la tiene la justicia, que ha encontrado un resquicio para combatir una tremenda injusticia histórica. Tras la detención de Videla ha habido un dato tranquilizador que refleja el cambio de Argentina: no se ha oído ruido de sables. ¡Enhorabuena! Por lo uno, y por lo otro

LA DECISIÓN del juez Roberto Marquevich de procesar y mantener en prisión preventiva al ex dictador Jorge Videla por el secuestro de cinco menores nacidos en cautiverio durante la infame dictadura que encabezó puede constituir una prueba de fuego sobre la madurez de las instituciones argentinas. La brecha abierta por el juez -para unos un inconformista, para otros, como las Madres de la Plaza de Mayo, un instrumento utilizado por el presidente Menem en una campaña de imagen internacional- tiene dos trayectorias. La más corta e inmediata es su pulso con el tribunal de apelación que debe confirmar o no la prisión de Videla, huérfano a sus 73 años de la arrogancia de la que hizo gala en el pasado. La de mayor alcance, su repercusión entre los militares argentinos, una gran familia que no ha ocultado su profundo malestar desde la espectacular detención de Videla, el 9 de junio.Los tiempos no son los que eran, y los procedimientos han variado en consonancia, pero Marquevich ha recibido anónimos del talante de «cuadros del glorioso Ejército han decidido hacer justicia por mano propia y lo condenan a muerte a partir de este momento». La ansiedad de los uniformados deriva no sólo de la negativa del juez a permitir que Videla permanezca recluido en la burbuja protectora de una unidad castrense, sino de la posibilidad, mucho más sustantiva, de que en la estela del que fuera todopoderoso jefe del Ejército y artífice del golpe de marzo de 1976, oficiales en activo sean llamados a declarar en causas relativas a otros niños nacidos en cautividad y secuestrados por los militares argentinos entre 1976 y 1983. Unos niños que ahora son adultos y deben enfrentarse al fogonazo de conocer su origen o enterarse de que aquellos a quienes llaman padres fueron en realidad los verdugos de sus progenitores verdaderos.

Procesando al ex general Videla, el juez federal Marquevich pone el dedo en las llagas de un país azotado por una de las dictaduras más sangrientas del continente americano. Juzgado y condenado en 1985 a cadena perpetua por asesinatos, torturas, secuestros y robos, Jorge Rafael Videla fue amnistiado como otros jefes de las juntas militares por el presidente Carlos Menem en 1990. El 70% de los argentinos rechazó entonces aquella medida, que se producía tras las leyes de «obediencia debida» y «punto final» promulgadas en 1987 por su antecesor, Raúl Alfonsín. Videla permaneció cinco años, los más violentos y represivos, al frente de un poder sanguinario que hizo desaparecer a más de 30.000 personas, según organizaciones de derechos humanos.

Las Abuelas de la Plaza de Mayo han denunciado la desaparición de más de 230 niños nacidos en los centros clandestinos de detención. Sólo el 25% de esas acusaciones ha sido aclarado hasta ahora. En Argentina surgen a diario nuevos testimonios y documentos que demuestran la amplitud y el carácter sistemático de los crímenes de la dictadura. Incluido el robo de niños, un delito de lesa humanidad y, por tanto, imprescriptible. El proceso a Videla amenaza también a otros oficiales que se creían a salvo.