El ex Presidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, encarcelado por el juez Elpidio José Silva por concesiones de créditos irregularidades

La decisión del juez Elpidio José Silva de dictar prisión provisional eludible —eludida desde ayer por la tarde— bajo fianza de 2,5 millones contra Miguel Blesa, expresidente de Caja Madrid, no desentona de la práctica procesal común, pero incluye elementos que mueven a la reflexión.

El juez tiene capacidad para decidir el encarcelamiento si el delito investigado puede dar lugar a penas de cárcel superiores a los dos años o si aprecia riesgos de fuga o destrucción de pruebas. En este caso, el juez ha encontrado indicios de los que se desprende bien administración desleal o bien apropiación indebida y falsedad de documento público en la compra, por parte de Caja Madrid, del City Nacional Bank de Florida.

Está en juicio la pésima gestión de una de las primeras entidades financieras españolas, gestión en la que se mezclaron estrategias incompetentes con la intervención permanente de las autoridades de la Comunidad de Madrid, consejeros colocados a dedo que no leían las auditorías con empresarios y sindicalistas percibiendo retribuciones por tareas para las que no estaban cualificados. Pero la cuestión principal es si la investigación de la compra del CNB de Florida conducirá a demostrar causas y responsables de esa quiebra o si se acabará dando por buena la idea de que las pérdidas de la caja por la adquisición (unos 500 millones) son solo el resultado de un precio estratégico erróneo, pero no doloso. Porque otras entidades bancarias y empresas han adquirido activos a precios muy superiores a los de mercado con el fin de obtener ventajas de futuro (cuotas de mercado, dominio regional), y sus expectativas se han frustrado a posteriori, después de una crisis financiera que no se supo anticipar. También estas entidades han tenido que arrostrar enormes pérdidas.

El juez sigue los protocolos de evitar la fuga, atar al imputado al proceso mediante una fianza elevada y evitar la destrucción de pruebas. El instructor debe evitar en lo posible los adjetivos; el auto, sin embargo, abunda en ellos, lo cual puede dar motivo a recusaciones. Califica de “aberrante” que Caja Madrid adquiriera el banco de Florida en pleno tsunami financiero y se explaya irónicamente en torno a la “tormenta perfecta” que hizo zozobrar la caja; no fue el clima, dice el juez, sino el proceder de su presidente y la falta de controles adecuados de riesgos; pero no se citan indicios de desvío de fondos o de cobro de comisiones ilegales.

Es deseable que la crisis de Caja Madrid, que le ha costado de forma directa o indirecta más de 40.000 millones a los ciudadanos, no pase inadvertida e impune. Para ello, es crucial que la compra del banco norteamericano o del crédito a Díaz Ferrán se investiguen exhaustivamente, exigencia que quizá no sea compatible con la rapidez; y que el proceso de fusión de Caja Madrid o su salida a Bolsa también se analicen judicialmente con toda la atención que se merecen.

En pleno debate judicial sobre las preferentes de Bankia y sobre la generalización de acciones penales contra directivos de entidades bancarias investigadas, un juez de instrucción de Madrid ha dictado la que, hasta el momento, es la decisión más impactante de todas: el ingreso en prisión provisional de Miguel Blesa, expresidente de Caja Madrid, que podrá eludir si deposita una fianza de 2,5 millones de euros. La drástica medida cautelar se basa en los riesgos de fuga y de destrucción de pruebas que presenta Blesa, imputado por las irregularidades en la desastrosa compra del City National Bank, de Florida, en 2008; y por las pérdidas causadas por los créditos fallidos que concedió a Gerardo Díaz Ferrán, expresidente de la CEOE y del Grupo Marsans. La decisión de encarcelar a Blesa, que anoche ingresó en la prisión de Soto del Real, contará con el visto bueno de la opinión pública, muy necesitada de resoluciones judiciales que causen efectos ejemplarizantes inmediatos. Sin embargo, entre la impunidad absoluta y el exceso justiciero hay un término medio que los jueces deben garantizar aun a riesgo de recibir las críticas ciudadanas. Lo fundamental es depurar responsabilidades y esto sólo se hace en el juicio oral, al que se llega cuando los jueces han investigado. Es más eficaz para la causa de la justicia y el interés general que la investigación iniciada por el Juzgado de Madrid se tramite con diligencia, no se atasque en una instrucción exhaustiva e interminable, se decante en las imputaciones que sean precisas y dé paso al juicio oral para imponer o eximir las responsabilidades penales y civiles que sean pertinentes.

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Ahora bien, la prisión provisional de Blesa es el destello más llamativo de un inevitable proceso de judicialización de la gestión del sector bancario público en España, impulsado por la indecencia con que se han manejado los fondos de inversores y cuentacorrentistas y la constatación de que se han cometido flagrantes ilegalidades. Y todo esto lleva a preguntarse cuándo se investigará la actuación del Banco de España en la etapa de Rodríguez Zapatero.

MIGUEL BLESA, ex presidente de Caja Madrid, ingresó ayer en la cárcel de Soto del Real después de que el juez dictara auto de prisión por la compra del banco City National de Florida. Le atribuye delitos societario, de apropiación indebida y de falsedad documental en esa operación –de la que informó en exclusiva este periódico en diciembre de 2012–, por la que el Banco de España considera que pagó un sobreprecio de 450 millones de euros. Blesa, imputado también por créditos concedidos a Díaz Ferrán, es el primer banquero contra el que se dicta auto de prisión desde Mario Conde en 1994. Podrá salir de la cárcel si deposita una fianza de 2,5 millones de euros, una cantidad prudente si tenemos en cuenta que el juez decidió el ingreso en contra del criterio del fiscal.