El ex presidente de Perú, Alberto Fujimori, encarcelado por corrupción en Lima después de ser extraditado desde Chile

El ex presidente peruano Alberto Fujimori (1990-2000) está desde ayer en una prisión de Lima. Tras 22 meses de cómoda espera bajo arresto domiciliario en Santiago de Chile, la justicia chilena concedió el viernes la extradición a Perú

entregándolo de inmediato. Fujimori se ahorrará unos cuantos cargos, puesto que sólo se le podrá juzgar por aquellos por los que Santiago ha concedido la extradición, que son por responsabilidad en sendas matanzas perpetradas por escuadrones de la muerte y otros por corrupción. Por estos últimos podría sufrir una condena de 10 años, pero por las muertes, hasta 20 años. Y a sus 69 cumplidos, Fujimori no necesariamente iría a prisión, puesto que la justicia peruana admite que a partir de los 70 años los condenados cumplan la pena en su domicilio.

Y aquí es donde la política con minúscula puede pesar en favor del ex jefe del Estado, porque el APRA del presidente Alan García no tiene mayoría en la Cámara y necesita los 13 escaños del partido fujimorista, que dirige su hija Keiko Sofía. Así es como la táctica dilatoria de los defensores para que no haya sentencia antes de que Fujimori cumpla esa edad clave de los 70 años puede hallar algún eco en el Ejecutivo.

El ex presidente, que se había jactado desde su exilio en Japón, su país de origen, de que volvería a Perú, probaría su inocencia y alcanzaría de nuevo el poder, tiene hoy un porvenir mucho más negro. Si la justicia puede probar su implicación en los crímenes de los escuadrones, por lo que también se halla en prisión su ex mano derecha, Vladimiro Montesinos, cumplirá más pena de lo que le pueda quedar de vida. El chileno Pinochet logró eludir la cárcel por ancianidad y lentitud procesal, y todos los ex dictadores latinoamericanos deberían rendir en vida cuentas ante la justicia. Alberto Fujimori habrá de probar que no había conexión con las barbaridades que se cometían en su nombre para escapar al castigo. No será fácil.

Es difícil exagerar la importancia de los 25 años de cárcel impuestos por los tribunales peruanos al ex presidente Alberto Fujimori. Se trata de la primera vez que un ex jefe del Estado elegido democráticamente es condenado por la justicia de su país por delitos cometidos durante su mandato. Y, por tanto, de un serio aviso para los autoritarismos de diverso signo todavía vigentes en Latinoamérica. La sentencia anunciada esta semana se refiere a dos matanzas, 25 personas en total, perpetradas por un escuadrón paramilitar en 1991 y 1992, cuya existencia había autorizado Fujimori, y a dos secuestros. El tribunal ha considerado unánimemente a Fujimori -en prisión desde que fuera extraditado por Chile, en 2007, cumpliendo seis años por abuso de poder- el autor indirecto de estos asesinatos.

El juicio televisado contra el autócrata que presidió Perú entre 1990 y 2000 ha durado 16 meses, y, según opinión coincidente de observadores internacionales destacados en Lima y de grupos pro derechos humanos, ha cumplido con los requisitos de un proceso justo e imparcial, del que los peruanos pueden estar satisfechos. Es lógico que no se lo haya parecido a Fujimori, que ha apelado y acusado a los jueces de estar impulsados por el odio. Ni a su hija Keiko, aspirante a la presidencia en 2011 del país andino y que anuncia una respuesta contundente del fujimorismo; respuesta improbable cuando los sondeos de opinión reflejan que más del 70% de los peruanos considera culpable a Fujimori (quien además tiene pendientes otros tres procesos) de los delitos por los que se le ha condenado.

El ex mandatario peruano, sin embargo, fue muy popular durante los años que gobernó con una mano de hierro travestida de democracia, en los que importaban los fines y no los medios. Sus conciudadanos apreciaron en Fujimori, que ganó la presidencia a Mario Vargas Llosa, que evitase el colapso económico y pusiera los cimientos de un crecimiento sostenido. Y que les librara de pesadillas como Sendero Luminoso, la guerrilla maoísta que sembró el terror en Perú. Le perdonaron pronto su autogolpe de 1992, cuando utilizó al Ejército para cerrar un Congreso hostil y suspendió la Constitución en nombre de la guerra contra la insurgencia. Como le perdonaron su connivencia con Vladimiro Montesinos, el jefe de su siniestro servicio de inteligencia y la mano que sobornaba a los adversarios políticos, que cumple ahora 20 años de condena. Fujimori y Montesinos instauraron una cleptocracia que a juicio del tribunal saqueó más de 1.000 millones de euros del empobrecido país.

La decisión de los tribunales no sólo marca un antes y un después en la lucha contra la impunidad. Supone además un evidente refuerzo para las precarias instituciones democráticas de Perú, pero también del conjunto de Latinoamérica, tan propensa a excesos de algunos líderes políticos que siguen creyendo poder manejar las leyes a su antojo.